* Otra vez, impedir la toma de posesión * El fraude existió, pero ¿cómo probarlo? * Siete hectáreas para Pancho Colorado * Theurel ningunea al gobernador y al Papa * La mano de Benítez Lucho, Ranulfo y Noemí en Cosoleacaque
Actores políticos, analistas y observadores, opositores y hasta priístas, tuvieron, todos, los hilos del fraude en la elección federal a la vista, pero lo extremadamente complicado es cómo podrá demostrarlo Andrés Manuel López Obrador, el candidato de las izquierdas.
Jurídicamente, parece imposible. Nada conmueve y menos motiva a los magistrados que dirigen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de supuestos o conjeturas. Son tajantes para desestimar evidencias, incluidas aquellas cuya contundencia pudiera suponerse definitiva. Son hombres de hielo, tolerantes y cómplices del PRI, de sus tretas y trampas en todo proceso electoral.
López Obrador camina en dirección contraria al viento. Rema a contracorriente en una empresa imposible, el sueño intangible de tumbar una elección presidencial, sembrando la idea de la conspiración de los demonios de la antidemocracia para despojarlo de la Presidencia de México y alentando a un sector de la sociedad a suponer que se puede revertir el resultado de la contienda.
Cuajado en las penumbras del poder, irreverente hasta con los suyos, el candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista sabe que lidiar con el TRIFE es perder el tiempo. Si lo hace es para cubrir las formas, no salvar aduanas, y evitar que lo acusen de mandar al diablo a las instituciones.
Que hubo fraude, nadie lo duda. Meses, semanas, días antes de la elección por voz de testigos, de los mismos priístas se conoció la compra del voto. El PRI, los gobiernos estatales y municipales, sindicatos, agrupaciones campesinas, promotoras y líderes seccionales del tricolor, realizaban una intensa labor de colecta de credenciales elector; otros entregaban despensas; unos más destinaban camionadas de arena para cubrir baches; algunos tramitaban la regularización de predios irregulares; otros ofrecían becas escolares, atención médica, consultas dentales, anteojos, prótesis. Así se comprometió el voto de los priístas y se diluyó el de la oposición.
Impugnar el recuento de voto sirve de poco o nada. Es, en dado caso, un requisito inútil. Sabedor que el fraude no estaba ahí, AMLO usó ese recurso de ley para no dar pauta a que se le linchara mediáticamente con el argumento de que teniendo instrumentos para demostrar el fraude, no los empleara. Nada modificó el recuento. López Obrador ganó votos, pero Peña Nieto también. Al final, el porcentaje de votación entre uno y otro no varió.
Rejego, necio entre necios, en campaña se le escuchaba decir que los electores podían tomar las dádivas del PRI, las despensas, las láminas, el dinero y que votaran libremente, o que votaran por el candidato de la izquierda. Ahora acusa que hubo compra de votos y que ahí está ese cúmulo de sufragios chuecos.
Su argumento es falaz, tramposo, maniqueo. López Obrador estimuló a un sector del electorado, al sector corrupto, a vender su conciencia, su voluntad y su dignidad; 5 millones de votos comprados, dice el candidato de la izquierda, enredado en su propia trampa.
Otros destinatarios de sus dardos son los medios de comunicación y las encuestadoras. Todos, acusa el impoluto y cristalino líder de la izquierda, se vendieron y vendieron sus espacios y tiempos a favor del priísta Peña Nieto. No todos. Televisa sí y otros consorcios, pero la prensa crítica, la que señala lo mismo al PRI que al PAN o que al PRD, es echada en el mismo saco, etiquetada por El Peje de corrupta, intolerante López Obrador con aquellos que le publicaban sus torpezas.
Lo mismo ocurre con las encuestadoras. Todas, según AMLO, bailaron al son que les tocó el PRI. ¿También las que patrocinó el periódico Reforma, que colocó a López Obrador a cuatro puntos de Peña Nieto, una medición tramposa y falsa pero al gusto del candidato de las izquierdas?
López Obrador, El Peje, tiene en sus manos evidencias frágiles. El financiamiento ilegal de Peña Nieto es real, pero jurídicamente es improbable, indemostrable, a menos que por las manos de López Obrador hubieran pasado recibos, facturas, testimonios de quienes participaron en la fechoría priísta.
Con lo hasta ahora exhibido, difícilmente convencerá a los magistrados del TRIFE, dos de ellos ya denostados por el candidato de la izquierda por sus presuntos vínculos con el PRI o con grupos priístas. Ese fue otro error. Acribillar públicamente, primero a los consejeros deshonestos del IFE, y ahora a los titulares del tribunal electoral, hace predecible que AMLO volverá a pagar caro el desenfreno de su lengua.
Al interior, en las entrañas del PRD, hay quienes ya le aplican los santos óleos al Peje. Dos gobernadores electos, Graco Ramírez Garrido Abreu, de Morelos, y Arturo Núñez, de Tabasco, han expresado que no se puede demostrar la compra de votos. Otra figura de la izquierda, Marcelo Ebrard Cassaubón, jefe de gobierno del Distrito Federal, anunció que en diciembre iniciará su campaña hacia la elección presidencial de 2018.
Le queda, pues, al Peje reeditar el conflicto poselectoral para vender cara la derrota. Anunció un plan para salvaguardar la democracia y simultáneamente, en San Salvador Atenco, inició el operativo para impedir que Peña Nieto tome posesión de la Presidencia, y que se impida la integración del Congreso Federal.
Son los estertores de un líder que ya no da más. Aterrizar la derrota siempre ha sido un dilema para López Obrador. En Tabasco, en 1994, en la elección presidencial de 2006 y ahora, apela a la movilización de masas, al argumento del fraude, al daño a la nación, al atentado a la democracia. Es la coartada para no reconocer una votación adversa y su incapacidad para demostrar un fraude que él, a través del tomen lo que les den, pero voten por el PRD, consintió.
Lejos quedan sus palabras cuando, segurísimo, decía que no habría conflicto poselectoral porque López Obrador ganaría la elección.
Probar, demostrar, jurídicamente el fraude, revitalizaría su lucha. Evitaría la imposición de Peña Nieto por parte de los poderes fácticos a los que definió como la mafia en el poder. Limpiaría la elección y le daría mejores aires a la democracia.
En los hechos, sin embargo, su apuesta es otra. Es cubrir los requisitos de ley y luego, vía terceros, dimensionar un conflicto poselectoral, protestas en las calles, reclamos en las plazas, toma del Congreso y el mayor reto: impedir que el PRI regrese a Los Pinos.
Con ese sueño imposible, encubre López Obrador su incapacidad para aterrizar la derrota.
Archivo muerto
Suertudo, consentidazo, Francisco Antonio Colorado Cessa, alias Pancho Colorado, el mismo al que se le sigue juicio en Estados Unidos por supuesto lavado de dinero de los zetas, no sólo fue un contratista bien avenido en el sexenio de la fidelidad, que displicente le soltó obras por varios millones de pesos en Veracruz. Lucró en otro rubro: la compra de predios en zonas de desarrollo. Adquirió, por ejemplo, casi 7 hectáreas 68 mil 543.59 metros cuadrados en la reserva territorial de Coatzacoalcos, por los que pagó únicamente 10 millones 236 mil 301 pesos. El precio por metro cuadrado fue de 149.34 pesos, menos de la mitad de lo que tienen que pagar por otro predio los integrantes de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos al gobierno de Veracruz, del que son fieles escuderos, por no llamarles mandaderos. Pancho Colorado concretó la operación el 10 de julio de 2007, a través de su empresa, ADT Petroservicios, S.A. de C.V., la misma que fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública por incurrir en un fraude con la remediación del río Coatzacoalcos, tras el derrame de petróleo crudo, en diciembre de 2004. Por aquella operación con el régimen fidelista, supuestamente para que ADT realizara un desarrollo habitacional, Pancho Colorado pagó sólo el 10 por ciento, en términos del fideicomiso F-50101-3 de Bancomer, acto legalizado mediante la escritura pública 5,766, levantada ante la fe del notario 16 de Xalapa, y con el aval de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, entonces a cargo del hoy gobernador Javier Duarte de Ochoa. Incierto, no se sabe cuál será el destino final de esas 7 hectáreas, sobre todo ahora que Pancho Colorado, amigo por cierto del alcalde Tuxpan, Alberto Silva Ramos, otro fidelizta, es juzgado en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado, con los zetas, a quienes, según la justicia norteamericana, les lavaba dinero ilegal vía la compra de caballos de carreras Ningunear no es bueno y menos a los jefes, a los de arriba. Marcos Theurel lo sabe pero le vale. Así lo diga el gobernador (Javier Duarte), el Presidente (Peña Nieto) o el Papa (Benedicto XVI), no les hago caso, sentencia el alcalde de Coatzacoalcos con gesto y aires de perdonavidas. Irrespetuoso, Theurel Cotero tuvo ese exabrupto en pleno palacio de gobierno, a unos metros del privado del secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón. ¿Qué dirá el obispo de Coatzacoalcos, Rutilo Muñoz, de semejante hablada contra Su Santidad de labios de un flamante Caballero de Colón? ¿Y qué dirá el gobernador Javier Duarte de cómo se expresa de él, Marcos Theurel? Del nuevo sainete hay video, el de las cámaras de seguridad del secretario Buganza. Y un audio Tres artífices del fraude tiene la victoria del PRI en Cosoleacaque: Antonio Benítez Lucho, Ranulfo Márquez Hernández y Noemí Guzmán Rivera. Cargados de recursos, movieron el voto priísta y compraron las voluntades que hicieran falta para ganar la diputación federal. Los tres, fidelistas, retuvieron el distrito de Cosoleacaque para la causa del PRI. Benítez Lucho es el actual diputado federal; Ranulfo Márquez, ex líder del PRI estatal, es el coordinador del Programa de Gobierno y hay voces que lo ubican en la Subsecretaría de Gobierno, actualmente acéfala, y Noemí Guzmán, compañera de Fidel Herrera en el Senado, de 2000 a 2004, es la secretaria de Protección Civil del régimen duartista. Nunca está de más tener a tres alegres compadres, de mañas grandes y prestigio corto, para el fraude que el destino les depare