Ataúd es muerte. Y lo adornan con las cruces y los rostros y los nombres de Norma Piña y Alberto Pérez Dayán. Y Cuitláhuac García se regodea con el augurio de que los ministros de la corte —mensaje sutil— deben morir.
Sobre los hombros de Eric Cisneros Burgos, alias Bola 8, va el féretro de la presidenta del Poder Judicial de la Federación y es conducido hasta quedar a unos metros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y se ven badulaques vestidos con toga y birrete, atravesando la calle José María Pino Suárez, abriéndose paso desde Palacio Nacional hasta la sede del Poder Judicial de la Federación.
Y los payasos, con sus féretros a cuestas, las siglas de la SCJN en sus costados, la imagen de la ministra presidenta Norma Piña, habrían de protagonizar el mayor acto de barbarie política en el de por sí carnavalesco régimen de la Cuarta Putrefacción.
Sigue el aquelarre: otro de los ataúdes lleva un muerto viviente; en el yace un miembro de la secta obradorista, usando una máscara mal pintada de la ministra Norma Piña.
Y se observan decenas de cruces con textos en que aluden a los ministros que les resultan incómodos por mandar a la basura las extravagancias inconstitucionales de López Obrador y, por supuesto, la veintena de bodrios legaloides de la recua morenista en el Congreso de Veracruz.
Sobre una de las cruces se estampa una afrenta: “Ministra Piña. Ministro Dayán. E.P.D”. La amenaza es directa. EPD: en paz descansen.
Y otras ramplonas, el sello de la piara morenista comandada por Cuitláhuac García, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y el líder —capo— de la bancada morenista en el Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, al que el asesinato de su jefe en la Volkswagen de Coatzacoalcos lo salvó de ir a la cárcel.
“Se venden piñas baratas”, decía una. “Corte de Piña Podrida”, se leía en otra.
Y la provocación: los rostros del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, hoy procesado por el caso Ayotzinapa; el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, en prisión por desvío de recursos; el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, embarrado en el escándalo de corrupción, vía sobornos, de la empresa brasileña Odebrecht, financiando la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y al final usado por Andrés Manuel para atacar judicialmente al panista Ricardo Anaya, mantenido en el exilio so pena de que irá a prisión si ingresa a México.
“De Tín Marín de do Pingüé. ¿A cuál criminal liberaré”, rezaba la leyenda plasmada en las cartulinas.
De Tín Marín de do Pingüé, les faltó citar a los criminales de hoy, José Agustín Ortiz Pinchetti, fiscal especial de Delitos Electorales, que pese a los videos y la aceptación pública del presidente en torno al dinero recibido por su hermano —“no son sobornos, son aportaciones”—, no le halló ni un gramo de lodo a Pío López Obrador.
O la inacción del fiscal Alejandro Gertz Manero, dejando intocable e impune a Ignacio Ovalle Fernández, ex director de Segalmex donde se ha perpetrado la mayor estafa de que se tenga memoria en un sexenio, 15 mil millones y lo que sume, según la Auditoría Superior de la Federación. O maniobrando contra la hija de cuñada, inventándole un delito que no existe en el Código Penal, manteniéndola injustamente en la cárcel de Santa Martha Acatitla, todo para despojarlas de los bienes y cuentas, incluso en un paraíso fiscal, de su hermano Federico.
De Tín Marín de do Pingüé, a los morenistas les faltó pedir cárcel para el sátrapa secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, el que le dispensa los contratos a la red delincuencial de amigos de Andrés —Andy— López Beltrán, el hijo voraz de López Obrador.
Y todavía preguntan, ¿a cuál criminal liberaré?
Aquel mediodía, el sábado 20 de mayo, el morenismo veracruzano mostró su intelectualidad. Descocados, aneuronales, vulgares, imaginaron que la fuerza de una protesta radica en hacer reír. A falta de argumento, ajenos a la idea de qué es lo constitucional, qué es la división de poderes, cuál es el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por qué los ministros de la SCJN se eligen de manera indirecta y por qué los poderes ejecutivo y legislativo con voto popular, montaron una carpa y mostraron qué diminuta es la gusanada de Cuitláhuac frente a la dimensión de los ministros que preservan la Constitución.
Del vodevil obradorista nada quiso saber el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, deslindando a su dirigencia de la faramalla urdida en la mente por demás limitada de Cuitláhuac García.
Así habrá advertido lo que el desgobernador de Veracruz es capaz de hacer, que apenas se anunció que habría protesta a las puertas de la SCJN, desautorizó el evento y precisó que si querían alzar la voz por el fallo en contra del Plan B de la reforma electoral, que lo hiciera en Xalapa, sin el aval de la dirigencia nacional.
Y la violencia llegó. Dos reporteros de Radio Fórmula que cubrían la protesta fueron hostigados, agredidos, golpeados en la espalda, en los brazos y piernas, insultados. Todo en vivo, todo en tiempo real en redes sociales.
De la violencia de Cuitláhuac nadie se extraña. Hay imágenes en medios que lo captan trenzándose a golpes con policías en las protestas magisteriales, siendo diputado federal por Xalapa, incurriendo en ultrajes a la autoridad, el delito que luego usó para llenar las cárceles de Veracruz con sus enemigos políticos.
Ya en el mitin, el gobernador era un bot. Repitía las zarandajas de López Obrador. Que si la Suprema Corte no es de elección popular, que si sirve a los enemigos del presidente, que si no respeta las sabias decisiones inconstitucionales de los legisladores-plaga de Morena y aliados, a las que llama “decisiones legítimas, democráticas, y sobre todo de justicia, de los otros dos poderes de la nación”.
Y por si fuera poco, dice el bot obradorista, “ella y ellos también desestiman la legitimidad, así como la constitucionalidad, de las decisiones del Poder Legislativo, que a la par del Ejecutivo, emana del voto libre, directo y universal del pueblo”.
Lo circunda la pandilla morenista que se inventa leyes en el Congreso de Veracruz, que luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucionales. La última fue la Ley Nahle, que hasta dos ministros obradoristas, Arturo Zaldívar y Loretta Ortiz, definieron como ilegales y un fraude a la Constitución.
Por obvio y trillado, nadie recuerda qué tanto dijo el bailarín de congal. Queda la estampa de los ataúdes, las cruces, los rostros de la ministra Piña y el ministro Pérez Dayán, el descanse en paz, la amenaza y el augurio de muerte.
Dos días después, el circo continuó. El lunes 22 se trasladó a palacio nacional. López Obrador, ante el fiasco de protesta, frente al burlesque de los payasos con toga y birrete, la imagen de Bola 8, alias Eric Cisneros, cargando un ataúd, tuvo que echarle la bendición.
“Hizo bien”, dijo Andrés Manuel cuestionado por la prensa en el vodevil mañanero.
Y cómo no podría avalarlo. Los porros y los porros se atraen. Los porros se entienden con los porros. Los porros justifican a otros porros. Los porros, en el ejercicio de la violencia política, encubren a otros porros.
El porro de palacio, llámese Andrés Manuel López Obrador, solapa la violencia política de género de Cuitláhuac García contra la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y la violencia política en general contra los ministros que le mandan a la basura sus reformas inconstitucionales.
Horas después, la Suprema Corte volvió a votar. Y volvió a reventar a López Obrador.
Por seis votos a cinco se declaró la invalidez total del decreto con el que el presidente pretendió declarar todas las obras de su gobierno de seguridad nacional, la treta con la que se puede reservar información, con la que puede ocultar las trapacerías y violaciones a la ley.
Pueden llevar más ataúdes. Pueden llevar cruces de madera, flores, máscaras, cartulinas y mensajes amenazantes hasta con signos de muerte. Pueden disfrazar a sus payasos con toga y birrete y darle chamba de cargador de féretro a Eric Cisneros. Nada va a cambiar.
Mil ataúdes sólo harán reír a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Archivo muerto
Pepe Yunes tiene en la mira a Bola 8. Que le apliquen la ley; que se indague el desvío de recursos al andar haciendo campaña en Estado de México, en la campaña de Delfina Gómez; que se esclarezca quién mueve a las “Brigadas de la transformación”. Recuerda el diputado federal priista que fue Morena el partido que presionó para modificar la legislación electoral y sancionar como delito grave el uso de recursos públicos en temas electorales. Y delito grave es cárcel. Pepe Yunes, oriundo de Perote, diputado por el distrito de Coatepec, el único priista que ganó su elección, toca una fibra sensible. Sabe que hay evidencia de sobra, la misma que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, difundió al pregonar que por instrucciones del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, encabezaba al grupo que apoyaba la campaña de la cuestionada maestra Delfina Gómez, sentenciada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la rasurada que le metía al salario de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco cuando la insigne obradorista era alcaldesa de aquel municipio. Si la ley se aplica, Eric Cisneros, alias Bola 8, no sólo tendría que dejar el cargo sino terminaría en una cárcel. Son ya dos temas en que se percibe la subida de tono que Pepe Yunes Zorrilla le está a su discurso cuando lo que los veracruzanos están esperando es justamente voces que hagan salir de su letargo a la oposición… Por lo menos, la diputada Galindo es chistosa. Se propone hablar en serio y le salen disparates de antología. Rosalinda Galindo, la conspicua diputada morenista afirma que ella de leyes también sabe, no tanto como los ministros de la Suprema Corte, pero sabe. Y repite la zarandaja de que no debieron invalidar el Plan B de la reforma electoral. Bien dicen que a ignorancia es atrevida. La ministra Galindo, por ejemplo, se compara con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mayoría con una trayectoria impecable, a excepción de Yasmín Esquivel Mossa, centro del más estrepitoso escándalo habido en la historia del Poder Judicial de la Federación por el plagio, robo, fusil o como quiera llamar de su tesis universitaria y también de su tesis doctoral. Rosalinda Galindo sabe de leyes, nada. Si supiera, no habría suscrito la veintena de reformas legales en el Congreso de Veracruz que a la postre los ministros de la SCJN echaron abajo por violentar preceptos constitucionales o porque vulneraron el proceso legislativo, entre ellas la Ley Nahle. De lo que sí sabe la ministra Rosalinda Galindo, y mucho, es de insertar a su parentela en la nómina del gobierno de Veracruz, succionando el presupuesto hasta donde dé. A eso, ministra Galindo, se le llama voracidad… Movimiento Ciudadano le vuela militantes al PRD, pero con Morena vive una luna de miel en Coatzacoalcos. Se lleva lo poco del perredismo local, pero para seguir siendo comparsa de Morena y trapeador. Se lleva a jóvenes que ilusamente pregonan que tienen con qué tomar el poder. Movimiento Ciudadano es, tácitamente, la pieza más domesticada en la corte del alcalde Amado Cruz Malpica. Callado, con la cola entre las patas, su regidor, Luis Gutiérrez González, todo le aprueba al alcalde. El líder local de MC, Christopher Alan Santos, ha lanzado dos quejidos y nada más; uno por la exhibición de vehículos sobre la pista de tartán del estadio Rafael Hernández Ochoa y otro haciendo la propuesta para que el 30 por ciento de la recaudación del impuesto predial se erogara en lo que determinara la ciudadanía, que, por cierto, nadie fumó. Son voces acríticas, anodinas, silenciadas ante el desastre político, económico y social propiciado por los desgobiernos de Morena, el de Víctor Manuel Carranza Rosaldo y el de Amado Cruz Malpica, a los que sirven y ante los que Movimiento Ciudadano está postrado. Son priistas disfrazados de oposición, acurrucados en una zona de confort, mientras en el altiplano su líder nacional, Dante Delgado Rannauro, habla y despotrica contra Andrés Manuel López Obrador y su gobierno de caos, y en Xalapa lanza misiles contra el morenista Cuitláhuac García por el régimen de represión. Y acá los ex perredistas ya se confeccionan sus trajes para ser la nueva comparsa de Morena… Yasser Emiliano es premio estatal en periodismo ético, a nivel bachillerato. Obtuvo el primer lugar en el género de noticia informativa, representando a la Escuela Secundaria y de Bachilleres Miguel Alemán González. Su tema, “Descontrol del alcohol y delincuencia en las calles”, aborda el dilema de la juventud ante el asedio del alcohol, el riesgo de caer en la adicción, la omisión de la autoridad en la regulación con que deben operar los antros, los crímenes cometidos en bares en todo el territorio veracruzano. Participaron alumnos de Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Gutiérrez Zamora, Córdoba, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos. El Certamen Periodismo Ético DGB 2023 “Doctor Antonio Peña Tavarez”, quien fuera fundador de la secundaria Dr. Isaac Ochoterena y formador de alumnos que luego habrían de participar en certámenes nacionales e internacionales. Yasser Emiliano Cárdenas Palomo habló a nombre de los alumnos premiados y destacó la importancia de los foros donde se escucha el pensamiento y las inquietudes de los jóvenes sobre diversos temas, donde son escuchados y se propicia el intercambio de ideas para estar preparados para afrontar lo que el futuro les pueda deparar. Por parte de la Miguel Alemán acudió su director, Jorge Manuel Ordaz Toledo, un comprometido impulsor de talentos y capacidades de los alumnos…
Fotos: Sol de México, Debate