* Juez del fuero común desacata amparo federal que obliga a modificar la medida cautelar; con argucias impiden que lleve su proceso libre bajo fianza o en arraigo domiciliario
MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO
José Luis “N” tiene un verdugo; es Arturo Quintanilla. Lo acusó de robo, entorpeció el proceso penal y desde hace tres años y medio lo mantienen en prisión… sin sentencia.
Ha ganado amparos, ha logrado que la justicia federal ordene modificar la medida cautelar y que prosiga el proceso penal en libertad, pero el juez X incurre en desacato.
José Luis “N” fue aprehendido el 30 de marzo de 2023 en Coatzacoalcos. Pesaba sobre él una denuncia que la empresa Comercializadora del Istmo, propiedad de Arturo Quintanilla Hayek, compadre de la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, interpuso. Lo acusó de robo agravado.
Por más décadas, José Luis “N” laboró en la empresa del compadre incómodo. Era del círculo más cercano, de los que levantaron Coistmo.
Pero algo se rompió.
Fue denunciado, aprehendido y mantenido tras las rejas con prórrogas ilegales de prisión preventiva justificada que violan sus derechos constitucionales y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.
LA DENUNCIA
Arturo Quintanilla denunció el robo de materiales de su empresa y se fue contra José Luis “N”. El 23 de marzo de 2023, el juez de Control Interino del Distrito Judicial número XXI de Coatzacoalcos dentro de la causa 167/2023, libró la orden de aprehensión. Una semana después, el 30 de marzo, se cumplimentó.
Al día siguiente, el 31 de marzo, se le dictó auto de vinculación a proceso, prisión preventiva justificada por seis meses y se le confinó al penal Duport Ostión.
Y volvió a ocurrir el 30 de septiembre de 2023 cuando el juez de Control amplió y/o prorrogó la prisión preventiva justificada otro medio año.
La maniobra para retenerlo en prisión ha sido recurrente. Cada seis meses –y en un caso a los cuatro meses– es dictada una nueva prórroga.
JUEZ AMPLÍA LA PRISIÓN PREVENTIVA SIN QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LO SOLICITARA
Sin embargo, el 13 de octubre de 2024, José Luis “N”, vía su defensa legal, asentó un hecho contundente: el juzgado de Control emitió una nueva prórroga sin que la Fiscalía de Veracruz se lo hubiera pedido formalmente y “sin que el Juez de Control se haya pronunciado al respecto”.
Y meses después, el 7 de enero de 2025, el abogado defensor le hizo saber a José Luis “N” de la existencia de una resolución de fecha 30 de septiembre de 2024 en la que el juez de Control hace un “supuesto saneamiento a la resolución”, la cual nunca le fue notificada al denunciado y, por lo tanto, tampoco la pudo combatir.
Para entonces, José Luis “N” ya había interpuesto un juicio de amparo –número 872/2024– por violaciones a sus derechos. La ampliación contempló la prórroga de prisión preventiva concedida por el juez de Control sin petición formal del Ministerio Público y la falta de notificación al denunciado.
UN AÑO MÁS
La respuesta fue la inquina del juez. La prisión preventiva concluiría el 1 de febrero de 2025. El juez la prorrogó dos meses más. Y el 4 de abril, en la audiencia de revisión de la medida cautelar, la amplió a un año más.
Inconforme con la resolución, José Luis “N” interpuso un nuevo juicio de amparo –número 434/2025–, mismo que le fue concedido. La justicia federal le otorgó su protección pero el juez del estado de Veracruz confirmó la prórroga de la prisión preventiva por un año más hasta el 4 de abril de 2027.
EL DESACATO
En la resolución del juicio de amparo, de fecha 26 de julio de 2026, la jueza Alejandrina Maldonado Martínez, titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, emite argumentos contundentes por el desacato:
“El juez responsable pasó por alto que corresponde a la Fiscalía (y no a la defensa) acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar; máxime que el delito no es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.
“Era obligación de la fiscalía verter los argumentos y exponer los datos de prueba que estimara necesarios para demostrar la necesidad de que se continuara con la medida cautelar de prisión preventiva justificada”.
“Este Juzgado Federal considera que la ejecutoria de amparo dictada en este asunto aún no ha quedado cumplida en todos sus aspectos”.
El argumento de la Fiscalía para retener a José Luis “N” en prisión es una supuesta amenaza contra un trabajador de la empresa de Arturo Quintanilla Hayek y que permitir que prosiga el juicio en libertad bajo fianza o arresto domiciliario, representa un riesgo de vida para la integridad de la parte acusadora.
Sin embargo, cuando la defensa de José Luis “N” exigió presentar el testimonio del amenazado, el documento no apareció en el expediente.
Este jueves 22, el Juzgado Federal realizará audiencia para establecer si el Juzgado de Control persiste en incurrir en desacato. Al juez en turno lo apercibió con aplicarle una multa de 230 veces el valor diario en UMA, casi 30 mil pesos.
LA MANO SUCIA DE LOS QUINTANILLA EN LOS JUZGADOS
No es el único en que los hermanos Quintanilla –Arturo y Jaime– manipulan la ley. En un litigio para cobrar una afectación de tierra de lo que sería el Distribuidor Vial, entre el río Coatzacoalcos y la Central Camionera, usaron dos sentencias apócrifas suscritas por el hoy juez Cristóbal Hernández Cruz, quien entonces era secretario del Juzgado Segundo Civil en Coatzacoalcos. Las sentencias correspondían a juicios por pensión alimenticia y custodia de menores.
Empoderado por ser compadre económico de la gobernadora Norma Rocío Nahle García, Arturo Quintanilla no repara en tener un rehén en prisión, José Luis “N”.
Mientras el juicio permanece tácitamente congelado, la Fiscalía en contubernio con el Juzgado de Control emite prórrogas interminables para que el acusado permanezca privado de su libertad, así se viole la Constitución, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversos tratados internacionales.