* Yuribia: la gota que derramó el vaso * Hasta los que apoyaban al magisterio, trinan * Maestros agreden a ciudadanos * La causa justa en manos de porros normalistas * Marcelo y el túnel * El contrato ilegal * Chica del jet-set político: un embarazo muy religioso * La futura regidora, orgullo del nepotismo panista
En cosa de días, quizá infiltrado, quizá fragmentado, el movimiento magisterial veracruzano ha transitado de la causa justa —sus derechos laborales vulnerados y el hartazgo que provoca el cacicazgo callejista— a un activismo tan exacerbado que lejos de minar a los políticos que legislan en su contra, terminó agraviando a la sociedad.
Hoy se les ve violentos, amenazantes, insensibles a los estragos que provocan los bloqueos carreteros, el cierre de grandes comercios y en el caso del sur de Veracruz, la toma de la presa Yuribia, que dejó sin agua a medio millón de habitantes.
Siguen en las calles, a veces desquiciando el tráfico vehicular; en los planteles escolares sin dar clases, aunque paulatinamente recuperando el ciclo, impartiendo letras, números, exploración y civismo; en los medios, los menos reflejando su lucha, los más desacreditan las movilizaciones. Pero como sea, ahí están.
Su tesis es que la reforma educativa los afecta, destroza sus derechos laborales, los somete a una evaluación, no para que mejoren como maestros sino para filtrar a los disidentes y contestatarios, a los enemigos del cacicazgo de Juan Nicolás Callejas Arroyo y del gobierno, y aplicarles la guillotina. Esa es su causa justa y en eso tienen razón.
Van por la cabeza de Callejas porque lo ven corrupto, enriquecido hasta el insulto, pegado a la ubre del presupuesto, engrapado a la Cámara de Diputados y si no a la Legislatura estatal, sostenido por una corte de bufones sindicales, la mafia de la Sección 32 del SNTE, en quienes se ha quedado una parte significativa el dinero destinado a la educación.
No se puede tener mejores alumnos, planes de estudio de calidad, convertir al sistema educativo en plataforma de desarrollo de Veracruz, si el gobernador Javier Duarte, como antes Fidel Herrera Beltrán, sostienen su alianza con la pandilla magisterial del vetusto Callejas. No se puede enarbolar la bandera del amor a la educación cuando el “líder moral” del magisterio veracruzano logra para sí negocios inconfesables y su cúpula permanece intocable e intocadas sus tres, cuatro, ocho o hasta doce plazas por dirigente, que representan tres , cuatro, ocho o hasta doce salarios que el líder cobra sin trabajar.
Tradicionalmente controlado, el magisterio veracruzano no era ajeno a esa desigualdad sindical. Arriba, en el feudo callejista, corrían los millones, el poder, la impunidad, las diputaciones, alcaldías, regidurías, y abajo, en las bases, el trabajo electoral, la operación política, que dieran acceso a una comisión sindical, una plaza más, ser director, delegado, inspector o supervisor.
En la dinámica del gran pastel, todos llevaban su tajada. Y ahí seguirían, con sus migajas en el regazo, hasta que la reforma educativa cambió la correlación de fuerzas. Instigados por la Coordinadora Nacional de la Educación, el ala radical del sindicato, los maestros veracruzanos, concluyeron que el peor camino a seguir era el de la indiferencia, que el miedo es una apuesta fatal y que para empezar había que lanzar por la borda al líder venal Juan Nicolás Callejas Arroyo y a los pitufos rojos que le sirven de cortesanos.
Su táctica de lucha, en cambio, ha ido de lo espectacular al desastre. Reclamaron respeto a sus derechos, a no quedarse sin empleo y a sepultar la evaluación tramposa.
Suspender clases, bloquear carreteras, tomar plazas, ejercer su derecho constitucional a la libre expresión y a la asociación en lugares públicos, se convirtió en la cara visible del repudio que provoca el proyecto de reformas estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto.
Lo exhibieron incapaz de contener el caos, la revuelta magisterial, el brote de inconformidad de otros actores sociales, los petroleros, los campesinos, los indígenas, la izquierda, los lopezobradoristas, la APPO, los fanáticos de la revuelta. Lo mostraron falto de habilidad política. Rebasado el gobierno, EPN daba tumbos, mostraba intransigencia y externaba que en las reformas no daría ni un paso atrás.
Todo cabría en lo que es un movimiento de protesta, si no fuera porque el objetivo del caos dejó de ser el gobierno y terminó impactando a la sociedad.
Dejar a los niños sin clases, es daño a terceros. Bloquear carreteras y desquiciar el transporte de carga y de personas, es daño a terceros. Impedir que mujeres embarazadas, ciudadanos enfermos, aquejados algunos por cáncer, pudieran trasladarse a recibir tratamiento en otras ciudades, es daño a terceros. Impedir que empleados y obreros llegaran a sus centros de trabajo, es daño a terceros.
Así actúan quienes tienen como meta la impopularidad. Impune y arbitrario, un sector del magisterio fue beligerante y prepotente hasta granjearse el repudio social, sin oír a nadie, sin escuchar razones, la sorna en sus labios, la intransigencia irracional.
Haber tomado la presa Yurivia, que abastece de agua a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, el nudo industrial del sur del Veracruz, fue una acción descabellada, una locura que provocó el repudio de por los menos medio millón de ciudadanos. Fue la gota que derramo el vaso.
Ya antes a los activistas de Tatahuicapan, del PRD, de izquierda, de las comunidades indígenas, les había ocurrido algo similar. Indignados porque el gobierno de Veracruz prometió obras, caminos, reforestación en la sierra de Soteapan y no cumplió, bloquearon la presa Yuribia y desquiciaron el abasto de agua. Corría el año 2006. Fidel Herrera les prometió resarcir los daños e iniciar un proyecto carretero que dejó a medias. En 2010 la tormenta Mateo acabó con todo y el gobierno volvió a empeñar su palabra. Apenas cumplió.
Hace un año la historia se repitió. Los tatahuis y sus aliados del Consejo Supremo de Pueblos Indígenas bloquearon carreteras y la autopista. Exigían sus caminos y el pago al constructor que realizaba las obras, José Manuel Flores Ríos, El Oaxaco, protegido del ex gobernador oaxaquense, José Murat Casab, asesor del gobernador Javier Duarte. El Oaxaco fue levantado tras entrevistarse con el entonces secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, y eso sofocó la revuelta en la sierra.
Como se le vea, la presa del Yuribia es moneda de cambio. Quien la secuestra, obliga al gobierno a negociar. Esta vez dicen los maestros que son ellos y que así irritan al pueblo contra el gobierno. Falso. Medio millón de veracruzanos despotrican contra el magisterio y hasta urgían que el Ejército, la Naval o la policía duartista recuperara la presa. O sea, la represión, con todo lo antinatural que resulta, fue vista como una opción.
Tácticamente, el magisterio provocó un efecto contrario a su lucha. Sus causas justas fueron rebasadas por la mecánica con que se conducen. A la prensa la insultan y la agreden como si los reporteros fueran quienes deciden la línea editorial, como si fueran los ejecutivos o los propietarios de los medios, como si fueran los que reciben la instrucción del gobierno para desacreditar a los maestros. La violencia contra quienes buscan la noticia, es injustificable. Tan reprobable fue la represión a los maestros en Plaza Lerdo, a flote la faceta criminal del gobernador Javier Duarte, como las agresiones de “maestros” a comunicadores.
No todo el magisterio comparte esa táctica de lucha. Los maestros de Las Choapas, los de Agua Dulce, los de Coatzacoalcos, los de Minatitlán y Cosoleacaque, no van en la línea de afectar a medio millón de ciudadanos secuestrando la presa Yurivia. Identifican la mano negra del gobierno duartista y el tufo a la fidelidad. Crea el conflicto, hazte necesario y desinfla el conflicto. Así es la perversidad de los políticos, de Duarte y de Fidel.
Lo cierto es que a los maestros no se les ve monolíticos. Un sector del magisterio va por su demanda original: la abrogación de la reforma educativa y deponer a Callejas, y otro, el de los porros normalistas, por sembrar el caos, bloquear carreteras, dejar sin agua a poblaciones enteras y si algo faltara, madrear periodistas.
En el camino algo se olvidó: se trataba de joder al gobierno, no al pueblo.
Archivo muerto
Dueños de la calle, señores del desmadre, su territorio era eso, suyo, inexpugnable. Habían tomado avenida Universidad, cerca de Plaza Forum, al poniente de Coatzacoalcos. De acera a acera, los maestros bloqueaban el paso vehicular con el estribillo de la protesta, de sus derechos laborales atropellados por la reforma educativa. Aquella noche del sábado 12 de octubre, cientos de automovilistas los increparon, les reclamaban el abuso, la arbitrariedad de su causa social que pasaba por encima de los derechos del ciudadano. En respuesta, los “maestros” arrojaron piedras, ladrillos, escombro, todo convertido en proyectiles para repeler al pueblo. Hubo lesionados, golpeados en el cuerpo, en las piernas, en los brazos —entre ellos un familiar de este columnista—, víctimas de quienes se dicen “educadores”, sin demostrarlo. No todos son así, pero los de ese día sí actuaron como porros normalistas que piden respeto sin que se lo hayan ganado… Del expediente de Marcelo Montiel Montiel se extraen decenas de marrullerías y centenares de fechorías. Una de ellas tuvo que ver con el túnel sumergido, su obra cumbre, inflada en costos, técnicamente cuestionada, con fisuras uno de los elementos que yacen bajo el río Coatzacoalcos, latente el riesgo de un desastre mortal. Mano floja, Marcelo Montiel, en su primera alcaldía, dispuso en julio de 2001 que se le otorgara a la empresa BM el pago del proyecto ejecutivo por asignación directa, “tomando en cuenta que tenía avanzados estos trabajos desde hace meses”. Montiel, llamado entre la fauna política “La Esmeralda”, se cuidó de embarrarse solo las manos. Obtuvo la aprobación del cabildo, generosamente recompensados los ediles, y burlado aquello que la ley manda: convocar a una licitación pública. BM se llevó más de 15 millones de pesos, una parte pagada con recursos municipales y otra con dinero federal. Luego se sabría que BM estaba ligada al ex secretario general del Partido Acción Nacional, César Nava Vázquez, el mismo del tema del impuesto de traslación de dominio de las petroquímicas, un fraudazo a Pemex, como cuenta a detalle el libro “Camisas Azules, Manos Negras”, de Ana Lilia Pérez, hoy en el exilio. Historias de corrupción, de las que “La Esmeralda” Montiel sabe más de lo que se cuenta… Escándalo por venir: chica del jet-set político ve transformar su cuerpo, anida en su seno un nuevo ser, pronto el alumbramiento. Del padre se sabe que fue religioso; ya no se le ve. Por sus manos corrían ríos de dinero, sin registro y sin control. Se le cuenta un matrimonio maltrecho. Ah, y un escándalo de sangre. ¿De quién se trata? Le atinó. ¿Y el abuelo? Nada feliz, muy iracundo, las canas verdes y muy visceral… Regidor de oropel, servidor encubierto del PRI, Pedro Hernández ya le halló gusto al ayuntamiento, al roce político y a la nómina municipal. Marcelista sin pudor, ahora tiene a su hija, Martha Hernández, un lugar seguro, una regiduría en el próximo cabildo de Coatzacoalcos. Una vez en funciones, la niña panista será un voto más para el marcelismo, a cambio de uno que otro parquecito en la colonia donde reside o allá donde don Pedro tiene su capital político, obviamente construidos con la empresa contratista recomendada. Cuatro años será así, mientras en el PAN se preguntan los militantes si no habrá alguien más con talento, ética, honestidad e integridad para alcanzar una regiduría. O se trata sólo de tráfico de influencias, el beso del Pipo Vázquez Cuevas o los arreglos con Marcelo Montiel, de los que el panismo supuestamente se había librado. En lo que vino a terminar el PAN en Coatzacoalcos: una auténtica agencia de colocaciones, el fomento al nepotismo…
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