* Cien hectáreas arrebatadas a un particular * El conflicto, a tribunales internacionales * El procurador, un jarrito de Tlaquepaque * Guillermo Ibarra, las denuncias, las movidas * Al director de Obras lo persigue el escándalo… * Broncas con la ley * Caso Goyo: la PGR y la investigación paralela
Con la máscara del ambientalismo, su rostro amable, el que lo hace menos depredador, Petróleos Mexicanos crea espacios verdes, preserva especies animales y cuida lo natural, aunque se plante sobre tierras ajenas, robadas con subterfugios legales, parte de lo que hoy orgullosamente hace llamar Jaguaroundi.
Son cien hectáreas en conflicto. Una parte es tierra firme; otra, una laguna artificial. Es la décima parte del parque ecológico de diez millones de metros cuadrados —formalmente 961 hectáreas y 57 más de cuerpos de agua— destinados al proyecto ecológico, aledaño al fraccionamiento para su personal de alto nivel, que también se incluye en un lío judicial que le podría costar por lo menos 3 mil millones de pesos a Pemex.
Jaguaroundi —un felino propio de la región, amenazada su especie— le da nombre al pulmón ecológico de la petroquímica, situado entre Pajaritos y Cangrejera, a unos 5 kilómetros de Coatzacoalcos, cuyo conflicto legal pronto llevará a Pemex a cortes internacionales por el tamaño del despojo.
Nada de eso era suyo, ni tenía registro legal sobre esas tierras, hasta que un fallo judicial en última instancia, violando todo procedimiento, peritajes, escrituras, estudios de agrimensura, le permitió a Pemex agandallarse cien hectáreas de tierras propiedad de un particular, donde hoy se encuentra la entrada al parque Jaguaroundi.
La historia se cuenta fácil. El atraco es descomunal.
Del río Coatzacoalcos al Tonalá, en los límites con Tabasco, y de la costa al río Uxpanapa, sobre 33 mil 334 hectáreas, se conformaba el predio Rabasa o El Gavilán, propiedad de un latifundista de la época y ex gobernador de Chiapas, Emilio Rabasa, con descendencia política: Emilio O. Rabasa, el canciller del gobierno echeverrista, en los años 70.
En 1919, el 26 de julio, adquiere el terreno la empresa H. Rau Sociedad en Comandita. Diecisiete años después, el 26 de agosto de 1936, el gobierno federal aplica la reforma agraria y expropia 472 hectáreas para crear el ejido Mundo Nuevo, entre lo que hoy son los complejos Pajaritos y Cangrejera. Dota de esa tierra a 34 beneficiarios con la encomienda de impulsar la producción agrícola.
Tardaría diez años en hacerse efectivo el decreto expropiatorio. El 15 de noviembre de 1946, se le posesión física a los 34 ejidatarios. Junto a su predio se situaba otro, de cien hectáreas, que seguía siendo propiedad de H. Rau Sociedad en Comandita.
Once años más tarde, el 27 de abril de 1957, Filiberto Barradas Zurutuza, apoderado general de H. Rau Sociedad en Comandita vendió las cien hectáreas a Juan José Matus Ortiz, según la escritura pública número 92. En ese entonces aún no existía el complejo petroquímico Pajaritos, el primero que tuvo México.
En 1974, el 31 de mayo, una nueva expropiación a favor de Pemex acabó con el ejido Mundo Nuevo. Sus titulares, 34 ejidatarios, debieron ceder las 472 hectáreas que se convirtieron en “área de protección circundante del complejo industrial de Pajaritos”. Se les pagó 3 millones 304 mil pesos, a 7 mil pesos la hectárea.
Matus Ortiz y sus cien hectáreas no fueron afectados por dos razones: porque el predio no formaba parte del ejido Mundo Nuevo sino que era propiedad privada, y porque el gobierno federal tampoco realizó ninguna expropiación sobre él por causa de utilidad pública.
Más adelante, el 7 de marzo de 2001, Pemex transfirió el predio de 438 hectáreas —no de 472 hectáreas como decía el decreto expropiatorio— a Pemex Petroquímica, y el 9 de marzo, Juan José Matus Navarrete adquirió la sucesión testamentaria de su padre, Juan José Matus Ortiz, según la escritura 2,956. Un año después, el 30 de abril de 2002, Matilde Tomasa Cárdenas Malpica, le compró las cien hectáreas, de acuerdo con la escritura número 3,775.
Para entonces, Pemex ya había construido el complejo Cangrejera, y sobre una fracción del predio de cien hectáreas había edificado la colonia de trabajadores de confianza.
Hacía cuatro años que los científicos realizaban los primeros estudios para reducir el impacto industrial sobre el entorno ecológico. En 1998 se entregó la primera propuesta a Pemex. Participaron investigadores de biología y ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero había incertidumbre sobre la propiedad del predio.
Lo que no supieron los investigadores era que de las mil hectáreas de Jaguaroundi, cien no eran de Pemex, justo donde se halla la entrada al parque y sus oficinas, así como la colonia de trabajadores de Cangrejera.
Matilde Cárdenas Malpica llevó el caso a juicio. Lo peleó en los tribunales civiles desde el 22 de diciembre de 2005, como consta en el expediente del juicio ordinario civil federal 12/2005. A su vez, Pemex Petroquímica demandó a Matilde Cárdenas, según el juicio 6/2007, en el que demanda la nulidad de la escritura que avala la propiedad de cien hectáreas.
Demostró Matilde Cárdenas con escrituras, peritajes, estudios de agrimensura, unas con sistema UTM y otras con GPS, los más avanzados y precisos, que sus cien hectáreas nunca fueron parte de ningún ejido, que cuando se expropió el ejido Mundo Nuevo no se vio afectada la entonces propiedad de Juan José Matus, a cuyo sucesor ella le compró el predio.
Dos peritos, Román Tognola Aguilar e Isauro Méndez Román, en enero y mayo de 2007, determinaron que el plano de Pemex se superponía al de Matilde Cárdenas y que las cien hectáreas no eran parte del ejido Mundo Nuevo, expropiado en 1974.
Pemex recurrió a otros peritajes, favorables obviamente pero sin sustento. Incluso sus peritos referían que el predio de cien hectáreas se halla sobre lo que fue el ejido Cangrejera.
En medio del conflicto legal, Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de México, inauguró el 21 de abril de 2010 el parque Jaguaroundi, pero siete meses después, el 17 de noviembre, el juez de distrito, Jorge Toss Capistrán, sentenció a Pemex Petroquímica a devolver el predio con todo lo que tuviera en ella o a pagar la indemnización correspondiente.
Matilde Cárdenas demostró en juicio tres elementos fundamentales: tener la propiedad, que acreditó la escritura pública; la ubicación, que se determinó con los peritajes que se realizaron, y la posesión por parte de Pemex, que detentaba de manera indebida.
Recurrida la sentencia por ambas partes en conflicto, el juicio siguió.
El juez Décimo Federal, Fidel Quiñonez Rodríguez dejó entonces sin efecto la sentencia, el 17 de junio de 2012, y estableció que debía escucharse a un tercero perjudicado, la Asociación Recreativa y Cultural Pajaritos (ARCUP). Sin embargo, ésta manifestó en juicio que sus terrenos no tenían conflicto con los de Matilde Cárdenas.
Y ahí, el caso dio un vuelco. La nueva sentencia del juez Quiñonez desestimó la indemnización que le debe pagar Pemex a los sucesores de Matilde Cárdenas, quien para entonces ya había fallecido y era representada por su hija, Sonia Patricia García Cárdenas. Inventó el juez que las cien hectáreas habían sido expropiadas a favor de Pemex, un mayúsculo embuste pues no hay decreto que así lo establezca ni Pemex hizo valer ese argumento dentro del juicio por carecer de sustento.
Llevada la sentencia ante el Tribunal Colegiado de Villahermosa, éste determinó “no entrar al estudio de los agravios por no tener relación con la sentencia”. Empleó argumentos que no constaban en expedientes, dijo que el predio había sido expropiado por causa de utilidad pública y usó peritajes que favorecían a Matilde Cárdenas para presentarlos en contra.
De ahí el caso pasó a la última instancia. Sonia García Cárdenas interpuso un recurso de revisión, el cual fue desechado por la Suprema Corte de Justicia al estimar que el fallo, con todos sus parches y plagado de embustes, era “inimpugnable”.
Por ello, el caso se va a instancias internacionales donde el gobierno mexicano pierde todo.
Sobre Jaguaroundi, la máscara ecológica de Pemex, hay un interés especial. El predio vale una fortuna. De acuerdo con peritajes oficiales y privados, uno de ellos del ayuntamiento de Coatzacoalcos, a fecha de 2010, las cien hectáreas representan mil 191 millones de pesos comercialmente, más mil 16 millones como predio industrial, incluidas las propiedades que se hallan en su interior. Algo así como 3 mil millones de pesos actualmente.
Todavía en 2013, Sonia Patricia García realizó el pago de predial al ayuntamiento, mediante la cuenta 0440000048700000. Con ello acreditaba ser la propietaria del inmueble.
Algo oneroso si la Corte Internacional en Washington falla en contra del despojo de Pemex y de la complicidad del aparato judicial.
Eso es lo que está por venir.
Archivo muerto
Unos días, unos cuantos problemas, su primer dilema y el temple del procurador Luis Ángel Bravo Contreras blandea. Había que verlo ante la prensa el día que los ocho secuestrados de Las Choapas y Agua Dulce fueron dizque rescatados. Dos temas lo pusieron a prueba: que la Agencia Veracruzana de Investigaciones esté señalada de perpetrar el secuestro y que el plagio de los ocho se haya dado justo cuando las fuerzas policíacas realizaban el operativo para hallar al periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, finalmente asesinado y sepultado en una fosa clandestina en la colonia J. Mario Rosado. Bravo se puso bravo y Contreras no ocultó su contrariedad. Respondía seco: “Conozco lo que dice las averiguaciones”. Tres veces usó la misma frase, el gesto tenso para evadir la responsabilidad de una conducta criminal de su policía ministerial. Luego diría que no puede especular del por qué los delincuentes plagian en plenas narices de la AVI y de Seguridad Pública, o que de plano son más malandros que los delincuentes. ¿Ese es el hombre al que el gobernador Javier Duarte le dio el control de la Procuraduría? Nunca se le vio así a Felipe Amadeo Flores Espinoza ni antes a Reynaldo Escobar Pérez, inmutables, pétreos, sin perder la compostura ante la punzadas de la prensa. El procurador Bravo, válgase la metáfora, es como los jarritos de Tlaquepaque. Hasta con un viento se fracturan… No, lo más grave en Guillermo Ibarra Macías no es que carezca de título, o que el que ostenta sea patito. Lo que inquieta es que el hoy director de Obras Públicas de Coatzacoalcos haya tenido vínculos con múltiples compañías, que apareciera simultáneamente como representante legal en diversas licitaciones, con la SECOM de Marcos Theurel en el sexenio fidelista; de la SAGARPA; su paso por la Dirección de Obras Públicas de Córdoba, su renuncia caso inmediata; los juicios civiles y el caso de la compañía Perconsa, aquella del litigio con la empresa Gonzal, hoy Terra, por varios millones de pesos, y a la que el ex alcalde Marcelo Montiel le pagó con contratos, una buena suma y la presidencia de la CMIC local. Esa es la parte explosiva de Guillermo Ibarra… Supone mal el gobierno de Veracruz y la prensa vendida. Con la aprehensión de Teresa de Jesús Hernández Cruz y socios por el “levantón” y crimen del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, y su consabido enjuiciamiento, ni se cierra ni concluye el caso ni se dan por satisfechas las demandas de justicia de los tundeteclas. Hay una investigación abierta, a cargo de la Procuraduría General de la República, para esclarecer lo que realmente provocó el asesinato de Goyo, el reportero de los periódicos Notisur, Liberal del Sur y La Red, su trabajo, los intereses que tocó. Es la pista correcta…
www.informerojo.com
twitter: @mussiocardenas
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Foto: coatza.sanangel.edu.mx