Segada su vida, acribillado a mansalva, con Jacinto Romero se activan las alarmas que presagian un escenario violento, de sangre, para la prensa, como si Javier Duarte anduviera libre, como si habitara en palacio, como si hubiera encarnado en Cuitláhuac, el morenista, el que desgobierna Veracruz.
Jacinto sintió el cerrón. Del otro auto que le bloqueó el paso descendieron los sicarios. Y en instante el ataque. Sobrevino la descarga perforando el parabrisas, las balas impactando su cuerpo, la muerte que es oscuridad infinita.
Aquella mañana del 19 de agosto, Ixtaczoquitlán, municipio conurbado a Orizaba, se cimbró, más que con las fosas clandestinas, las casas de seguridad donde confinan a los secuestrados. Se cimbró su círculo más íntimo, su familia y sus amigos. Y el gremio de prensa. Y Veracruz entero.
Van 15 días y de los matones, nada. Ni de la mente que urdió el crimen. Van 15 días y para Jacinto Romero Flores no hay justicia.
Van 15 días y del policía Cristian Anastasio Quechulpa, al que Jacinto Romero mencionó en su columna El Enano del Tapanco que había disparado contra un ciudadano, Efrén Cano Tepole, nada. Ni de su tía, la síndica de Texhuacan, Salustia Romero, a quien le impactó el señalamiento.
Jacinto Romero alternaba sus columnas con la conducción de un programa de radio, Dígalo Sin Miedo, en Oristereo, en horario estelar. Solía subir a la zona serrana, a Zongolica y otros poblados recogiendo voces y quejas, demandas y denuncias, el retrato de la desigualdad y el atropello, la lucha diaria de los olvidados contra los hombres de dinero y poder, los caciques y sus víctimas.
Van 15 días del crimen y de las dos líneas de investigación que sigue la Fiscalía del Estado, nada.
Las primeras 24 horas, pregonaba el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, son clave. Habían rastreado. Habían husmeado. Tenían —decía— información que llevaría al esclarecimiento del asesinato del periodista Jacinto Romero Flores.
Son ya 360 horas —15 días— y de los autores materiales y de la mente que urdió el crimen, nada. La inacción, el silencio, la pasividad, la simulación de la Fiscalía General de Veracruz y la coadyuvancia de la Secretaría de Seguridad, es vil complicidad. La fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns no mueve un dedo y Hugo Pistolas le ayuda a no moverlo.
“Que no te metas con mi gente hijo de tu puta madre, deja de escribir mamada. Por eso se los carga la v…ga. Ya debes muchas Jacinto Romero. Y esta fue tu última”, decía una de las amenazas que recibió en un chat Jacinto Romero, seis meses antes del ataque.
Otras denuncias periodísticas le valían reclamos y nuevos amagos. Un día citó las tropelías de una mujer, Miriam “N”, con recursos del Jardín de Niños Canek, unos 60 mil pesos. Un tipo que se identificó como Luis del Monte amenazó a Jacinto y a su familia. Decía tenerlo ubicado.
Pero la Fiscalía anda en el limbo. O en Babilonia. Su titular, Verónica Hernández Giadáns, sólo sirve para el atropello legaloide, el encarcelamiento de los adversarios del desgobernador Cuitláhuac García Jiménez, siguiendo la línea infame, la fabricación de culpables, la inquina y la mala leche que va nutriendo las cárceles veracruzanas de presos políticos.
Tras el crimen de Jacinto Romero se alzó la voz de la prensa, revolviéndose los recuerdos, los reclamos, la exigencia de hacerle justicia a los periodistas caídos.
Hablan los amigos, los periodistas, los analistas y el gobierno aberrante de Veracruz no acciona. Aportan pistas, datos, nombres, y el tapiado mental de palacio ni se inmuta. La muerte de Jacinto Romero es tratada con desprecio, como si la mente de Duarte habitara en Cuitláhuac.
A Javier Duarte le mataron 17 periodistas; a Fidel Herrera Beltrán, seis; a Miguel Ángel Yunes, cinco, y Cuitláhuac lleva cuatro. Y aún no llega a la mitad de su sexenio.
Duarte fue cruel, soberbio, torpe, de mente torcida, inaugurándose con una desaparición, la de Noel Olguín, el 8 de marzo de 2011, en Jáltipan, siendo hallado su cuerpo en una fosa clandestina el 11 de junio de ese año, y luego una sucesión de agravios, ejecuciones, cuerpos mutilados, acribillados. Siguieron Milo Vela, columnista de Notiver, su hijo Misael y su esposa Agustina, asesinados en su hogar, en el puerto de Veracruz.
Semanas después, el hallazgo del cuerpo mutilado de la jefa de la sección policíaca de Notiver, Yolanda Ordaz. Meses más tarde, el 28 de abril de 2012, el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, maestra universitaria y una de la periodistas más respetadas por su calidad profesional y agudos reportajes, a la que el gobierno duartista intentó enlodar.
Y luego una cadena mortal: Gabriel Huge, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez, Víctor Manuel Báez Chino, Gregorio Jiménez de la Cruz, Moisés Sanchez Cerezo, Armando Saldaña, Juan Mendoza, Anabel Flores, Manuel Torres, Rubén Espinoza Becerril y Pedro Tamayo.
Y Duarte soberbio, inventándose reconocimientos tan absurdos como impúdicos: un premio por ser defensor de los periodistas y la creación de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, que sirvió para lavarle las huellas de sangre de los caídos que salpicaban su inmensa humanidad; vidas arrebatadas por el crimen organizado que así le calentaban la plaza, lo iban doblegando, exigiendo cuotas, amagando con más asesinatos si no les concedía espacio de poder.
Un día, sin más, Javier Duarte soltó tres frases suicidas: “Se va a sacudir el árbol y caerán las manzanas podridas”; “pórtense bien”, y “entre ustedes hay algunos que sirven a la delincuencia organizada”. Y que le caen el cascada los asesinatos.
Ahora es Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, quien vomita lodo. A la prensa crítica, la que no secundó la embestida para destituir al fiscal yunista, Jorge Winckler, la increpaba. “Aquí vamos a ver quién está del lado de los veracruzanos y quién quiere ser cómplice de un pequeño grupo de personas que ni siquiera son veracruzanas”.
Otro día fue levantado el periodista Marcos Miranda Cogco y su esposa reveló que Eric Cisneros lo había amenazado. Uno más, amagó con proceder penalmente contra el periódico Notiver. En otro episodio se lanzó contra El Dictamen iniciándose una auditoría contra el rotativo.
Cuitláhuac es una vedette. Se engalla en las conferencias. Increpa a la prensa. Se irrita, manotea, se contonea, se quiebra. Asume ese hablar cantinflesco que detona burlas y risa, descalificando a la prensa crítica. Y Veracruz entero se ríe de él.
La policía de Hugo Gutiérrez tiene otra misión: apalear periodistas. En las coberturas de prensa, embiste con sus escudos, golpea con los toletes, insulta sin distingo a varones y mujeres. Un operativo para retirar a ciudadanos que bloqueaban la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa terminó una abierta agresión, amenazas y robo de teléfonos a periodistas.
Vulnerada la prensa, atacada por el gobierno morenista, el baño de sangre se ve venir. El ambiente es hostil, como en los tiempos de Duarte. La agresión es constante, como en los tiempos de Duarte. El linchamiento a los críticos es feroz, como en los tiempos de Duarte.
Cuando los cárteles ataquen periodistas, sólo para calentarle la plaza, Cuitláhuac será otro Duarte. Y terminará como Javier Duarte.
El otro tema es la justicia a los caídos. Veracruz sigue en la mira de gobiernos extranjeros por su condición de entidad en que la prensa es hostigada, vulnerable, perseguida, amenazada y a la fecha ningún periodista asesinado ha recibido justicia.
Alertan, pues, tres entes de peso moral: la Unión Europea y los gobiernos de Noruega y Suecia. Exigen una investigación a fondo, transparente y apegada a la legalidad en el crimen de Jacinto.
Otros organismos internacionales —Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, Comité para Protección de los Periodistas— urgen que la investigación sea independiente, ajena a intereses, sabiendo que una de las líneas de investigación del crimen de Jacinto Romero son las amenazas policíacas.
Pero Cuitláhuac no capta nada. No ve, no huele, no siente. Es un adorno inservible en los pasillos de palacio. No entiende que cada periodista agredido, asesinado, va definiendo el tamaño del régimen criminal que detenta el poder.
No advierte que la sangre de la prensa lo va a salpicar.
Archivo muerto
Olga era el cero a la izquierda ideal. Y cuando se tuvo que ir, se fue. Como autómata, arrinconada, la ministra no se acercaba al fuego político, a los actores del conflicto electoral, a candidatos y lideres, a los hombres de poder. Olga Sánchez Cordero servía para el show. A Baja California la envió su patrón, Pejetustra López Obrador, a soltar que la extensión de mandato del gobernador era legal. Y la Corte a la que ella perteneció, sentenció que no. Fue testigo mudo, actor pasivo, convidada de piedra en el proyecto de militarización de México, callada y cómplice en la violación de derechos humanos de los migrantes, la paliza de la Guardia Nacional a los indocumentados que trasponen la frontera sur. Y así un arsenal de omisiones y silencios hasta que renunció —o la echó Andrés Manuel— de la Secretaría de Gobernación. Sólo fue digna, de palabra, con el movimiento feminista, al que el presidente desdeña. Julio Scherer Ibarra no fue mejor. Consejero jurídico de la Presidencia, tomó la ruta alterna intentando ser el operador político que le diera viabilidad a la Cuarta Transformación. Otro fiasco. Al consejero jurídico le rebotaron en el Poder Judicial de la Federación todas las leyes aprobadas por mayoriteo en el Congreso, frenadas con amparos, con suspensiones provisionales o definitivas. Su operación política estaba condenada al fracaso. Si López Obrador es un fanático de la confrontación política, cero conciliación, Julio Scherer nada iba a lograr. Y nada logró. Se fue cuando Olga Sánchez Cordero renunció a Gobernación, llegó Adán Augusto López Hernández y el Peje le retiró facultades y lo dejó sin brazos. ¿O acaso Scherer pretendía ser el nuevo secretario de Gobernación? Así anda el desastre en el feudo de Andrés Manuel. Más de 20 renuncias de secretarios y funcionarios de alto nivel en tres años de gobierno. El gabinete hace agua, se hunde y el capitán del cayuco no lo termina de ver… Sus expedientes son, por decir lo menos, deplorables. No hacen justicia; lucran con ella. No se ciñen al marco legal; lo tuercen. Así, dos jueces de Coatzacoalcos serán removidos en breve. Uno de ellos, juez civil, carga un historial de trampas y chicanas legales, juicios inventados, resoluciones con las que exhibe su bastarda misoginia, fallos al mejor postor. El otro es una ficha. Cobijados por magistrados sin ética, la mafia del Poder Judicial de Veracruz, llegaron a Coatzacoalcos y se dedicaron a medrar. La carga de sus desmanes la soportan los magistrados que les dieron cuerda, los cómplices que los enviaron a robar… Y al tercer mes, el PRI sigue en shock. Vapuleado por Morena, el priismo de Coatzacoalcos no sabe si mantener la cabeza bajo tierra, aplicarse la ley fuga o renunciar a hacer política. No asumen que el efecto Duarte, por cómplices, por nunca haber alzado la voz, los hundió. Imaginaron que por ser PRI, el electorado les daría el voto a ciegas, como si las raterías de las hordas priistas en ayuntamientos y gobierno de Veracruz, el saqueo a las arcas, las bandas ligadas o adheridas al duartismo actuando como viles ladrones, ufanándose de lo robado, presumiendo las mansiones, los yates, el derroche, se podría perdonar. Morena, con todo y sus mil defectos —su alcalde Víctor Manuel Carranza convertido en una nulidad, atropellando la ley; un ayuntamiento mediocre, infestado de corrupción, atestado de delincuentes, un narcomenudista, hijo de futura regidora, un secuestrador, un robacarros—, tuvo mejor preferencia electoral. El PRI se armó sobre arena suelta, sin cimientos, con un candidato repudiado, Carlos Vasconcelos, de ínfimo perfil, asociado a la extorsión que aplican los operadores cetemistas con todo aquel prestador de servicios o constructor que emprende un proyecto. Mal candidato, nula estructura electoral, el efecto Duarte vigente, la derrota se dibujaba. Morena le pegó dos a uno el día de la elección. Y si no hay relevo generacional en el PRI, y si no se aplica una purga, y si los ilusos y los fanfarrones, los Octavio Sen, los Cedano, los Concepción, siguen simulando que saben operar, en tres años más Morena los terminará de pulverizar… Genio y figura, malandrín hasta la sepultura. Camina Sergio Guzmán Ricárdez rumbo al Congreso de Veracruz dejando trampas, transas, tretas, simulación, cuentas que no cuadran, cuentas que huelen a desfalco y a fraude fiscal en el ayuntamiento de Agua Dulce. El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) le detectó más de 7 millones de pesos en la Cuenta Pública 2020. Son siete observaciones de carácter administrativo que importan 4 millones 457 mil 942.05 pesos, y dos de carácter técnico en relación a la obra público con un monto de 2 millones 780 mil 122.96 pesos. En total, 7 millones 235 mil 065.01 pesos. Para Orfis, se presume daño patrimonial a las finanzas públicas y plantea fincar y determinar daños y perjuicios. Y así cada año. Sergio Guzmán ha sido el peor alcalde de Agua Dulce, con una obra mediocre, de ínfima calidad, asignando obra de forma directa a sus amigos, sin licitación pública; violando protocolos para la compra de equipo para la Policía Municipal y dejando de pagar impuestos federales. El desastre, sin embargo, es mayor. Agua Dulce se convirtió en zona de impunidad para el crimen organizado, proliferando la extorsión y el homicidio, la zozobra ciudadana. Y el alcalde en jauja, trepado en el ladrillo del poder. Va al Congreso de Veracruz a levantar el dedo y a “gestionar cosas”, como refiere en una reciente entrevista. Y cuando se le insiste en sus prioridades, las comisiones en que desearía participar, le aflora la pobreza intelectual: “gestionaré cosas”, dice Sergio Guzmán. Vaya ejemplar. Mientras, Orfis lo evidencia. Por tercera ocasión le halló inconsistencias en el manejo de las finanzas…
Fotos: El Comentario, Jornada Veracruz, Desde el balcón, Plumas Libres