Los delitos de la fiscal Samyra Khoury

* El desalojo en Almendros, en terreno equivocado  * El tío incómodo del gobernador  * Que Samuel y Bringas devuelvan el dinero del fraude  * Chiquiyunes se da por desaforado  * Saúl León: desvío de recursos  * Coatza para el PRD  * La alianza, con ganas de perder  * Regidores desairan a Gloria

No es que Samyra Khoury sea una mala fiscal. Es algo peor. Se especializa en violar la ley, incurrir en abuso de autoridad, atropellar juicios de amparo, destrozar el patrimonio de los demás y, sobre todo, ser servil al tío incómodo del gobernador Javier Duarte.

Protagoniza un turbio episodio legal, atrapada en el caso Los Almendros, cuyas virtudes legaloides le sirven para restituir hasta los terrenos que no son parte del juicio contra el tormentoso José  Gertrudis Guízar Valladares, uno de los conflictivos hermanos del diputado Gonzalo Guízar Valladares, cliente en los juzgados por denuncias de despojo de predios.

Samyra del Carmen Khoury Colorado es pieza clave en el proceso de desalojo de por lo menos 300 familias que habían invadido y levantado casas, la mayoría de lámina y cartón, otras de material e incluso con alberca, en el predio situado entre la colonia Almendros y el malecón de Coatzacoalcos.

Partía la orden de la Sala Quinta del Tribunal Superior de Justicia con tufo a drenaje duartista. Acató el juez primero de Primera Instancia, Guillermo Vargas Hernández, para concretar el desalojo del predio reclamado por la empresa Gestiones Inmobiliarias Arkitektur, invadido por decenas de familias a las que engañaron Manuel Bringas Burelo, uno de los ex propietarios del terreno, y su asesor, el pseudoabogado Samuel Fernando Muñoz de la Rosa, sedicente defensor de derechos humanos. Vaya contradicción. San Samuel incurriendo en pecados de fraude y despojo.

Samyra Khoury secundó las acciones del juez Vargas, cuyo historial en casos turbios y acusaciones de corrupción son lo suyo. Actuó sobre el lote ubicado en la parte norte del terreno, escriturado a nombre de Rosario Ramírez, a quien vinculan en la Fiscalía con Gertrudis Guízar en calidad de prestanombres, y a sabiendas que existe un juicio de amparo, procedió al desalojo y a la destrucción de la vivienda ahí edificada. Primer delito.

Era un caso de trámite. Sólo había que acreditar legalmente que el predio ocupado por Guízar Valladares es propiedad de Arkitektur y procedería la restitución de la posesión.

Sin embargo, Samyra y el juez Vargas se excedieron. Una por acción y el otro por omisión, pues durante la restitución y desalojo nadie se acreditaba como actuario del juzgado. O sea, la ley trastocando la ley. Segundo delito.

Usó la fiscal regional el juicio contra José Gertrudis Guízar para desalojar la totalidad del predio. Ignoró que sobre la mayor extensión del predio hay denuncias penales por fraccionamiento indebido, interpuestas por el ayuntamiento de Coatzacoalcos, que apenas caminan o que se estancan porque los implicados, Manuel Bringas y Samuel Muñoz, el santo patrón de las invasiones, pese a tener orden de aprehensión, no han sido llevados a juicio. Tercer delito.

Sabía Samyra Khoury que el juicio de amparo interpuesto por el explosivo José Gertrudis Guízar impedía acciones legales. Sabía que Arkitektur denunció el despojo pero no pudo probar.

Martha Martínez, ex apoderada legal de la inmobiliaria, acudió al sitio del conflicto, hizo constar en autos que nunca se le notificó que había sido relevada de esa representación, dejó constancia que se deslindaba del caso y declaró que el predio reclamado a José Gertrudis Guízar no es propiedad de Arkitektur.

Aún así, la fiscal regional en el sur de Veracruz procedió a la restitución de todo el predio violando juicios de amparo y suspensiones ordenadas por jueces federales. Cuarto delito.

Incurría en abuso de autoridad porque, a fin de cuentas, es su naturaleza, es su conducta en los tribunales federales, cobijada por su mentor, el magistrado Vicente Mariche de la Garza.

Ese día, en los terrenos de Los Almendros, se hacía sentir la mano de Javier Duarte, pasivo hasta entonces, omiso ante las denuncias de fraccionamiento indebido interpuestas por el ayuntamiento de Coatzacoalcos contra Manuel Bringas y Samuel Muñoz, y el fraude por la venta de lotes en un predio que fue, pero ya no era suyo desde que en noviembre de 2013 se extinguió la Sucesión Bringas Baldwin.

Un personaje, ajeno al conflicto hasta entonces, irrumpía en la escena legal. Se trataba de Jorge Ramírez Perez, tío político del gobernador de Veracruz, padre el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Jorge Fernando Ramírez Tubilla.

Así, el “tío incómodo”, tío político de la esposa del gobernador, Karime Macías Tubilla, nuevo apoderado de Arkitektur, iniciaba la limpia del predio Los Almendros, tomado de la mano de la fiscal regional para el sur de Veracruz, la polémica Samyra Khoury, violando amparos, excediendo sus funciones, incurriendo en abuso de autoridad, destrozando el patrimonio de cientos de familias, que así pagaban el precio de haberse prestado a una invasión, engañados algunos por la mancuerna Bringas-Samuel, autores del fraude millonario, cómplices otros más.

Jorge Ramírez Perez, célebre por contar con un ingreso a prisión el 6 de febrero de 1993, por fraude a Bancomer, junto con Jesús Antonio Macías Yasegey y Luis Dacarett Habib, en los días en que gobernaba Patricio Chirinos Calero y su puño férreo era el hoy diputado panista Miguel Ángel Yunes Linares, es la prima dona de Arkitektur para rescatar el terreno que les invadieron las hordas de Manuel Bringas y Samuel Muñoz de la Rosa.

En abril 3 de 2012, INFORME ROJO reseñó un fragmento del perfil de Ramírez Pérez y el ingreso a prisión. Aquí unas líneas:

“Ramírez y socios fueron acusados y aprehendidos por orden de un secretario de juzgado habilitado como juez, bajo cargos de fraude por 64 mil dólares, o sea, 2 mil 250 millones de viejos pesos, en aquel entonces, al simular el traspaso de propiedades que se hallaban en garantía para avalar el crédito. Involucraron a tres empresas: Materiales y Representaciones del Istmo, Tesifé y DAVAZ.

“Tres días después, tras devolver el dinero que Bancomer les había prestado para la adquisición de un cargamento de materia prima para fertilizantes, recobraron su libertad”. Lo que es la calidad moral.

A Jorge Ramírez sirve la fiscal regional, especialista Samyra Khoury en ejecutar órdenes de aprehensión y desalojos de predios, una redituable actividad en el aparato de justicia estatal.

Jorge Ramírez limpia el terreno de Arkitektur con el mismo aparato judicial que antes se negó a actuar. Suple al delegado de Sedesol federal en Veracruz, Marcelo Montiel Montiel, en el coyotaje de desalojo, a quien en versiones extraoficiales le señalan de haber exigido un pago de 80 millones de pesos a los socios de la constructora para lanzar a los invasores y tramitar los permisos de fraccionamiento, construcción, alineamiento y asignación de número oficial. Algunos de esos trámites los otorgó el alcalde marcelista Joaquín Caballero Rosiñol.

Una versión conocida en la cúpula de Arkitektur habla de un pago de 8 millones de pesos por el desalojo de la totalidad del terreno Los Almendros.

A Jorge Ramírez no le es ajeno el caso Almendros. Sabe de la operación de compraventa con los hermanos Bringas Burelo y la extinción de la Sucesión Bringas, según consta en escrituras públicas otorgadas en el puerto de Veracruz.

Conoce la otra parte de la operación: la venta por parte del gobierno de Veracruz, vía Invivienda, a Construplaneación y de ésta a Arkitektur.

Sabe que ahí también hay fraude. Construplaneación sirvió como empresa pantalla y luego suspendió actividades. Construplaneación lleva como apoderada a la contadora Paulina Quijano Torres, quien es socia de Arkitektur.

Otro elemento clave es José Antonio Madrigal, conocedor a fondo de la trangulación del pago de 40 millones de pesos que no se reportó fiscalmente, como tampoco la dación en pago a otra empresa, Balfin, por 70 millones de pesos.

Falta ver cómo enfrentan Manuel Bringas Burelo y Samuel Muñoz de la Rosa las denuncias por fraude, el reclamo de las cientos de familias que suscribieron los contratos de comodato y que aportaban 2 mil pesos mensuales para adquirir los lotes de 10 por 20. Otra contradicción pues o es comodato o es venta.

En documentos, quien recibía el dinero era Manuel Bringas. En los hechos, lo hacía Yolanda Ortiz Jiménez, sobrina del pastor Benito Cruz, de la iglesia Ríos de Misericordia —ríos de fraude—, quien incluso recibió recursos del redondeo en las tiendas Oxxo para su albergue de ancianos y que, como se ve, lo usó para la invasión.

Yolanda es a la que Samuel Muñoz se anda “echando al plato”, como dice uno de los invasores en un audio. La otra cobradora es Francisca Cruz Ovando.

Queda bien Samyra Khoury con el duartismo. Se excede y viola la ley. Sirve con servilismo puro al “tío incómodo” del gobernador, Jorge Ramírez, ligado a la casa de Javier Duarte en Maricopa, Arizona, Estados Unidos. A todo se presta la fiscal aunque luego tenga que encarar la ley.

Enfrenta ya el recurso de inconformidad por la violación al juicio de amparo, que es tema federal, y el reclamo de familias invasoras, así como propietarios de predios que nada tenían que ver con el desalojo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

Lo que es andar en la cuerda floja.

Y es que no es mala fiscal sino que le gusta violentar la ley.

Archivo muerto

Va rumbo al desafuero Miguel Ángel Yunes Márquez. Y a prisión. Y a ser la víctima política de Javier Duarte. Admite el alcalde de Boca del Río que le será retirada la inmunidad para ser enjuiciado por enriquecimiento ilícito, no porque haya elementos de prueba sino porque así abusa del poder el gobernador. Al edil, vástago del diputado panista Miguel Ángel Yunes Linares, fantasma de cabecera del gordobés, no le admiten las evidencias que presenta en la Fiscalía General de Veracruz aduciendo “secreto bancario”, los dados cargados para el acusador “Culín”, alias Luis Ángel Bravo Contreras, que de autónomo nada tiene, de negro historial en su paso por los tribunales de Córdoba, defendiendo a la peor escoria de la sociedad. Dice Chiquiyunes que se defenderá con todo y que su encarcelamiento lo impedirán sus fans. Algo así como el capítulo azul del desafuero del Peje… Saúl Wade León gusta del dinero ajeno. Lo tiene en sus manos. Lo usa como si fuera suyo. Así, el tesorero del ayuntamiento de Minatitlán hace cuanto quiere con los recursos federales, los retiene y los oculta, los desvía y viola la ley. Hay evidencia contundente, con cifras y detalles, de lo que el señor de los dineros, el cachorro del líder de la Sección 10 del sindicato petrolero, Jorge Wade González, suele hacer. Será la historia mejor contada, versión Mina. Mañana los detalles… Primer strike para la alianza PAN-PRD. Trasciende que de los 14 distritos otorgados al PRD en Veracruz, el de Coatzacoalcos urbano tendrá candidato perredista. O sea, una sonora derrota. Si de algo carece el Partido de la Revolución Democrática en Coatzacoalcos es de militantes con imagen, con prestigio, con estructura y con trabajo entre el electorado. Lo persiguen sus disputas, la lucha de tribus, la descalificación, riñas a puño limpio, golpes por debajo de la mesa, desbandada hacia el PAN, PRI, Morena y PT. Se duelen los panistas de la entrega de la plaza, a modo para que el PRI, sea con un ilustre desconocido o con Víctor Rodríguez Gallegos, que no levanta ni levantará, les aplique un sonoro revés. Entrega la plaza el PAN estatal, acusan en corto. Se venden al PRI, agregan. Y si la fórmula se repite en los 14 distritos donde el PRD no pinta, Miguel Ángel Yunes Linares o Juan Bueno torio, el que sea el candidato de la alianza o Frente Amplio Opositor, está condenado a perder por lo menos medio millón de votos. Y el PRI, Javier Duarte, el Pato de Tuxpan Alberto Silva, los Yunes rojos, Erick Lagos y hasta Fidel Herrera Beltrán, felices de ver que la posible victoria de Yunes Linares al gobierno de Veracruz se aleja y con ello el riesgo del duartismo de parar en prisión… Que cinco regidores desairen un informe de labores, que acusen conflicto y manipulación, que repudien que el DIF sea usado como trampolín político, es presagio de tormenta. En ese escenario se mueve la titular del DIF en Las Choapas, Gloria Ochoa de Estrada, perredista por fuera, priista en su interior, que acumula iras y rencores, pues desde el día en que su esposo, Marco Estrada Montiel, llegó al ayuntamiento de Las Choapas, dio muestra de su obsesión por el poder. La Señora Presidenta —sus detractores dicen que sus faldas son las que gobiernan— acude a eventos del PRI, le alza la mano a candidatos del PRI, inserta parientes en puestos clave del gobierno municipal y desde el DIF hace campaña porque en su retorcida mente sólo hay cabida para la próxima diputación local. De ahí el desaire y la condena de cinco regidores, que acusan broncas con doña Gloria, y quien en respuesta ni como gesto de educación los invitó. Eso es construir el camino a la derrota del PRI en el distrito Coatzacoalcos rural…

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Foto: Mussio Cárdenas

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