* Acusado de omisión y encubrimiento * Javier Duarte con la prensa de Coatza * ¿Otra vez hampones? * Modesto Guízar, detenido * Marihuana, arma y mercancía robada * Otra deuda millonaria para Minatitlán * Pepe Uribe, azul cambiante * Captura Fisculín peces chicos * De Theurel, Porras y las Vázquez, nada
Quizá otros no, pero el ataque a ocho universitarios fue una conspiración, urdido con saña, fraguado en la mente criminal de quien no escucha sino reprime, de quien no dialoga sino que asedia, de quien antes que hablar, amedrenta. Y luego se exculpa.
Duelen las heridas pero más el agravio. Recuerdan la irrupción violenta, el allanamiento a un hogar de Xalapa, la madrugada del 5 de junio, en la calle Herón Proal, cerca de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, cerca del PRI.
Actuaron los agresores con armas, táctica y técnicas propias de un grupo parapolicíaco —o policíaco o militar—, en sus manos palos con clavos, bates de beisbol, toletes, bastones eléctricos, machetes y armas largas. Salvo uno, todos se cubrían el rostro. Ese uno pudo ser identificado.
Son hoy el Comité 5 de Junio. No cesa la protesta. Hablan y denuncian aquel momento, aquel festín de violencia, como un ataque del duartismo, tramado en el seno de la Secretaría de Seguridad Pública como un acto de represión pura del estado contra los críticos y la disidencia.
Vuelven a hablar, un mes después, y advierten la complicidad del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y su personal, por omisión de auxilio y encubrimiento, e identifican por lo menos tres delitos producto del ataque: “tentativa de homicidio; lesiones calificadas, agravadas por la saña y crueldad, alevosía y ventaja con las que operó el comando armado, y conspiración y asociación delictuosa”.
Hallan conexión entre el grupo agresor y los elementos que supuestamente acudieron a prestarles auxilio. Y acusan que detrás del ataque existen autores intelectuales.
“Consideramos que, por el modo de operar de los atacantes, este atentado fue premeditado, organizado y orquestado —dice el comunicado—. Consideramos que detrás de quienes nos violentaron existen autores intelectuales —responsables de ordenar el ataque en nuestra contra— por lo que demandamos a la Fiscalía investigar y acreditar la responsabilidad por el delito de conspiración, a fin de encontrar y sancionar a quien contrató, organizó, instruyó, entrenó y equipó a los agresores en tácticas, técnicas y procedimientos de tipo policial o militar para perpetrar el atentado”.
En sus partes medulares, el comunicado es el siguiente:
“Nos asumimos como una víctima grupal y sujeto colectivo que de manera conjunta participa en la investigación. Entre todos estamos aportando elementos a la Fiscalía General del Estado y demandando que se investiguen una serie de delitos implicados en el ataque, y no sólo las lesiones de manera aislada.
“Como lo hemos señalado públicamente desde el 5 de junio, con el apoyo de la defensoría de Derechos Humanos que nos acompaña en el proceso, exigimos el cese a la criminalización de la que hemos sido víctimas como estudiantes universitarios dedicados a actividades de carácter social, integrantes de colectivos y grupos en defensa de la tierra, el territorio, la libre expresión y el medio ambiente, estudiantes críticos a los tres niveles de gobierno, a la violencia que vivimos día a día, incrementada por un Estado omiso y un clima de permanente impunidad.
“Informamos que, como parte del proceso, se ha retomado como una línea de investigación, la relativa a los señalamientos que de manera irresponsable hicieron a los medios de comunicación autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (como consta en las notas periodísticas del día 1 de junio) y el Estado mismo, responsabilizando a estudiantes de la Universidad Veracruzana de sucesos que se enmarcan en el contexto electoral de Veracruz, como lo evidencia la ya bien conocida ‘lista negra’, un fichaje en contra de personas críticas del gobierno que consta en documentos provenientes del Instituto Nacional Electoral y de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
“Como agraviados, los estudiantes denunciamos a los atacantes y autores intelectuales por los delitos de: a) Tentativa de homicidio, b) Lesiones calificadas, agravadas por la saña y crueldad, alevosía y ventaja con las que operó el comando armado; c) Conspiración, y d) Asociación delictuosa.
“Denunciamos también a las autoridades que intervinieron en el conocimiento del caso, específicamente a la Secretaría de Seguridad Pública, de quienes sospechamos encubrieron a los atacantes o fueron ellos mismos. Tenemos conocimiento de que con fecha 3 de julio de 2015 han emitido un informe en que manifiestan que sólo se presentaron a ayudarnos, lo cual es completamente falso, como denunciamos en comunicados anteriores. En su momento y como parte de la investigación presentaremos pruebas de cómo ellos están coludidos con un grupo de sujetos que intervienen en la escena y consideramos forman parte de los atacantes.
“Por ello denunciamos al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y al titular de la misma, Arturo Bermúdez Zurita, como responsables de los delitos de los que fuimos agraviados: a) Omisión de auxilio y omisión de cuidado, ya que una vez perpetrado el ataque y ante la gravedad de los hechos y nuestra vulnerabilidad, abandonaron el lugar incumpliendo su deber legal, b) Abuso de autoridad de los servidores públicos, quienes fueron dolosamente omisos con la atención hacia nosotros, víctimas del ataque, y c) Encubrimiento por favorecimiento, puesto que de manera dolosa permitieron que se sustrajera, modificara y alterara el lugar de los hechos que durante más de 10 horas estuvo sin la debida preservación.
“Hoy, un mes después de la brutalidad con la que fuimos violentados, reiteramos nuestra condena enérgica al clima de represión sistemática, de criminalización de la protesta social, y a la categorización del activismo como foco de desestabilización. Exhortamos a los organismos de derechos humanos, organizaciones, colectivos, medios libres e independientes, luchadores sociales, estudiantes y población en general, a sumarse a la exigencia que hacemos al Estado:
“Una efectiva investigación que conduzca al pleno esclarecimiento de los hechos denunciados, a la sanción de los responsables materiales e intelectuales de los actos, y a una efectiva reparación del daño a fin de garantizar que hechos como los ocurridos no se repitan; así como que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar nuestra seguridad e integridad y la de nuestras familias, y el cese al hostigamiento contra estudiantes y activistas”.
En el vértice del conflicto se sitúa el “general” Bermúdez. Lo acusan de omisión de auxilio y omisión de cuidado, de abuso de autoridad, de permitir que el escenario del ataque fuera alterado pues durante 10 horas nadie lo preservó.
Hay la certeza de que el comando agresor es parapolicíaco. Usó armas tácticas. El periodista Andrés Timoteo, autor de Texto Irreverente, en Notiver, señala que ese grupo fue entrenado en la Academia de Policía El Lencero, donde hay testimonio que se practica la tortura. Ahí el caso Gibrán Martiz Díaz, joven cantante levantado por elementos de Seguridad Pública, cuyo teléfono siguió emitiendo señal, captadas por GPS, y luego apareció muerto.
Sigue la protesta. Sigue el reclamo de los ocho universitarios. Los acuerpa la UV, los defensores de derechos humanos, los activistas sociales, los ambientalistas, aquellos a quienes el Informe Bermúdez tilda de “incómodos” y “anarquistas”.
Bajo sospecha, pues, el “general” Bermúdez.
Archivo muerto
Otra ronda de Javier Duarte con la prensa. Se verán en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos. A ver si no sale el desgobernador con que “pórtense bien”, son unos narcoperiodistas, son halcones, son “representantes de la expresión de los delincuentes”, tienen vínculos con el hampa, “todos sabemos quiénes de alguna otra manera tienen vinculación con estos grupos”, o el “vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas”. Es agraviante el lenguaje del gobernador de Veracruz, la desmesura, la torpeza, la perversidad de sus palabras. Así les habló a los periodistas de Poza Rica y desató una tormenta. Puede que en casos específicos tenga razón. Que los denuncie. Si sabe que determinados periodistas sirven al hampa, que lo ponga el caso en manos de la autoridad correspondiente. Es lo que dice la ley. Hoy estará en Coatzacoalcos. Viene a un encuentro con los periodistas, a simular que hay click, que se tragan aunque no se mastican, que respeta la libertad de expresión. Javier Duarte ve a la prensa en tres pistas, como circo grande: en una los hampones, en otra los textoservidores y en otra la prensa crítica. Todos le merecen su desprecio. Convive obligado, sonríe actuado. Si hoy es sincero, si expresa lo que siente, volverá a llamarles hampones, manzanas podridas, “representantes de la expresión de los delincuentes”. Y rematará con un “Pórtense bien”, como si Javier Duarte no se portara mal… Se sacude el clan Guízar. Uno de sus miembros, Modesto Guízar Valladares, cayó en una acción policíaca. Fue detenido en la avenida 16 de Septiembre, en el Estero del Pantano, camino al Polvorín, municipio de Cosoleacaque, en los límites con Coatzacoalcos. Elementos del Agrupamiento Coatzacoalcos de la Policía Ministerial, lo aprehendieron entre lunes y martes, junto con seis individuos más. Le hallaran marihuana y un revólver calibre especial. Se les trasladó al ex penal de Palma Sola. Extraoficialmente se sabe que se les acusará de asaltos en carretera y robo de mercancía que mantenían en un rancho de Jáltipan. Cae Modesto a mes y medio de que su hermano, Gonzalo Guízar Valladares, asuma por segunda ocasión como diputado federal, esta vez plurinominal por el Partido Encuentro Social. Extraña el caso. Siempre interviene Gonzalo por sus hermanos. Se supone que su relación con el gobernador Javier Duarte es excelente. Tres, cuatro días después, Modesto permanece en prisión, quizá para enfrentar cargos por delitos contra la salud, posesión de arma y pertenecer a una banda dedicada a asaltar en carreteras y robar mercancías… Cierran filas los panistas pero para impedir que José Encarnación Uribe Pozos sea candidato a la diputación local. Sus últimos mecenas fueron los hermanos Brito Molina, a quienes debe ser regidor en el ayuntamiento de Coatzacoalcos y a quienes ignora y olvida. Lo desdeñan líderes de grupo y militantes, básicos para operar una campaña, para promover el voto, para cuidar una elección. Él, por su parte, sigue en su tarea de ganar adeptos. Dice que no le inquieta si el PAN lo cacha; le sobran invitaciones de la oposición. Azul cambiante, por lo que se ve… Mal y de malas, el ayuntamiento de Minatitlán. Le debe a medio mundo. Le adeuda 24 millones a Javier Soberano Torres, “El Chatarrero”, quien ganó una demanda por daños y perjuicios derivada del cierre arbitrario de su negocio en los días en que Guadalupe Porras David era alcaldesa. Tiene pasivos laborales, cuentas por saldar con proveedores y constructores. Y si algo faltara, tendrá que pagar más de 500 millones de pesos de un antiguo litigio. Es ahí donde el nuevo alcalde, Héctor Damián Cheng Barragán, tendrá que demostrar que no todo es andarle metiendo billetes a las bailarinas en el brasier… Farsa grande la del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras. Encarcela a ex alcaldes, síndicos y regidores de ayuntamientos veracruzanos, funcionarios de confianza porque no solventaron inconsistencias en sus cuentas públicas. Nada de peces gordos. Puro edil de ayuntamientos de escaso presupuesto. Algunos de ellos sujetos a los excesos judiciales del famoso “Culín”, no por pillos sino por ignorar cómo se llena un formato, cómo se sigue una licitación de obra. Le ejecuta otra orden de aprehensión a la ya encarcelada alcaldesa de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano. Nada se sabe que el Congreso haya denunciado a alcaldes de municipios grandes y de presupuesto abultado. Nada contra Elizabeth Morales García, que mientras despachaba en el palacio municipal de Xalapa, construía casas y mansiones; de Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”—, cuya corrupción en Coatzacoalcos fue evidente, sus compañías y las de sus compadres acaparando obras, desplazando a constructores, incurriendo en sobregiros de más de 200 millones de pesos, derrochando en promoción personal, encubriendo a funcionarios de uña larga; de Guadalupe Porras David, manchada por el puente Capoacán, por inconsistencias de más de 500 millones, por la compra del voto a mansalva. Nada contra los peces gordos, contra las Vázquez Saut en Acayucan, contra los hijos de la fidelidad y los entenados del duartismo. Fisculín mejor se avoca a reventar a alcaldes de municipios de poco presupuesto, muchos de ellos por no haber sabido seguir un proceso de licitación de obra…
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