* 47 días después del secuestro, emite la Alerta Amber * Los padres reclaman y la sociedad protesta * Centroamericanos: se vuelve a enredar el gobernador * Mano negra en el caso de las tres maestras de la Olivo Lara * Una ex juez, la clave * INFORME ROJO nada tiene que ver con info-rojo-coatza * Otra vez la guerra en internet
Ni por Karime Alejandra Cruz Reyes, ni por otras víctimas, ni por los desaparecidos, ni por los secuestrados, siente lo que siente Luis Ángel Bravo Contreras por los victimarios.
Su fijación está en ellos. Los quiere en sus manos. Los quiere a su merced. Los quiere frente a la ley, tras las rejas, sometidos a los designios de un juez, como trofeo judicial.
Alrevesado su mundo, de cabeza su moral, el procurador de Veracruz poco o nada hizo por Karime Cruz en 47 días, hasta que sus padres, familiares, amigos y la sociedad en pleno salieron a las calles, marcharon y ejercieron su derecho a la protesta.
Nada sentían en el actuar de la Procuraduría de Veracruz, pasivo, callado, inmutable su titular, Luis Ángel Bravo Contreras. Y lo decían.
Irritados, reclamaban acciones reales del procurador y su policía ministerial, avances y resultados. Reprobaban el silencio que después de una semana o dos, se vuelve silencio cómplice. Recordaban que en Veracruz “no pasa nada” y que la inseguridad es ya parte de las sábanas sobre las que hay que dormir.
Era el 22 de agosto. Coatzacoalcos concentró su atención en la marcha blanca que tomó la avenida Zaragoza y fue convocando a un pueblo que se hartó del grotesco contraste entre la zozobra de vivir en manos de la delincuencia y la indiferencia insultante del gobierno. Al final no eran 100 ni 200 sino casi 2 mil.
Se entremezclaba la súplica y la ira: “Las queremos de vuelta”. La voz de alerta: “Mañana podría ser tu hijo”. Y una más con destinatario en la calle Enríquez, de Xalapa: “¿Dónde está el Coatzacoalcos Seguro”. Le reclamaban también al gobernador Javier Duarte.
Expresaba la madre de Karime, Nora Reyes Baruch, que en esos más de 40 días ninguna autoridad aportaba avances de la investigación e instaban a la población a ayudarlos, a dar con una pista, a tener una esperanza, a dar con el paradero de la pequeña de cinco años y su tía, Mónica Reyes, quien la tenía a su cargo aquel 7 de julio cuando se les vio por última vez.
Entre reclamos, trabaron diálogo con el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol. Increpaban desde lugares distintos, sin un autor visible, perdidos los gritos entre la muchedumbre, muchos de ellos petroleros con uniforme, compañeros de trabajo de los padres de la niña.
Se logró una comunicación a Xalapa. Se comprometía el procurador Bravo Contreras a emitir la Alerta Amber, el protocolo de localización de personas desaparecidas, solo que algo tarde, mes y medio después de la desaparición.
Entonces eran 47 días. Hoy son 53. Transcurren las horas y la Procuraduría nada refleja. Circulan versiones de un hallazgo funesto: que en una casa de seguridad habían encontrado los cadáveres de Karime y Mónica, en Coatzacoalcos, aunque sin precisar el lugar.
Subió la nota al portal Imagen del Golfo, de la familia Robles Barajas, los succionadores del Istmo, y generó un impacto adverso. Versión extraoficial que sirvió para ir aterrizando un posible desenlace fatal.
Nora Reyes Baruch lo refutó. Acudió a las instancias oficiales y le dijeron que no. Seguirán las investigaciones.
Se supo del supuesto hallazgo al mediodía del miércoles 27. Encabezaba el secretario de Seguridad de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, reunión sobre seguridad. Había desmentidos, correcciones, ofrecimientos de que el aparato policíaco seguiría la pista de los plagiarios hasta dar con Karime y Mónica.
Ante la incompetencia, el caos. Ante la indiferencia, el reclamo.
Rebasada por la movilización de la sociedad, la Procuraduría camina a los tumbos, da palos de ciego, se dirige a donde sea y se queda donde está.
Al saber de la marcha que se organizaba para el viernes 22, el gobierno de Veracruz aplicó la treta de las recompensas. Habría un millón de pesos a quien proporcionara datos que llevaran a la localización de Karime y su tía Mónica. Era un paliativo para aminorar la protesta, para justificar su falta de resultados.
47 días para emitir la Alerta Amber es un insulto. Agravia a los padres, a la familia, a los amigos y a la sociedad.
Según el protocolo, la Alerta Amber debe emitirse en las primeras horas después de ocurrida la desaparición. Esos minutos son vitales. Se debe saber, conocer del hecho por televisión, radio, mensaje telefónico, redes sociales, prensa escrita.
Luis Ángel Bravo no lo hizo así. Ofreció a los padres de Karime que emitiría la alerta pero ésta fue sólo para Veracruz y ocho estados más. Ante el reclamo, la Procuraduría les hizo saber que sería nacional, pero en el correo electrónico que les envió se leía “prealerta”.
Nora Reyes Baruch ya no cree en la Procuraduría, en el gobierno mismo. Sigue convocando al pueblo para dar con el paradero de su hija y hermana.
Sabe que le están aterrizando la noticia de un desenlace fatal, pero no ceja en su empeño por hallar a su pequeña.
Luis Ángel Bravo Contreras, alias “Culín”, nada hizo por Karime Alejandra. En 47 días hubo pasividad de la Procuraduría de Veracruz, evidente su falta de resultados.
Después recurrió a la mentira. Tardíamente ofreció emitir la Alerta Amber y cuando lo hizo fue regional, no nacional.
Para el procurador “Culín” —el mote se lo endilgaron en el colegio Hispanomexicano de Córdoba porque se sentía ídem— la fascinación no está en hallar a las víctimas del secuestro o a los levantados, salvarles la vida, salvaguardarles su integridad, rescatarlos y traerlos con bien y entregarlos a su familia.
“Proculín”, como le dicen ahora, quiere a los victimarios para pasearlos como trofeo de guerra. Sean culpables o no, los detiene, los exhibe, les imputa cargos, los remite a una cárcel y los consigna a un juez.
Nutre así su ego judicial.
Quizá para entonces las víctimas ya estén muertas, regresen con vida mutiladas, ultrajadas, traumadas por los días de encierro, la tortura, hambrientas, pero la prioridad del procurador de Veracruz es tener en sus manos a los victimarios y pavonearse de ello.
Desnuda el caso Karime Reyes a Luis Ángel Bravo. Exhibe su incompetencia, la vida de las víctimas en sus manos que es igual nada, y ese irrefrenable protagonismo que se antoja propio para tratarse con un psiquiatra.
Desde el 7 de julio, cuando desaparecieron Karime Cruz y su tía Mónica Reyes, la Procuraduría de Luis Ángel Bravo pudo actuar, investigar, tener avances, arrojar resultados. Pudo traer de vuelta a la niña y a su tía. Pudo haber evitado que el reclamo social se transformara en repudio general de la sociedad a un gobierno como el de Javier Duarte, que no funciona.
Coleccionista de fracasos, el montaje como arma legal —recuérdese a los 11 plagiados de Las Choapas, rescatados pero los victimarios se fueron cómodamente pues todo indica que eran policías estatales—, Luis Ángel Bravo Contreras vive un momento crucial.
Si rescata a Karime Cruz, salva el pellejo; si no, habrá empinado una vez más a la Procuraduría de Veracruz.
Y todo porque le importan más los victimarios que las víctimas.
Archivo muerto
Y cualquiera se pregunta: si las villas olímpicas terminarían siendo un elefante blanco, ¿por qué el gobernador Javier Duarte consintió en que se hicieran, y hasta le donó 10 hectáreas a las empresas inmobiliarias Carpín y ARA?; si era mejor hospedar a los atletas que participarán en los Juegos Centroamericanos, ¿por qué se optó por las villas y cuando ya estaban construidas, se le volteó el chirrión al gober-bola y dijo que siempre no, que mejor se pagaría el hospedaje y así ayudar a la industria hotelera? A medio gas va el gober de Veracruz. Y lo peor es que no sólo toma decisiones absurdas —por un lado su cerebro, por otro el clutch y por otro su lengua— sino que para justificarlas se hace más pelotas que un quecosaedro… A salto de mata, tres maestras quieren evadir la acción de la justicia. Son las propietarias del Instituto Margarita Olivo Lara: María Amparo Elena Arens Medina (Helen Arens), Alicia Guadalupe Menabrito Trejo y Margarita Josefina Gómez Ortiz, acusadas de falsificarle la firma a Inés Valladares Lavín para escamotearle su liquidación por los años laborados. Sobre Alicia Menabrito y el abogado Julio Enrique López Valenzuela existe orden de aprehensión. Éste ya declaró, se presentó y lleva el juicio en libertad bajo fianza. Alicia Menabrito interpuso un juicio de amparo, pero nada se sabe de ella ni de Helen Arens y Margarita Ortiz en los juzgados. En el trasfondo hay versiones que apunta a que Alicia Menabrito tiene el cobijo de una familiar suya: Sara Montalvo, juez federal jubilada, bien conectada en el Poder Judicial Federal, donde se cabildean los amparos que sean a favor de la acusada. O sea, una vez más tráfico de influencias. Sara Montalvo, heredera de una cuantiosa fortuna, es propietaria de locales en renta en la segunda calle de Hidalgo y un edificio en la esquina de Juárez y 16 de Septiembre, de donde desalojó a conocidos personajes que tenían por lo menos 20 años sin pagar renta. De armas tomar, de carácter y decisiones fuertes, intratable dicen quienes la han tenido que sufrir, Sara Montalvo será un factor clave en los juicios de amparo que tramiten las tres dueñas del Instituto Margarita Olivo Lara. Para ello valen la familiaridad y los años que tienen de conocerse, aventuras juntas, toda una historia… Pues no. Nada tiene que ver INFORME ROJO con info-rojo-coatza. En ésta plagian dos párrafos de un texto publicado en mi columna hará un mes, relativo a un edil del sur de Veracruz, sorprendido en pleno encuentro con una dama. En el texto de mi autoría no se menciona nombre, no se alude a presidente municipal alguno, ni refiere que sea un edil de Coatzacoalcos. En info-rojo-coatza sí. En el agregado —tres párrafos con diferente estilo— se le hacen imputaciones al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, a una dama, a su esposo y a su padre. Lo escrito ahí no tiene autor. Se precisa hacer este deslinde pues Mussio Cárdenas Arellano suscribe sus textos y señala cuando hay elementos de prueba. INFORME ROJO se ha ocupado de Joaquín Caballero en el caso Perconsa, implicado en una denuncia por incumplimiento de contrato que finalmente le arregló su padrino, Marcelo Montiel Montiel; de las obras con precio excedido cuando era secretario de Obras Públicas en la segunda alcaldía de Marcelo, según un dictamen de auditores del Órgano de Fiscalización Superior; de su fugaz paso por el Congreso Federal, que usó como trampolín para llegar a la alcaldía de Coatzacoalcos, y ahora del grave conflicto con la mitad de los regidores del ayuntamiento, lo que ha derivado en una crisis política similar a la que protagonizó en su momento el ex alcalde Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”—. Se le critica con evidencia, documento en mano, expediente judicial, audio, video o la versión de testigos de calidad. No se recurre al anonimato. Siempre, invariablemente, siempre se le ha señalado desde la autoría de Mussio Cárdenas Arellano. Los anónimos corresponden a una estrategia propia de políticos. Le ocurre actualmente a la periodista Claudia Guerrero Martínez, titular de la columna Entre lo Utópico y lo Verdadero y propietaria del periódico Veraz, en Xalapa, a quien le inventaron una cuenta de correo para desde ahí lanzar ataques difamatorios contra opositores políticos y atribuírselos a la afamada periodista, ganadora de diversos premios, respetadísima por su crítica profesional. Es parte de la guerra de lodo que está por venir. Reitero: INFORME ROJO nada tiene que ver con info-rojo-coatza. Por cierto, ¿ya investigó Joaquín Caballero qué regidores pudieran estar detrás de la exhibida?…
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twitter: @mussiocardenas