* La burocracia armó el escenario de la convención * El director del DIF admite * Gloria Santos será candidata del PAN a la diputación * Cinco lecciones de la elección * Pepe Toño González y el ministro * Veracruz sólo creció 0.6 por ciento * ¿Cuánto le cuestan al erario los caprichos de la viceprimera dama?
Curtido en el fraude, y lo que sea fuera de la ley, Joaquín Caballero Rosiñol opera para su partido, el PRI, en el mayor de los descaros. Compra adeptos, renta voluntades y dispone, porque lo tiene a la mano, del erario para organizar y mover al priísmo. Lo instruye o lo somete. Y, si es necesario, incurre en peculado electoral.
Lleva así dos meses. Todo enero y todo febrero, sacudido el PRI de Coatzacoalcos, sus bases y sectores pasmados, ha intentado cuajar la candidatura de Rafael García Bringas, un personaje de pragmatismo indignante que le da lo mismo servirse de los priístas que enfrentarlos, enlodarlos y reventarlos desde su condición de panista, y luego regresar al redil y pedirles el voto y el aplauso.
Joaquín Caballero tiene una misión imposible: usar su influencia como alcalde —usar la amenaza si así se requiere— para integrar a todos, comprometerlos con la candidatura de García Bringas y asegurar con una victoria en las urnas la continuidad del proyecto fidelista-duartista para perpetuarse en el gobierno de Veracruz.
Joaquín Caballero no es un estratega. Era un peón del marcelismo. Ahora es un traidor, y Marcelo Montiel, su padre político, lo siente en la piel. Son como César y Bruto, la túnica envolviendo al emperador apuñalado. O como Caín y Abel. No se le sabe destreza ni habilidad para captar simpatías. No lo distingue un liderazgo. No ha sido un funcionario agradable, menos servicial. Opera a punta caprichos. No habla, grita. No pide, impone.
En consecuencia, su liderazgo es desdeñado porque no parte de la confianza ni del aprecio sino de los rasgos de tiranía que le son propios en su paso por las instituciones. El liderazgo no se obtiene por decreto; se logra por carisma. Y no lo tiene.
Carece el alcalde de Coatzacoalcos del don de la persuasión, negadas sus palabras para convencer al priismo de que García Bringas, pese a que aún huela a PAN, es la opción electoral que puede concitar el voto de la sociedad. Joaquín Caballero no nació para ser líder.
Tiene, pues, un problema grande. Si no encaja a García Bringas en el ánimo de los priístas, lo pretende imponer.
Así hizo en enero, días después del destape de Rafael García Bringas y la debacle del brazo financiero de Marcelo Montiel, Víctor Rodríguez Gallegos, subdelegado administrativo de la Sedesol federal en Veracruz, engañado con una candidatura a diputado federal que no se le dio porque no emociona ni en casa, porque no levantó en las encuestas, porque le encontraron un historial de corrupción.
Convocó Joaquín Caballero a la estructura del marcelismo. Los reunió en el hotel Terranova. Habló de unidad, de lealtad y compromiso. Habló de todo. Y luego se endureció. Deslizó que si tenían empleo, que lo cuidaran.
Hablaba Joaquín Caballero pero el discurso era el que significaba a su antecesor, Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”—, intimidatorio, amenazante. Perdería el empleo quien no cerrara filas y sacara el compromiso del alcalde con el gobernador Javier Duarte.
Coaccionar, forzar, obligar al empleado por razones electorales, para que voten por un candidato, para trabajen por una candidatura, es constitutivo de delito. Es un caso para el Instituto Nacional Electoral, que hasta hoy duerme en el limbo.
Hay voces que bautizan a Joaquín Caballero como el “operador político” de García Bringas y el PRI. No saben ni lo que dicen. No perciben en qué nivel delincuencial lo sitúan. El delito se dimensiona si el alcalde usa sus horas de trabajo para armar eventos políticos, para acercar a priístas inconformes, para limar las aristas que el ex panista, hoy candidato del PRI a diputado federal, dejó en los seis años que dedicó su actividad política a vapulear al priísmo.
Ser “operador político” y a la vez alcalde es incompatible. Teóricamente, es ilegal.
Un segundo episodio revelador ocurrió en la víspera de la convención del PRI en que se constituyó la candidatura de García Bringas.
Era martes 17 de febrero. En las instalaciones del salón de eventos del SUTERM se advertía un movimiento inusual. Un día después se realizaría la convención distrital, fiesta de los priístas, formalización de la candidatura, un show del que los primeros en reírse son las bases, los sectores y la misma dirigencia, sabedores todos que el dedazo es el dedazo y las elecciones internas, teatro vil.
Reveló la reportera Gabriela Rasgado Martínez, de DI Noticias y Revista ERA, la presencia de personal de Acción Social. Acondicionaban el lugar. Lo evidenció con fotografías. Detalló en cuentas de Twitter, la poderosa red social, lo que ocurría, personal municipal en tareas partidistas, en horario de oficina.
Detonó Gabriela Rasgado un tema de alto impacto: el personal del ayuntamiento percibe un salario y eso lo convierte en un recurso municipal; dedicarse a actividades partidistas o electorales constituye un peculado electoral.
Aquella mañana del miércoles 18, hubo intento de diluir lo que la periodista Gabriela Rasgado había evidenciado en las redes sociales. Le llegó una explicación de la presencia de empleados municipales en el salón donde el PRI celebraría su convención distrital.
“Hubo mucha gente sin goze(sic) de salario el día de hoy. El jefe de Recursos Humanos puede darte cuenta de ello en caso de que alguna autoridad o medio lo requiera. Estamos plenamente consientes(sic) de las normas y leyes en materia electoral. Por eso quienes quieran apoyar en alguna campaña tendrán que separarse de manera definitiva”.
La explicación la daba el director del DIF municipal, Jesús Moreno Delgado, el de las pseudopsicólogas que carecen de título y cédula profesional y que aún así son funcionarias, dictaminan, suscriben documentos oficiales, al margen de la ley.
Ni duda queda. Quien acondicionaba el evento para realizar la convención distrital del PRI era personal municipal. Intentaba justificar el director del DIF su presencia, en horas de trabajo, en una actividad priísta, con un supuesto permiso laboral.
Falacia vil, la condición de servidor público no se extingue ni se relega por un permiso de trabajo. Lo mismo argüía el gobernador Javier Duarte cuando fue denunciado por participar en un acto de campaña de Enrique Peña Nieto, entonces aspirante presidencial.
Le aclaró el punto el Poder Judicial Federal: un permiso laboral no extingue su condición de servidor público. Y ordenó que el entonces IFE lo multara.
Joaquín Caballero ya es acreedor a sanción. Su personal de Acción Social participó en el acondicionamiento de la convención distrital del PRI. Lo admite el director del DIF. Y diga lo que diga, constituye peculado electoral.
No todo es traicionar. Eso cualquiera. Lo complicado está en operar políticamente sin dejar huella, manejar las estructuras partidistas de forma transparente, posicionar a un candidato al precio que sea, planchar a los adversarios, someter a la disidencia tricolor. Para eso se necesita más. Y Caballero no tiene con qué.
Por lo pronto, ya tiene un caso de peculado electoral.
Archivo muerto
Se cumple la predicción: Gloria Santos Navarro gana la elección interna del PAN. Será candidata a la diputación federal por el distrito de Coatzacoalcos. Obtuvo 116 votos por encima de Moisés Zarco Lacunza con 107 y Raúl Hernández Baltazar, con 79 sufragios. Tiene cinco lecturas la elección, amargas para unos, inquietantes para otros: 1) Despreocupados, ajenos a todo, los panistas del distrito desairaron el proceso interno celebrado el domingo 22; acudió apenas la mitad de los afiliados a las urnas. 2) Se suponía que Gloria Santos contaba con el respaldo de 300 panistas únicamente de Coatzacoalcos, sin considerar a la militancia de Agua Dulce y los contadísimos de Nanchital. ¿Dónde se perdieron? Sólo la respaldaron 107 azules. 3) Zarco y Hernández Baltazar tuvieron la propuesta de formalizar una alianza de facto, unidos sus votos, uno para candidato propietario y el otro para suplente, pero no aterrizaron un pacto que pudo haberles dado la victoria. 4) Pudo Zarco amarrar la suplencia, dejando pasar a Gloria Santos, quien días antes de la elección se perfilaba como la ganadora de la contienda, como finalmente ocurrió; tras la elección serían fórmula. Lo mismo aplica para Raúl Hernández Baltazar, quien pudo haber negociado la suplencia. 5) Si con ese nivel, si con ese desinterés van a operar los panistas la elección federal, dese por hecho que el PRI tendrá al próximo diputado en San Lázaro… Por razones oscuras, no puede el ayuntamiento de Coatzacoalcos dar de alta en el IMSS a sus nuevos trabajadores o a quienes ya lo son pero que indebidamente se les ha escamoteado la seguridad social. Tiene candado el sistema de afiliación. Trasciende que la irregularidad en los pagos al Seguro Social le ató las manos al ayuntamiento joaquinista. No hay para cubrir las prestaciones de ley, escasean los recursos, se viola la ley. Hay, en cambio, para hacer grilla; para el ejército de “aviadores”, adscritos al departamento 15-30, que cobran sin dar golpe; para las grandes comilonas en restaurantes allegados al círculo de poder, con cargo al erario público. Terrible, inadmisible, la desatención del gobierno municipal. Prohibido enfermarse, menos realizarse cirugías, mucho menos pretender ser dado de alta en el IMSS… Inconfundible, José Antonio González Anaya degustaba las viandas del restaurant El Cardenal, en el hotel Hilton, en la ciudad de México. Su acompañante era el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, jurista xalapeño de amplio prestigio. Ocurre ese encuentro justo cuando la Primera Sala de la SCJN ejerce la facultad de atracción, indebidamente, por supuesto, en el caso del predio Zona Dorada, que González Anaya, su hermano y padre, así como Alfredo Ramón de Diego e hijos, reclaman como suyo. Tienen un amparo perdido el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin recurrirlo, que ya causó ejecutoria, y la SCJN les abre la pauta para que sea revocado cuando no hay causa de interés nacional ni se pone en riesgo la economía de Veracruz, ni hay conflicto por límites territoriales entre entidades federativas. No hay materia jurídica a debatir, pero así es la Tremenda Corte, politizada hasta el exceso. Actúa la SCJN como alcahuete del ex concuño del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. ¿Cabildea, presiona, trafica apellido, lo usa como del ariete del salinismo Pepe Toño González? Quizá. Lo que está en juego es un predio con valor de 500 millones de pesos junto a la Universidad Veracruzana en Coatzacoalcos, que desemboca a la playa, a la altura del hotel Fiesta Inn. El terreno es propiedad de Inocente Armas, pero el salinismo usa a la Suprema Corte para quedárselo… Precisión: no creció Veracruz 5 por ciento en 2014, como aquí se apuntó en la edición anterior. La cifra aportada por la organización “México, ¿Cómo Vamos?” es infinitamente menor: 0.6 por ciento en el último trimestre de ese año. Nos hace la observación el amigo Hasan… ¿Cuánto le cuesta la viceprimera dama de Coatzacoalcos al erario público, a la nómina del DIF, a la caja chica de un alto, muy alto, altísimo funcionario del ayuntamiento, donde precisamente radica el secreto de la poderosa, impune y superconsentida dama? ¿Cuánto cuestan sus caprichos y sus desplantes? Ojo Cristina…
twitter: @mussiocardenas