* Holiday Inn perdió amparo * Tendrá que devolver el terreno * Grupo Posadas, el verdadero dueño * A la magistrada no le tembló la mano * Los pobres, convertidos en un ejército de mercenarios * La violencia inducida * Los 92 morelenses a quienes quisieron obligar a desatar la anarquía * El PRI no ganó por tener más votos; ganó por tener más votos sucios
Con el voto del cemento y la despensa, mercenario un sector del electorado —los del voto duro y los del voto verde—, y cómplice y apática la mayoría, el PRI se robó de nueva cuenta la elección en Veracruz.
Sucios de origen, los votos del PRI llegaron desde los millones de marginados y empobrecidos, los de las colonias en desgracia y los de las zonas rurales, previa entrega de migajas con las que le sacian el hambre hoy aunque mañana no tengan qué comer, o la entrega de materiales de construcción, la pensión para los adultos mayores, la condonación de gastos médicos del Seguro Popular o del recibo de agua.
Todo se llevó el PRI. Ganó 27 de 30 diputaciones de mayoría y alrededor de 90 de las 212 alcaldías, las de mayor presupuesto, salvo Córdoba y Boca del Río, pero arrasando en Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, las joyas de la corona, no porque tuviera mejores candidatos, mucho menos por generar progreso y desarrollo, sino por el voto comprado a través de la dádiva y la manipulación de los programas sociales, federales y estatales.
No es la de Veracruz una elección que se pueda medir por el número de los votos que obtuvo el PRI para imponerse, sino por la calidad de los votos. No son los miles de boletas marcadas a favor de los candidatos priístas, sino cuántos de esos miles los habían obtenido comprándoles la dignidad a su ejército de pobres y olvidados.
En contrasentido, la oposición pugnaba por sacar a los electores a votar, generar confianza en sus proyectos u ofrecer alcaldías eficientes y honestas, que a la postre no pasó de ser un juego de ilusiones porque para mover a los votantes hay que disponer, como lo hace el PRI, de la despensa y el saco de cemento con cargo al erario público, a los programas sociales que le roba al gobierno federal o recursos que se roba del erario público.
Ladrones de elecciones, como son los priístas, fueron pillados en la faena de planear cómo y con quiénes disponer de los padrones de adultos mayores, “oro molido” como los categorizara el ex secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz, Salvador Manzur Díaz, en aquel célebre video que predispuso al PAN y al PRD contra el Pacto por México pues mientras sus dirigentes le avalaban las reformas estructurales al Presidente Enrique Peña Nieto, los gobernadores y sus pandillas fraguaban cómo arrebatar congresos y alcaldías.
Ladrones de elecciones, como son los priístas, fueron sorprendidos en la conjura para usar el abasto de leche a bajo precio, en el manejo de los abarrotes de Diconsa para armar las despensas del fraude, que hoy se entregan, horas después se consumen y al día siguiente el hambre sigue igual, y así por los próximos tres o cuatro años, cuando ocurra una nueva elección.
Ladrones de elecciones, como son los priístas, fueron sorprendidos con cargamentos de cemento del programa Piso Firme, en Coatzacoalcos, suministrado por María Gudelia López Aguilar, la proveedora del fraude, la que abastece con cargo a un programa federal, pero en atención al requerimiento de Víctor Rodríguez Gallegos, jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Veracruz, y de su titular, Marcelo Montiel Montiel, los mariscales de campo, los burladores de la voluntad democrática de la sociedad.
Ladrones de elecciones, los hermanos Tronco —Renato y Miguel Ángel— usaron la obra pública, la entrega de verdura y carne a bajo precio, literalmente en una operación de compraventa de conciencias y dignidades, verduleros electorales, para vender su proyecto entre el voto verde de Las Choapas, y ni aún así pudieron arrasar en la jornada electoral municipal. Al final debieron embarazar urnas, alterar la información del PREP, valerse de la complicidad de la presidenta del consejo electoral municipal para frenar el conteo de votos, llevar centroamericanos indocumentados a votar y hasta fraguar la quema de boletas para borrar la evidencia, con tal de retener la alcaldía. Vaya el descaro de este par de rufianes.
Así ocurrió en todo Veracruz, a merced de un operativo antidemocrático y delictivo, los mapaches en lo suyo, sin mano que los frenara, con un Peña Nieto simulador que apretaba a los gobernadores de palabra mientras dejaba correr la mecánica del fraude, en alta operando Manzur y los ladrones de elecciones, robándose los programas sociales para condicionar el voto de los pobres para el PRI.
Sumido en la tensión, Veracruz vivió desde antes del 7 de julio, día de la jornada electoral, un clima de violencia generada artificialmente, inducida, orquestada para inhibir la participación de la sociedad, en cuyo clímax el saldo fue rojo: muertos, lesionados, encarcelados, sedes electorales tomadas, autos quemados y acusaciones cruzadas.
Panistas de Tlalixcoyan fueron aprehendidos bajo cargos de acopio de armas; un perredista murió en la sierra de Soteapan, al enfrentarse militantes del PRD, AVE y PRI; otro muerto ingresó a la estadística macabra en Coxquihui; varios autos fueron incendiados en Tierra Blanca.
Loro a sueldo, el líder del PRI estatal, Erick Lagos Hernández, acusaba al panismo de ser el gestor de la violencia, mientras él, con toda displicencia había impuesto candidatos repudiados, criminales y corruptos, compradores de votos, como su compadre Juan Cruz Elvira en Santiago Tuxtla, en una espiral de ataques, agravios y falsa moral.
Concluida la jornada electoral, el PRI se llevó los votos sucios, por los que pagó al ejército de mercenarios pobres, que en cada elección se ofrecen, operan, promueven candidatos priístas a cambio de las migajas que les matan el hambre.
Es nauseabunda la ética del PRI. Hoy se sabe que volvieron a vieja práctica de traer priístas de otros estados para alterar el rumbo de la elección veracruzana. 92 de ellos, procedentes de Morelos, fueron conminados a generar actos vandálicos en las casillas. Al negarse, se les mantuvo sin alimento y luego abandonados en plena sierra, en el norte de Veracruz, en el municipio de Álamo. La paga sería de mil 500 pesos. Valiente miseria del PRI por fabricar la violencia y después culpar a la oposición de sus fechorías.
Quienes han incurrido en el análisis simplista de decir que el PRI ganó porque tuvo más votos, caen en una falacia. Los votos del PRI proceden de un delito. Son votos comprados con una despensa, con los beneficios del programa Oportunidades, del dinero de los adultos mayores, del Seguro Popular, del abasto de leche a bajo precio, con el cemento y la varilla. Son votos sucios.
Veracruz, en esta elección, no se mide por lo cuantitativo sino por lo cualitativo. El PRI gana la elección con más votos, pero su procedencia es ilícita y eso la hace una contienda inequitativa y antidemocrática.
Pudo Javier Duarte, un gobernador que es una vergüenza para los veracruzanos, llevarse la mayoría y afianzar el control del Congreso estatal, pero lo hizo con un fraude mayúsculo, incluida la violencia, la guerra sucia, la descalificación a sus adversarios y la negación de cuanto Enrique Peña Nieto había ofrecido para salvar su maltrecho Pacto por México.
Pudo la pandilla mafiosa suplantar a la voluntad democrática, comprarle el voto al ejército de mercenarios que habitan en las zonas olvidadas, a los pobres que canjean su dignidad por una despensa.
Se sirvió Duarte y su manager Fidel Herrera Beltrán, también de la apatía de los que dejaron de creer en las elecciones y se volvieron refractarios a la democracia, los abstencionistas que prefieren al PRI como un depredador de Veracruz, los que ven con gusto el endeudamiento de 60 mil millones de pesos, la bursatilización que sirvió para enriquecer a unos cuantos, la pobreza cada vez mayor, la salud en su peor nivel, el analfabetismo en todo su esplendor y la corrupción en cada poro de la piel del gobierno, el Congreso, el Poder Judicial y las alcaldías.
Ladrones de elecciones, misión cumplida.
Archivo muerto
Holiday Inn tiene un problema mayor: perdió un juicio de amparo, y el terreno en que se construye el hotel, sobre el malecón de Coatzacoalcos, debe volver a sus legítimos propietarios. El Tribunal Colegiado del Décimo Circuito determinó que el Juzgado 14 de Distrito, a cargo de Pedro Antonio Rodríguez Díaz, dé entrada al juicio de amparo, con lo que se le debe restituir el predio a su legítimo propietario, Joaquín González Menéndez; que se deje insubsistente que éste haya incurrido en despojo, y que el caso vuelva a las condiciones en que se encontraba antes de que la agencia Tercera del Ministerio Público de Coatzacoalcos le diera posesión a Hotelera Duport, sobre un terreno que indebidamente le vendió el gobierno de Veracruz, y concretamente Fidel Herrera Beltrán, a precio de regalo —2 millones de pesos— y a sabiendas que no corresponde a la reserva territorial. Elaborada por la magistrada María Isabel Rodríguez Gallegos, quien fue la ponente, la sentencia fue aprobada por unanimidad, junto al presidente del Tribunal, Manuel Juárez Molina, y a Miguel Ángel Alor Patraca, quienes consideraron que el juez federal Pedro Rodríguez Díaz violó los derechos de González Meléndez al determinar el no ejercicio de la acción penal contra el MP que le dio posesión a Hotelera Duport del predio en que se construye a los tumbos, un día si y otro no, el hotel Holiday Inn. El amparo en revisión es el 350/2012 y la investigación ministerial, que resultó a todas luces arbitraria, es la COAT3/684/2010. Basada en evidencias de una mala actuación del MP y del juez Pedro Rodríguez, la magistrada María Isabel Rodríguez sustentó su ponencia que echó por tierra el atraco del grupo hotelero en complicidad con las autoridades ministeriales. Ahora el MP se niega a cumplir con la sentencia, bajo el argumento de que quien debe devolver el terreno es Hotelera Duport. Falso. Quien le dio la posesión a los dueños de Holiday Inn fue el MP, como consta en el expediente del caso. Obvio que el MP de Coatzacoalcos incurre en desacato y que lo más seguro es que el Tribunal Colegiado ordene la aprehensión del MP por violar una disposición federal. El caso es apenas la punta del iceberg de un hilo de la madeja de corrupción. Por una parte, Hotelera Duport es sólo la máscara de Grupo Posadas, que viene desarrollando proyectos hoteleros por todo el país, y por otra, la sentencia valida indirectamente la escritura de la sucesión Bringas, lo que dejaría al gobierno de Veracruz disponiendo ilegalmente de millones de metros cuadrados de terreno que no son suyos, entre ellos el Parque Tecnológico Puerto México. Por lo pronto, a Joaquín González le deben devolver su predio de dos hectáreas, incluyendo lo ya construido en él, o pagárselo a precio real. Menudo lío pues…