* Año y medio después, Nahle no puede * Red que protege a la delincuencia, intacta * Los tentáculos de Eric y Aurelia * La “burrada” de Pedro Miguel * Él las embistió; ellas denunciaron en la Fiscalía * CMIC: donación con aroma a soborno * Van por el cártel del RPP * Cindy Ulloa y Gabriel Guízar, a declarar
Los muertos y los heridos, las masacres y los desmembrados, los levantados cuyos cuerpos son arrojados en las calles, son el signo de Rocío Nahle. Ya se les había acabado la fiesta a los criminales –dijo– pero el festín de sangre es infernal.
La guerra es “entre delincuentes”, dice ahora la gobernadora de Veracruz con esa sapiencia y esa luz tan suya, con sus disparos verbales que denotan que primero habla y luego razona, si es que acaso razona.
Siempre ha sido así. Son delincuentes contra delincuentes. No son los malandros contra la gente de bien, salvo cuando suelen calentar la plaza y entonces derraman sangre inocente, provocando a sus rivales, propiciando la llegada de policía, Ejército, Naval o Guardia Nacional y, así, impedir que los puntos de venta produzcan y reventándoles el negocio de las drogas o el cobro de piso.
La guerra, cuenta la sabia Nahle, es “entre grupos delincuenciales y nosotros estamos agarrando a los delincuentes. A todos los veracruzanos que tengan la seguridad que las instancias del gobierno del estado y del gobierno estatal estamos trabajando en todo el territorio. Aquí no hay impunidad y, además, tenemos que fortalecer la paz en el Estado”.
¿Cual paz?
El argumento es una falacia. La guerra, si hubiera Estado, no existiría. Si hubiera gobierno, se habrían extinguido los delincuentes. Si hubiera gobernadora, habría seguridad y paz. Pero no hay Estado, ni gobierno, ni gobernadora.
Hay una parlanchina desbocada –y descocada– que habla como autómata y de tanto prometer que acabará con la violencia, la violencia crece, se potencia, y el cobro de piso pasa de ser extorsión a comerciantes a un estado de terror.
A ese ritmo, tan impunes son los criminales que el flagelo será brutal. Está próximo el día en que los habitantes de cada hogar –incluidos los morenistas que defienden con rabia su programa social– terminarán entregando su cuota mensual a cada grupo delincuencial, so pena de sufrir un levantón o la muerte.
Fuera de la burbuja, la violencia devora al gobierno de Nahle. Las ejecuciones no paran, los levantones se repiten cada día y las víctimas se multiplican.
Abril fue un mes de sangre. Se cometieron 88 homicidios dolosos, según reportó el portal La Silla Rota. En 60 de ellos, se empleó arma de fuego. 81 fueron hombres y siete mujeres.
La zona caliente fue el sur de Veracruz. Diez ocurrieron en Acayucan, cinco en Coatzacoalcos, tres en San Andrés Tuxtla y tres en Agua Dulce.
En la zona norte, el reporte sitúa cinco homicidios en Papantla, cuatro en Tuxpan, tres en Espinal y tres en Poza Rica.
Mayo es otro escenario de sangre. Dos mujeres, comerciantes, levantadas en Cosoleacaque, perdieron la vida de forma brutal, torturadas y arrojadas desde un vehículo en la carretera federal. Presuntamente fueron los colombianos de Gota a Gota, que operan con manos libres.
Otra joven, también originaria de Cosoleacaque, llegó a Coatzacoalcos con su novio. Hubo una discusión. Ella se alejó y se perdió. Él comunicó el episodio a sus familiares y desde hace una semana nadie la ha vuelto a ver.
En cinco días, del 18 al 22 de mayo, se perpetraron 19 homicidios, según la corresponsal de Excélsior, Lourdes López. Los crímenes ocurrieron en Orizaba, Veracruz puerto, Soconusco, Cuitláhuac Amatlán, Tihuatlán y Poza Rica.
¿Esa es la paz?
Tan dada a hablar de territorio, lo que no ve Rocío Nahle es el territorio narco, los corredores de droga, el paraíso de la desaparición forzada, el estado de impunidad. O los ve y voltea en otra dirección.
Viven los cárteles un día de campo con la gobernadora que hace año y medio ofrecía que la fiesta de violencia acabaría. Pero esta ya no es fiesta, el fiestón y aquelarre.
Los golpes a la delincuencia no mitigan el embate de la violencia, ni la extorsión, ni el paso de droga, ni las ejecuciones. Caen unos capos y surgen nuevos capos. Caen los sicarios y se multiplican los sicarios.
Nahle da golpes al aire. La delincuencia seguirá ahí porque el plan, en el fondo, es perpetuarla. Es impunidad estructural, no casual, no circunstancial, desde el Estado.
Nahle nunca va a atacar las redes de protección al crimen organizado. Sería darse un balazo en el pie. Sabe lo que hay en ese pantano. Sabe que las redes de protección tienen cara de Eric Cisneros, de Cuitláhuac García, de secretarios y ex secretarios de Seguridad Pública, de fiscalas y ex fiscalas, de alcaldes y ex alcaldesas como la de Sayula, Lorena Sánchez Vargas, señalada de encubrir a la banda del huachicol y, a su vez, ser impune, cobijada por Morena, por su líder estatal, Esteban Ramírez Zepeta, por la diputada Tania Carola Viveros, que se opuso a instalar un concejo municipal cuando renunció todo el cabildo, propietarios y suplentes, y dejaron sola a la abusiva edil.
Año y medio después, Rocío Nahle tiene otra genialidad: deriva la corresponsabilidad en la familia. Que los padres cuiden a sus hijos. Que los padres vean con quienes conviven sus hijos. Que los padres eviten las malas compañías de sus hijos.
La fiesta no acaba y ahora la sociedad debe hacerla de cadenero de antro.
Sólo falta que Nahle inste a los padres de familia a llevar a terapia a los capos y sicarios o los rediman en la pila bautismal.
Año y medio después, Rocío Nahle está liquidada. La violencia la selló.
METADATO
Una burrada del alcalde Pedro Miguel llevó a la Fiscalía el caso de las mujeres corridas del ayuntamiento. Condenadas sin juicio, acusadas en las redes sociales, sentenciadas en la malévola mente del alcalde de Coatzacoalcos, a Guadalupe Rodriguez Subiaur y su hija les imputaron un delito –fraude ofreciendo plazas de trabajo a cambio de dinero— que afirman haber cometido. Pedro Miguel Rosaldo García les lanzó el aparato de poder, las embistió con sus 50 medios de incomunicación y portales aplaudidores, acusándolas sin pruebas porque quien hizo la transa fue una mujer de apellido Vega, ya identificada. Pedro Miguel Rosaldo se jactó de decir que no toleraría “burradas” –o pendejadas– de nadie. Pero la burrada la cometió él. El 19 de mayo, Guadalupe Rodríguez y su hija Alessandra interpusieron la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable. Mencionan a la señora Vega, en cuya cuenta bancaria se depositaba el dinero de los que pretendían una plaza de trabajo en el ayuntamiento. Señalan en la denuncia ser víctimas de una embestida mediática, el uso de la prensa pagada por el ayuntamiento, los calificativos a que fueron expuestas, las imputaciones con que se le hizo sometió a un juicio en redes sociales, los calificativos –algunos de ellos proferidos por el alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García– sin que previamente se les hubiera sentenciado en un tribunal. la Fiscalía de Distrito se negó a recibir la denuncia contra el alcalde Pedro Miguel Rosaldo y el director de Recursos humanos, Carlos Comesse Liévanos, bajo el argumento de que la línea “de arriba” es no darle entrada a ninguna acción legal que implique al abusivo de palacio. O sea, Pedro Miguel puede violar la ley pero es impune. Las pruebas anexas a la denuncia acreditan que ni Guadalupe Rodrígue ni Alessandra recibieron dinero a cambio de tramitar contrataciones de personal. Serán requeridos los funcionarios que ordenaron la embestida mediática, incluyendo a la coordinadora de Comunicación Social, Teresa Carrasco; el director de Recursos Humanos, Carlos Comesse, y los portales y medios de comunicación que difundieron las imágenes de ambas mujeres sin siquiera cubrirles los ojos o difuminarles el rostro. Todo por una “burrada” del alcalde Pedro Miguel Rosaldo, instigado por el alcalde suplente, Miguel Espinosa “Armillita”, el cerebro de la bajeza por un tema de dinero, según una fuente ligada a las denunciantes. Bien dicen que “mecha corta” primero actúa y luego razona… Donación con aroma a soborno, de la CMIC a Pedro Miguel. Digna de toda sospecha la entrega de un camión al ayuntamiento de Coatzacoalcos, justo cuando se abre el Programa Anual de Inversión 2026 y trasciende que una cuota se reservó para los directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. No es un obsequio; es un comodato, un préstamo de un bien que el ayuntamiento podrá usufructuar, usarlo para trasladar deportistas, participantes en eventos culturales y sociales, ciudadanos que así lo requieran y justifiquen. Así son los dueños de la CMIC. Sus directivos se apuñalan los mejores contratos de obra, vía licitaciones amañadas o invitaciones restringidas que también son amañadas. Es la historia de cada cuatrienio. Lo menos que piden los constructores de abajo y los no afiliados a la CMIC es que se exhiba la factura del camión, que se acredite que es propiedad de la organización. En una de esas salta la liebre y se confirma que el soborno se da en especie. Así ocurrió con la Casa Blanca de Peña Nieto y Angélica Rivera. Así ocurrió con los permisos para operar gasolineras en el sexenio obradorista, pagadas con departamentos de lujo en San Pedro Garza García, municipio de Nuevo León… A Cindy Astrid Ulloa la justicia ya la alcanzó. Y pronto irá a por Pablo Gustavo Sánchez. Hay orden de presentación contra la ex titular del Registro Público de la Propiedad en Coatzacoalcos, expedida por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz bajo el número de oficio FGE/FIM/2628/2026. La suscribe el fiscal Manuel Medel Hernández. A Ciny Ulloa, junto con Gerardo Mijangos Alvarado, Karla Carolina Pérez Marín y Gabriel Guízar Valladares, hermano del ex diputado Gonzalo Guízar Valladares, se le investiga por un procedimiento ilegal con visos de fraude, escrituras manipuladas e inscripciones en el Registro Público de la Propiedad que sirvieron para un despojo. Cindy Ulloa fue registradora pública en Coatzacoalcos, en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, y se le señalaba de favorecer operaciones de Hernán Martínez Zavaleta, alias Comandante H, jefe de plaza del grupo delictivo Los Zetas. Al inicio del gobierno de Rocío Nahle García, Cindy Ulloa se convirtió en coordinadora de asesores de la Contraloría General del Estado, suscitando una oleada de críticas entre el morenismo. La investigación llega hasta el actual titular del Registro Público de la propiedad en Coatzacoalcos, Pablo Gustavo Sánchez Sánchez, así como contra el juez primero de lo Civil, Cristóbal Hernández Cruz, implicados en operaciones fraudulentas, sentencias amañadas, cédulas catastrales falsas que sirven para sustentar juicios de prescripción sobre propiedades, cuyos dueños no se enteran cuando ya han sido despojados, y sustitución de escrituras en los libros del Registro Público de la Propiedad violando la ley. Este es un cártel inmobiliario que data de por lo menos hace una década. Y sigue impune…