Javier Duarte, Moisés Sánchez y Luis Ángel Bravo

Javier Duarte y el fiscal engañan a Seguridad Nacional

* Ocultan cifras de la violencia  * El informe sobre Moisés Sánchez  * Atentado contra la candidata de Morena  * Erick Lagos, bajo sospecha  * Acayucan, Mina y Cosolea: la sombra del fraude  * Debate en Coatza se vuelve dilema  * Villas de San Martín: se incuba un conflicto social  * Dalai para la secretaria del alcalde

Mentir es drástico. Ocultar es matizar la mentira. Así lo hacen Javier Duarte y su fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, con las cifras de la inseguridad, los levantados y los muertos, el baño de sangre y el terror que se respira en el Veracruz Próspero. Vil maquillaje a la verdad.

Da cuenta de ello el periodista Jorge Morales Vázquez. Lo documenta. Cita casos, fechas, nombres, el momento del plagio, el momento de la muerte.

Le abre un apartado a la omisión en su informe sobre el caso José Moisés Sánchez Cerezo, editor del semanario “La Unión” de Medellín de Bravo, levantado y asesinado el 2 de enero, su cuerpo hallado tres semanas después, no por eficiencia judicial, no por compromiso del fiscal con la justicia, sino por las presiones de la prensa crítica al gordobés.

Jorge Morales, integrante de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), devela el tema: hay datos ocultos, casos específicos sobre hechos de violencia, que no forman parte de la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Su informe, que presentó al seno de a CEAPP, vía la secretaria ejecutiva, Namiko Matsumoto, contiene el clima de agresión a la sociedad medellinense y el conflicto entre el periodista Moisés Sánchez Cerezo y el alcalde y los cuerpos de seguridad por las políticas fallidas en materia de seguridad y el no reconocimiento a los grupos de autodefensa.

“El amago del gobernador” es el capítulo del Informe Morales que advierte que la violencia en Veracruz ocurre pero se oculta. Dice así:

“A finales de 2014, la oleada de inseguridad comenzó a desbordarse en Medellín y las tensiones sociales y políticas a nivel local crecieron y llegaron hasta las oficinas del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

“Una búsqueda de datos sobre los índices delictivos en el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no permite identificar objetivamente la realidad de la inseguridad en Medellín, toda vez que este registro —creado a partir de información proporcionada por la propia Procuraduría General de Justicia de Veracruz, hoy Fiscalía— es omiso en dar cuenta real de los casos ocurridos.

“Por ejemplo, pese a que la PGJE enlistó en la investigación del caso Moisés Sánchez una oncena de desapariciones de personas en Medellín en 2014, perpetradas en varios casos por grupos armados, las cuales fueron denunciadas ante el ministerio público local, en contraste, en el registro del SESNSP figura en ceros durante 11 meses en el apartado de delitos de privación ilegal de la libertad. La excepción es el mes de marzo.

“Cabe destacar que en marzo de ese mismo año, en el fraccionamiento Arboleda San Ramón de Medellín de Bravo, Alan Quevedo Orozco, jugador de 15 años de las Fuerzas Básicas de Los Tiburones Rojos y Miguel Eliacim Caldelas Morales, ex subcampeón de Tae Kwon Do a nivel nacional, de 25 años, fueron baleados y asesinados mientras intentaban pagar el rescate por el secuestro del hermano del primero, Gerson Quevedo. El caso es público y notorio y fue noticia nacional.

“Pese a esto, la autoridad estatal sólo remitió el registro de la privación ilegal de la libertad que se presume pertenece al caso de Gerson, pues de los dos homicidios no hay registro.

“En todo el 2014 la autoridad sólo reportó un homicidio doloso por arma de fuego en Medellín, pero en julio.

“Esto pone en evidencia la grave omisión de parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado para dar cuenta de manera pública y a instancias como la SESNSP, sobre la estadística delictiva real en municipios como Medellín.

“Igualmente, refleja la inexistencia de una estadística pública oficial completa y confiable sobre hechos de violencia y comisión de ilícitos del orden común en el municipio de Medellín y lo único que se tienen disponibles para ser integrados en este informe son los datos de los archivos periodísticos y los referidos por habitantes, en demanda de seguridad, así como algunos datos aislados e incompletos de las autoridades”.

En otro apartado, Jorge Morales reitera que hay omisión de datos sobre la violencia e inseguridad, clima en el que se dio el crimen del periodista Moisés Sánchez Cerezo, quien pugnaba por la inclusión de Medellín de Bravo en Mando Único Policial. Dice el informe:

“La desaparición y muerte del C. Moisés Sánchez Cerezo no puede entenderse sin el contexto previo determinante de los hechos ocurridos el 2 de diciembre de 2014 y que revelan una omisión sistemática de las autoridades de los diversos niveles en la garantía de seguridad de la población, de investigación de los delitos y castigo a los responsables.

“Reportes oficiales —integrados a la investigación ministerial, pero omitidos de la estadística nacional que monitorea la incidencia de delitos en el país y que sirven de diagnóstico sobre la situación de los estados y de referencia para las políticas criminales— dan cuenta de una aguda crisis de inseguridad en el municipio de Medellín, así como la presencia y operación del crimen organizado.

“Los siguientes son algunos de los hechos ocurridos en Medellín en 2014: Escarlet Roxet Trujillo Ríos y Erick Manuel Vega Ríos, hermanos desaparecidos el 6 de febrero de 2014; Alberto Martínez Martínez, desaparecido el 18 de febrero de 2014; Viviana Itzel Palmeros Horta, desaparecida el 15 de abril de 2014; Héctor Hugo Cruz Jiménez, desaparecido el 25 de julio 2014; Víctor Zamora Escamilla, policía acreditable de Medellín, desapareció el 13 de agosto de 2014; Iván Alberto Baizabal Morales, desaparecido el 17 de octubre de 2014; Martín Efraín Sánchez rodríguez, El Tritón o Zague, desaparecido el 24 de septiembre; Cristian Alexis Canseco Uscanga, desaparecido el 30 de septiembre de 2014; Angelo Giovanni Cisneros Aranda, desaparecido el 30 de septiembre de 2014; Pedro Castaneda Hernández, desaparecido el 22 de noviembre de 2014, y Anselmo Campos Valencia, desaparecido el 10 de diciembre de 2014”.

Uno de los casos, el de Martín Efraín Sánchez Rodríguez, destaca por haberse tratado del escolta del ex alcalde panista de Veracruz, diputado local del PRI actualmente y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos.

“De acuerdo con los mismos registros de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, varias de estas desapariciones —según testigos— fueron perpetradas por grupos o comandos armados, a bordo de diversos vehículos, en diversas zonas de Medellín, como la privación de la libertad de Martín Efraín Sánchez Rodríguez —ex director de la Policía de Medellín y ex escolta del hoy diputado local del PRI, José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos—, realizada por seis sujetos armados a bordo de varios vehículos”.

Acusa el informe elaborado por Jorge Morales: la Procuraduría de Veracruz incurrió en “grave omisión” para dar cuenta “de manera pública y a instancias como la SESNSP, sobre la estadística delictiva real en municipios como Medellín”.

Es como gobierna Duarte. Oculta y maquilla. En eso le ayuda su fiscal, Luis Ángel Bravo.

Hay violencia, levantones, tortura, ejecuciones. En el Veracruz Próspero, el periodista Moisés Sánchez Cerezo fue asesinado. Es el undécimo comunicador en perder la vida así. Pero si la prensa no hubiera potenciado su caso, ni en la estadística existiera.

Así le miente Javier Duarte a Seguridad Nacional.

 

Archivo muerto

 

A Liliana Janix Castro Muñoz la quisieron quemar viva. Le arrojaron una bomba molotov. Ardió su casa. Logró salir junto con su esposa e hijas. Y cuando pidió ayuda, ni bomberos, ni la policía, ni el Ejército o la Marina, ni el alcalde de Isla, Veracruz, la auxilió. Vivió una madrugada de miedo, el lunes 13, su vivienda en llamas y cuando pretendió interponer su denuncia, nadie la atendió. Liliana Castro es candidata del Movimiento de Regeneración Nacional en el distrito de Acayucan y aspira a ser diputada federal. Un día antes, en el municipio de Jesús Carranza, un tipo le seguía los pasos, la fotografiaba, tomaba nota de cuanto decía. Liliana Castro lo encaró. El individuo le confesó que le pagaba el PRI para que la siguiera y registrara cuanto hacía. Esa tarde del lunes, en Xalapa, militantes de Morena se manifestaron, sus sospechas dirigidas hacia el fidelista Erick Lagos Hernández, contrincante de Liliana Castro, desarraigado y repudiado, candidato del PRI a diputado federal. “¿Fue Erick Lagos?”, cuestionaban los morenos. “Es un acto gangsteril contra una ciudadana”, dijo el candidato de Morena en Xalapa Urbano, Cuauhtémoc García Jiménez. Y Erick hace como que no oye… Focos rojos en el INE de Minatitlán, Acayucan y Cosoleacaque. Persisten las irregularidades, el PRI cooptando funcionarios de casilla, consejeros electorales que bloquean al personal del INE nacional que investiga, el fraude que asoma, que no lo inhiben. Sigue el sistema siendo más de lo mismo. Hace el recuento el representante del Partido del Trabajo ante el INE local, Rafael Carvajal Rosado. En Acayucan, denuncian que el candidato priísta Erick Lagos Hernández dio estímulos a capacitadores electorales; en Cosoleacaque, al personal del INE le impedían acceder a la sede electoral para realizar las auditorías a la lista de ciudadanos insaculados y capacitados para ser funcionarios de casilla; en Minatitlán, sigue el escándalo por la lista de funcionarios de casilla que son petroleros, seleccionados por el líder de la Sección 10, Jorge Wade González, lo que motivó que dos consejeros fueran removidos a Xalapa y que se investigue el hecho. Se sabe que e INE admitirá irregularidades pero no actos de corrupción. Se irá el vocal ejecutivo del INE en Minatitlán, Félix Ciprián, y san-se-acabó. Que siga el show. Este INE es el IFE de siempre, con el mismo personal, las mismas mañas y las mismas uñas… Convoca Olmeca TV al INE y a los partidos políticos a debate entre los candidatos a diputados federales por el distrito de Coatzacoalcos. Siempre lo hace así. Abre su espacio y ofrece su tiempo. Esta vez, sin embargo, hay reticencia. Dice el Partido Humanista que al debate deben acudir los once candidatos, y si hay exclusión, que no lo haga ninguno. Así lo sostiene su representante ante la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral en el distrito 11, Rodolfo Zapata. Se plantea, por otro lado, la incapacidad para realizar un debate de once candidatos. No hay formato que lo soporte. Las rondas de preguntas serían extensas, aproximadamente una hora por cada una de ellas, asignando cinco minutos por candidato, incluida la réplica y la contrarréplica. Esa es una postura. La de Rodolfo Zapata por la no exclusión. El debate resulta, pues, un dilema… Rosa María Alonso murió por negligencia oficial. La arrolló un taxi, cuyo conductor iba ebrio o drogado. Un mes antes, los colonos de Villas de San Martín habían solicitado al ayuntamiento de Coatzacoalcos que instalaran reductores de velocidad, topes o un semáforo en el bulevar Lomas de Barrillas-Ciudad Olmeca. No lo hizo. Tras el accidente, el viernes 10, acudieron a palacio municipal. Querían hablar con el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol. No se encontraba. Le plantearon el caso a una secretaria, Julia Cuevas. Le dijeron que si el ayuntamiento hubiera actuado a tiempo, no habría ocurrido el percance y doña Rosa María Alonso estaría viva. Julia Cuevas los refutó. Dijo que no podían culpar de esa muerte al alcalde. Eso radicalizó la postura de los colonos. Se engallaron y advirtieron que tomarían medidas. Horas después, aparecieron las ovejas descarriadas del joaquinismo en el sitio del accidente: Jesús Moreno, director del DIF, y Guillermo Ibarra, director de Infraestructura y Servicios Municipales. Ofrecieron los topes. Publicitaron la tardía acción del ayuntamiento. La usaron para maquillar la negligencia criminal. Lucran con una muerte. Dicen los colonos que esos topes no sirven, que no soportarán el paso de los automóviles, que es un paliativo y no una solución. Ahí, en Villas de San Martín y Santa Martha, el entonces candidato Joaquín Caballero a la alcaldía ofreció lo que no iba a cumplir. Por eso la irritación. Por eso el malestar pues usan a promotoras priístas a las que nadie quiere. Por eso las protestas que están por venir, más radicales, mayor escándalo, mayor conflicto social…

 

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