Un trazo basta para dibujar la pequeñez de Cuitláhuac: el Poder Judicial sacudido por la delincuencia de toga y birrete, su grupo afín, la disputa por los cargos, el pleito por el poder, las tretas y la soberbia, la ambición por los dineros y el valor de la traición.
Arrinconados, los magistrados sólo ven el embate de los orcos, abogados de medio pelo que de la mano del gobernador —otros más allegados al líder del Congreso, ese diminuto malandro que responde al alias del “Carón” y que lleva por nombre Juan Javier Gómez Cazarín— hacen trizas, ignoran, ningunean, menosprecian, anulan a la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Sofía Martínez Huerta.
A doña Sofía —“ahora cualquier taruga es presidenta del Tribunal”— le arrebató la banda porril el control del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Le asestaron un golpe de estado. Se acordó el relevo de los afines a la presidenta y la dejaron tácitamente como florero de corredor. Y no tuvo dignidad para renunciar.
En esencia, doña Sofía se lo ganó. Llenó de parientes e incondicionales el Consejo de la Judicatura, área clave pues ahí se operan nombramientos de jueces, secretarios, proyectos, presupuesto, premios y castigos, y la dejaron sin poder.
Sofía Martínez Huerta sólo fue usada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que de un puesto de medio pelo la llevó a encabezar el Poder Judicial de Veracruz. Nunca fue juez. Nunca fue magistrada. Nunca existió en el contexto de poder. Fue una estrella fugaz, minúscula, insignificante pero fugaz. Brilló en minutos y reventó segundos después.
Le sirvió a Cuitláhuac para destrabar el relevo en el Máximo Tribunal de Veracruz. Orillado a irse, a Edel Álvarez Peña de nada le valió la traición al yunismo azul, ni la orden de aprehensión librada contra el ex fiscal, Jorge Winckler Ortiz. Si acaso se dio por bien servido con librar la investigación de los más de 600 millones de pesos heredados por su antecesor, Alberto Sosa, pero tuvo que desechar la reelección, y también se fue.
A Cuitláhuac le quedaba entregar la presidencia del Poder Judicial —la separación de poderes es una simulación— a los magistrados duartistas, a los allegados a Miguel Ángel Yunes o inventarse una locura judicial. Y optó por una locura, pues eso sí se le da.
Fue cuando su secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, urdió la llegada de Sofía Martínez Huerta al Poder Judicial, sumergida hasta entonces en las cajas de archivo muerto de los juzgados, sin lustre y sin nombre. Y la consagró.
Unos meses duró la patraña. Edel Álvarez, Fernando Charleston, la intratable Gladys Maldonado y César Rincón, Marco Antonio Lezama Moo pasarían a retiro y ahí afloró la ilegalidad del Tribunal.
Súpose entonces por la denuncia de la periodista Claudia Guerrero Martínez, que por lo menos seis magistrados carecen de cédula profesional, entre ellos César Rincón, que se cobija entre las faldas de la magistrada Patricia Montelongo, de nefasto historial. Teóricamente, sus resoluciones son ilegales. Y peor: cuando accedieron a la condición de magistrados falsearon declaraciones ante la autoridad por no relevar la inexistencia de la cédula profesional.
Sábese también de un fondo de más de 600 millones de pesos heredado por el antiguo presidente de PJE, Alberto Sosa, que debió ser controlado por el Consejo de la Judicatura y lo manejó a su arbitrio Edel Álvarez Peña.
Ese es el Poder Judicial de Veracruz, un hervidero de corrupción. Prolifera el nepotismo, como en el gobierno de Cuitláhuac García y como en el Congreso del Estado.
Hay en el Poder Judicial cotos y camarillas, y negocios a granel, decenas de familiares de magistrados en cargos de relevancia, engulléndose jugosos salarios, traficando influencia, disponiendo de recursos con total opacidad.
Uno de ellos, según la investigación de la periodista Claudia Guerrero, es Pedro Luis Reyes Marín, a quien lo aflojaron con sólo pedirle cuentas de los 600 millones de pesos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.
Defensor y aliado de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, Reyes Marín escuchó el primer grito y dio rienda suelta a la traición.
Desde su condición de integrante del Consejo de la Judicatura, sumó votos para deponer a familiares y allegados a doña Sofía e incrustar a la pandilla del “Carón”, alias Juan Javier Gómez Cazarín, líder de la fracción de Morena en el Congreso de Veracruz.
La asonada del 15 de julio describe el caos, la inoperancia política, la intromisión de los grupos morenistas en el Poder Judicial de Veracruz, la sustitución de mafias, duartistas y yunistas arrinconados, y la banda morenista disfrutando del botín. La delincuencia de cuello gris opera en el Máximo Tribunal.
El nuevo Rasputín es Humberto Oliverio Hernández Reducindo, representante del Poder Ejecutivo. Un audio lo muestra engallado, engreído, advirtiendo a los funcionarios relevados —entre ellos Mayra Angélica Martínez Juárez, nuera de la presidenta del Tribunal, quien ocupara el cargo de secretaria del Consejo de la Judicatura— que de no entregar las oficinas la iban a pagar.
Hernández Reducindo cabildeó antes la caída del ex fiscal Jorge Winckler y su persecución. Es el puño de Gómez Cazarín.
Humillada, reducida a nada, Sofía Martínez Huerta pretendió impedir que el Consejo de la Judicatura se le fuera de las manos. Recurrió a la fuerza pública. Por los pasillos del Poder Judicial se movían elementos de Seguridad Pública pero el golpe se consumó.
Hoy es tácitamente un cero a la izquierda. Volvió a ser nada. Pretendió renunciar al cargo. Una versión sostiene que dialogó con Cuitláhuac García y le transmitió que dimitiría. La respuesta fue insólita: de hacerlo provocaría un caos. Pues sería otro porque el caos reina en el tribunal.
Cuitláhuac gobierna a retazos. Sofía Martínez es llevada a la cúspide del Poder Judicial de la mano de Eric Cisneros, y antes de cumplir un año en el cargo le desmantelan el Consejo de la Judicatura. Nunca antes un presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz había sido humillado así y se quedaba a ser pieza de escarnio, de mofa y de burla.
Ahí pululan las bandas delictivas de toga y birrete. Amagan a los magistrados que no les son afines, unos fidelistas, otros duartistas, unos más yunistas. Se apoderan del Consejo de la Judicatura y dejan a la presidenta en el rol de florero de corredor.
Es el reflejo de Morena en el poder. El control que ejerce un gobernador suele pasar por las formas institucionales, el apriete en corto y la sonrisa a flor de labio, el discurso terso mientras se somete a quien ha de controlar al Poder Judicial. Pero con Cuitláhuac no.
Con Cuitláhuac las formas se pierden. No se cabildea. No se establece la línea a seguir. Se impone con estridencia, sacudiendo hacia el interior del Tribunal y provocando el escándalo hacia el exterior.
Las mafias de ayer son equiparables con las de hoy, con las huestes del gobernador, los bandoleros de Gómez Cazarín, los parias judiciales que ven al Poder Judicial como palanca de impunidad, vulnerando la ley, usando el andamiaje judicial para reprimir y, como máxima, el reparto del botín.
En manos de la mafia de toga y birrete está Veracruz.
Archivo muerto
Bien atendido, Emilio Lozoya se dice inocente y seguirá libre. Su juicio lo llevará en libertad, acaso ubicado con un brazalete electrónico. Fue vinculado a proceso por lavado de dinero en las operaciones de compraventa de Agronitrogenados. Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, es hoy por hoy, el reo favorito de la Cuarta Putrefacción. Lo suyo es un show colosal. Detenido en España, se allanó al tratado de extradición. De allá partió sano y horas después llegó a México súbitamente enfermo, anémico, con una esofagitis que ameritó hospitalización y luego una intervención quirúrgica —se vale reír— que le permitió no pisar la prisión. No fue puesto a disposición de un juez en el término de ley, lo que viola el debido proceso. Una carta en la que implica al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue filtrada a los medios de comunicación y a las redes sociales, lo que también viola el debido proceso. Andrés Manuel López Obrador divulgó presuntas revelaciones de Lozoya, lo que viola el debido proceso. Y de villano del priismo y operador de corruptelas en el peñanietismo pasó a la condición de “testigo colaborador”, según AMLO y el senador Ricardo Monreal —se vale seguir riendo—. Sus audiencias iniciales se celebran a distancia, vía electrónica, sin acudir a juzgado alguno. Lozoya se declara inocente, acusando intimidación, pero dispuesto a hablar de las tretas en las que participó. Es, como se ve, el reo de lujo de Andrés Manuel, al que le imputaban corruptelas descomunales, daño al erario de Pemex, sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, cuya filial Braskem opera la planta Etileno XXI, asociada con IDESA, de los hijos del ex director de Pemex, Pascual Gutiérrez Roldán —una de sus hijas casada con el hoy ex secretario de Comunicaciones y Transportes del obradorismo, Javier Jiménez Espriú, lo que despide tufo a corrupción en la 4T. De aquel Emilio Lozoya pestilente, vinculado al salinismo por su padre, Emilio Lozoya Thalman, ni el recuerdo. Hoy es el reo consentido del Dios Peje, a pesar de los fangos de los que proviene, al que la Fiscalía General de la República, en manos de Alejandro Gertz Manero, trata con bondad y, por ello, no solicita al juez prisión preventiva oficiosa ni pago de fianza, y así Lozoya podrá seguir su juicio en libertad. Y lo insólito: tras años siguiéndole la pista a Lozoya, tras estar 19 meses acusado formalmente, hoy la Fiscalía General pide al juez seis meses más para allegarse pruebas. Ni más ni menos, lógica pejiana: empatar el juicio con los tiempos electorales para retener votos. Andrés Manuel sueña y alucina con el 2021, con el desgaste de Morena, con su caída de popularidad. Y Lozoya, el reo favorito, el “testigo colaborador” de López Obrador, le podría dar horas de oxígeno a la lucha contra la corrupción. Esas miserias circulan en la atribulada mente del presidente de la Cuarta Degradación. Sólo eso. Algo que lo salve de perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Y Lozoya le viene bien, aunque el aroma de impunidad se vuelva a percibir… Como el primer día, Víctor Carranza sigue perdido entre la basura. Van 31 meses y el alcalde sucumbe por falta de proyecto de confinamiento de residuos, por la clausura del basurero de Villa Allende, por la falta de previsión, por la ignorancia y la necedad, y porque hay ambiciosos que terminarán rentando el espacio que se habilitará para aliviar el caos. El 15 de julio la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente ordenó el cierre del tiradero de desechos y a diario se acumulan 450 toneladas de basura. 31 meses antes, Víctor Manuel Carranza advertía que fuera donde fuera, así se tratara del terreno de los hermanos Quintanilla Hayek —Arturo, compadre de Rocío Nahle— en el municipio de Chinameca, la basura de Coatzacoalcos tendría un destino final. Pues no. Aquel proyecto abortó. Los oriundos de Chinameca lo batearon y corrieron a mentadas de madre al gobernador Cuitláhuac García; advirtieron que ellos no serían basurero de Coatzacoalcos. Y el alcalde, cuya inutilidad es patética, ya no volvió a decir más. Hoy las calles están inundadas de basura, la pestilencia se acentúa, se degrada la calidad de ciudad. Es el legado de Morena. Así gobierna el ahijado de Rocío Nahle, la secretaria de Energía que inundó recomendados el ayuntamiento para sumir a Coatzacoalcos en el retroceso total. Mientras, ya se negocia en qué predio irán a parar los desechos de Coatzacoalcos. Antes se hacía en el terreno de Rafael de Hombre López, quien a su vez era delegado de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente. Sólo de renta cobraba 150 mil pesos al mes. Posteriormente, en el gobierno de Joaquín Caballero Rosiñol, Villa Allende captó la basura de Coatzacoalcos hasta que la población se hartó. Y hoy, Víctor Carranza se ahoga en un mar de desperdicio. 31 meses después, no sabe qué hacer… Por violaciones a principios constitucionales, la contrarreforma electoral de Veracruz va a los tribunales. PRI, PAN y PRD interpusieron un recurso de inconstitucionalidad por la supresión de los consejos municipales electorales, que presupone la desciudadanización de los órganos electorales. A ello se suma el corrimiento del calendario del proceso que iniciará en enero de 2021. De ahí que el llamado PRI-AN ahora le dé gusto a sus adversarios y vaya construyendo la alianza de partidos que enfrentarán a Morena en la elección del próximo año. Marlon Ramírez Marín, Jesús Flores y Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, líderes del PRI, PAN y PRD, formalizaron el acuerdo y la acción legal. Morena por su parte, intenta la recomposición en medio una guerra intestina, sin dirigente formal estatal y sin comités municipales integrados. A la par, el Partido del Trabajo por voz de su delegado estatal, Vicente Aguilar Aguilar, analiza si conviene ir en alianza con Morena, dados los conflictos internos que aquejan al partido de López Obrador y en el cual ni Cuitláhuac García, el gobernador, ni Manuel Huerta, superdelegado federal en Veracruz, ni Rocío Nahle, que no termina de capotear los señalamientos de corrupción, han logrado aquietar la marejada. Destrozado como está Morena, nada tendrá que hacer en la elección 2021 frente a un bloque opositor. A menos que, como ocurría en los tiempos Javier Duarte, el factor dinero y la entrega de espacios de poder, fracturen el intento de alianza opositora… ¿Quién es esa diputada cuyos hermanos lejos de formar parte de la familia democrática son unos auténticos crápulas, dedicados al robo a casas habitación? El expediente, una vez terminado de integrar, tendrá efecto de bomba nuclear…
Fotos: Portal Ciudadano