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Atrapado en sus errores prósperos, Javier Duarte de Ochoa no supo en la que se metió al vincular a comunicadores con bandas de narcos, y mucho menos, cuando la Procuraduría General de la República se negó a secundarlo en su loca aventura de andar criminalizando periodistas.
Tuvo ayer el gobernador de Veracruz un día para no recordar. Un juez federal, ante quien la PGR había consignado el caso de los sicarios y traficantes de droga, comandados por Isaías Flores Pineda, alias El Cronos y/o El Rayito y/o El Maníaco, y su distibuidor, Juan Carlos Hernández Pulido, alias La Bertha o El Vertiz, resolvió dictarles auto de formal prisión, o sea sujetarlos a juicio, pero sin incluir la inverosímil historia de los periodistas asesinados.
Llevado de la mano de su procurador estatal, Felipe Amadeo Flores Espinosa, el gobernador Duarte enarboló la tesis de que El Cronos y su gente habían asesinado a los periodistas Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez Rodríguez, así como a la empleada del área de publicidad del periódico El Dictamen, Ana Irasema Becerra Jiménez.
Según el procurador, La Bertha había declarado que tuvo conocimiento de que la ejecución de los periodistas, ocurrida el 3 de mayo, obedecía a una venganza porque Huge, Vela y Rodríguez eran los responsables del asesinato de otros tres comunicadores, Miguel Angel López Velasco, conocido como Milo Vela; su hijo Misael López Solana, y Yolanda Ordaz de la Cruz, entre junio y julio de 2011, a manos de integrantes de la organización criminal Los Zetas.
Ese testimonio de oídas, y supuestamente otros que revelaron finísimos personajes como son los secuaces de El Cronos, de los que el procurador de Veracruz no dio detalle alguno, sirvieron para ufanarse de haber aclarado esos cuatro asesinatos, así como el del director del portal informativo Reporteros Policíacos y colaborador del diario Milenio Xalapa, José Luis Báez Chino, cuyos plagiarios y ejecutores, Juan del Ángel Torres y Daniel Reynoso Hernández, sicarios Zetas, convenientemente fueron acribillados en un enfrentamiento con el Ejército, en la esquina de la avenida Américas y Laureles, en la capital veracruzana, el 19 de junio. Para algo sirve el silencio de los muertos.
Técnicamente, Javier Duarte y el procurador Amadeo Flores Espinosa tuvieron la osadía, apuesta al suicidio político, de pretender revitalizar la justicia veracruzana a través de la teatral solución de ocho crímenes de periodistas, que provocaron un repudio mundial y exhibieron los niveles de violencia y la incapacidad del gobierno de Veracruz para garantizar el ejercicio periodístico en condiciones de seguridad.
Su tesis se basaba en que Huge Córdoba, Luna Varela y Esteban Rodríguez tácitamente ordenaron a Los Zetas que ejecutaran a Milo Vela, Misael López y Yolanda Ordaz, quienes habían sido compañeros de trabajo de los dos primeros en el periódico Notiver, el más influyente de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Telenovelesca, la versión del procurador duartista, fincada en la gran revelación del traficante La Bertha, que atribuía nexos de los periodistas con Los Zetas. En los hechos, sin embargo, esa supuesta relación no se traducía en una vida cómoda. Huge, Luna y Esteban Rodríguez salieron del estado de Veracruz al conocerse que sus nombres ocupaban un lugar en la lista negra del crimen organizado. Sin trabajo, medio viviendo y medio comiendo, regresaron cuando imaginaban que su seguridad estaba garantizada. Laboraban como reporteros independientes y en el caso de Esteban Rodríguez, era hojalatero.
Otras versiones periodísticas han advertido que en sus tiempos en Notiver eran obligados por los sicarios de Los Zetas a difundir fotografías e información conveniente para el narco. Su vida pendía de un hilo, su destino marcado, la muerte al acecho.
Haber criminalizado a un grupo de periodistas, basado en la declaración de oídas del narco Bertha, sirvió como catalizador de la fragilidad el gobernador Javier Duarte. Dos días después, recibió metralla y fuego de artillería de un sector de la prensa y de organismos de defensa de periodistas que advirtieron la malsana intención y su fobia desbordada, nada oculta, hacia un gremio que le provoca urticaria con sus críticas.
Duarte y Flores Espinosa forzaron así la atracción del caso por parte de la PGR, sin advertir que el gobierno federal no los secundaría en la demencial hipótesis de los periodistas narcos. El albazo fue aquella conferencia de prensa, el 15 de agosto, revelando detalles y tácitamente dando carpetazo al caso de los comunicadores asesinados, lodo sobre las ofrendas, espinas sobre los sepulcros.
Lavarse las manos pudo ser lo de menos, pero Duarte implicó a la PGR en su aventura y eso lo llevó a un escenario fatal: se estranguló solo, o mejor aún, ayudado por su procurador.
Cuando el juez primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, tomó en sus manos el expediente, revisó las pruebas, leyó testimonios y advirtió el grado de responsabilidad de los acusados, determinó dictarles auto de formal prisión. Se les juzga por delitos de delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su modalidad de portación de arma y de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Incluye el caso, según el proceso 186/2012, la declaración de La Bertha sobre temas relativos al tráfico de droga y sus cómplices, pero no al asesinato de los periodistas.
No estuvo dispuesta la PGR a inmolarse en el fuego duartista. Desdeñó la tesis del gobernador y envió una señal clara, filo judicial, de que las vendettas del gobernador de Veracruz con la prensa, son explosivo de otro costal.
No erró la prensa crítica, las organizaciones de defensa de los derechos de los periodistas, Artículo 19, la CIJ, Mike OConnor, Salvador Camarena. No buscó Javier Duarte darle sentido a la justicia, sino darle crédito a la voz del narcotráfico para exhibir a la prensa. ¡Qué resbalón!
Andaba mal Javier Duarte y ahora está peor.
Archivo muerto
Del plato a la boca, se le cayó la coordinación de los diputados federales veracruzanos a Fernando Charleston Hernández. Ya convocaba a comilonas y drinks el diputado-milagro por Coatepec (ganó con un milagro llamado fraude electoral), pero una llamada inesperada lo hizo dar marcha atrás y enfriar la calentura. Charleston, un joven sin experiencia política, sin roce, sin ascendiente, era la propuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el que le iba a operar presupuestos, obras, dádivas y prebendas. Andaba acelerado, trepado en una nube, dueño prematuro del recinto legislativo de San Lázaro. No imaginaban, ni el gobernador de Veracruz ni el mismo Charleston, que en el círculo rojo del futuro Presidente, Enrique Peña Nieto, se concinaban otros filetes. La designación fue finalmente para Ricardo Aldana Prieto, número dos en el sindicato petrolero, antiguo coordinador de los legisladores veracruzanos, en el período 2006-2009, aquella vez apuntalado por Carlos Romero Deschamps, líder nacional del STPRM, y por el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán. Alguien en el grupo Peña Nieto no le quiso cumplir el capricho a Javier Duarte. Y algo peor: colocaron en ese cargo a un enemigo del gobernador de Veracruz. Dice una fuente de Atlacomulco, la sede del imperio, que es para congelarlo y que entienda que Veracruz no es suyo Nada, ni imagen, ni trabajo político, ni un gramo de simpatía, tiene Eduardo García Luna para ser candidato del PRI a la alcaldía de Coatzacoalcos. Puede ser el prospecto de Tony Macías Yazeguey, el suegro incómodo del gobernador de Veracruz, para competir por la presidencia municipal, pero no pasa de ser un cartucho sin pólvora. En su haber hay negocios que desde la penumbra se hacen al amparo de la Comisión de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos, que García Luna dirige. Ni qué decir de su paso por la empresa FEMSA, de su vida de rey, viajes al extranjero, cuando las finanzas de FEMSA provocaban alarma. Con ese gallo piensa disputársela Tony Macías a Marcelo Montiel, que trae al diputado electo Joaquín Caballero Rosiñol; a Iván Hillman, que encamina al diputado local Jose Murad Loutfe Hetty, y a Marcos Theurel, que impulsa a su esposa, Guadalupita Félix Porras. ¿Tendrá idea Tony de qué se trata esto?… Bien pagado, nada efectivo, es Enrique Jackson García, asesor del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Ahí lo tiene el mandatario veracruzano, agradecido porque cuando trabajaba el señor Duarte en el Senado de la República, Jackson, poderosísimo legislador y líder de la Cámara Alta, le autorizaba sus gastos de representación. En correspondencia, Jackson es ahora el asesor número uno, como lo fue de Fidel Herrera. No se sabe si ahora Duarte le autorice sus gastos de representación o le dé contratos. Amigos indiscretos del secretario de Finanzas, Tomás Ruiz González, filtran que cada mes hay un pago de un millón de pesos por concepto de asesoría. ¿Será para Jackson?… Asaltan los temores al diputado electo Noé Hernández González. Un lío judicial, celosamente callado, encubierto, lo tiene al borde de ser consignado por diversos delitos. Son los coletazos de cuando fue síndico en el Ayuntamiento de Minatitlán y trepado en el ladrillo, suponía que podía atropellar los derechos de los particulares. El caso está radicado en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Tan cerca está Noé Hernández de llegar al palacio legislativo de San Lázaro, a una semana, y ya lo espantaron. Y si llega, va a enfrentar un juicio de desafuero . Cómo lo hicieron, no se sabe. Lo cierto es que de la Administración Portuaria Integral de Nanchital (APINAN) no quedó un centavo para liquidar a los trabajadores y pagarles años de salarios caídos. Se esfumó la documentación, aunque no toda. Un legajo, que demuestra cómo triangularon el dinero, a quiénes supuestamente les liquidaron adeudos, a qué proveedores les saldaron las cuentas, se halla en un importante despacho que llevará el caso. Algo ha de tener que explicar el consejero honorario de APINAN, Alfredo Yuen Jiménez, y su último director, Carlos Andrés Canizal Olán