* El asesino que fabricó el gobernador * El Poder Judicial desploma la farsa * Marcelo retuvo salarios en Sedesol * Fidel Hernández, la cara agria del payaso * Robos y abusos en Acción Social * También El Chamula traicionó al PRD
Políticamente defectuoso, Javier Duarte pasará a la historia de Veracruz, no tanto por ser un títere de Fidel Herrera o por el desgobierno que encabeza, por su insultante frivolidad o por los negocios de familia, sino por el crimen de Regina Martínez, por haber pervertido la justicia, haber fabricado un culpable a modo y valerse de la tortura para incriminarlo.
Aferrado al móvil pasional y al robo, el gobernador vive días de escándalo, destazado en la escena mediática por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que puso en libertad al supuesto asesino de la corresponsal de la revista Proceso y que, de paso, etiquetó al duartismo como un régimen torturador.
Javier Duarte, que de jurista no tiene un pelo, había validado la coartada del procurador Felipe Amadeo Flores Espinoza, que hacía responsable a Regina Martínez de su propia muerte.
Decía la investigación oficial que Regina estuvo ingiriendo bebidas embriagantes con Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, y con José Adrián Hernández Domínguez, alias “El Jarocho”, en su casa de Xalapa, desde la tarde del 27 de abril de 2012 hasta la madrugada del sábado 28. A eso de las 4 de la mañana, fue golpeada y estrangulada. ¿El móvil? Robarle.
Retrata la versión al “Silva” y al “Jarocho” como dos raterillos de mala muerte por los que nadie daba un centavo, eso sí cercanísimos a la periodista que les daba entrada a su hogar y con los que se pasaba horas en juergas interminables.
Al “Silva” lo describe como un analfabeta y enfermo de Sida, y al “Jarocho” como un sexoservidor y ladrón que, además, era novio de la corresponsal de Proceso. Habrase visto una contradicción tan demencial: sexoservidor y novio de Regina.
Urdida con toneladas de mala leche, la hipótesis del gobierno duartista tenía doble filo: desacreditar moralmente a Regina Martínez y afianzar la idea de que fue ultimada sólo para robarle, no por lo que escribía, no por sus denuncias, no por evidenciar el avance del crimen organizado y su complicidad con los políticos veracruzanos, no por la debacle financiera heredada por el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, no por la violación y muerte de la anciana indígena Ernestina Ascensión a manos de militares, no por la inmolación del líder agrario Ramiro Guillén Tapia frente al palacio de gobierno, no por su trabajo profesional.
Duarte tuvo la misión de agraviar a Regina. Se valió del “Silva”. Lo incriminó, así fuera con el método recurrente de las policías mexicanas: la tortura. Tejió una historia inverosímil, desconectada de la realidad, malévola. Y lo envió a prisión.
Sin pruebas contundentes, con señalamientos de oídas, transgresora también de las garantías individuales, una juez venal, Beatriz Rivera Hernández, dio entrada a la sacrosanta imputación del gobierno duartista y tiempo después, el 9 de abril de 2013, seis meses después de su detención, “El Silva” fue condenado a 38 años 2 meses de prisión y al pago de 80 mil pesos de multa.
Pudo pensar el gordobés Duarte que ahí concluía el caso Regina Martínez, pero no. Maltratada públicamente, enlodada y exhibida como provocadora de su muerte por darle entrada, según la Procuraduría de Amadreo Flores Espinoza, a sus asesinos, la corresponsal de Proceso fue rehabilitada cuando el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz derrumbó la sentencia de la juez Beatriz Rivera y ordenó la liberación del “Silva”, a quien no halló responsable del crimen.
Propuesta por el magistrado de la Séptima Sala, Edel Humberto Álvarez Peña, ex alcalde de Coatzacoalcos y beneficiario de millones en publicidad para su consorcio periodístico, la ponencia destacaba aberraciones clave en el juicio contra “El Silva”: no se le detuvo en flagrancia sino seis meses después del crimen y sin orden de aprehensión; nadie lo señala de haber cometido el asesinato; su supuesto cómplice José Adrián Hernández Domínguez, no ha sido detenido aún, lo que permitiría corroborar o descartar que ambos ultimaron a Regina Martínez; la acusación está plagada de contradicciones; le violaron sus derechos constitucionales, y lo sometieron a tortura.
Dos párrafos del toca 613/2013, aprobado con los votos de Edel Álvarez y el magistrado Andrés Cruz Ibarra, detallan la magnitud de la conjura duartista que pretendía justificar que el asesinato de la periodista obedeció al robo y no a un móvil político:
“La sentencia de condena que se revoca se encuentra sostenida únicamente en la confesión del propio inculpado, la cual fue llevada a cabo mediante tortura, por lo cual no debería otorgársele validez…
“Nadie revela que haya sido la persona (Jorge Antonio Hernández Silva) que se introdujera a la casa de Regina en fecha 28 de abril del 2012, pues por el contrario existen medios de convicción que nos llevan a la conclusión que el aquí inculpado no se encontró presente en casa de Regina Martínez Pérez el día en que fuera privada de la vida”.
A los ojos de los magistrados Álvarez Peña y Cruz Ibarra, el gobierno de Javier Duarte aplicó tortura para incriminar al “Silva” en el asesinato de la corresponsal de la revista Proceso. Vapuleado hasta el límite de sus fuerzas, su vida en manos de la policía torturadora, Hernández Silva admitió un delito que no cometió. Lo dijo así en su declaración preparatoria y detalló también que estuvo incomunicado varios días antes de ser presentado ante la juez de la causa, Beatriz Rivera, quien lo condenó por consigna.
Oficialmente se trata de un caso de tortura policíaca, auspiciada por el gordobés en su afán por denostar a Regina Martínez y alejar del escenario de la sospecha a los políticos —fidelistas y duartistas— que la periodista había exhibido por actos de corrupción, vinculación con el crimen organizado, omisiones y uña larga, algunos de ellos convidados de piedra, cómplices silenciosos cuando aparecieron 35 cadáveres, algunos mutilados, en Boca del Río, y peor cuando dejaron que Los Zetas convirtieran a Veracruz en su santuario.
Fabricar culpables, como lo hace ahora el gordobés, es propio de regímenes autoritarios, de instituciones criminales, de falsos demócratas, al máximo su desprecio por la justicia. En esa dinámica se halla el gobernador.
No se le da a Javier Duarte el sentido común y menos el buen juicio. Frívolo, le dio lo mismo desatar su instinto demagógico, los alardes justicieros, el embuste encubierto de verdad, para simular que a Regina Martínez no la alcanzaría la impunidad. “No les creemos”, le dijo Julio Scherer, fundador de Proceso cuando el gobernador de Veracruz ofrecía dar con los culpables del asesinato, y acertó.
Vía su procuraduría, don Amadreo y demás pulgas, pudo colmarla de lodo, pintarla como una mujer de conducta inmoral, que convivía con el bajo mundo, cuando que Regina era todo lo contrario, y hostigar a sus amigas periodistas, llamándolas a cuentas, sugiriendo relaciones lésbicas y sadomasoquismo, y que en una noche de locura haberle segado su vida. Qué mente enferma ideó tanta inmundicia.
Creyó Javier Duarte que con la condena de 38 años al “Silva” se había salido con la suya y que así preservaba a la clase política al margen de la sospecha.
No advirtió, sin embargo, que el Poder Judicial anularía la sentencia al “Silva”, categorizaría al gobierno de Javier Duarte como un régimen torturador y colocaría el crimen de Regina Martínez a un instante de ser atraído por el gobierno federal, donde no tiene cómo manipular la investigación.
Javier Duarte y su rostro torturador. Quién lo iba a pensar.
Archivo muerto
Como perrito apaleado deja Marcelo Montiel Montiel la Secretaría de Desarrollo Social, jugoso botín que supuso que gozaría hasta el fin de sexenio. Engañado y usado por el gobernador Javier Duarte —“ganas la elección y te vas”—, deja una herencia nefasta, adeudos a proveedores, corrupción en cada poro y salarios sin pagar a cientos de empleados, una bomba de tiempo que sirve de pastel de bienvenida a su sucesor, Alberto Silva Ramos, el amigo de Los Zetas de Tuxpan. A los empleados, según documentos y una muy detallada exposición de hechos, les quedó a deber más de un año de salario, paliado con míseras gratificaciones, un mes sí y tres o cuatro meses no. El responsable directo era Rafael Grajales Sansores, entonces director de Políticas y Programas de la Sedesol estatal, aunque mas dedicado a caravanearle a la hoy diputada electa Gladys Merlín Castro que atender el changarro. Por lo menos 15 empleados en esa área de la Sedesol están en esas condiciones, decididos a que se les liquide hasta el último centavo y que se deslinden responsabilidades en un caso de retención de salarios y las consabidas multas como lo determinaría cualquier tribunal laboral. No es ajeno al asunto el jefe de la Unidad Administrativa, Víctor Rodríguez Gallegos, a quien se le detectaron cientos de trastupijes más, entre ellos la compra de material de construcción, negocio en el que se embarraron funcionarios municipales de todo Veracruz. Vaya pues con las herencias de Marcelo… Bueno para hacer reír a otros, Fidel Hernández es un payaso que da pena y causa repulsión. Transformado el tipo, la humildad perdida, director de Acción Social sólo de membrete, protagoniza episodios vergonzosos y abusos a granel en el ayuntamiento de Coatzacoalcos. El día que no son usados los equipos de sonido propiedad del municipio en eventos privados, simplemente desaparecen, entre ellos los contactos canon y hasta 500 metros de cables de extensión, vendidos luego en el mercado negro o entre los compradores de chueco. Dicho en cristiano, don Fidel Hernández hace negocio a expensas del erario, con bienes municipales, sin que nada le cueste, sin reparar en que incurre en desvío de recursos públicos. Eso y más hace Fidel Hernández, el doble de Fidel Herrera Beltrán, a quien imita con descarnada ironía, incluido el tráfico de plazas para hijas de secretarias, el uso de los viáticos para el personal de Acción Social que oculta y luego disfruta, y una amplia gama de intrigas para que a sus subalternos les cancelen el cobro de tiempo extra. Es la cara agria del payaso… Tiene doble cara el justiciero amarillo. Jesús Gómez Constantino, como en cada elección, anda pepenando perredistas que le jugaron las contras al PRD. Son 17 los que enlistó el frustrado regidor, carne de cañón para la Comisión Nacional de Garantías, el órgano que habrá de expulsarlos. Tan dispuesto a aplicar la voladora, quizá Gómez Constantino ya olvidó cuando en 2007 repartía propaganda en las calles a favor del candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Coatzacoalcos, Rafael García Bringas, hoy reconvertido al PRI a cambio de una diputación local plurinominal, la diputación de la indignidad. Por una escasa paga, Gómez Constantino, “El Chamula”, hacía campaña para el PAN, en detrimento de su partido y de su candidato, Roberto Ramos Alor, uno de los que hoy aparecen en la lista en proceso de expulsión por apoyar al panismo. Se ve pues que la fobia de Gómez Constantino a los traidores es sólo pose. Si de traición se trata, “El Chamula” también tiene historia…
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