Juez del estado, obligado a liberarlo; es el preso político favorito del gobernador Cuitláhuac García
Una vez más, Rogelio Franco tiene la venia de la justicia federal. Un nuevo amparo anula la vinculación a proceso por retención de menores, el último delito con el que Cuitláhuac lo mantiene en prisión.
Ya no hay en su causa con qué retenerlo. No hay fundamento, ni pruebas, ni evidencia de los delitos que Guillermina “A”, su ex esposa, le imputa, no por lograr justicia sino por consumar venganza.
Refiere la sentencia que la detención de Rogelio Franco, ex secretario de Gobierno yunista, es inconstitucional, “toda vez que el juez de control René Ortiz Sartorius, al dictar dicho auto, fue omiso en valorar todos elementos o datos de prueba que se hicieron de su conocimiento por las partes del proceso penal, así como de fundar y motivar sus determinaciones, aspectos que resultan de vital trascendencia para desvirtuar el hecho delictivo o la probable participación de Franco Castán”.
La sentencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, derivada del amparo en revisión número 367/2023, fue emitida por unanimidad de los magistrados Martín Soto Ortiz y Rafael Remes Ojeda y del secretario de acuerdos, habilitado como magistrado, Ricardo Reyes González.
La infamia parte de un contrasentido. Las hijas de Rogelio Franco se hallan bajo resguardo de su abuela paterna por decisión de un juez de lo familiar. El depósito judicial es legal, a todas luces. No fue un acto unilateral de Franco Caftán ni de su mamá sino determinado por la autoridad.
En la sentencia se exhiben las contradicciones de Georgina “A”, incluida la de negar tener conocimiento del lugar en el que se hallaba su hija menor.
“Ella tenía conocimiento de que su menor hija se encontraba en el domicilio ubicado en calle
en donde pues ella tuvo conocimiento que desde el 6 de agosto supuestamente de 2020 su menor hija se encontraba en ese lugar, incluso en su copropietaria de ese inmueble, la primer pregunta y primer planteamiento que se haría es que con qué dato de prueba cuenta la Fiscalía, diverso en que existiera un despojo o es decir que la víctima no hubiese comparecido en ese domicilio, si ella ha establecido que es copropietaria?, y ella nunca compareció en ese periodo desde el 6 de agosto de 2020 hasta que presenta su denuncia, aproximadamente un año después, porque en ningún momento ella se acerca (al) domicilio en donde tiene conocimiento… en este sentido, ella tenía conocimiento en dónde se encontraba la víctima ¿por qué a lo largo de un año y un mes ella nunca acude a un inmueble que era de su copropiedad?, es decir, no hay un dato objetivo que nos pueda advertir por qué ella nunca compareció a ese inmueble?”.
La pesadilla de Rogelio Franco es de origen político. Es una canallada del gobernador Cuitláhuac García, urdida por el criminal ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, ejecutada por la infame fiscal general, Verónica Hernández Giadáns. Es el uso de la justicia para sus vengadas políticas.
Franco Castán logra ya cinco amparos, obtenido su libertad en nueve de 10 delitos imputados, incluido el de ultrajes a la autoridad.
A lo largo de 29 meses —dos años y medio—, permaneció en reclusión, primero en el penal de Amatlán de los Reyes. Sus hijas, su partido, el de la Revolución Democrática, algunos miembros del PAN, realizaron movilizaciones, denuncias públicas, conferencias de prensa, evidenciando la saña, los subterfugios legales, la inquina de Cuitláhuac García, el desgobernador de Veracruz.
Finalmente, derrumbada la farsa justiciera, Rogelio Franco fue confinado a prisión domiciliaria donde enfrenta su última batalla. El final está cerca.
El Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó que el juez de control, René Ortiz Sartorius, debe emitir un nuevo auto, de vinculación a proceso o de libertad. Y si lo deja en prisión volverá a enfrentar la justicia federal.
El preso político del gobernador está a punto de quedar libre.
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