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Una fiscal espuria en un gobierno criminal

* Verónica Hernández inventa asesinos * Botón de muestra: el chivo expiatorio del caso Mollinedo  * Otros fiscales que se coludieron pero no los toca  * En medio del escándalo, Ramos Alor deja Sesver  * 100 mil desaparecidos  * 31 por ciento en el obradorismo  * Los mirreyes de Morena en el Azteca

Espuria y perversa, esta fiscal se regodea inventando asesinos, fabricando delincuentes, construyendo historias sin sustento legal. Y cuando le imputa a Antonio de Jesús “N” el crimen de dos periodistas, detona protestas, la coartada se cae y lo tiene que soltar.

Acá y allá sonó el estruendo. Un balazo en el pie. Un balazo que hizo retumbar Veracruz. Hizo arquear los ojos de Andrés Manuel, los de Rocío Nahle, los de Adán Augusto y de la recua en general. Verónica Hernández Giadáns, la susodicha fiscal, creó un chivo expiatorio, se armó el escándalo, no pudo sostener la versión del crimen y tuvo que recular.

Allá, en Xalapa, había jolgorio y jauja, fiesta y elogio. Cuitláhuac García, esa cosa que dice gobernar Veracruz, exaltando el trabajo de la fiscal. Celebraba la aprehensión de un inocente, hecho pasar por asesino. Justicia para las periodistas asesinadas y castigo para el sicario.

A Antonio de Jesús “N” se le mostró con las manos esposadas, con los ojos ocultos, escoltados por dos agentes de la Coordinación Nacional Antisecuestro, imputado de ser el autor material del asesinato de Yessenia Mollinedo Falconi, directora de la cuenta de Facebook El Veraz, y su compañera, Sheila Johana García Olivera, la camarógrafa.

“El Mara”, el alias con que lo identificó el gobierno morenista, les habría dado muerte descargando el arma, segándoles la vida. Sus cuerpos inertes se hallaron en el interior del vehículo compacto, un Ford Fiesta color gris, tres impactos sobre Johana, uno en la sien de Yessenia.

Y entonces llegó la reacción.

Xalapa se crispó. Salió a las calles la familia de Antonio de Jesús, sus compañeros de escuela, quienes laboran con Jesús Antonio en Rappi, la empresa de reparto de alimentos.

Alzaron la voz los amigos, los estudiantes del Instituto Tecnológico de Xalapa, los que conocían su conducta, los que nunca supieron que Antonio de Jesús hubiera llevado por apodo “El Mara”.

Aquel 9 de mayo, a las 15:20 horas, Antonio de Jesús se hallaba en Xalapa, capital de Veracruz, en su empleo. El crimen se cometía a esa hora, en Cosoleacaque, 370 kilómetros al sur de la entidad.

Antonio de Jesús no tiene el don de la ubicuidad. Pero Verónica Hernández Giadáns, la fiscal espuria, tiene una sobrada perversidad. Y Cuitláhuac es el cómplice de sus transgresiones a la ley.

La defensa de Antonio de Jesús se dio en las calles, en las plazas, frente al palacio de gobierno. Le daban seguimiento los medios, la prensa, las redes sociales, advirtiendo la ira, la exigencia, el llamado a rectificar, exhibiendo la pifia, el montaje, la arbitrariedad.

Y en un instante el montaje se derrumbó.

Días antes, Cuitláhuac se regodeaba anunciando que ya se tenía acreditada la línea más sólida de investigación. Su secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, exaltaba que gracias a los videos en cámaras de seguridad en negocios aledaños al lugar del crimen pudo establecerse la ruta tomada por el par de sicarios tras el crimen y su seguimiento.

Y minutos después de la captura, Cuitláhuac García advertía que se había ejecutado una orden de aprehensión expedida por un juez contra Antonio de Jesús, alias “El Mara”.

Y entonces el arcoiris se desvaneció.

Hubo una avalancha de testigos advirtiendo que Antonio de Jesús, el estudiante, el repartidor de comida rápida, se hallaba en Xalapa a la hora del crimen. Y así recuperó su libertad.

Si fue una arbitrariedad acusarlo del crimen, la excusa de la Fiscalía es peor: lo confundieron con otro Antonio de Jesús, ese sí “El Mara”, delincuente que opera en las inmediaciones de Veracruz Puerto. Era, según el bailarín de cantina metido a gobernador, un homónimo.

El episodio es grotesco pero común en el Veracruz de Cuitláhuac García. A los inocentes se les imputan delitos. A los delincuentes se les rinde pleitesía. A los narcos se les protege.

Hay lagunas que persisten en la aprehensión de Antonio de Jesús, el estudiante del Tec de Xalapa. Se ha ocultado su reacción. No se ha revelado qué declaró entre el momento de la captura y su traslado al penal Duport Ostión, en Coatzacoalcos, donde quedaría en manos de un juez.

¿Acaso reconoció haber sido el autor del doble crimen, amedrentado por los agentes ministeriales, cuya práctica es la violencia, la intimidación, arrancando confesiones ilegales?

Antonio de Jesús la libró. Otros inocentes, no. Su caso deja huella del actuar de Verónica Hernández Giadáns en la mecánica para inventar delitos y fabricar culpables, crear escenarios de ilegalidad y atestar las cárceles con los perseguidos del régimen.

Extraída de una notaría pública en San Andrés Tuxtla, Verónica Hernández brincó a la cantera de funcionarios a modo del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, cuyas marrullerías van desde la amenaza a periodistas, persecución a alcaldes, al exceso de poner a la presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín en manos del crimen organizado y luego ser levantada y asesinada, y ser señalado en un video como protector del Cártel de Sinaloa. A ese clan pertenece la fiscal.

¿De dónde le viene lo espuria? Verónica Hernández Giadáns llegó al cargo violando la ley. Se le vio arropada, cobijada, impuesta por el líder del Congreso, líder de la mayoría morenista, Juan Javier Gómez Cazarín, que en un asalto a la norma, sin plantear haber logrado la destitución del entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz ante el pleno de la Legislatura, lo hizo en la Comisión Permanente y así la convirtió en fiscal. A partir de ahí la foto con el gobernador, con Rocío Nahle, con Cisneros, con Gutiérrez Maldonado. Todo el poder… para joder.

Lo chueco, pues, viene de origen. Llegó al edificio de la Fiscalía acuerpada por policías. Y a partir de ahí, las aprehensiones de políticos rivales, la invención de delitos, los juicios viciados por la complicidad de jueces serviles que también gustan de transgredir la ley.

De ahí, la aprehensión del ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, violando un amparo, imputándole ultrajes a la autoridad, cuyas agravantes serían declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez que a Franco le concedieron su primer amparo, le endilgaron tres delitos más. Ahí se acredita su condición de preso político.

Con otros fue igual. Nicolás Ruiz Rosete, entonces candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Minatitlán, terminó en la cárcel por una acusación de privación de la libertad.

A Gregorio Gómez, candidato de la alianza opositora a la presidencia municipal de Tihuatlán, le atribuyen la autoría intelectual del crimen del esposo de la ex diputada perredista, Azucena Rodriguez, quien paró en la cárcel días de haber concluido su función legislativa.

A José Manuel del Río Virgen, ex secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, le imputan el crimen del ex candidato de Movimiento Ciudadano en Cazones, René Tovar Tovar. También ganó un amparo, pero la fiscal espuria se inconformó y recurrió la decisión.

En Del Río Virgen se acredita una venganza. Su jefe político, el senador morenista Ricardo Monreal denunció y acreditó el abuso del delito de ultrajes a la autoridad en seis jóvenes xalapeños. Fueron liberados pero Cuitláhuac García lanzó la maquinaria contra el amigo de Monreal.

La fiscal es perversa y de piel delgada. Cuando compareció ante el Congreso de Veracruz, en enero de 2022, le irritó escuchar la dimensión de su obra: tiene en prisión a 2 mil 400 inocentes por ultrajes a la autoridad. Se lo restregó la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas.

Ese día, Verónica Hernández Giadáns le llovió y quiso empatar la serie. Si ella es arbitraria, otros fiscales también. Los anteriores se coludían con la delincuencia, dijo. Los anteriores pactaban.

Es cierto. Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal del duartismo, paró en la cárcel acusado de desaparición forzada. Hoy está libre. El gobierno de Cuitláhuac, la fiscalía de Verónica Hernández, lo dejaron pasar cuando un amparo lo favoreció.

Otro fiscal, el regional de Coatzacoalcos durante el yunismo, Ricardo Morales Carrasco, dispensó la autopsia de Bernardo Cruz, brazo derecho de Hernán Martínez Zavaleta, alias Comandante H, jefe de plaza de Los Zetas. Fue destituido al estallar el escándalo. Nadie le aplicó la ley.

Encarcelar se le da a Verónica Hernández Giadáns. Sobre todo a los inocentes. Así lo hizo con Antonio de Jesús, el estudiante. Le imputó el crimen de las periodistas en Cosoleacaque y ante las protestas, la inconsistencia, la coartada se cayó y lo tuvo que soltar.

Digna fiscal espuria de un gobierno criminal.

Archivo muerto

Ya puede seguir dándole a las tumbas, al salsa, a los ritmos de su Puerto Rico querido. Ya se fue Roberto Ramos Alor de un gobierno en el que nunca debió estar. Deja la Secretaría de Salud en un momento coyuntural, entre señalamientos de medicamentos embodegados y acusaciones de corrupción; 884 mil medicamentos para enfermos de cáncer que dice la senadora panista Indira Rosales San Román están a punto de vencer; el escándalo que detonó el diario Reforma sobre Veracruz y Tabasco, donde gobierna Morena, donde se le tiene desprecio a la salud; o cuando el tema del contrato por 41 millones de pesos a Kosmos, empresa que apareciera en la investigación Pandora Papers, le quema las manos a los alfiles de Cuitláhuac García y su primo Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de Finanzas de Veracruz, con una averiguación en el Congreso federal que amenazaba con enviar a la cárcel a Ramos Alor por repetir el esquema de Javier Duarte y la simulación de pagos para luego desviarlos. Como se quiera ver, al renunciar Ramos Alor sirvió como distractor aunque de magra efectividad. Dejó Sesver y los escándalos siguen y seguirán, los de los medicamentos caducos, los del contrato a Kosmos. Renuncia incluso cuando la pifia de la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, con el chivo expiatorio del crimen de la periodista Yessenia Mollinedo Falconi y su compañera Sheila Johana García Olivera, coloca al gobierno de Cuitláhuac García como un régimen criminal. Fue el fusible, se fundió, lo reemplazan y que todo siga igual. Ya se le verá a Roberto Ramos Alor dedicado a lo suyo, a la neumología pediátrica, y a las tumbas, la salsa y los ritmos de su querido Puerto Rico… Más de 100 mil desaparecidos en México, oficialmente, y el 31 por ciento corresponden a la era López Obrador. Más de 100 mil desaparecidos en 60 años y la tercera parte de ellos ocurre en el régimen de la superchería llamada Cuarta Transformación. Sólo de diciembre de 2018 a la fecha, la cifra de desaparecidos suma 31 mil 705. O sea, los 42 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que opera la Comisión Nacional de Búsqueda. Son cifras que han hecho reaccionar con un posicionamiento crítico a organizaciones como Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, exigiendo acciones del gobierno de López Obrador. Y han endurecido la postura de por lo menos 60 colectivos en todo México por el fracaso en las políticas públicas, si es que las hay, de gobiernos que no han parado la tragedia en que viven miles de familias. La pregunta que se formula el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, es: “¿Cuántos y cuántas más para que se diseñe una verdadera Política Nacional para Prevenir y Erradicar las desapariciones como lo recomendó el Comité de Derechos Humanos de la ONU?”. Son cifras aterradoras que se disparan en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa y que son alarmantes en el de Andrés Manuel López Obrador. Y eso que no todas las desapariciones se denuncian… No hay dinero en las arcas pero los Mirreyes del Bienestar se van al Azteca. No hay agua en Coatzacoalcos pero la nueva runfla sigue al América, en día laborable. No despega el ayuntamiento, hay más proyecto que realidad, y la nueva pandilla juvenil ya se da vida de oropel. “Con el erario público y viáticos del Ayuntamiento —dice un reporte interno del ayuntamiento— Jessy Ramos (la multipartidos que ahora es rectora del festejo de los 500 años de la fundación de la Villa del Espíritu Santo en lo que hoy es el municipio de ¡Ixhuatlán del Sureste!); Jocelyn López Rivera, directora de la juventud Ayuntamiento” (la que supuestamente vela por los intereses de los jóvenes) “y demás gente cercana a Samuel Ordaz disfrutan entre semana del partido de liguilla del América”. Balconean al oficial mayor, Humberto Díaz Bautista, que ya no es un chamaco; a Marco Mandujano, hijo del jefe del Taller de Mantenimiento, posición de Samuel Ordaz, secretario del ayuntamiento y tácitamente vicepresidente municipal; Víctor Cruz Romero, alias Kalimba, operador electoral del ex alcalde Iván Hillman y de su otro yo, Mariano Moreno Canepa, y Reynol Hernández, encargado de eventos del regidor Gersaín Hidalgo, antiguo valet y chofer de Mili Chagra durante el fidelato. “Todos ellos de vacaciones mientras la ciudad está sin agua”, dice el reporte. El viaje presuntamente lo promovió el acaudalado líder del sindicato de empleados municipales, Gersaín Hidalgo Cruz. Algunos de los turistas viajaron con viáticos emanados del erario. Entre los mirreyes destaca la favorita del reino, Jessy Ramos, joaquinista, marcelista, yunista azul, que en tiempo récord rebasó y dejo atrás a la familia Morena. Cinco meses y esto ya pinta mal: un concurso con un logo plagiado, medio año sin un arranque real, Coatzacoalcos sin agua y los Mirreyes del Bienestar haciendo turismo cultural y escapándose al estadio Azteca, le vayan al América o no. Como en los tiempos de Marcelo Montiel y con los herederos del marcelismo disfrutando las mieles del poder…

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Foto: Especial