* Fidel, Marcelo, el Congreso, la Procuraduría, todos culpables * El gober usa a fiscales para perseguir enemigos: Yunes Márquez * El pleito Duarte-Héctor, un montaje: Manuel Huerta * Samyra y Mariche: charlas en la Fiscalía regional * ¿Es ético? * El Mando Único planea mientras el hampa delinque
Un día, sin más, su dinero se esfumó. Nadie alertó. Ninguna voz se alzó por ellos, ni la de Fidel Herrera, ni la de Marcelo Montiel, los auspiciadores, los acarreadores de ahorradores. Cofisur no fue un fraude cualquiera. Es un agravio brutal, urdido por la clase política y encubierto por el aparato judicial.
Claman justicia más de 22 mil defraudados. Son el mayor grupo afectado por una financiera, superior a Ficrea, dejados de la mano de la ley, sorprendido por Fidel y Marcelo, que en sus actos de gobierno convocaban al ahorro, exaltaban las bondades de Cofisur, reintegraban intereses por pago puntual, usaban recursos públicos, la panacea para salir de pobre o para multiplicar el dinero.
En 2001, la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Cofisur, S.C. de R.L. obtuvo su registro y se amparó en la Ley del Ahorro y Crédito Popular impulsada desde la Secretaría de Hacienda, Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Condusef y Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI).
Desde el Congreso federal, se promovían las bondades de esa ley, bajo la cual supuestamente era imposible que los ahorradores sufrieran la pérdida de su dinero. Establecían acciones de monitoreo a la operación de las financieras y al detectarse alguna irregularidad, los organismos de gobierno intervendrían para evitar una catástrofe.
“Por eso, bajo el amparo de esta ley se le brinda a la población de escasos recursos —que normalmente no ha tenido acceso a los servicios bancarios— una opción de ahorro y préstamo estable, confiable y de acuerdo a sus necesidades”, señala un folleto elaborado por la Cámara de Diputados, el cual era difundido entre los ahorradores.
Según el Congreso, la inversión era segura. “La misma Ley solicita a las sociedades financieras populares y a las cooperativas de ahorro y préstamo la creación de un fondo de protección que procurará recuperar los depósitos de los ahorradores en caso de que las entidades tuviesen que cerrar”.
Hablaba de un fondo de protección para evitar la pérdida de los recursos. “En caso de que ocurra algún problema con esta lana, las federaciones se agruparán en confederaciones y éstas manejarán un Fondo de Protección para los depósitos de los ahorradores hasta un monto equivalente de 4,000 a 10,000 unidades de inversión”.
Y advertía que la ley contemplaba “un sistema de prevención o alerta temprana que permita identificar a tiempo un delito o anomalía en el manejo del dinero y que pudiese afectar la solvencia de cualquier entidad de ahorro y préstamo, arriesgando los intereses de los ahorradores o de sus socios”.
Así fue atrayendo Confisur a los ahorradores. Se valió de la Ley del Ahorro y Crédito Popular para garantizar una seguridad que en los hechos no existió. Todo era una patraña.
A la par, el entonces alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel, promovía a todo vapor a Cofisur. En un evento oficial, en la sala de cabildo, el 12 de septiembre de 2009, se hacía acompañar del director de la financiera, Pedro Martínez Escudero, y de la secretaria de Desarrollo Económico, Mily Chagra Nacif, para enganchar a promotoras de colonias, priístas en su mayoría, a quienes les reintegraba lo que hubieran pagado en intereses por préstamos que les habían sido otorgados.
Otro grupo al que “estimuló” Marcelo Montiel fue el de los microempresarios. El 24 de enero de 2009, hizo público que aquellos ahorradores que cumplieron con el pago puntual de sus intereses se verían beneficiados al reintegrarles lo que hubieran pagado.
Así vino operando. El 15 de marzo de 2010, el entonces secretario de Obras Públicas, hoy alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, dio el banderazo de salida al “Campeonato Cofisur” de autos tubulares, auspiciado por el periódico Liberal del Sur, propiedad del hoy magistrado, Edel Álvarez Peña.
Bajo esa tónica se fue creando el ambiente para que Cofisur tuviera un crecimiento exponencial. Fundaba sucursales en diversas ciudades de Veracruz y Tabasco.
A fines de 2010 llegó la debacle. Uno a uno, los ahorradores recibían por respuesta que no podrían retirar su dinero. Había insolvencia. Los préstamos otorgados a decenas de clientes no pudieron recuperarse. Se advertía un fraude que a la postre resultó superior a los mil 800 millones de pesos.
Ninguna acción legal cuajo. Pedro Martínez Escudero huyó. Sus ejecutivos capotearon el vendaval, cayendo a la cárcel Arturo García Vidal, gerente, cuando se emprendieron acciones legales por la emisión de por lo menos 167 cheques sin fondo.
En un oficio en enviado al Senado, los ahorradores representados por Francisco Velázquez exponen que el fraude se hubiera evitado si la ley se hubiera acatado. Pero ninguna entidad de gobierno actuó ni protegió, ni le dio una salida administrativa al conflicto, liquidando a los ahorradores con el fondo de protección que supuestamente debía existir.
“Queremos denunciar la participación de diferentes funcionarios de dependencias federales y/o locales que invitaban de una forma segura”. Citan el caso de Daniel Caballero Ortiz, titular de la SHCP en Veracruz, quien representó al entonces gobernador Fidel Herrera en un evento en Poza Rica, en la inauguración de otra financiera, Cofistmo.
En ese evento, la directora de Cofistmo, Ivonne Murillo señaló que “la Financiera del Istmo viene trabajando desde hace un año con el programa de Fidel Herrera Beltrán, Mujer Firme”.
Sostiene que el fraude también incluyó el uso de recursos públicos, provenientes del FONAES-Xalapa ,”a través de un funcionario muy cercano a Fidel Herrera Beltrán, cuyo destino final de estos recursos, fueron traspasados a una cuenta de una constructora”.
Esos fondos fueron traspasados tres meses después que la financiera había cerrado sus operaciones. El representante de FONAES, ahora INAES, quien autorizó esa millonaria operación, fue Ansberto Domínguez Martínez.
“La participación directa y decidida del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y algunos presidentes municipales, como Marcelo Montiel Montiel, fue extralimitada”, agrega el oficio cursado al Senado y recibido por el senador Benjamín Robles, el 25 de mayo pasado.
“En el caso de Marcelo Montiel, hoy delegado de la Sedesol federal en Veracruz —agrega—, participó directamente en la entrega de créditos de Cofisur, utilizando para ello al vocal del programa social Oportunidades, apoyándose del padrón de Oportunidades que manejaba el enlace municipal del Departamento de Desarrollo Social, por lo que es necesario que la UIF (Unidad de Inteligencia financiera) investigue el patrimonio de estos personajes y se darán cuenta que poseen una riqueza tanto inexplicable como ilícita”.
Habla de Pedro Martínez Escudero, señalado como el ejecutor del fraude. En la última supervisión de Bansefi, el 31 de mayo de 2010, reportó activos totales por la cantidad de 553 mil 873 pesos. Sin embargo, en entrevista radiofónica, en Notisur, reveló tener mil 500 millones en créditos.
Bansefi le otorgaba calificación “B” y liquidez del 97 por ciento. Si en ese momento hubiera cerrado operaciones, la quiebra sólo habría sido del 3 por ciento.
Judicialmente el caso es un lodazal. Cientos de denuncias, que engloban a los más de 22 mil ahorradores, entre ellos niños, duermen el sueño de los justos en las agencias del Ministerio Público y en el Juzgado Tercero de Primera Instancia. Sirvieron para que la policía ministerial actuara con brutalidad al allanar las instalaciones de Cofisur, sustraer documentación, asegurar cuentas de cheques, bases de datos, pagarés cobrables, expedientes de créditos, escrituras de las garantías y la información de todas las sucursales.
Para Pedro Martínez Escudero las autoridades fueron “incompetentes, corruptas e ignorantes”. Para los ahorradores fue un montaje premeditado, concertado y deliberado para desaparecer la documentación.
Fidel Herrera y Marcelo Montiel alentaron a invertir en Cofisur —el ex gobernador además lo hizo en Cofistmo, donde en incluso pagaba la promoción de la financiera en eventos—. La Procuraduría de Veracruz se encargó de empantanar el caso.
Félix Jácome, agente del MP, aseguró tener detectados bienes por 350 millones de pesos para garantizar una parte de lo defraudado, más documentos y bienes. Tres meses después de haberlo expresado a la prensa, fue movilizado al puerto de Veracruz. Su relevo, Diego Ixba Málaga, dijo no tener nada para ejecutar el embargo.
Cinco años después, el fraude permanece impune. Ningún bien fue asegurado.
Hoy, la demanda se ventila en el ámbito federal, por la vía administrativa, pues el gobierno no aplicó la ley, fue omisa, no garantizó que los recursos de los ahorradores mediante los fondos de protección.
Fidel Herrera, Marcelo Montiel, SHCP, Condusef, Comisión Nacional Bancaria, Bansefi y las Unidad de Inteligencia Financiera actuaron con dolo o no actuaron.
Fue un fraude urdido en las alturas.
Archivo muerto
“Solo en las dictaduras se usa a los fiscales y jueces para perseguir a los opositores”. Describe así Miguel Ángel Yunes Márquez a Javier Duarte, franquito, tras ser encausado por una acusación de enriquecimiento ilícito. Lo vapulea el alcalde de Boca del Río, por haber hecho de Veracruz un desastre, por no resolver los problemas del estado y en cambio dedicar todo el tiempo a perseguir a sus enemigos. Yunes Márquez recibió el citatorio de la Fiscalía General que encabeza “Culín”, alias Luis Ángel Bravo Contreras, por una denuncia presentada por el grupo de enanos legislativos del desgobernador de Veracruz, principalmente los de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Acusan los mancebos de Javier Duarte que el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, quien promete encarcelar al gobernador si llega a sucederlo en el cargo, que el alcalde sólo tuvo ingresos por 4 millones de pesos de 2004 a 2010; adquirió dos terrenos con valor de 8 millones y construyó una mansión de 30 millones. ¿Y los ingresos correspondientes a sus negocios privados? Trasluce no miedo, pavor, Javier Duarte. Sabe que una vez que deje la gubernatura andará a salto de mata porque cualquiera de los Yunes, los rojos o los azules, principales Yunes Linares, lo van a perseguir hasta refundirlo en prisión. No es que en el túnel de Javier Duarte haya luz; es el ferrocarril que viene de frente y lo habrá de embestir… Vil montaje, ardid de priístas, ve Manuel Huerta Ladrón de Guevara en el sainete de la caña de pescar. Dice el ex diputado federal de Morena que ningún Yunes, ni los del PRI ni los del PAN, representan a los veracruzanos. Es una treta, dice. Es estrategia del PRI y del PAN para polarizar la atención de los electores. Héctor Yunes Landa representa los intereses de Manlio Fabio Beltrones, líder nacional del PRI, y éste los del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y lo envían a mostrarse como lo contrario a Javier Duarte. PRI, PAN y PRD, según el aguerrido Manuel Huerta, representan lo mismo; se disputan el poder para que nada cambie. De plácemes los priístas en el Congreso federal. Le dan a Miguel Ángel Yunes Linares la presidencia de la Comisión de Seguridad y a su hijo Fernando, la presidencia de la Comisión de Justicia. O sea, tapaos los unos a los otros. Yéndose el voto para el PRI o el PAN en la próxima elección local, en 2016, nada cambia… Qué diablos tiene que hacer un magistrado en el privado de la fiscal regional Samyra Khoury. Refieren los insiders que llega tarde a su oficina, recibe a unos cuantos, acaso los que pasan el filtro de los elementos policíacos, los auxiliares o Hugo Álvarez, el ex delegado de la PGR, ahora asignado a las restituciones de predios por lo que eso deja. Eso sí, dice un reporte interno que a quien le dedica tiempo, el que sea y a la hora que sea, es a su mentor, el magistrado Vicente Mariche de la Garza, el coordinador de los magistrados en el sur, con quien Samyra Khoury se formó en los juzgados. Recuérdese que Mariche fue señalado por la periodista Ana Lilia Pérez, en la revista Contralínea, como parte de la trama que le costó a cuatro filiales de Pemex Petroquímica más de 200 millones de pesos por el pago a destiempo del impuesto por traslación de dominio. O sea que la fiscalía y el magistrado a cuyo tribunal colegiado le caen los amparos en revisión se toman el cafecito con frecuencia. Súper. ¿Es ético?… Qué cuadro: policía estatal y federal, navales, militares, Cisen, C-4, todos enfrascados en la estrategia para revertir la violencia y mientras, el hampa haciendo de la suyas. Asaltan el restaurant Hidalgo Carrión, allanan el domicilio de la mamá del ex regidor Alfredo Phinder Villalón, roban en el hotel Lossandes, ejecutan en la vía pública al hijo de un restaurantero, levantan a cuatro en un taller mecánico, entre ellos el hijo de Omar Wreden Sandoval, ex integrante del Departamento Jurídico del ayuntamiento de Coatzacoalcos en los días de Marco César Theurel Cotero. ¿Sirve de algo planear y planear cuando escasean los recursos económicos, cuando no se cubre el salario de los elementos del Mando Único a tiempo, ni se cuenta con dinero para combustible, cuando no se pueden desplazar las unidades motoras porque persiste el ahogamiento desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, donde escamotean todo, donde disponen de dinero de origen federal que por ley no puede ser retenido a los municipios, pero que en el Veracruz de Javier Duarte es el pan nuestro de cada día. O se trata precisamente de frustrar toda estrategia y que el hampa haga lo que plazca….
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