* Coacción e intimidación a universitarios * Exhorto al director del Tec de Coatza * La austeridad del Peje * Mil 200 millones en 6 años de campaña * Rocío Nahle y MORENA no se llevan * Marcelo Montiel ayuda al PRI * Otro engaño de Theurel a Duarte * Los asesinos del académico de la UV * Medio millón debe el suegro incómodo al IPAX
Desenfadado, a sus anchas, Ricardo Orozco Alor ha podido coaccionar, intimidar impunemente al estudiantado del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, forzándolos a asumirse priístas, convertirlos en aplaudidores obligados de Enrique Peña Nieto, hasta que en su delirio se colocó en los umbrales de un delito electoral.
Sin pudor, sin rubor, se siente amparado por el PRI y actúa con la displicencia de los truhanes. Exige, no pide; impone, no acuerda.
Así lo hizo con los jóvenes del ITESCO, sus alumnos, a quienes convirtió en una falange del ejército de priístas que en un mitin en Coatzacoalcos mayo 26 manifestaron su apoyo a Peña Nieto, integrados, so pena de represalias, en la comparsa tricolor, atados a una amenaza digna de rufianes: de no asistir, se los habrían de trabar en sus evaluaciones mensuales o en la calificación final.
Aquello fue una fechoría. Como un canalla académico, el director del ITESCO, Ricardo Orozco, mal empleó el poder que detentan los catedráticos sobre el cárdex de los alumnos y aportó, por la vía de la coacción, su cuota de jóvenes a un mitin peñista donde algunos fueron por ganarse unos puntos en ciertas materias y otros acudieron para no perderlos.
Aquello pasó, sin embargo, de ser un simple abuso, a un hecho que se encuadra en el catálogo de delitos electorales.
Su suerte, hoy, está en manos del Consejo Distrital del IFE. El 30 de mayo, consejeros y representantes del partidos debatieron el tema. Moderados unos, radicales otros, hallaron razón para llamar al orden al ITESCO y aprobaron emitir un exhorto a Orozco Alor para evitar que persista en su afán de coacción, intimidación, chantaje y presión hacia el alumnado.
Quizá lo del exhorto fue apenas el prólogo de otros tópicos de similar alcance que se egrimieron ese día. Víctor Hugo Espinosa Hernández, representante del Partido Acción Nacional, planteó el problema, hizo énfasis en la presión que Ricardo Orozco ejerce hacia los alumnos del ITESCO, citó el impacto que han tenido las quejas de los estudiantes en los medios de comunicación y pidió la aprobación del exhorto. En el mismo sentido se pronunció el consejero Rodofo Corpi Lara.
Tania Pamela Mijares Díaz, consejera electoral, ex alumna del ITESCO, categorizó como vergonzoso el hecho de que se obligue a los alumnos a participar en mítines del PRI, y relató su experiencia personal cuando el anterior director de la institución, Arturo Martínez Vega, hoy director de Tecnológicos de Veracruz, los conminaba a realizar proselitismo.
Rafael Gutiérrez Soler, representante del partido Movimiento Ciudadano, fue más allá. Desestimó el exhorto y propuso que se instara a que Ricardo Orozco fuera denunciado ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales por coacción a los estudiantes del ITESCO.
Javier Félix Martínez Sotelo, consejero, tildó a Ricardo Orozco de que presumilemente es un delincuente electoral, razón por la cual el exhorto es insuficiente y convendría más alentar a los agraviados a interponer una denuncia ante la FEPADE.
Político joven, Ricardo Orozco es, sin embargo, un costal de mañas. El y su antecesor, Arturo Martínez Vega, han establecido una tiranía ilustrada en el ITESCO. Presumen logros educativos que les sirven de máscara a grandes negocios, millonarios contratos con Pemex, y un estatus en el círculo de poder.
Villano en esencia, es un mercader de la educación y manipulador de la conciencia electoral de los alumnos, potenciales soldados del PRI, a la buena o a la mala, por convicción o bajo presión.
Bajo su mando tiene a 5 mil 600 universitarios, de quienes reclama el voto para el PRI y el aplauso para Peña Nieto.
Eso lo tiene a las puertas de la FEPADE y en el umbral de enfrentar una denuncia por delito electoral.
Por lo pronto está en la mira del Consejo Distrital del IFE.
Archivo muerto
Será su karma o será su destino manifiesto, pero el asunto de los dineros siempre persigue a Andrés Manuel López Obrador. El tema de los 6 millones de dólares solicitados por su asesor uruguayo, Luis Costa Bonino, pase de charola a empresarios, cuyo monto violaría el máximo de aportaciones privadas en una campaña, en términos del IFE, y la exigencia del PRI a transparentar cuánto se gastó en seis años de proselitismo, algo así como mil 200 millones de pesos, aniquilan la tesis del candidato presidencial de la izquierda: la austeridad institucional. Vino a Cosoleacaque; lo abrazó una muchedumbre, principalmente la gente de la sierra de Soteapan, la gente del candidato a diputado federal, Esteban Bautista Hernánez, y soltó el rollo del derroche en un gobierno rico mientras se mantiene al pueblo en la pobreza. Simultáneamente, el PRI hunde la daga en el proyecto del Peje: que explique por qué el pase de charola a los empresarios; por qué sus allegados entre ellos Adolfo Hellmund, a quien propone como secretario de Energía requieren 6 millones de dólares, casi 90 millones de pesos; y los mil 200 millones de pesos de su precampaña. López Obrador venía creciendo, montado en el movimiento estudiantil #YoSoy132, disparado en las encuestas de intención de voto, hasta que el escándalo de los dineros lo contuvo, concentrado en salvar su honra, su honestidad valiente en entredicho Ríspida, tirante, en su peor nivel la relación de Rocío Nahle García con MORENA, la plataforma política de Andrés Manuel López Obrador. Con su habitual sospechosismo, rasgos de paranoia electoral, la candidata del PRD-PT-Movimiento Ciudadano a la diputación federal por el distrito de Coatzacoalcos, ha terminado de fracturar la línea de trabajo. A cuatro semanas de la elección, ni siquiera se hablan y cada quien, desarticulados, intentan cachar votos para El Peje Pasadas las 7 de la noche, jueves 31 de mayo, en tropel llegaron los priístas al Sanborns de Coazacoalcos. Joaquín Caballero Rosiñol y Patricia Peña Recio, candidatos propietario y suplente del PRI a la diputación federal; Víctor Andrade, líder local priísta; Guadalupita Félix Porras, esposa del alcalde Marco César Theurel Cotero y promotora del voto femenil para el abanderardo del PRI a la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto; entre otros, tomaban casi por asalto el comedero. Había unos diez clientes. Era un baño de pueblo. A los cinco minutos, sorpresivamente llegó el secretario de Desarrollo Social, Marcelo Montiel Montiel, vestido con una camisa con el emblema del programa Adelante del gobierno de Veracruz. Era día de trabajo, no permitido para realizar labores proselitistas. Media hora después, Marcelo se fue. Minutos más tarde, todos se retiraron. ¿Qué dirá la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)? Un funcionario de gobierno de Veracruz, intento de cacique, con un muerto en el clóset, violando el código Electoral… Aquel 6 de junio de 2011, la burla fue mayúscula. Marcos Theurel, alcalde de Coatzacoalcos, hizo al gobernador Javier Duarte inaugurar varias unidades de limpia pública y camión que luego pondría al servicio del DIF. Los vehículos, que habían sido adquiridos en Estados Unidos, su vida útil concluida, eran chatarra pura; los tuvieron que remolcar con grúas porque simplemente no arrancaban. El camión era un school bus con más de 15 años de uso. Theurel rezaba hacia sus adentros para que el gobernador Duarte no tuviera el impulso de ver esa unidad por dentro, porque simplemente estaba vacía; era un cascarón, sin asientos. Tuvo suerte. Duarte inauguró y se fue. Luego, cuando se hizo pública la farsa, el arranque de las unidades chatarra para el servicio de limpia pública, Javier Duarte lo increpó y le reclamó que lo haya hecho copartícipe de un fraude. Es mejor no decirle que Theurel lo engañó con el school bus que nada tenía en su interior, ni un asiento siquiera. Don Javier se pone fuera de sí. Que no entere Sospechosamente efectiva, la Procuraduría de Veracruz presentó a cuatro presuntos autores del crimen del académico José Luis Blanco Rosas, asesinado el sábado 26 en su domicilio de Xalapa. Uno de ellos era su sobrino y el móvil, según el gobernador Javier Duarte, fue el robo. Es tan inverosímil que la Procuraduría de Veracruz resuelva algo, que cualquiera pude suponer que los culpables son chivos expiatorios. ¿Se le puede creer al gobierno de Veracruz? Que Jesús Antonio Macías Yazegey, dolor de cabeza y de cabecera del gobernador Javier Duarte de Ochoa, su yerno, encamina a la quiebra a la Policía Auxiliar de Coatzacoalcos, dependiente de Seguridad Pública de Veracruz. Su cuenta llega ya a 500 mil pesos y, lo peor, se ha vuelto incobrable. Cada vez que se le requiere el pago, Tony Macías termina corriendo al personal del IPAX, ante la complacencia, silencio cómplice, de los mandos directivos. Una nube de escoltas lo sigue, lo cuida, lo protege, más que a un funcionario de gobierno, sin que por ese servicio erogue un centavo. Fuentes del IPAX tienen documentado el caso. Sólo con Javier Duarte puede darse semejante impunidad en Veracruz