No es que Benita González Morales sea mala. Es que es convenenciera, oportunista, vivilla, ventajosa, maniobrera y tendenciosa. Y fidelista y duartista. Por eso es la nueva presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.
Su carrera puede marcarse en dos tiempos: cuando escribía para la opinión pública y cuando se entregó en brazos del poder.
Veracruz es un infierno político con Javier Duarte. Su pandilla, el fidelismo del cual procede, sigue operando desde las instituciones, acumula dos sexenios —la docena trágica— y ahora se allega dos años más, el minigobierno articulado con doble fin: encubrir sus corruptelas y boicotear a los Yunes rojos.
Pobre tipo. Encabeza una asonada legaloide, pasada su reforma de ley por la inmoralidad de un Congreso estatal títere, de nivel ínfimo, que le aprueba todo así sea una barbaridad, que no lee sus iniciativas, que no las modifica, que avala un período de gobierno recortado.
Vestido de lo que es, un infractor de la ley, Javier Duarte se burla de Veracruz. Modifica la Constitución. Consuma un atraco político. Y sienta las bases para imponer un sucesor de dos años que encubra su desgobierno y maquille su corrupción.
Le acompaña en la aventura el Congreso estatal, 45 infames que avalaron la propuesta de minigobierno, dándole al fidelato una extensión de poder para terminar de bordar el episodio más oscuro en la vida institucional de Veracruz.
Mónica Robles de Hillman tiene una labia de miedo, padece el síndrome de la demagogia, es una megalómana sin remedio pues se come al mundo como si tuviera el don de la perfección, pero no mueve un dedo por sus representados, el pueblo que le fue prestado. La diputada por Coatzacoalcos es una contradicción.
Dice, por ejemplo, que el conflicto del Yuribia fue mal negociado. Y suelta una insensatez tan aberrante como que a ella no le falta el agua porque tiene un tinaco grande.
Nada más falso. A Mónica Robles no le falta el agua de Coatzacoalcos porque no la usa. Simplemente vive a 405 kilómetros de su distrito.
Desde su zona de confort, aposentado en un hotel de lujo —los mejores vinos, las mejores carnes—, Francisco Antonio Valencia García ve a distancia la crisis del agua, el conflicto con los serranos de Tatahuicapan, los 500 mil habitantes afectados, y no se inmuta.
Así es la vida del director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, placentera, las arcas y los diezmos a su alcance, mientras medio millón de usuarios confrontan un escenario inédito, disponiendo hasta de agua salada, la que el ayuntamiento de Coatzacoalcos le puede dar mediante 30 pozos perforados, un plan emergente en el conflicto por la presa Yuribia y su eventual destrucción.
Casi todo le sale mal a Javier Duarte. Casi todo. Lo que sí supo fue engañar al Congreso federal, arrancarle 500 millones de pesos, prometer un hospital de especialidades en Coatzacoalcos y no decirles que el terreno donde se edificará no es propiedad del gobierno de Veracruz. Eso es audacia perversa.
Su nueva hazaña tiene que ver con el hospital de especialidades, una obra a realizar de mil millones de pesos, enclavada en el poniente de Coatzacoalcos, pomposamente llamado el “Hospital de Karime” por supuestas gestiones de su esposa, Karime Macías Tubilla, un proyecto cuyos cimentos no se hallan bajo tierra sino en una nube de la ilusión.
No siempre se ve a un alcalde ultrajado. Esta vez sí. Le tocó a Joaquín Caballero. Le tocó ir a la trampa. Le tocó recibir metralla, escuchar insultos, ser perseguido, humillado. Y salir despavorido.
Ir a Tatahuicapan fue suicida. Negada de origen, la salida al conflicto por el agua de la presa Yuribia, que abastece a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, era de antemano una batalla perdida, las ganas de revivir a un muerto o, simplemente, el escenario para sentir el odio de los hermanos de la sierra.
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Atrapado, presidente en crisis, Enrique Peña Nieto tiene fijación por los decálogos y obsesión por los pactos. Los inventa y si le fallan, los recicla, los reedita, los maquilla y los vuelve a activar. Y si son sinónimo de fracaso, les cambia el nombre y los vuelve a lanzar. Es el hojalatero de la democracia.
Así enfrenta el presidente de México el escándalo de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes normalistas a manos de la policía municipal que los entregó supuestamente al narco —otras versiones dicen que fue a los militares— y que según el cansado procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, los torturaron, los asesinaron y los calcinaron para borrar las huellas del crimen.
Apuesta fallida, la de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 ha sido una pesadilla para no recordar. Javier Duarte, gobernador de Veracruz, se ha empeñado en demostrar que es tan ineficiente para enfrentar la brutal violencia que sacude a Veracruz, los ejecutados, los secuestrados, los mutilados, como para construir las villas olímpicas que, entre otras cosas, le hubieran dado seguridad a los atletas y evitarles robos, asaltos y golpes.
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Corre esa estampa en las redes sociales. Dos, tres, cuatro videos evidencian que Guillermo Ibarra Macías, director de Obras Públicas de Coatzacoalcos, tiene afanes enfermizos por la agresión y devoción por la violencia. Lo desnudan las escenas y generan una reacción viral, descomunal el repudio, los gritos de condena, los insultos, las mentadas, la exigencia de que un funcionario así, con espíritu de porro, se debe ir.
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