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Caso “Gutierritos”: el mapache es de cuidado

* Sonora: el sistema penal le sirvió de fachada * 180 millones hacia empresas a modo * Quiso ser fiscal anticorrupción, y lo repudiaron * Información clave del PAN terminó en Morena * Tres razones de Pepe Yunes contra la reforma eléctrica * Empate en la disputa del Holiday Inn * ¿A quién le convenía asesinar al militar? ¿A Uribe o a Los Zetas?

Dinero en mano, Sergio Gutiérrez Luna es el que adula al amo en turno, el mapache electoral, el que simula implementar el sistema penal en Sonora mientras desvía millones a empresas a modo y a empresas fantasma, o el que roba estructuras al PAN y le entrega secretos a Morena. Lo suyo, lo suyo, es traicionar.

Hiperactivo político, el tal “Gutierritos” no termina de calentar la curul en San Lázaro cuando ya anda de gira en gira, de mitote en mitote, cortejando a López Obrador, viéndose en el 2024 entrar a palacio, asaltando al Gobierno de Veracruz.

Sediento de poder, sabe que la treta y el engaño, el verbo fino, el rollo burdo, el discurso cargado de sueños, el opio de los incautos y hasta el café entre la prensa vendida, producen adeptos.

Y así llega a Veracruz, alterando un circo que Rocío Nahle atiborró de animales amaestrados, de bandidos sin moral y de payasos que sólo saben aplaudir.

Su historia política no miente. Audaz, sin escrúpulos, el oriundo de Minatitlán fue a Sonora, urdió un cuento, vendió un proyecto, el diseño e implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y ofreció votos. Y el gobernador Guillermo Padrés Elías, un comprador de espejitos, lo adoptó.

Su historia política huele a fango. Y a golpe bajo. Y a peculado.

Por las manos de “Gutierritos” pasaron, por lo menos, 180 millones de pesos, una parte en subsidio federal, que luego derivaron en una denuncia por el no avance del Sistema Penal y por el desvío de recursos hacia por lo menos cuarto empresas, una de ellas dedicada al sondeo de opinión y otra, cuya representante era la administradora del despacho legal —Gutiérrez Luna Asociados— del hoy presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Padrés le dio vara alta y del andamiaje de la transa se encargó Gutiérrez Luna. Usó la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Sonora como fachada y en el fondo el mapache se movía a placer.

Arriba, el discurso de la legalidad; bajo el agua, el control de los órganos electorales, las encuestadoras, los votos para el PAN.

Llegó a la tierra de Plutarco y Obregón con el fin de afianzar las posiciones panistas, alcaldías y diputaciones locales, y armar la maquinaria para retener el gobierno de Sonora en 2015. Y Fracasó.

Sonorense postizo, le inyectaba helio a Javier Gándara, ex alcalde de Hermosillo, que disputaba el gobierno estatal. Y al final, la priista Claudia Pavlovich Arellano ganó la elección.

Aquellos desplantes, consignados por la prensa local, las columnas en El Norte de Monterrey y El Sol de Hermosillo, el portal El Acabose, las voces en El Financiero, fueron esculpiendo el verdadero rostro del mapache de Padrés.

Aquel 2015, la asociación civil Sonora SOS, filial de México SOS, fundada por el empresario Alejandro Martí, denunció penalmente al gobernador Guillermo Padrés y al equipo responsable de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, encabezado por Sergio Gutiérrez Luna.

Un desplegado público, suscrito por Santiago Luna García, acusaba la malversación de 180 millones de pesos, una parte de origen federal, que debieron usarse en el nuevo sistema de justicia y que terminaron en manos de empresas que nada tendrían que ver con el aspecto legal.

Santiago Luna señaló a El Financiero:

“Presenté este jueves una denuncia penal ante la PGR en contra de Sergio Gutiérrez Luna, Guillermo Padrés Elías, Juan Sebastián Sotomayor Tovar, Carlos Navarro Sugich y quien o quienes resulten responsables por los delitos federales de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, peculado y lo que resulte”.

Y abundaba:

“Tenemos en nuestro poder más de 100 órdenes de pago emitidas por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal para diversas empresas, que suman más de 180 millones de pesos, pagados a Bunker Consulting Group, S.C., una empresa de Monterrey, N.L., a la que se le adjudicaron contratos directos y sin licitación, por más de 175 millones de pesos”.

Citaba dos firmas más: Business for Future y Asesoría y Proveeduría de Equipos de Laboratorio.

Restaban trece meses de arrancar el nuevo sistema judicial y Sonora estaba en cero. Se encendían las alarmas. Se prendían los focos rojos. Se alzaban las voces. Algo en el norte, en la punta oeste del país, olía mal. Y era el mapache de Padrés. Y no olía a muerto. Olía a vivo, a vival.

Otra denuncia corría a cargo del Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas, Derechos Humanos y Democracia, A. C., evidenciando a Sergio Gutiérrez Luna en el desvío de recursos y “por utilizar su encargo en beneficio de empresas de su propiedad o de ya identificados prestanombres”, según reseñó Mario Maldonado en su columna Historias de NegoCEOs, en El Universal.

Hay pistas demoledoras. Bunker Consulting Group, dedica a sondeos de opinión, fue contratada para difundir las bondades del Nuevo Sistema de Justicia. El Instituto Electoral de Sonora, en manos de Gutiérrez Luna, le encargó encuestas de salida y conteos rápidos en la elección de 2015.

Una firma más, Falcón Expertos en Opinión Pública S. de R.L. suscribió un contrato de asesoría con la Comisión para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Su representante legal era Nancy Fabiola Ramírez Pastrana, quien a su vez era la administradora del despacho Gutiérrez Luna Asociados, propiedad de “Gutierritos”, según refiere la columna de Mario Maldonado.

Otra empresa, Freydig Industrial, obtuvo de Gutiérrez Luna contratos por 33 millones de pesos.

Para entonces, el lodo sobre Gutiérrez Luna no cesaba. El portal El Acabose citaba a Santiago Luna:

“Sergio Gutiérrez Luna es cabeza del grupo que se incrustó en el Instituto Estatal Electoral que está bajo sus órdenes, y se integra por las consejeras Ana Patricio Briseño Torres y Ana Maribel Salcido Jashimoto, y también es el jefe de Pablo Chirinos Benítez, representante del PAN en el Instituto Estatal Electoral”.

Alberto Aguirre, autor de la columna Signos Vitales, en El Economista, advertía que Padrés y Gutiérrez Luna habrían pretendido contratar los servicios del despacho de Diego Fernández de Cevallos y del ex procurador Antonio Lozano Gracia, para intentar anular la elección.

La maquinaria fue aceitada con los dineros para el sistema de justicia. Casi 200 millones de pesos se usaron para operación electoral del PAN. Y todo en manos de “Gutierritos”.

Hacia 2016, la estrella de “Gutierritos” perdió brillo. El PAN no lo quiso de fiscal anticorrupción.

“Nos llama la atención los nombres de Sergio Gutiérrez Luna y Pedro Pablo Chirinos, perfiles a quienes no les da la imparcialidad necesaria ni los elementos de credibilidad como para poder tener la confianza de la ciudadanía ni de los partidos políticos”, expresó el PAN en un comunicado.

Y abundaba:

“Para nosotros es vergonzoso (…) haber trabajado junto con la sociedad civil, como partido y como Congreso, una Ley Anticorrupción, haber organizado mesas públicas para que el Sistema Estatal Anticorrupción, fuera ejemplo a nivel nacional y que, en este momento, cuando se tiene que tomar la decisión, prácticamente llegamos a lo mismo, en poner a subordinados, en poner fiscales a modo, fiscales carnales y en ser de nuevo vergüenza nacional”.

“Gutierritos” llegó a ser pieza clave en el equipo panista. Era el mapache de Padrés y se codeaba con Damián Cepeda, entonces candidato a la alcaldía de Hermosillo y luego líder nacional del PAN. 

Pero el idilio se esfumó. En 2017 el PAN de Sonora volvió a reiterar su rechazo a que Gutiérrez Luna fuera designado fiscal anticorrupción.

“Gutierritos” dio un golpe de timón. Fanático de la derecha, se volvió fanático de la izquierda.

Y se llevó todo. Los secretos del PAN, sus enclaves electorales, la estructura del blanquiazul, los nexos empresariales, las bisagras del poder, terminaron en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, y del candidato al Senado, Alfonso Durazo Montaño, hoy gobernador. Morena ganó Sonora. La traición se había consumado.

Se incrustó en el Grupo Texcoco, de Horacio Duarte, Higinio Martínez y Delfina Gómez; impulsa la candidatura presidencial del canciller Marcelo Ebrard, y quiere ser gobernador de Veracruz, robándole el circo, los animales y los payasos a la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Tiene plataforma: la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Gutierritos” es un mapache vulgar… y es de cuidado.




Archivo muerto

A contrapelo de un ala del priismo que divaga con la reforma constitucional en materia eléctrica, propuesta por Andrés Manuel López Obrador, Pepe Yunes la rechaza con tres argumentos clave: la reforma “cancela la competencia en perjuicio del usuario, genera incertidumbre al suprimir reguladores y contratos previos, y compromete las finanzas públicas y la inversión en el sector”. Aquel sector del PRI juega y rejuega con el poder, aprieta y pacta con su verdugo, con el Mesías que lo ha llevado al borde de la extinción, y a contracorriente el legislador federal por Coatepec describe en tres trazos que la reforma es retrógrada, que cierra el mercado a la inversión privada, que conduce al monopolio que ejercería la Comisión Federal de Electricidad, que ahuyentará capitales, que diluye la seguridad jurídica del que detenta un contrato y le es violado, y que habrá de impactar el bolsillo de los consumidores de energía eléctrica. Cuando el PRI titubea, juega a negociar con el presidente y corre el riesgo de fracturar y acabar con el bloque de oposición que le generó tales votos hasta lograr arrebatarle a Andrés Manuel la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, Pepe Yunes emite el posicionamiento de rechazo que ya sacude a un sector del tricolor… Tan cerca del mar, corroído por el salitre, Holiday Inn es literalmente un hotel en ruinas. Físicamente es un caos; judicialmente, un desastre. Alteradas por el óxido, las varillas revientan el concreto; los mosaicos de los pisos se levantan; la lluvia se filtra en el techo de lo que antes fuera un amplio y atractivo restaurant, y decenas de habitaciones permanecen sin servicio al público. Se escatimó en mantenimiento y la indolencia lo fregó. ¿A qué le apostó Hotelera Duport con tanta dejadez? A darse tiempo, que la tormenta legal amainara y luego vender una marca, una franquicia, y olvidar la pesadilla que ha enfrentado en Coatzacoalcos. Pero el pleito en los tribunales por la posesión del terreno en que se erige en hotel Holiday Inn no acaba ni acabará. Judicialmente, se atasca, no avanza, y tampoco se acredita que el predio vendido por el gobierno de Fidel Herrera Beltrán a la hotelera sea legal. La última sentencia, suscrita por juez segundo de Primera Instancia, Cristóbal Hernández Cruz, deja un empate con quienes ostentan ser propietarios de las dos hectáreas en que se ubica el Holiday Inn, sobre el malecón de Coatzacoalcos. La sentencia en el juicio 895/2014, revienta a Hotelera Duport, S.A. de C.V., propietaria del inmueble que aloja la franquicia Holiday Inn, porque el juez determina que ambas partes, el demandante y el demandado —Enrique Orta, los hermanos Raúl, Manuel, Dolores y Bernardo Bringas Burelo, Aurelio Domínguez, Joaquín Menéndez, Alejandro Gutiérrez, así como los notarios David Dávila, Iván Hillman Chapoy, Erick Madrazo Lara y Enrique Aguilar Urcelay, los encargaados del Registro Público de la Propiedad y la nueva dueña del predio Desarrolladora Playa Larga,  resultaron sin responsabilidad alguna. Se les absolvió. Fue un empate con sabor a derrota para Hotelera Duport, que sigue sin poder vender el hotel Holiday Inn de Coatzacoalcos, valuado en 80 millones de pesos, o ya de perdida, cerrarlo por los números rojos con que opera. Hotelera Duport intentó que el título de propiedad de la Sucesión Bringas fuera anulado. Lo mismo intentaron años atrás los hermanos Quintanilla Hayek y fracasaron. El juez Cristóbal Hernández, que entonces era secretario de Juzgado, certificó dos sentencias clonadas, a todas luces falsas, que sirvieron a los Quintanilla —uno de ellos, Arturo, es compadre de la hoy secretaria de Energía del gobierno federal, Rocío Nahle— para cobrarle una jugosa afectación de terreno a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta vez Cristóbal Hernández no se atrevió a validar la trastada, pese que persiste en su afán de clonar, ahora, juicios completos, como más adelante se habrá de demostrar… ¿A quién le convenía silenciar, segarle la vida al ex militar Mario Alejandro Gamas López? ¿A Jesús Uribe, ex candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Las Choapas, hoy en prisión y sujeto a juicio, o a las células delictivas de los Zetas que lo concibieron como un infiltrado del Ejército en las empresas de Uribe, rastreando todo, viendo todo, tomando nota de todo lo que implica el territorio clave de Las Choapas, donde se trafican droga e indocumentados, donde los caminos rurales sirven para el trasiego, donde reina la impunidad?…

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Foto: Libertad Bajo Palabra