* El amparo de OPC * Un desfalco de 2 mil millones * El dinero de Héctor Yunes * Promoción inmoral * El conflicto Theurel-Caballero, sólo una escaramuza * El ex alcalde sólo quiere impunidad * Silviano y los gimnasios * Libra Sáenz la aduana del TRIFE * Lejos, por fin, de la Reina de los Casinos
No siempre compra Carlos Slim gato por liebre. En Veracruz sí. Aquí adquirió la concesión del túnel sumergido bajo el río Coatzacoalcos, que no es una obra magna ni el negocio ideal. Es, eso sí, conflictos por doquier, corrupción y demagogia, deudas y denuncias, y un desfalco de 2 mil millones de pesos.
Carso, su emporio, encabeza ahora el rescate de la fallida obra del gobierno de Veracruz, mina de oro de Fidel Herrera Beltrán, el ex gobernador que le diera vida, que inflara sus costos, que modificara el título de concesión y en cuyo reinado se fuera tejiendo un descomunal fraude con cargo, por supuesto y como siempre, al erario público.
Más de una década lleva el túnel sumergido siendo un fiasco. Lo plagió Marcelo Montiel Montiel siendo alcalde de Coatzacoalcos, en 2000, cuando sus técnicos hallaron una maqueta en las bodegas de la entonces Dirección de Obras públicas Municipales, dejada ahí, semiolvidada, por el ex presidente municipal, Armando Rotter Maldonado.
Se volvió, pues, la obra cumbre de Marcelo Montiel. Pasaría bajo el río Coatzacoalcos, uniendo a esta ciudad con Villa Allende, en un portento de ingeniería, el mayor despliegue técnico en Latinoamérica.
Así se concibió. Así se difundió. Sería otro Eurotúnel, sólo que con la diferencia que no uniría a Francia con Inglaterra, que no tendría 39 kilómetros de longitud, que no movería los 6 millones de personas al año y que no tendría cabida para transporte vehicular y ferroviario.
No, el supertúnel sumergido de Marcelo Montiel sólo unirá, si es que algún día lo concluyen, a Coatzacoalcos con Villa Allende, con una longitud de 3 kilómetros y un aforo de 30 mil vehículos diarios.
De por sí loca la idea, el túnel superhundido ha sido el hazmerreír de todos. Debió concluir en tres años; lleva 11 y no tiene para cuando iniciar funciones. La concesión se otorgó en 2003 a Concesionaria del Túnel de Coatzacoalcos (Cotuco), encabezada por la española FCC, arrancó la obra en 2004 y desde 2013 no hay avance alguno.
Fue proyectado con un costo de mil 784 millones de pesos. “Más tarde el presupuesto se amplió a 2 mil 66 millones y llevan invertidos 4 mil 913 millones de pesos y no está terminada”, refiere el periódico Milenio.
Para concluirla se requieren 5 mil 134 millones de pesos, de acuerdo con la revista Proceso. Pero se trabó cuando Cotuco alegó no tener dinero y el gobierno de Veracruz aseguró que ya había pagado hasta el último centavo de lo que le correspondía erogar. O sea, aún no habiendo concluido la obra, realizó pagos por adelantado contraviniendo la ley.
Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, ha sido tan culpable como su antecesor, Fidel Herrera Beltrán, en el megafraude que representa el túnel hundido de Coatzacoalcos. Uno por maniobrar con la concesión, solapar fallas técnicas y cobros sin justificación ni soporte legal, y el otro, Javier Duarte, por ser omiso ante el saqueo y avalar pagos por obra no realizada.
Inicialmente la concesión fue por 30 años. Invertirían gobierno federal, gobierno de Veracruz, la empresa constructora y se tomarían los recursos obtenidos por el peaje pagado en la caseta del puente Coatzacoalcos I. Fidel Herrera modificó la concesión y la amplió a 37 años.
Javier Duarte prosiguió la inversión, a la vista el saqueo, el disparo de costos. Desoyó a la Auditoría Superior de la Federación que año con año advertía inconsistencias en el proyecto, en el uso de materiales, defectos de construcción, el nivel de sismicidad que no fue contemplado en el diseño de la obra.
Cuando Gerardo Buganza Salmerón asumió la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, su primer golpe fue advertir un desfalco de 2 mil millones de pesos. Lo dijo ante el Congreso de Veracruz. Llamó bribones a los constructores y a los funcionarios del gobierno estatal, que se prestaron a pagar de más a Cotuco, hasta el último centavo del presupuesto, sin que la obra estuviera concluida.
Buganza les llamó bribones y los denunció. Ofreció rescindirle el contrato a Cotuco, cuyo principal motor, FCC, habría de enfrentar las denuncia por las vías civil y penal, a fin de recuperar el pago excedente y poder concluir la obra.
Sor Buganza saltaba, hacía protagonismo, sacrosantas sus manos, diáfana y pulcra su alma, pues actos de corrupción no podían ser tolerados.
Al final se fue de la SIOP sin pena ni gloria. Regresó a la Secretaría de Gobierno y hoy es virtual candidato independiente, adelantada su campaña, presumiendo que es más bronco que El Bronco, Javier Rodríguez Calderón, gobernador electo de Nuevo León.
Llegó a la SIOP Tomás Ruiz González, candidateable, carta del alemanismo, finalista en la carrera por la candidatura del PRI al minigobierno de dos años.
Tomás Ruiz llegó a sofocar la alharaca de Sor Buganza. Armó un nuevo paquete VTI, en el que FCC tiene nueva cara, la de Carlos Slim Helú, segundo hombre más rico del planeta, quien en noviembre de 2014, vía Carso, adquirió mayoría de acciones de FCC.
Presuntamente el acuerdo fue invertir 500 millones de pesos, liquidar adeudos por otros 500 millones y que la concesión se ampliara a 45 años. O sea, Slim jugó a ganar, a llegar y servirse de una mesa que otros confeccionaron con una inversión que debió ser de mil 784 millones de pesos y terminó en más de 5 mil.
Presumía el gobierno de Veracruz que en un mes más reiniciaría la construcción del túnel sumergido de Coatzacoalcos. Decía Tomás Ruiz que no habría borrón y cuenta nueva, que las demandas interpuestas por el gobierno duartista seguirían su curso.
Pero no. Obras Portuarias de Coatzacoalcos, antiguo integrantes del pull de compañías que construyeron lo que lleva de avance el túnel hundido, interpuso juicio de amparo contra el decreto con el que Javier Duarte eleva la concesión a 45 años, la entrega a Carso como nuevo accionista mayoritario de FCC y da por concluida cualquier denuncia que pudiera haber, tanto del gobierno de Veracruz contra la concesionaria, como de la concesionaria contra el gobierno estatal.
OPC alega que el duartismo y Cotuco “se aprovechan de quienes de forma lícita invirtieron en la construcción del túnel sin que se les reembolse los gastos que financiaron y privándolos además de la justa retribución por su trabajo, que garantiza el artículo 5 constitucional”, dice un despacho de la agencia Imagen del Golfo.
Exige OPC el pago de 830 millones de pesos, “dinero que le corresponde tanto a la empresa Constructora Túnel de Coatzacoalcos S.A. de C.V., como a los subcontratistas y proveedores, por lo que consideran que permitir legislativamente terminar con el reclamo, implica la autorización del legislativo para que arbitrariamente el Gobierno de Veracruz, sin más nada, alegue tener pretexto para dejar de pagar a sus gobernados lo que les adeuda por su trabajo”.
Precisa OPC:
“El Estado, cualquiera que sea, no puede, a través de un acto de dictadura, disimulada por un decreto emitido por el Poder Legislativo, que ni siquiera fue leído por el Congreso, eludir el pago de cientos de millones de pesos que corresponden al producto lícito del trabajo de muchas personas y empresas mexicanas y muchas de ellas también veracruzanas que han trabajado e invertido en la edificación del túnel sumergido de Coatzacoalcos encomendado y bajo la responsabilidad de pago que en su momento fue avalada por el Gobierno de Veracruz”.
Tomás Ruiz decía que en un mes reiniciaría la construcción del túnel sumergido de Coatzacoalcos. Carso así lo ofreció. Faltaba ver la reacción de los constructores a los que se les adeudan millones de pesos, que han entablado juicios, que tienen en la mira al gobierno de Javier Duarte. En un año, si no hay arreglo, concluirá el juicio de amparo.
Quizá Slim no compre gato por liebre. Pero en Veracruz eso adquirió.
Archivo muerto
No será ilegal, pero sí inmoral. Presume Héctor Yunes Landa que tiene su dinerito, que hace con él lo que gusta, que gasta lo que sea en promover su informe como senador y que tiene amigos que son, a la vez, sus financieros. Justifica con un alarde, la balandronada como argumento, lo que derrocha en su campaña adelantada, en un informe de ínfimos resultados, entre ellos las reformas estructurales de Peña Nieto que van que vuelan para fracaso político. Con su dinero inunda de espectaculares todo Veracruz, llena de regalos a la prensa, ofrece comidas y cenas. Salvo lo que dice, que él hace con sus ahorritos lo que quiere, no ha mostrado evidencia Héctor Yunes de que paga con dinero propio semejante promoción, cientos, miles o cientos de miles, porque, sostiene, tiene sueldo de senador y su despacho de abogados. Ese discurso también se le oye a los narcos, que aseguran que hacen con su dinero lo que quieren. O lo mismo los ladrones, que se dan vida de rey y aseguran que tienen amigos que les pagan todo. En 2010, había otro personaje que hacía lo mismo. El gobierno invertía lo que fuera en él, lo promovía con cargo al erario público. Era Javier Duarte. Llegó a gobernador. Sólo que no respondió el producto a la publicidad. Y fue un fiasco. Pues sí, almas gemelas… ¿Y después de la escaramuza mediática, qué? Chifló Marcos Theurel. Exhibió que Joaquín Caballero, su sucesor, también endeuda. Arremetió con su carta abierta acusando que el actual edil de Coatzacoalcos ha contraído créditos, 320 millones de pesos en año y medio, que tiene inflada la nómina, que no hace obra. Olvidó decir que él, Marcos Theurel, suscribió deuda por 350 millones, que también tenía plagada de “aviadores” la nómina, se sobregiró con más de 200 millones en 2012, que traficaba contratos de obra con sus compadres, amigos y empleados, y que dejó una interminable lista de deudores a quienes no les pagó. Lengua larga, Marcos Theurel habló y escandalizó, pero de ahí no pasó. No era su intención llevar a Caballero a los tribunales ni demostrar que hay corrupción. Fue velada advertencia, herido el ex alcalde por el reportaje en que el periodista Ignacio Carvajal, de Liberal del Sur, exhibía por igual a Theurel y a Caballero. Don honesto, don íntegro, como se autoproclamó Marcos Theurel en su carta abierta, sólo quería su cuota de impunidad y silencio. Fuera de esa escaramuza mediática, nada pasó… Entre 5 y 10 mil cada tres meses invierte el ayuntamiento de Coatzacoalcos en rehabilitación de los tres gimnasios deportivos. ¡Qué pobreza! Sostiene que así es director Municipal del Deporte, Silviano Delgado Valladolid. Dice que se rehabilitan los equipos afectados por las condiciones de climáticas, por la cercanía a la playa y que se espera que pronto lleguen a Coatzacoalcos, procedentes de Estados Unidos, las tarjetas electrónicas que hacen funcionar las caminadoras. A un renglón crucial, que engloba salud y esparcimiento, que aleja a los jóvenes de los vicios, se le destinan apenas entre 5 y 10 mil pesos cada tres meses. Con razón… Libra José Luis Sáenz Soto la prueba del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sala regional, y desvirtúa así las imputaciones de fraude con que pretendían tumbarle la diputación federal por el distrito de Minatitlán. Sólo le resta al ex alcalde de aquel municipio petrolero esperar si el fallo es impugnado y sube a la sala nacional del TRIFE. De no ocurrir, pese a la evidente compra de votos, a la presión sobre beneficiarios de los programas sociales, a la coacción y a las trapacerías que distinguen al PRI, Sáenz Soto será diputado federal. Reactiva así su carrera política, lejos ya de la pesadilla que fue su paso por la alcaldía de Minatitlán, sujeto a los caprichos de Reyna León Cheluja, presidenta del DIF y esposa del líder petrolero, Jorge Wade González, la Reina del Casino, y su hijo, el nefasto tesorero municipal, Saúl Wade León, el poder tras el trono, el negociante que supone que todo el dinero que pasa por sus manos, así sea de carácter público, es irremediablemente suyo…
twitter: @mussiocardenas
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