* Cuatro meses ignoró las denuncias * ¿Quién engañó a Duarte? * Manuel Bringas y Samuel, en la mira * Raúl Bringas rompe el silencio * Los cuatro hermanos vendieron terreno a Arkitektur * “Yo no lucro con los pobres” * Fidel y Colorado, amarrados * Infamia en el DIF de Coatza * Es funcionario y agrede a sus mujeres
A toro pasado, maltrecho, vilipendiado, Joaquín Caballero Rosiñol reconoce, cuatro meses después, que debió interponer denuncias penales, desalojar invasores y rescatar a Coatzacoalcos de la ingobernabilidad en que lo sumió por indolente. Sabe que, por lo pronto, el negocio de 160 millones de pesos ya se le fue al marcelismo.
Cedió tardíamente cuando el caos lo atrapó, la ola de críticas lo destrozó y el cobro de una cuota al estilo de los maras en La Bestia, una extorsión disfrazada a la inmobiliaria Arkitektur, salió a relucir.
Entonces dijo: hágase la justicia y la justicia se hizo.
Joaquín Caballero supo de la invasión al predio de 40 hectáreas aledaño a las colonias Almendros y El Tesoro. Ocurrió en la última semana de mayo y el 29 Arkitektur interpuso las primeras dos denuncias, una ante el Ministerio Público del fuero común y otra ante la Procuraduría General de la República. Denunciaba la invasión, daño ambiental y demandaba la restitución de la posesión del predio.
Caballero se mantuvo impávido. No movió un dedo. Cuando el Mando Único Policial realizaría el desalojo, hubo contraorden. Suspendió el operativo. Una poderosa mano los frenó. Determinó que debía retirarse. Y se retiró. ¿Quién le ató las manos a la policía?
Cómplice de los invasores, el alcalde de Coatzacoalcos los dejó avanzar. Facilitó con su indolencia, con su pasividad, con su inacción, el atraco de las 40 hectáreas.
Vio a la distancia cómo rellenaban grandes extensiones; movían sus casuchas de maderas, cartón y plástico; trazaban calles; se apropiaban de áreas verdes; colocaban postes de luz, alineados bajo las directrices de Obras Públicas y CFE; taponaban un canal de aguas pluviales. Y volvían a avanzar enguyéndose más terreno.
¿Dónde estaba la autoridad municipal? Ahí, callada, complaciente, solapadora, evidente la complicidad con el cerebro de la invasión, Manuel Bringas Burelo, primo del diputado local Rafael García Bringas; su abogado, Samuel Muñoz de la Rosa, cuya cédula profesional todavía no aparece; el pastor del Centro Evangelístico de Coatza, y la sobrina del ministro.
Tuvo informes privilegiados Joaquín Caballero: el número de máquinas que operaban sobre el terreno de Arkitektur, cinco traxcavos por los que se pagaba renta de 20 mil pesos diarios, unos 600 mil al mes, unos 2 millones 400 mil en cuatro meses. Y aparte la planta de luz.
Caballero sabía que ese predio de 40 hectáreas lo vendió el gobierno de Veracruz a Arkitektur a razón de 61 millones 97 mil 326 pesos, según consta en escritura del notario Yohan Hillman Chapoy. Y para evitar reclamos de la Sucesión Bringas Burelo, Arkitektur pagó a sus cuatro integrantes otros 40 millones, 10 para cada uno, entre ellos Manuel Bringas, quien ahora, vía el abogadazo Samuel Muñoz de la Rosa, se dedica a vender lotes de 10 por 20 metros a razón de 90 mil pesos de un terreno que ya no es suyo. ¿Fraude? Por supuesto que sí.
Enfrascado en hacer justicia a destiempo, el alcalde Caballero sostuvo siempre que no había denuncia de los propietarios de los predios invadidos y que por ello no había forma de aplicar la ley. ¿Y el fraccionamiento indebido? Era su atribución y prefirió ser omiso.
Hay por lo menos tres denuncias. Se ventilan en el Ministerio Público del fuero común y en la PGR. Dos son de Arkitektur y una del empresario transportista Ramón Ortiz Cisneros por el predio Punta Diamante o Ampliación Santa María.
Y así seguiría el despojo si no fuera porque trascendió que para ordenar el desalojo de los invasores había que pagar cuota política.
Negocio al fin, ideado en el reino de la Sedesol, el marcelismo le puso precio al desalojo: 160 millones de pesos. Luego tendría un arranque de generosidad: rebajó la propuesta a 80 millones, incluidos los permisos de fraccionamiento, de construcción, cédula catastral, numero oficial, permiso de agua, electrificación. Y estuvo a punto de cuajar.
¿Sabía el gobernador de Veracruz de cuánto sería la extorsión? Sólo en parte.
La cifra de 160 millones, y la posterior propuesta de 80, no era la versión oficial. Arkitektur cedería por una cifra mucho menor, supuestamente. En el círculo cercano a Javier Duarte hubo furia y encono. El marcelismo operó a sus anchas, sometió a Arkitektur y la arrodilló.
¿Quisieron bailar al gobernador? Sí.
A partir de ahí el negocio hizo crisis. Caballero fue obligado a proceder legalmente, desalojar a los invasores y perseguir a los líderes vendelotes: Manuel Bringas, Samuel Muñoz de la Rosa, el pastor y la sobrina. Pero quizá los solape. Qué más da volver a engañar a Duarte.
Sabedor que frenar la venta de lotes es su responsabilidad, la de Obras Públicas y la del área jurídica, el alcalde Caballero se llevó en el torrente al cabildo entero. Sacó un acuerdo unánime la noche del lunes 29 de septiembre, ignorantes los regidores que esa es facultad de las instancias operativas del presidente municipal.
Caballero y sus funcionarios sufren también caos mental. Fernando Ramos Torres, secretario de Obras Públicas, decía que en el predio invadido no habían áreas verdes ni terrenos municipales. Caballero asegura que no hace falta que sean afectados predios con esas características para proceder a la denuncia. Y pide a los dueños de los predios que denuncien por fraude.
Su caso es para un psicólogo. Caballero remite los conflictos por tierras a la regiduría sexta, a cargo de José Antonio Chagra Nacif. Éste tuvo conocimiento de lo que ocurría en Punta Diamante o Ampliación Santa María, pues el 28 de marzo de 2014, el dueño del predio, Ramón Ortiz Cisneros, propietario de la empresa transportista Hermanos del Sureste lo enteró de las invasiones que se realizaban sobre el predio de 10 hectáreas. Chagra fue conminado a responder en términos de ley. ¿Qué hizo? Nada.
Cuatro meses después Caballero quiere aplicar la ley. Desoyó las denuncias. Sabía del fraude. Conocía a los delincuentes. Solapó la venta ilegal de tierras. Permitió el abuso. Ese es el ayuntamiento de Coatzacoalcos.
Se pasea la impunidad por los pasillos del palacio municipal. También los negocios. No ignoraba el alcalde Caballero quiénes eran los rufianes que invadían el predio de Almendros y sus reclamos sobre Punta Diamante. Manuel Bringas y Samuel Muñoz son pájaros de cuenta con antigüedad y diploma. Pero para los efectos de la extorsión a Arkitektur, resultaron la pareja ideal.
Todo iba bien. Se descompuso cuando Javier Duarte supo que la cuota no sería por la ínfima cantidad que le habían contado. Entonces ordenó que se aplique la ley, denuncias por fraccionamiento indebido, por fraude, por despojo, que los traficantes de terrenos se enfrenten a la justicia.
Y el negocio del marcelismo se fue a la basura.
Archivo muerto
Hablar, aunque sea a ras de calle, contar su verdad, mueve a Raúl Bringas Burelo a revelar lo oculto: “Nosotros, los cuatro hermanos, vendimos las 40 hectáreas hoy en disputa detrás de la colonia Almendros. Le vendimos a Arkitektur. Nos pagaron 40 millones, 10 para Manuel, 10 para Dolores, 10 para Bernardo y 10 para mí. Manuel lo sabe. La operación está firmada. Y no hay por qué andar vendiendo una tierra que ya no es de los Bringas Burelo”. Enfatiza Raúl Bringas: “A los pobres no les vendo un pedazo de tierra. Nunca lo he hecho. Nunca he lucrado con la pobreza, mucho menos he vendido tierra que ya no es mía”. Y precisa: “Samuel Muñoz de la Rosa no representa a los hermanos Bringas Burelo. Representa a Manuel Bringas únicamente. Y que yo sepa a mis otros hermanos tampoco. Ni se meten en la venta del predio de Los Almendros, que ya no es nuestro, lucrando con la necesidad de la gente, vendiendo parcelas en abonos, engañando a la gente, pues eso es no es ya de Manuel Bringas, ni tampoco de su abogado Samuel Muñoz de la Rosa”. Así de claro… Demasiado espulgado, el repertorio de Fidel Herrera Beltrán da pena. Con llamarle “El señor de todos los odios” o “ameba política” a Miguel Ángel Yunes Linares no diluye el escándalo por el financiamiento de Francisco “Pancho” Colorado Cessa a su campaña para gobernador, en 2004, y a la de Javier Duarte de Ochoa, en 2010. Se queda corto Fidel, no convence, suscita más sospechas. Dice que apenas si conoció a Pancho Colorado; que la fotografía en que aparecen juntos durante una cabalgata, fue un instante en que Pancho Colorado le hizo un reclamo; que no hubo un centavo ilegal en su campaña, menos los dineros del narcolavador de Los Zetas, y que en el juicio de Austin, donde al dueño de ADT Petroservicios se le condenó a 20 años de prisión, no hay nada que lo implique. Intragable, el rollo de Fidel Herrera acrecienta su fama de mentiroso profesional. No conocía casi a Pancho Colorado, pero su gobierno, vía una maniobra bancaria, le entregó 6 hectáreas de terrenos en la reserva territorial de Coatzacoalcos, que el narcolavador nunca pagó. Caído en desgracia, preso en Estados unidos, cuando fue boletinada su empresa ADT Petroservicios por el gobierno norteamericano y conminado todo el sector empresarial a no tener tratos con ella, Fidel le permitió a ADT deshacerse de las 6 hectáreas con una maniobra para evitar que el inmueble fuera incautado. No lo conocía pero sí lo protegía. Esa y decenas de anécdotas evidencian que entre Pancho Colorado y Fidel hay más que amistad… Gravísimo, en verdad gravísimo, el proceder del DIF de Coatzacoalcos en agravio de una joven madre a la cual le fue arrebatado su hijo de apenas dos años de edad, truncando la ley, dando falso testimonio, dictaminando un estado psicológico que nunca valoraron, parcial su actuación, infame la actuación de media docena de funcionarios, ¿será ajena a todo Cristina Cházaro de Caballero, más entretenida en meterse cuanto cosa para bajar de peso que en atender su changarro como presidenta del DIF? Ella, la madre agraviada, es Lilia Gema Santiago Ríos, a quien incluso el esposo, Carmen Ramos Rodríguez, un malandro con obsesiones machistas, no tuvo empacho en enviar a la cárcel para someterla, y ahora precisamente debe comparecer en demanda de divorcio. En la trama van Jesús Moreno Delgado, director del DIF y traidor al marcelismo; Yahana Lozada Parra, directora del área de psicología; Salvador Hernández Martínez, alias “El Chambitas”, procurador de la Defensa del Menor, de trato lépero, abusivo y prepotente, asiduo visitante de la cantina “Al Pasar me Quedo”, y Patricia Salcedo Gómez, la psicóloga que falseó información para perjudicar a la mamá del pequeño, entre otros. De altísimo impacto la infamia, la conoció en su esencia Karime Macías de Duarte, presidenta del DIF estatal. Instruyó parar al DIF de Coatzacoalcos, frenar el atropello, actuar con objetividad. ¿Será que la pelen los esbirros del joaquinismo? Decenas de documentos integran un expediente que le va a reventar a Jesús Moreno, obsesionado con ser diputado federal aunque se la rasque Marcelo Montiel ¿Diputado federal quien despoja de su hijo a una joven madre? Más adelante, la historia completa… ¿Quién es ese funcionario municipal de Coatzacoalcos de bajos instintos, que se complace en agredir, a puño cerrado, a su pareja en turno, a la ex esposa en su momento, a su novia actual, porque dice que así, y sólo así, alcanza potencia sexual, enferma su mente, peligroso su actuar? Hay más de tres de denuncias y una confesión en video que así lo dicen. ¿Quién será?
www.informerojo.com
twitter: @mussiocardenas