* Jefe pericial y una ministerial ocultaron cadáveres * Conectados con torturadores de Bermúdez * Luis Ángel Bravo en la mira * La Toma: pitazo desde la SSP a Los Zetas * Renuncia financiero del alcalde * Pintos: de motelero a tesorero * Caleb, sancionado por Orfis * “Cómo me gusta tu candidata”… y la poderosa política se la llevó
Muy pulcro, muy siniestro, Fisculín gustaba de ocultar evidencia plena, la de los ejecutados y la de las fosas clandestinas, la de los masacrados por sicarios y los que pasaron por la tortura hasta morir a manos de la policía brutal de Arturo Bermúdez. Y como Luis Ángel Bravo, sus subalternos también.
Dos de ellos, Gilberto Aguirre Garza y Carlota Zamudio Parroquín, ocultaron cadáveres, alteraron escena del crimen, falsearon reportes y transgredieron la ley. Por lo menos así ocurrió, según la Fiscalía de Veracruz, en 13 casos.
Era Gilberto Aguirre director de Servicios Periciales de la Fiscalía.
Era Carlota Zamudio delegada regional de la Policía Ministerial en la Zona Centro Xalapa.
Servían a Luis Ángel Bravo Contreras, alias Fisculín, el metrosexual obsesivo que operara el aparato de procuración de justicia en tiempos de Javier Duarte, cuando la desaparición forzada, la invención de delitos, la fabricación de culpables, fuera la norma para sembrar el terror.
Se les acusa en concreto de su probable intervención en el ocultamiento y alteración de 13 cuerpos, localizados y hallados en La Barranca de la Aurora, municipio de Emiliano Zapata, conurbado a Xalapa, ahí donde los testigos cuentan que la tropa de Arturo Bermúdez Zurita, el falso general de cero estrellas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el duartismo, usó la violencia contra criminales e inocentes para simular que hacía cumplir la ley.
Precisa la Fiscalía del abogado Jorge Winckler de manera oficial:
“El día 19 de enero de 2016, en aquel lugar, fueron localizados restos de al menos 19 personas. Sin embargo, presuntamente por instrucciones de GILBERTO ‘N’ y de CARLOTA ’N’, el personal bajo su mando únicamente reportó el hallazgo de 6 cuerpos.
“De los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado. Dicho cuerpo, al momento de haber sido simulado su hallazgo en la localidad de Santa Ana, ya había sido identificado positivamente como quien en vida llevara el nombre de DAVID LARA CRUZ, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, quien desapareció el día 12 de enero del 2016, después de haber sido privado de su libertad por miembros de su propia corporación, cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa Dependencia.
“Sobre los restos de las 12 personas restantes, mismos que no fueron reportados oficialmente, se desconoce su identidad y ubicación, pues según testimonios, dichos restos fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dependencia que se encontraba al mando del hoy vinculado a proceso por su probable participación en desapariciones forzadas, Arturo ’N’, durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa”.
Uno y otra, Gilberto Garza y Carlota Zamudio, son piezas del entramado que desemboca en Fisculín y que se extiende al gang criminal de Bermúdez, cubriendo las huellas de los muertos aun cuando ya existieran investigaciones en curso, cuerpos identificados, evidencia de la tortura, vidas cortadas porque a Los Fieles —Fuerza Civil, Fuerza de Reacción Inmediata— se les pasara la mano y había que borrar evidencia.
A Gilberto Garza lo describe el periodista Miguel Ángel León Carmona. Destacó con Fidel Herrera Beltrán, el ex gobernador cuyo período sirvió para la consolidación de Los Zetas, siendo director de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía de Veracruz.
Con Javier Duarte pasó de ser “jefe del Departamento de Investigaciones Ministeriales, de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Fiscal de Distrito de Xalapa. El 18 de marzo de 2014 fue nombrado director general de Servicio Periciales, bajo las órdenes de Bravo Contreras”.
Pesan sobre Aguirre Garza señalamientos de encabezar exhumaciones e inhumaciones y de la “pérdida de reactivos de las muestras de ADN que retrasó la identificación de cadáveres hallados en fosas clandestinas de la entidad”.
Un caso, el de Gemma Mávil, cimbró a Veracruz.
Plagiada el 3 de mayo de 2011, su cuerpo fue hallado tres meses después, en agosto.
Dice León Carmona:
“De acuerdo con investigaciones que forman parte de la carpeta de investigación 844/2011 el cuerpo de la joven junto con el de otras dos personas fueron inhumados en la fosa común del panteón Palo Verde, en Xalapa, a finales de 2011. Sin embargo, luego de tres exhumaciones públicas sus restos no fueron localizados.
“Al cuerpo de Gemma no le fue realizado el perfil genético y sus datos no pudieron ser cotejados con la información de sus padres. Fue hasta 2016, mediante averiguaciones ministeriales, cuando Pedro Mávil se enteró que su hija había perdido la vida a consecuencia de un plagio”.
Su padre, Pedro Mávil, dijo a León Carmona:
“Hasta 2016, las autoridades de la Fiscalía nos confirmaron que se trataba del cuerpo de mi niña, en virtud de que se realizaron los perfiles genéticos de mi esposa, de un servidor y de mi niña”.
Bravo Contreras dijo entonces que de ser necesario voltearían el Panteón Palo Verde hasta encontrar a Gemma Mávil.
Agrega León Carmona:
“Sin embargo el funcionario mentía, pues ocultó que desde 2015, bajo la dirección de Gilberto Aguirre, se practicaron dos exhumaciones no registradas en Palo Verde. Pero el cuerpo de Gemma no estaba.
“Posterior a la declaración de Bravo Contreras se realizaron tres exhumaciones públicas en el mismo lugar durante los meses de junio, julio y agosto de 2016. En el sitio donde, según autoridades, fue inhumada Gemma Mávil, únicamente fueron halladas las osamentas de dos hombres. A la fecha el caso sigue impune”.
Con el yunismo, Gilberto Aguirre llegó a ser fiscal regional en Córdoba. Los colectivos de familiares que buscan a desaparecidos cuestionaron su rol en la pérdida de los reactivos para las muestras de ADN. El 22 de abril de 2017, exigieron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares su destitución y que asumiera las consecuencias. Un día después, renunció al cargo.
Hay otros episodios que ligan al ex fiscal Luis Ángel Bravo con la desaparición forzada. Uno es el tiradero de cadáveres en la zona aledaña a la Academia de Policía de El Lencero. A partir de testimonios de policías y víctimas, se acreditó que la policía de Arturo Bermúdez levantaba halcones de Los Zetas, los sometía a tortura, extraía información de sus líderes, los mataba y desaparecía sus cuerpos.
Eran arrojados a la Laguna Negra y a La Barranca de Aurora. Y en de esta, de los 19 cadáveres, Gilberto Aguirre y Carlota Zamudio sólo reportaron la existencia de seis, según la Fiscalía de Veracruz.
Otro más ocurrió en Tres Valles, a unos kilómetros de Nopaltepec, municipio de Cosamaloapan, la tierra de Fidel Herrera Beltrán. 31 cuerpos se hallaban en una fosa clandestina en el rancho El Diamante.
Reveló el caso el subprocurador en Veracruz, Arturo Herrera Castillo, y Fisculín lo cesó. Pretendía ocultar la evidencia Trasladó los restos a Xalapa, lejos de los familiares, dando evasivas, diciendo no saber si las víctimas eran de los buenos o de los malos.
Hoy, dos cercanos a Fisculín están en prisión, acusados de desaparición forzada, de ocultar evidencia, de falsear información, de patear la ley.
Tal como Luis Ángel Bravo solía hacer.
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Archivo muerto
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Un pitazo alertó al “Chichis” y al “Cachorro”, al “Viejón” y “La Paloma”. Un pitazo para atrincherarse, evitar la cuerda que los llevaría a un penal de máxima seguridad. Un pitazo que detonó el motín, el incendio en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, sometiendo los líderes zetas a policías, usarlos de rehenes, confinarlos en la celda, picarlos, golpearlos, provocarles la muerte por asfixia. Sin ese pitazo, nada habría ocurrido. Detenidos y sujetos a investigación, el director del penal, Valentín Hernández, y 10 custodios son la clave para hallar al delator. Dicen los insiders que el operativo para trasladar a los jefes zetas se mantenía en secreto y así se debió concretar. Sólo que en los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública los enclaves duartistas que aún se mantienen ahí filtraron detalles para frustrar el operativo y generar una tormenta sobre el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, y el titular de la SSP, Jaime Téllez Marié. Infestada de duartistas, y muchos que vienen de los días del reinado de Fidel Herrera en Veracruz, la Secretaría de Seguridad se viene convulsionando desde que el grupo de exterminio de Arturo Bermúdez Zurita —Los Fieles—, mandos y tropa en la Fuerza Civil, en la Fuerza de Reacción Inmediata, en los antimotines, en la mano negra que opera vestida de civil, que apaleaba gente, que levantaba presuntos halcones de los zetas, los torturaba, mataba y desaparecida, fue denunciado, exhibido y consignado ante el Poder Judicial. De ahí para acá, mandos y tropa en la Policía Estatal increpan con anónimos —cobardes tenían que ser—, descalifican operativos, sollozan y se lamentan, llegando a la ridiculez de amagar con no votar por el candidato panista al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador. Y la prensa cómplice da voz a la policía criminal, la que sigue en la SSP y que en los días en que Javier Duarte gobernaba Veracruz, apaleaba activistas y universitarios, maestros y periodistas, campesinos y oposición. Por un pitazo, cuyo origen se halla en el seno de la Secretaría de Seguridad, los líderes zetas —Josele Márquez, “El Chichis”; Manuel Escalona, “El Cachorro”; Rolando N, “El Viejón”, y Ángel N, “La Paloma”— detonaron el motín en el penal de La Toma para evitar su traslado a un penal federal de máxima seguridad que impediría que siguieran operando desde el interior del reclusorio y generando oleadas de violencia en el centro de Veracruz… Tres meses y el tesorero mejor se fue. O lo fueron. Catastrófico desgobierno de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el adalid de Morena, que al inicio del cuarto mes acepta la renuncia de José Manuel Pozos, sin mayor detalle, sin algo que explique la dimisión, si fue porque no se quiso embarrar en las truculencias del alcalde o porque para lo que viene se requiere alguien como Mario Pintos Guillén, ex director de Catastro, hermano del secretario del ayuntamiento, Miguel Pintos Guillén. Saltar del motel Vaivén a la tesorería municipal no tiene precedente. Y menos cuando salvo cinco habitaciones, las otras 60 estaban inservibles. Y mucho menos cuando de administrar un motelucho de quinta se brinca a tener en las manos mil 300 millones anuales. Y de la historia de los Pintos se podría escribir un libro. Se fue don José Manuel Pozos sin explicar en qué se aplicaron los 20 millones de pesos correspondientes a enero por concepto de “ayuda social”, sin esclarecer quiénes fueron sus beneficiarios, si ahí hubo desvío, si fueron para enviar a las hordas morenistas a pregonar que el Dios Peje es la salvación de los impíos. Dejó la tesorería sin aclarar el desbarajuste en el pago de nómina, ni en qué se usó el pago del impuesto predial, ni por qué a Diario del Istmo se le asigna el 90 por ciento del presupuesto de medios de comunicación. Se fue José Manuel Pozos y los ediles de oposición en el cabildo —los morenistas no, esos están sometidos— nada replicaron. Poner en riesgo la beca sería pecado político. Qué desastre el de Víctor Carranza: nuevo tesorero, dos jefes de prensa, un director de Ingresos levantado o parrandeado, masacrado por los empleados municipales, frustrada su reingeniería administrativa y dice ir ahora por la reingeniería financiera al estilo Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre en API”—, sin cristalizar el negocio del relleno sanitario de los Quintanilla, compadres de la diputada federal Rocío Nahle, su mamá política, con la compra de unidades recolectoras sin acuerdo de cabildo. Había ver gobernar a Morena. Había que medir a Carranza. Había que evidenciar de lo que el pejepartido en el poder es capaz… Caleb y su banda ya son culpables. Según pesquisa del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, provocó daño patrimonial a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el año 2016, del orden de 22 millones 269 mil 510.95 pesos, cantidad que deberán reintegrar a la Hacienda Pública, así como una multa por 12 millones 248 mil 231.02 pesos. Se trata de 17 funcionarios del gobierno duartista sancionados, entre ellos el subsecretario de la SIOP, Calles Navarro Kloss, y el ex director de Infraestructura Urbana, Héctor Fernando Ruz Santamaría, ligado al ex alcalde de Coatzacoalcos, el priista Marcelo Montiel Montiel. Libra esa investigación, por lo menos en el ORFIS, el titular de la SIOP, Tomás José Ruiz González. Subsisten aún 25 observaciones y la plana mayor de la SIOP en tiempos de Javier Duarte pudiera enfrentar acciones legales… Muy hormonal, nada reprime la influyente dama: “Cómo me gusta tu candidata”. Ella, que araña el cielo y le habla al Dios, su voz oída y temida, se derrite ante la joven que en aquellos días quería figurar por otro partido de oposición. Y fue tanto lo que la deslumbró que la trajo a su redil. ¿Quién es?…
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Foto: Alor Noticias