* Quería cobrar indemnización por la colonia Santa María * Lo dejaron al aire * Día 17: la familia del periodista desaparecido quiere irse de Veracruz * Se placea el director del DIF con la pseudopsicóloga * La denuncia contra García Alonso avanza * Mónica Robles, vendedora de tinacos que no se pueden vender
Alejandro Wong Ramos no es como lo pintan. Es peor. Tormentoso, violento, arbitrario, amante del alcohol, es el terror de muchos, pero aún así, resultó la burla del gobierno de Veracruz, del alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, de los hermanos Valencia y hasta del notario Yohan Hillman Chapoy.
Al ex regidor Wong le tendieron una trampa, lo endulzaron con una promesa de dinero fácil, lo engatusaron con palabras de conquistador y le dijeron que sí, que le reconocían la calidad de dueño de un predio de 10 hectáreas y que el gobierno le pagaría una indemnización. Al final le salieron que para él no habría nada.
Diciembre fue el mes del desencanto. Terminaba el año 2014 cuando supo que su eterna rival, la familia Valencia, le había despojado del predio situado a un costado del Palacio de Justicia Federal con una escritura armada y confeccionada por el notario Yohan Hillman.
Wong se pavoneaba que esta vez sí le cumpliría el gobierno de Veracruz, al acreditar la propiedad sobre 10 hectáreas que se desprenden de un terreno cuya extensión original fue de 24 hectáreas del predio Tierra Nueva.
Advertía que desde 2009, siendo secretario de Finanzas de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, se elaboró el convenio para pago de indemnización por la expropiación de las casas que constituyen la colonia Santa María. El pago en ese entonces se fijó en 19 millones 592 mil 213 pesos. Sin embargo, nunca lo pudo aterrizar. Fue ese el primer engaño de Duarte a Wong.
Su conflicto con la familia Valencia deriva del pleito legal entre Vivienda Industrializada de Coatzacoalcos y María Teresa Gómez de Valencia, quien reclamaba en la vía civil los terrenos que ostentaba la constructora, propiedad de Oscar de la Cruz, consistentes en 10.3 hectáreas que le vendiera Alejandro Wong en 2004.
Demandó Teresa Valencia un supuesto despojo; que las autoridades le hubieran violado sus derechos; que su terreno y el de Alejandro Wong se hubieran traslapado, causándole un demérito en su propiedad; que el agente del MP le hubiera restituido de manera arbitraria los terrenos a Oscar de la Cruz. Acudió a la vía federal mediante juicios de amparo. Todo lo perdió.
A María Teresa Gómez de Valencia le sobreseyeron el juicio al acreditarse, tanto con la prueba pericial ofrecida por la demandante como la que presentó Oscar de la Cruz, un estudio de agrimensura, que su terreno y el de Vivienda Industrializada de Coatzacoalcos no se traslapaban.
Teresa Valencia interpuso un juicio de revisión, el 11 de agosto de 2011. Sin embargo, el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito resolvió confirmar el juicio de amparo 892/2009.
Su objetivo era echar por tierra la restitución de predio que otorgó el agente tercero del Ministerio Público quien señaló que Oscar de la Cruz “ha exhibido documentales con las que acreditó fehacientemente la propiedad”.
Incluso, la pericial ofrecida por Teresa Valencia, elaborada por el perito Fernando Céspedes Palafox, el 11 de enero de 2010, señala que “no se aprecia ni existe ningún traslape ni sobreposición del predio propiedad de la señora María Teresa Gómez Fernández viuda de Valencia y la empresa Vivienda Industrializada de Coatzacoalcos” y que se trata “de predios totalmente distintos”.
En diversos juicios, en estudios de agrimensura, en actuaciones judiciales, en agencias del Ministerio Público, en juzgados, en notarías y en el Registro Público de la Propiedad, existe constancia que los terrenos de Wong Ramos y Oscar de la Cruz con los de Teresa Valencia son colindantes, pero no se traslapan. A la altura de la colonia Santa María se fijan los límites de uno y otro.
Desgastante, el conflicto por la propiedad de las tierras en el poniente de Coatzacoalcos arrastra y atrapa a Javier Duarte; a su suegro Jesús Antonio Macías Yazegey; al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán; al narco empresario Francisco “Pancho” Colorado Cessa; al ex alcalde de Coatzacoalcos Marcelo Montiel Montiel y al actual presidente municipal, Joaquín Caballero Rosiñol, pues de una u otra manera, todos metieron mano en los terrenos y violaron el derecho de propiedad.
Fidel Herrera fue el depredador de la reserva territorial de Coatzacoalcos; Duarte fue su operador. Vendían cientos de hectáreas de un terreno, cuyo polígono fue alterado intencionalmente por el notario Juan Hillman Jiménez, que le permitió al gobierno de Veracruz robarse 6 millones de metros de terreno y comercializarlo con precios a discreción.
Pancho Colorado, Tony Macías y un grupo de constructoras, entre las que se encuentra Geo, CAPSA, Quintal, adquirieron cientos de hectáreas a precio de regalo, muy por debajo del valor comercial, lo que constituye un peculado en agravio del erario de Veracruz.
Montiel y Caballero fueron quienes otorgaron, en 2004, los permisos de construcción para que iniciara el desarrollo habitacional en Punta Diamante, el predio de 10 hectáreas vendido por Wong a Vivienda Industrializada de Coatzacoalcos, operación avalada por Dolores Bringas Burelo en juicio civil. Ahora, ex alcalde y alcalde, son quienes han propiciado, tolerado y solapado las invasiones de ese predio y la regularización de la colonia Santa María.
María Teresa Gómez de Valencia ya no vive. Sus herederos, Eva Cristina y Juan Carlos Valencia Gómez, intentan acreditar que son dueños del predio de su madre, pero con algunos metros de más. La intención es ser los únicos derechosos en un proceso de expropiación puesto en marcha por el gobierno de Veracruz.
Para ello, se valen de la escritura con que María Teresa Gómez de Valencia los nombra herederos. La hacen valer ante el notario público número 2 de Coatzacoalcos, Yohan Hillman Chapoy, quien vía la escritura 59399, de fecha 17 de enero de 2013, avala un evidente despojo.
Yohan Hillman consigna que los hermanos Valencia son propietarios de 37 hectáreas de terreno, pese a existir un antecedente que no debió pasar desapercibido para el flamante notario: una venta de 11 hectáreas a un particular que deja el predio en sólo 25 hectáreas.
Hillman Chapoy no sólo omite ese detalle. Incurre en cambio de medidas y colindancias, en la superficie total del predio y hasta en la ubicación. Aunque sólo sea en papel, y para los efectos legales que requiera, extiende el predio desde la colonia Santa María hasta el penal regional Duport Ostión. O sea, hasta el Palacio de Justicia Federal sería propiedad de los hermanos Valencia, gracias a los oficios del notario público número 2 de Coatzacoalcos.
Con esa escritura, la 59399, los hermanos Valencia suscribieron con la Dirección de Patrimonio del Estado de Veracruz el convenio para regularizar los asentamientos de la colonia Santa María y los que se están dando en Punta Diamante y el predio de 10 hectáreas del vilipendiado ex regidor Wong Ramos.
Yohan Hillman Chapoy es quien cuida los secretos de la notaría número 2, cuyo titular fue su padre, Juan Hillman Jiménez, y allí se fraguó el fraude de la reserva territorial, modificando las coordenadas para elaborar un polígono que le diera al gobierno una demasía de 6 millones de metros. O sea, un vil y descarado robo.
Hillman Chapoy es, para lustre de su apellido y abolengo, vicepresidente del Colegio de Notarios de Veracruz. Hoy, sin embargo, fue pillado en una maniobra pues la anterior escritura de los Valencia, la 4027, de fecha 19 de enero de 1963, contiene la venta de las 11 hectáreas, lo que hace imposible que cuenten con 37 hectáreas como establece el aprendiz de notario.
Por años, Alejandro Wong presumió ser audaz para agenciarse terrenos. Decía someter a la clase política, encantar a gobernadores, comprar a funcionarios menores, obtener cualquier resolución judicial a su favor. Eso decía.
Creyó, pues, que la indemnización por la afectación de la colonia Santa María sería un botín de 19 millones de pesos. No contó con que Javier Duarte, Marcelo Montiel, Joaquín Caballero, los hermanos Valencia y el notario Yohan Hillman Chapoy se iban a confabular.
Creía que se burlaría de todos y a la postre el burlado fue él.
Archivo muerto
Día 17. Sigue la incertidumbre sobre la suerte Moisés Sánchez Cerezo. Más de dos semanas después, no arroja resultados la investigación del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, alias “Culín”, si es que en verdad investiga algo. Levantado el 2 de enero, en El Tejar, municipio de Medellín de Bravo, el editor del semanario “La Unión” no aparece. Su familia, según difunde el portal Sin Embargo MX, contempla salir de Veracruz. Se observa como un exilio obligado ante la inacción del gobierno de Javier Duarte de Ochoa y el riesgo latente, la inseguridad, la zozobra, la impunidad en que se mueven y gozan quienes perpetraron el plagio. Hay miedo y también expresiones de hartazgo. Un grupo de periodistas salió a las calles el viernes 15. Colocó velas en plaza Lerdo, en Xalapa, frente al palacio de gobierno. Demandan que el gobierno duartista cumpla con la promesa de traer con vida a Moisés Sánchez, la promesa de Javier Duarte. Van 17 días y nada se sabe de él… Rejego, persiste Jesús Moreno Delgado en mantener a las pseudopsicólogas del DIF a su lado. Se vio a Moreno en la audiencia pública del miércoles 14 junto a Yahana Arizveidy Lozada Parra atendiendo a quienes se acercaban a la mesa asignada al DIF en el anexo del palacio municipal. Señaladas en el caso de la maestra Lilia Gema Ríos Santiago de ejercer sin título y sin cédula profesional, Yahana Lozada y Patricia Salcedo Gómez hacen gala de la impunidad y, sobre todo, la complicidad del director del DIF local. Vaya que si camina por la ruta de la ilegalidad el DIF de Cristina Cházaro de Caballero. No sólo es la corrupción, el dispendio en las obras de remodelación de las instalaciones, el uso político que se le da a esa institución para mantener el voto cautivo del joaquinismo, sino que el que dos pseupsicólogas ejerzan sin título y sin cédula profesional es solapado abiertamente… Avanza la denuncia contra el aspirante a diputado federal por la vía independiente, Roberto García Alonso, por lesiones y robo contra el joven periodista Luis Briones Márquez. De un momento a otro será citado a comparecer ante el Ministerio Público para que explique por qué ordeno la agresión, el domingo 11, cuando realizaba una reunión con su grupo de promotoras que tratarán de captar las firmas que le exige la ley electoral para poder contender en el distrito de Coatzacoalcos. Difícilmente la podrá librar García Alonso pues hay testigos del hecho que están dispuestos a declarar ante la autoridad… Por cierto, los tinacos que la diputada Mónica Robles coloca “a buen precio”, no pueden ser objeto de venta. Los obtuvo mediante un acuerdo con la Confederación Nacional Campesina y los vende en mil 500 por unidad. Pero en el costado de cada tinaco se lee la leyenda “No negociable”, que implica un impedimento para que la diputada succión haga su agosto en pleno enero. Cuando no se tiene espíritu de servicio ni ganas de darle algo al pueblo, con nada se puede ganar el favor de la sociedad… ¿Y quien dijo que la periodista del auto obsequiado y su mecenas son de Coatzacoalcos?…
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