* Juan Mendoza, el crimen numero 13 * Un gobierno infame con la prensa * Para cada asesinato, una excusa * ¿Qué encubre el atropellamiento? * 100 millones en los pozos desconocidos * El IVAI aprieta a Caballero * Agua que huele a vómito * Ahorca financieramente Javier Duarte a Coatza
Nunca en Veracruz un gobierno había sido tan infame con la prensa. Matan a los periodistas y para todos tiene Javier Duarte un maquillaje ad hoc, un argumento, una excusa, una coartada, una insana explicación, el desdén y el desprecio, inquina y mala fe. Van 13 periodistas asesinados, Juan Mendoza Delgado, ex reportero de El Dictamen, el último en sufrir la canallada del duartismo.
Tilda el gobernador de Veracruz de hampones a los periodistas, de tener vínculos con el crimen organizado, de confabularse para la ejecución de otros periodistas, de echar el trago y tener relaciones con quienes después los estrangulan, de andar en malos pasos, de no portarse bien, de ser levantados por pleitos de vecinos y de aparecer cercenados después.
Mueren por todo en Veracruz, pero no por su actividad profesional, no por ser críticos, no por denunciar los vínculos de la policía y el narco, no por escribir de la catástrofe violenta que representó el fidelismo y la violenta aumentada que implica el duartismo, no por darle voz a la gente humilde, exponer la pobreza o denunciar el secuestro de niños o la trata de blancas con mujeres centroamericanas.
Mueren, según Javier Duarte, porque conviven con delincuentes, se hacen novias de ellos, beben hasta el límite y terminan sus días ahogadas por la mano asesina que fingió amor para poder robar. Sólo un demente podía concebir que así era Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, cuyo crimen, el 28 de abril de 2012, colocó al desgobernador en la escena internacional, su estado inhóspito para la prensa, su trabajo reporteril en un nivel de riesgo equiparable al de un país en guerra.
Mueren, según Javier Duarte, porque unos periodistas son halcones de los narcos y porque otros periodistas pidieron que los ejecutaran. O sea, la prensa manda al crimen organizado y cuando entran en pugna las bandas salpica la sangre de periodistas por todo Veracruz. Qué agravio para Milo Vela y su hijo Misael, para Yolanda Ordaz, para Gabriel Huge, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez.
Mueren, según el desgobernador de Veracruz, por andar de activistas sociales, o cubrir la nota policíaca, o porque andar organizando autodefensas para evitar más violencia en su municipio. Vaya pecado cometido por Noel López Olguín, Marco Antonio Báez Chino y Moisés Sánchez Cerezo, queriendo que las cosas fueran mejor, o menos peor.
De Armando Saldaña, periodista de la K-Buena de Tierra Blanca, Javier Duarte y su fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, alias “Culín”, nada quisieron saber. Lo mataron en Oaxaca y allá que realicen las investigaciones. Pero era veracruzano, trabajaba en medios de Veracruz y denunciaba la corrupción de Veracruz. Por eso lo desdeñaron.
Murió Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de Notisur, Liberal del Sur y La Red, levantado la mañana del 5 de febrero de 2014 en Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos, donde vivía. Lo hallaron seis días después en un fosa clandestina, en la colonia J. Mario Rosado, en el municipio de Las Choapas, tierra de caciques, de traficantes de migrantes, corredor de droga.
No murió oficialmente por su actividad periodística, sino por un pleito con la vecina, administradora de un bar, Teresa de Jesús Hernández Cruz, alias “La Tere”, cuyo yerno, un ex militar de Hueyapan de Ocampo, era operador de actividades ilegales. Al ex soldado lo asesinaron meses después, pero dijo Fisculín Bravo Contreras que nunca estuvo implicado en la investigación del crimen de Goyo Jiménez. Bendita omisión.
A los periodistas en Veracruz los matan por todo, menos por ejercer la crítica, según el Evangelio de San Javier. Y Juan Mendoza Delgado, ex reportero de El Dictamen, creador del portal en internet Escribiendo la Verdad, no es la excepción.
Desapareció el martes 30 de junio. Un conocido dijo haberlo visto por última vez en la parada de camión, en El Tejar, municipio de Medellín de Bravo, donde residía. ¿Qué hacía Juan Mendoza en una parada de camión si él manejaba el taxi 1962, del cual por cierto nada se sabe? Se le buscó, trascendió la noticia y se alteró el medio periodístico.
Su cuerpo fue hallado a pie de carretera. Se encontraba sobre el tramo Santa Fe-San Julián, cerca de Medellín. Era la madrugada del 1 de julio. Permaneció varias horas en el Servicio Médico Forense en calidad de desconocido y fue hasta que acudió su esposa Tayde Pavón al Semefo que se percató que se trataba del periodista.
Cuestionable, la versión advierte que se trata de otra treta duartista. Juan Mendoza reporteó nota policíaca durante 16 años para el periódico El Dictamen. Era sobradamente conocido entre los policías, personal del Ministerio Público, Semefo, Servicios Periciales y prensa. ¿Nadie, absolutamente nadie, se percató que se trataba de él?
Oficialmente, no presentaba ni heridas de bala, ni causadas por arma punzocortante, ni huellas de tortura. Era la coartada duartista para alejar toda posibilidad de que Juan Mendoza hubiera sido asesinado por su actividad periodística.
Pero nada tardó la treta. En un comunicado, fechado de 1 de julio, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas condenó el “homicidio” de Juan Mendoza.
“La CEAPP —tituló el comunicado— condena el homicidio del periodista Juan Mendoza Delgado y brinda atención a los familiares del comunicador.
“Exigimos a las autoridades encargadas de la procuración de justicia —agregó— el esclarecimiento de los hechos que rodearon el homicidio de Juan Mendoza Delgado y que los responsables sean identificados y detenidos”.
Un día después, el 2 de julio, la Fiscalía General de Veracruz emitió su versión. Se trataba supuestamente de un atropellamiento:
“Con base en la información aportada por la familia y en el marco de los protocolos de búsqueda y localización, se pudo conocer que las características físicas coincidían con las de una persona muerta por atropellamiento la madrugada del mismo día, es decir, antes de que fuera presentada la denuncia por desaparición.
“El cuerpo fue hallado aproximadamente a las 03:00 horas del 01 de julio, sobre la carretera federal Santa Fe-San Julián, a la altura del kilómetro 5+300, presentando lesiones múltiples por atropellamiento que le causaron la muerte”.
Endeble, la versión se vino abajo cuando se difundieron fotografías del cadáver sobre la carretera. A quien identifican como Juan Mendoza tenía una venda en la frente. Se observa una huella de sangre sobre el vendaje, los ojos entreabiertos.
Jorge Morales, consejero de la CEAPP y la única voz crítica en ese organismo creado por Javier Duarte para simular que le preocupa la suerte de los periodistas, expresó sus reservas: “Si fue atropellado y tuvo una muerte instantánea, o eso se supone, quién le puso la venda en la cabeza y por qué”.
Pidió Jorge Morales que se realice un dictamen pericial externo. La versión de la Fiscalía no cuadra con los hechos. Juan Mendoza conducía un taxi, el número 1962, el cual no aparece, como tampoco sus pertenencias.
¿Fue levantado, torturado y se simuló el atropellamiento? ¿Si fue objeto de un asalto, qué caso tenía que los delincuentes hicieran aparecer que murió atropellado? ¿Quién lo vendó y luego simuló que lo arrolló un vehículo? ¿Y por qué?
Juan Mendoza dejó El Dictamen hace dos años. Laboró 16 años en el decano de la prensa nacional. Fundó el portal Escribiendo la Verdad, cuya información se centraba en lo que ocurría en el municipio de Medellín.
Algo similar hacía Moisés Sánchez Cerezo, quien también era periodista, quien también tenía un portal, La Unión de Medellín, quien también manejaba un taxi.
Ambos están muertos. Ambos residían en Medellín. Ambos escribían sobre sucesos de ese municipio, donde opera el crimen organizado, a la vista del gobierno, en las barbas ahora del Mando Único Policial, a pesar de los operativos federales.
¿Qué provocó realmente la muerte de Juan Mendoza? ¿Y por qué tanta premura del gobierno de Javier Duarte por determinar que perdió la vida atropellado?
Artículo 19, organización internacional defensora de los derechos de los periodistas, acuciosa su investigación sobre el crimen de Moisés Sánchez Cerezo, ve a Javier Duarte como un maquillista de la realidad.
Sebastián Aguirre, integrante de esa organización, señala que el gobierno de Veracruz “se ha mostrado parcial” en casos de periodistas asesinados y se niega a reconocer la labor periodística como “factor de riesgo”.
Agrega:
“Es como si tuvieran un guión para los casos de periodistas asesinados. Así hicieron con Regina, con Gregorio Jiménez, con muchos otros. Siempre los matan por situaciones ajenas a su trabajo, hasta por pleitos de vecinos”.
Y remata:
“Que un periodista decida desplazarse de la entidad donde labora para resguardar su integridad, es un indicador de que no existen garantías para ejercer la libertad de expresión, así como de la falta de cumplimiento de protección en materia de derechos humanos”.
Vuelve al ojo del huracán Javier Duarte. Van 13 periodistas asesinados durante su gobierno. Lo peor es pretender maquillar la realidad, tener una coartada para cada caso, aducir razones personales, extraperiodísticas, por las que son asesinados, o pleitos de vecinos y hasta por no “portarse bien”, o por tener vínculos con el hampa, por andar de halcones, por pedirle a los sicarios que ejecuten a otros colegas.
Eso es demencial. Nunca antes en Veracruz había existido un gobierno tan infame con la prensa crítica, tan marrullero, que echa mano de lo que sea para no reconocer que a los periodistas los matan por lo que escriben.
Cero y van 13, don Javier Duarte.
Archivo muerto
Cien millones de pesos es un mundo de dinero. Y si no se invirtieron, es fraude. Y si es dinero público, es corrupción. Y si es engaño al pueblo, es un crimen social. Camina en esa ruta el alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, cuestionado porque la crisis de agua sigue y no hay cómo abatirla. Decía que los 30 pozos enfrentarían la carencia cuando los ejidatarios de Tatahuicapan cerraron la presa Yuribia, en diciembre de 2014. Y lo logró. A los tumbos, criticado, con suministro en pipas, con tandeo, pero Coatzacoalcos en su mayoría no se quedó sin agua. Y ahora los pozos no operan. Costaron 100 millones de pesos y no funcionan, o funcionan mal, o funcionan a medias. Supuestamente 100 millones que no se sabe en qué mano fueron a parar. Supuestamente 100 millones porque todo es nebuloso. Le exige el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información que transparente lo que pide un ciudadano sobre los pozos, que diga cuánto costaron, dónde se ubican, en qué condiciones se hallan. Se sabe que el agua es deplorable, que está salada, que huele a vómito, que los pozos no los autorizó la Comisión Nacional del Agua. ¿Y a todo ello qué dice el alcalde Joaquín Cabalero Rosiñol? Que la solicitud de información, vía el IVAI, es politiquería de quien la promovió. No es así. Es el derecho de todo ciudadano. Y de paso debiera exhibirse el proyecto y el contrato, el constructor, los criterios usados para su construcción, y saber si ya le pagaron o si le pagaron a medias. 100 millones de pesos en los pozos desconocidos y sigue faltando el agua. No, pues estamos bien… Apriete de tuercas financiero. Dejan de fluir los recursos de Xalapa para Coatzacoalcos, las remesas, el dinero con que se mueve la nave municipal. Se cobra así Javier Duarte la derrota del PRI en la elección federal, aplastado su candidato, Rafael García Bringas. De ahí que se deban salarios, que no se pague el tiempo extra al personal de limpia pública, que inicie el despido de trabajadores. Son los disparates del gobernador Javier Duarte. Si creyó que García Bringas era querido, se equivocó; si exigía que el PRI ganara, hubiera bajado a Coatzacoalcos a operar él, a tocas puertas, a convencer a priístas que no querían saber nada de un traidor. Falló Javier Duarte en su predicción y ahora cierra las válvulas del dinero…
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