* Tres años cuatro meses en prisión preventiva y el juicio no avanza
* Preso por negarse a vincular a proceso a Jesús Uribe, hoy alcalde de Las Choapas
MUSSIO CÁRDENAS
Con un juicio estancado, Florencio Hernández se convirtió en rehén de la hoy fiscal Lisbeth Aurelia Jimenez Aguirre. Lleva tres años cuatro meses en prisión preventiva, acusado de un delito no grave y le extienden la medida cuatro meses más.
Florencio Hernández Espinosa, doctor en Derecho, juez de control en Coatzacoalcos, paga así haberse negado a vincular a proceso al hoy alcalde de Las Choapas, Jesús Uribe Esquivel, cuando Aurelia Jiménez dio la orden siendo presidenta del Poder Judicial en Veracruz.
Acusado de cohecho, enfrentó de inicio dos años de prisión preventiva forzosa y se le confinó en el penal número 15, en Tapachula, Chiapas; luego le extendieron la medida cautelar un año, después una prórroga de cuatro meses y hoy le decretan cuatro meses más.
Fue encarcelado el 23 de marzo de 2023. Ese día le dictaron prisión preventiva justificada con vencimiento el 23 de marzo de 2025. Al terminar ese período, sin que el juicio avanzara, revisaron la medida y la extendieron un año, al 23 de marzo de 2026. La Fiscalía Anticorrupción solicitó una prórroga del 23 de marzo de 2026 al 24 de julio de 2026. Y ya sin argumento legal, sin audiencia para debatir la medida, lo retienen en prisión, del 24 de julio al 23 de noviembre de 2026.
Todo un rehén.
“La prisión preventiva justificada ha excedido ampliamente el plazo constitucional de dos años previsto en el artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, y en el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, señala su defensa.
EL JUICIO ESTANCADO
Sus acusadores –integrantes de la familia de la alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos– le imputan haber recibido un soborno de 100 mil pesos siendo juez de Control en Coatzacoalcos. Pero no realizan promociones, no mueven el proceso, no allegan pruebas. El juicio se halla estancado. Y el que presuntamente le dio el dinero goza de plena libertad.
Cuando el juez Florencio Hernández Espinosa recibió la instrucción “por orden de arriba” para hundir a Jesús Uribe Esquivel, en aquellos días acusado del asesinato de un militar en Las Choapas, exigió respetar la autonomía que todo juez en teoría tiene.
David Cardeña, secretario particular de la entonces presidenta del Poder Judicial en Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, hoy fiscal de Veracruz, ordenó que Jesús Uribe fuera vinculado proceso. Florencio Hernández alegó que lo haría sólo si hallaba elementos de peso.
La orden provenía del ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que así se cobraba que Jesús Uribe hubiera sido candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Las Choapas, en 2021, enfrentando a Morena. Florencio Hernández rechazó la presión.
A partir de ahí inició una embestida que lo terminó llevando a prisión. Le iniciaron procesos administrativos y con una celada fue aprehendido a las puertas del Poder Judicial de Veracruz, en Xalapa, el 23 de marzo de 2023.
Aurelia Jiménez, una magistrada de consigna, obedecía los dictados de su padrino, el ex secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, señalado de vínculos con el Cártel del Noreste, según reportes del Ejército Mexicano.
SARTORIUS, CARMONA, VIDAL CRUZ Y VÁZQUEZ CAMPA, JUECES MARRULLEROS
Acumula ya tres años y cuatro meses en prisión preventiva justificada; derivado de la vinculación por el delito de cohecho. Y le aplican cuatro meses más.
La medida inicial le fue impuesta por el juez René Ortiz Sartorius, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, de Distrito Judicial de Xalapa, quien determinó su reclusión del 23 de marzo de 2023 al 23 de marzo de 2025.
Posteriormente, el 20 de marzo de 2025 se realizó audiencia de revisión de medida cautelar, y le fue prolongada dicha medida por un año más. Esta vez el verdugo fue Óscar Hernández Carmona, juez adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, de Distrito Judicial de Xalapa, la cual feneció el 23 de marzo de 2026.
No obstante, mediante oficio número 959/2025, signado por Jesús Martínez Betanzos, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, se solicitó prórroga por cuatro meses, ante la jueza Ana Lilia Vidal Cruz, quien la concedió, del 24 de marzo de 2026 al 24 de julio de 2026.
Lo que hizo Ana Lilia Vidal Cruz viola toda norma legal. Concedió la prórroga sin que se llevara a cabo audiencia ni se convocara a las partes, es decir, al imputado, sus abogados y la fiscalía para debatir la medida cautelar; sin sustentar objetivamente dicha medida cautelar.
El juez Florencio Hernández Espinosa no tuvo forma de defenderse. No hubo audiencia de debate de la medida cautelar. Ana Lilia Vidal pudo variarla por prisión domiciliaria por no tratarse de delito grave, pero lo mantuvo en reclusión.
GANA AMPAROS Y LOS JUECES DE CONSIGNA NO LE VARÍAN LA MEDIDA CAUTELAR
Ante cada uno de los resolutivos de los jueces estatales, se han promovidos amparos directos en la justicia federal –258/2023, combatiendo los 2 años iniciales; 89/202, combatiendo el año adicional, y el 1202/2026, combatiendo la prórroga de cuatro meses.
Salvo el amparo 122/2026, todos fueron resueltos por la jueza Flor de María Meléndez Sánchez, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz (sede Villa Aldama, Veracruz) quien únicamente ha concedido para efectos; y está por resolver el 120/2026 mediante audiencia constitucional, programada para este viernes 31 de julio de 2026.
El 24 de julio, un juez de consigna volvió a violar la ley. En ausencia de la juez Ana Lilia Vidal Cruz, el juez Alvaro Vázquez Campa, acordó prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un lapso de cuatro meses más, del 24 de julio del 2026 al 24 de noviembre de 2026.
Lo peor fue que le negó a la defensa del juez Florencio Hernández la petición de llevar a cabo la audiencia de revisión para solicitar el cese de la medida cautelar.
UN SÓLO OFICIO DE LA FISCALÍA Y LO DEJAN EN PRISIÓN CUATRO MESES MÁS
Mientras a la defensa del imputado le niega el derecho a esa audiencia, a la Fiscalía Anticorrupción le acepta el oficio FECCEV/3247/2027, signado por el Lic. Jesús Martínez Betenzos, y determina prorrogar la prisión justificada hasta el 24 de noviembre de 2026.
La violación al artículo 20 constitucional es evidente.
Florencio Hernández Espinosa es un perseguido y rehén de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, y de la gobernadora Norma Rocío Nahle García, que le manos libres, como si aún fuera la cabeza del Poder Judicial.
Así se convirtió Florencio Hernández Espinosa en rehén de la fiscal y, de paso, de la gobernadora de Veracruz.