Con Amado y Delgadillo y Onésimo, las obras son “cash” y licitaciones simuladas, y la corrupción se tolera y se encubre, y se extorsiona al constructor. Así huele, a transa, el bastión de Rocío Nahle en Veracruz.
A Onésimo Mendoza Flores, director de Obras Públicas en Coatzacoalcos, le llovió de todo —manipular licitaciones, presionar al contratista, exigir el token bancario, arreglarse en lo oscurito, arrebatar las obras y sólo cederle un porcentaje al constructor ganador— y la Contraloría determinó una sanción mínima: nepotismo. Y apenas lo separaron del cargo.
A Arturo Delgadillo Medina, director general de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, un sobrino del alcalde Amado Cruz Malpica lo señala de haber exigido dinero en efectivo —250 mil pesos— con el señuelo de ayudar a colonos que promovieron el voto a favor de Morena. A cambio soltaría contratos por 5 millones de pesos. La Contraloría Municipal lo exoneró.
Amado Cruz Malpica, presidente municipal, intendente en turno del feudo político de Rocío Nahle, jefe de Delgadillo y Onésimo, se agazapa ante las imputaciones gravísimas, reveladas en la investigación de la Contraloría Municipal.
Siete meses después, salvo Onésimo Mendoza todos siguen ahí. El alcalde como si no fuera alcalde y Delgadillo Medina regenteando las obras municipales.
El “cash” manda y la corrupción permea.
Siete meses desde aquel 18 de octubre de 2022 en que la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción interpuso la denuncia ante la Contraloría Municipal, y la impunidad no cesa.
La SMITC acusaba extorsión a constructores, obras a cambio de “cash” y la falta de pago —casi un millón de pesos— a la empresa que realizó la evaluación, revisión y validación del acta de entrega recepción, documento en el que existen múltiples irregularidades de la gestión del morenista Víctor Manuel Carranza Rosaldo, otro pupilo de la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García.
La investigación de la Contraloría Municipal se integró en el expediente DE-013-2022, cuyo dictamen, fechado el 13 de abril de 2023, consigna los testimonios de cinco personajes clave: Gilberto Gabino García Cárdenas, sobrino del alcalde Amado Cruz Malpica; Agustín González Córdova, propietario de la constructora Golca, y su representante jurídico, Ignacio Camacho May; Mayra Ivette Cortés Cortez y Eustaquio Aguilar Alarcón, trabajadores del arquitecto Miguel Ángel Trujillo Rosaldo, a quien se le encomendó la evaluación del acta de entrega recepción. La SMITC, delegación zona sur de Veracruz, es presidida por el empresario Gabriel Ángel Rivera Cerdán.
La denuncia huele a canal de aguas negras. En esas cloacas deambularon Onésimo Mendoza y su hijo, Víctor Manuel Mendoza Villegas, al que se le dio cargo de supervisor, sin más jefe que su papá, como lo acredita el informe del área de Recursos Humanos, que posteriormente fue sustituido por otro documento en el que al junior le maquillaron el delito, asignándole nuevo jefe, Juan Nelson Mortera, subdirector de Construcción, primo político del alcalde Amado Cruz Malpica. Esta treta se va a ventilar en tribunales de Xalapa.
Un contratista y su asesor jurídico narran el modus operandi de Onésimo Mendoza y su hijo incómodo. Detallan una reunión fuera de la Dirección de Obras, en el vehículo del funcionario. En ella Agustín González Córdova, dueño de Golca, y su representante jurídico, Ignacio Camacho May, escucharon que debían entregar el token bancario de la empresa y ceder la obra ganada mediante licitación a Onésimo Mendoza, quien la realizaría con compañías propias. Su negativa fue total. Eso, como se le vea, es corrupción, respondieron.
“Nos parecieron propuestas corruptas —respondió Camacho May—, aparte de fuera de la realidad y más porque querían tener acceso y control de todos los fondos de la empresa a lo que nos negamos de inmediato a sus planteamientos”.
En su declaración ante la Contraloría, Camacho May esbozó el as que aún tiene bajo la manga.
“Sustento mi dicho de la reunión con las nueve hojas que exhibo en este momento y que incluyen las conversaciones que sostuve con Víctor Manuel Mendoza Villegas, vía whatsapp, con las cuales se respalda que se nos citó para la reunión que se menciona en el lugar y a la hora referida”.
Otro testimonio, el de Gabino Gilberto García Cárdenas, sobrino del alcalde, apunta al director general de Obras Públicas, Arturo Delgadillo.
Ahí, el protagonista es el “cash”, dádivas presuntamente para corresponder a colonos que operaron el voto a favor del entonces candidato de Morena a la alcaldía de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica.
Ya sin recursos, supuestamente, en los últimos meses de 2022, Delgadillo habría acordado con Gabino García apoyar a una colona que tendría que practicarse una cirugía y a otros ciudadanos que promovieron el voto para el morenista Amado Cruz Malpica. A cambio, habría un contrato por un monto de hasta 5 millones de pesos.
“70 mil para la cirugía —dice Gabino García, sobrino del alcalde— de una promotora de una colonia, o la cantidad de 250 mil de pesos para poder cumplir con varias solicitudes de necesidades en varias colonias, a cambio de una obra de 5 millones de pesos”, señala en su denuncia por escrito, posteriormente ratificada ante el área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Contraloría Municipal, a cargo de de Jonathan Daniel Franco Rangel, funcionario que proviene de Pemex, de los complejos petroquímicos donde se halla el entramado de José Luis Peña Peña, esposo de Rocío Nahle, y del ex alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo.
Un tercer caso, el de la revisión del acta de entrega recepción, apunta a Arturo Delgadillo Medina pero la Contraloría Municipal se lo imputó a Onésimo Mendoza. O sea, lo encubrió.
Miguel Ángel Trujillo Rosaldo recibió el encargo de evaluar y revisar el acta de entrega recepción. La instrucción directa fue de Arturo Delgadillo. Se acordó un pago de casi un millón de pesos. Delgadillo lo remitió con Onésimo Mendoza.
En el expediente de la Contraloría Municipal se consigna el testimonio de Mayra Ivette Cortés Cortez, señalando que “los gastos y honorarios por los trabajos de asesoría, solicitados por el arquitecto Arturo Delgadillo Medina al arquitecto Miguel Ángel Trujillo Rosaldo” serían aportados por éste y posteriormente cubiertos por el director general de Obras Públicas a Trujillo.
El acuerdo con Trujillo Rosaldo se realizó cuando Arturo Delgadillo aún no asumía el cargo. Una vez investido con director general de Obras, instruyó a Onésimo Mendoza a poner en manos del personal de la empresa de Trujillo Rosaldo los expedientes que soportan el acta de entrega recepción, lo recibido por parte de la administración saliente.
El monto del servicio fue acordado en 950 mil pesos, que el director General de Obras se negó a pagar. Nunca se firmó el contrato. Aun así, Delgadillo Medina instruyó a Onésimo Mendoza a proporcionar los expedientes de las obras señaladas en el acta de entrega recepción. O sea, documentos oficiales entregados por la autoridad a un particular.
Y la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Contraloría Municipal se vistió de luces y encubrió la corrupción.
Trujillo Rosaldo presentó como evidencia nueve hojas de conversaciones en Whatsapp con Arturo Delgadillo, pero la Contraloría las dejó fuera del dictamen con el que sustentó que el director general de Obras Públicas no tenía responsabilidad.
El dictamen es la imagen de la Cuarta Transformación. Halló conducta “grave” en el nepotismo de Onésimo Mendoza, pero conducta administrativa “no grave” en la entrega de documentos oficiales a particulares. Y ninguna sanción por el intento de extorsión a la contratista Golca.
De todos, sólo Onésimo Mendoza fue destituido este fin de semana. Pero no por sus mayores corruptelas sino por nepotismo.
A Arturo Delgadillo Medina lo exoneró. Pese al testimonio directo del sobrino del alcalde Amado Cruz Malpica, señaló que no se acredita nada irregular. El testimonio, por sí sólo, no basta.
Es la cloaca de Rocío Nahle, la madrina de la pandilla, la dueña de la letrina y el drenaje, el feudo donde la corrupción auspicia el “cash”, licitaciones simuladas, transgresiones a la normatividad, contratos no pagados y el encubrimiento lépero de la Contraloría Municipal.
Y Amado Cruz, la síndica Bertha Hernández y la recua de regidores en la total complicidad.
Huele a transa el bastión de Rocío Nahle en Veracruz.
Archivo muerto
Si no se atiende, Carmen Medel va a terminar mal. Devastada porque el sindicato de empleados municipales la venció y la destrozó, desata su ira en Jorge Luis Torres Marcos, periodista y analista político, titular del programa La Fábrica. Esta vez, a la alcaldesa de Minatitlán se le soltó la lengua de más. Dice que hasta ahora ha creído que a su hija la mataron por una confusión, trágico evento ocurrido en noviembre de 2018, en Ciudad Mendoza. Ahora —y así lo expresa Carmen Medel— piensa que alguien que la odia en serio fue quien ordenó el crimen. Y habla de “este periodista”. Y se refiere al único comunicador en el que centró su perorata en la conferencia de prensa que tenía con objetivo admitir que se sentará a dialogar con el Sindicato Único de Empleados Municipales que por más de cuatro meses han mantenido en huelga al ayuntamiento de Minatitlán. Carmen Medel no mencionó el nombre de Jorge Luis Torres, pero Carmen Medel sí enfatizó que se trata del periodista que señaló que la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, la había regañado por el pésimo manejo del conflicto laboral. El único comunicador que lo hizo en esos términos fue Jorge Luis Torres. Carmen Medel sentenció, incluso alzando la voz, que es su presidenta municipal y que si no le parece cómo gobierna, el periodista se puede ir de Minatitlán. La primera imputación es gravísima; las otras dos son una zarandaja. Le está endilgando la autoría intelectual del asesinato de su hija. Obviamente, Jorge Luis Torres la enfrentó. La hizo responsable de la difamación, del riesgo en el que lo sitúa y de lo que le ocurra a su persona, a su familia y a sus bienes. Cuando a Carmen Medel le comunicaron la terrible noticia del asesinato de su hija, hizo retumbar a la Cámara de Diputados —era legisladora— con su llanto y con un sonoro “maldito Yunes”. Tiempo después, informada directamente por el equipo del entonces fiscal, Jorge Winckler Ortiz, sobre el cauce de las investigaciones judiciales, admitió que aquello fue una confusión. Su hija no era el objetivo del ataque. Ahora le imputa la autoría a Jorge Luis Torres. El desajuste es brutal. Y lo peor es lo moral. Si le tuviera el mínimo respeto a la memoria de su hija, no debiera usar su lamentable muerte para enfrentar la crítica que se merece por sus torpezas como alcaldesa de Minatitlán. Y no es violencia política de género. Es crítica a sus desatinos, a la necedad e ignorancia, a la cerrazón ante las demandas laborales que un sindicato ha enarbolado. Es presidenta municipal pero eso no la hace superior a nadie. Como alcaldesa, merece la crítica y el señalamiento por las consecuencias que sus yerros conllevan. No es intocable. Nunca en la historia de Minatitlán, el ayuntamiento había enfrentado una huelga mayor a cuatro meses. Y el conflicto seguiría si no le hubieran dado el manotazo desde el poder, sea Rocío Nahle, sea el gobernador Cuitláhuac García. En año y medio, su alcaldía ha sido un fiasco. Y ante el caos en el que tiene al ayuntamiento de Minatitlán, con ayuda de un cabildo castrado, cómplice y servil, y una prensa indecente que se arrodilla y aplaude —los acosadores y enfermos sexuales, los alcohólicos, los drogadictos, los chayoteros de toda la vida, los que habitan desde hace años en la nómina municipal sin trabajar, a los que hace referencia Jorge Luis Torres—, a Carmen Medel lo único que se le ocurre es desfogar sus fantasmas con una imputación que mínimo va a tener que sostener en los tribunales. Le falta pudor. La memoria de su hija merece respeto. Que se atienda antes que se ponga peor… Los aceleres en el PRI revientan la alianza opositora en Coatzacoalcos. Dos años antes de la elección municipal, a Nereyda Santos Hernández le ven cara de presidenciable, como si no bastaran los regalos que el PRI le ha concedido: secretaria general del comité municipal y candidata —frustrada— a diputada federal por el distrito de Coatzacoalcos, donde Tania Cruz Santos la hizo añicos con extrema facilidad. La treta es clarísima: hacerla presidenciable hoy para negociar una regiduría en el cabildo que gobernará de 2025 a 2028. O sea, todos los premios para la doctora Nereyda Santos. Son aceleres y nada más. Pero la consecuencia es política. El PAN ya pintó su raya. Su líder municipal, César Soto, les dijo que se debe al panismo, que dialoga para construir una alianza fuerte con miras al proceso electoral de 2024 y exige respeto: “Yo no sigo órdenes de nadie porque aparte no me paga. Yo me debo a los militantes panistas que me dieron su voto de confianza. Somos el único partido político que elige a su dirigencia a través del voto libre, secreto y directo. Hemos mantenido diálogo con los dirigentes del PRI y el PRD, en aras de construir un proyecto interesante hacia el futuro, pero así no, al PAN y a los panistas nos respetan”. Y otras corrientes del priismo en Coatzacoalcos, las que encabezan Rafael Madero y Pilar Orueta, mejor se acercaron al delegado del PRI nacional en Veracruz, Pedro Gutiérrez Gutiérrez. Rafa Madero acusó que “la simulación, la falta de unidad y la soberbia se tienen que acabar”. Bastó un acelere y la alianza PRI-PAN-PRD se sacudió…
Fotos: Blog Expediente, Diario del Istmo, Facebook