* Duarte y su deformada visión de la libertad de expresión * Una sonrisa frente a la tragedia del periodismo veracruzano * Periodistas amenazados y exiliados * Travis Escobar, asedio judicial * Los pasos perdidos del MP
Frente a los periodistas asesinados, una sonrisa; frente a los periodistas desaparecidos, una sonrisa; frente a los periodistas perseguidos, una sonrisa; frente a los periodistas amenazados, una sonrisa; frente a los periodistas exiliados, una sonrisa, y frente a los periodistas aplastados, una sonrisa.
Frívolo, en su mundo de ensueño, Javier Duarte de Ochoa describe a la prensa en sintonía con su (des)gobierno, y a sí mismo, aprendiz de la crítica, reparador de sus errores, atento a las opiniones y a los llamados “que nos hacen reflexionar” porque “nos dan la oportunidad de corregir nuestra meta que es servir y velar por los veracruzanos”.
Rollero, el gobernador de Veracruz llegó al festejo por la Libertad de Expresión con ánimo de marear, y por supuesto, de mentir, el elogio como argumento cuando no hay qué decir en un estado convulsionado por el crimen de periodistas y la persecución que sobre los informadores desatan los esbirros del régimen duartista.
Un arsenal de incongruencias expresó ese día —junio 7— para dibujar una relación tersa que sólo se da con su prensa asalariada, los textoservidores que por una millonada en contratos publicitarios con cargo al erario, con y sin factura, prebendas, viajes, becas, autos, antros, trago y cargos públicos, lo acuerpan, justifican sus pifias, ocultan la verdad, desinforman, golpean a los enemigos del gordobés y simulan que Veracruz es una sucursal del paraíso.
Acudió a lugares comunes: “Una sociedad más informada es también una sociedad más libre”. Destacó el papel de los medios: “Creo fervientemente que su trabajo es fundamental en la meta de construir un mejor país, y desde luego, un mejor Estado”. Y una más: “Sabemos que el periodismo y la función pública son similares, su opinión, su voz, sus críticas y observaciones nos hacen reflexionar a diario. Nos dan la oportunidad de corregir nuestra meta que es servir y velar por los veracruzanos”.
Ahí con él se hallaba el periodista y escritor Armando Fuentes Aguirre, alias Catón, afamado por su inagotable repertorio de cuentos ingeniosos, quien describió a Veracruz como “la sonrisa de México”. Y de la frase de su invitado se prendió el gobernador para filosofar.
Achabelada la voz, diría: “Catón” ha dicho también que la risa es una demostración de libertad. La prueba de que somos libres es que podemos reír más y mejor; los esclavos son, generalmente, tristes; el hombre libre es alegre, o debe serlo”, y así somos los veracruzanos: alegres y libres”.
Duarte es patético. Ni Veracruz es la sonrisa de México ni lo que la prensa crítica de Veracruz publica es atendido por el gobernador.
En 17 meses del régimen duartista, nueve periodistas fueron asesinados; cuatro más desaparecieron y no se tiene rastro de ellos; decenas han sido hostigados y amenazados; a otros les fabricaron delitos y los sentenciaron; más de 30 se fueron al exilio, fuera del estado, unos a Estados Unidos, otros a Europa.
Frente a la tragedia del periodismo, Duarte esboza el argumento de la sonrisa irresponsable.
Regina Martínez, su muerte, su crimen, fue el detonante del caos mediático veracruzano, la inseguridad alarmante del gremio periodístico, el acoso de los políticos y de los narcopolíticos hacia las plumas libres y las voces críticas.
Regina, corresponsal entonces de la revista Proceso, fue golpeada y estrangulada en su hogar, en Xalapa, la noche del 28 de abril de 2012. Sacudido el gremio, tocada sensiblemente la opinión pública nacional, se esperaba justicia y, por lo menos, decencia.
No fue así. Frente a Julio Scherer García, fundador de Proceso, Javier Duarte se comprometió a llegar al fondo, hallar a los culpables, hacerlos pagar. “No les creemos”, le respondió Scherer con la contundencia de sus palabras, con su peso moral.
Y tuvo razón. Javier Duarte no atendió la hipótesis del trabajo profesional de Regina como causa del crimen; sus investigaciones sobre los políticos vinculados con el crimen organizado; sus demoledores reportajes que advertían la debacle financiera, herencia de Fidel Berrera Beltrán; el seguimiento que le dio a la violación y asesinato de la indígena de Zongolica, Ernestina Ascensión, a manos de militares.
Duarte se fue por el lado tramposo. Validó la hipótesis de que Regina Martínez conocía a su asesino, convivía con él, era novia de un malviviente, lo dejó entrar y al calor de unas cervezas, fue víctima de un crimen pasional. La enlodó. La infamia duartista no tuvo nombre.
Con esa coartada, fue condenado un pobre diablo que acusó tortura, que apenas sabe leer y cuyo cómplice estuvo en manos de la policía y lo dejaron ir.
Al reportero de Proceso que seguía el caso, Jorge Carrasco Araizaga, le preparaban una trampa. Elementos de seguridad del duartismo lo investigaron y lo ubicaron para traerlo a Veracruz y encarcelarlo. Pudo esconderse. Proceso alzó la voz y Duarte tuvo que ceder.
Javier Duarte no quiere a la prensa crítica. Otros muertos fueron Miguel Ángel López Velasco, su hijo Misael López Solana, Yolanda Ordaz, Guillermo Vela, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez, Marco Antonio Báez Chino y López Olguín. A todos les vio la Procuraduría de Veracruz algún hilo conductor hacia el crimen organizado y ahí dejó el caso. Al estilo del tormentoso Reynaldo Escobar, los criminalizó.
Otros periodistas pasaron al mundo del silencio. Un día simplemente no se les volvió a ver.
A Carlos Jesús Rodríguez, dueño del portal gobernantes.com, le activaron una denuncia pendiente. El 10 de mayo de 2011 lo detuvo la Procuraduría estatal, lo remitió al penal de Pacho Viejo y ahí recibió una golpiza que casi lo deja sin riñones y quizá sin vida. A Jorge Manrique, tres días antes le fabricaron un caso de extorsión, lo detuvieron, lo enjuiciaron en tiempo récord y lo sentenciaron.
A Claudia Guerrero le fue apedreada la sede del periódico Veraz, a manos de los pelafustanes del Movimiento de los 400 Pueblos, comandados por el sátrapa César del Ángel, un decrépito líder que encuera a sus seguidores en el peor y más deplorable espectáculo de los últimos tiempos. Convertido en grupo de choque de la fidelidad y el duartismo, tiene ya su premio: el hijo del facineroso dirigente, Marco Antonio del Ángel Arroyo es candidato a diputado plurinominal del PRI en el Congreso de Veracruz. Tal para cual.
A Félix Márquez, fotoperiodista de la agencia Cuartoscuro, le desato una cacería el duartismo por haber captado y difundido imágenes en que se observan las guardias comunitarios en el municipio de Tlalixcoyan. El secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, llegó a decir que el que debería estar en la cárcel era el fotógrafo.
Decenas de reporteros y fotógrafos han sido agredidos, amenazados, destruido su material, a manos de elementos de Seguridad Pública, entre ellos Luis Alberto Román Córdoba, camarógrafo de Telever, y Bibiana Varela, fotógrafa de Órale, ambos en Coatzacoalcos.
Fuera de su prensa vendida, Javier Duarte tiene un bien ganado repudio de los periodistas. Uno de ellos, Martín Serrano, director del diario por internet Tribuna, lo denunció ante la Procuraduría General de la República “por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la libertad de prensa y expresión, administración de justicia, abuso de autoridad, daños a bienes y los que resulten”.
Ante la prensa crítica, es fingida la sonrisa de Javier Duarte. Su verdadero yo es intolerante, incapaz de entender que el poder no se usa para vendettas personales. En 2011 lanzó una embestida contra periodistas incómodos, sin advertir la oleada de crímenes que quedarían registrados en su sexenio, a la luz la falta de garantías, Veracruz el estado más peligroso para ejercer el periodismo.
Y así pide Javier Duarte, obviamente sumido en su fantasía habitual, una sonrisa.
Archivo muerto
Días de asedio, de acoso judicial, los que vive Mario Alberto Escobar Guzmán, El Travis, aquel constructor sobre quien el alcalde Marco César Theurel Cotero vació su ya célebre frase “Te rompo tu puta madre”, al que amenazó, provocó, instó a enfrascarse en un episodio de violencia, sin conseguirlo, y que el audio del desencuentro evidenció la bipolaridad del edil de Coatzacoalcos, sus altibajos emocionales, las neuronas extraviadas en un laberinto sin salida, el lenguaje lépero y la prepotencia hacia el ciudadano. Mario Alberto Escobar enfrenta ahora una denuncia por fraude. Su acusador, Carlos Omar Anaya Orozco, amigo de Sergio Cortés de la Cruz, secretario de Theurel y pieza clave en la compañía Secort Construcciones, S.A de C.V. Su verdugo, el agente conciliador del Ministerio Público, Juan Carlos Charleston Salinas. El asunto deriva de un préstamo, vía pagaré, de 20 mil pesos, que a la fecha Travis no ha logrado liquidar. Es, dicen los que saben de temas jurídicos, incluso un agente del MP, materia mercantil, no penal. Sin sustento, sin un argumento contundente de la parte acusadora, el caso había sido enviado a reserva el 13 de agosto de 2012 por carecer Juan Carlos Charleston de pruebas para seguir el caso. Súbitamente, Anaya Orozco compareció, amplió su declaración, pidió sacar de la reserva el expediente, y el agente del MP lo concedió cuatro días después, el 17 de agosto. ¿Se violó el procedimiento? Sí, refiere un abogado consultado al respecto. Se violó el artículo 338 del Código de Procedimientos Penales que obliga al MP a remitir la queja del agraviado a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, en un término máximo de cinco días. Una vez aceptada la queja, el Tribunal lo remite de nuevo al MP y en máximo tres días éste debe informar al Tribunal del cumplimiento de la resolución, según el artículo 340. No hay en el expediente algo que indique se cubrió este procedimiento. Pese a esta irregularidad, el caso fue consignado. Travis enfrentó una orden de aprehensión, se amparó y hoy dilucida su libertad en el Juzgado Primero Menor. Amén de las contradicciones en las versiones de los testigos de cargo —Adinahí Araiza Cruz, Juan Manuel Vázquez Vega y Dalia Patricia Monola Cruz—, éstos se han negado a comparecer ante la juez María Isabel Alvízar Olivera, quien pese a las inconsistencias del caso presentado por el MP Charleston Salinas, otorgó la orden de aprehensión. La misma esposa de Anaya Orozco, Adinahí Araiza Cruz, reconoció ante el MP que hay un pagaré de por medio. Ahora, sin testigos que acusen, pues varios rechazaron los citatorios y otros manifestaron no estar dispuestos a proseguir la farsa la juez Alvízar Olivera deberá dictar auto de libertad o de formal prisión, cuando es evidente que se trata de un asunto de materia mercantil, no penal. O sea, el caso Travis no es de competencia del Juzgado Primero Menor. Vaya bronca en la que se metieron…
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