* Jorge Carrasco informaba sobre el caso Regina * La revista responsabilizó a Javier Duarte de la amenaza * El ex corresponsal de Televisa y el jefe Zeta * Erick Lagos no quiere ser candidato * Víctor Rodríguez cierra la puerta al marcelismo * La alianza PRD-PAN va * Katia Carrillo a TV Azteca
Rubén Espinosa se fue por miedo. Huyó de Veracruz el fotoperiodista, colaborador de Proceso, alertado del peligro, espiado y amenazado. Llegó al DF, confiado en que la distancia le salvaría la vida. Hoy está muerto.
Jorge Carrasco Araizaga, reportero de Proceso, fue advertido del riesgo, un presunto operativo para ultimarlo, en 2013, surgido de los sótanos del poder en Veracruz. Irían por él al DF.
Jorge Carrasco era coadyuvante en la investigación ministerial por el crimen de la entonces corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez. Atendía el caso, sus avances y rezagos, el sesgo que daba la Procuraduría duartista, desde aquella aciaga tarde del 28 de abril de 2012, cuando el cuerpo de la periodista fue hallado sin vida en su hogar, en Xalapa.
Informaba puntual Jorge Carrasco. Detallaba el manejo que el gobierno de Javier Duarte daba a las pesquisas del crimen. Advertía la intención de desvincular la actividad periodística de Regina Martínez de las causas por las que fue ejecutada.
Tenía el reportero una condición de privilegio, al acceder al expediente del caso. Así pudo constatar la intención de fabricar un chivo expiatorio en la persona de Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”. Y así fue.
El 14 de abril de 2013, Proceso publicó el reportaje de Jorge Carrasco en que informó sobre la sentencia condenatoria contra “El Silva” a 38 años. Sin embargo, precisó que la juez Beatriz Rivera Hernández no tomó en cuenta que en la casa de Regina Martínez no se halló ni huellas dactilares ni pruebas para exámenes de ADN que pudieran acreditar que el sospechoso era culpable del asesinato o que hubiera estado ahí. Escribió Carrasco:
La juez sólo siguió la “verdad jurídica” construida por la PGJ a partir de la confesión del condenado y de acusaciones de María del Rosario Morales Zárate, su hermana de crianza y esposa de Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, a quien la dependencia señala como el autor principal del homicidio. Tanto a la PGJ como a la juez le bastaron esos dichos. No hubo ninguna prueba pericial que demostrara esa verdad legal, ni huellas o muestras de ADN que inculparan a Silva.
Rivera Hernández dictó la condena sin ser informada por la PGJ de que no se encontró ni una sola huella del Silva en la casa donde la periodista de 49 años fue asesinada el 28 de abril de 2012, en la ciudad de Xalapa.
Un dictamen pericial de la PGJ elaborado el 29 de octubre de ese año, casi un mes después de consignarlo ante la juez, concluye contundente: “Los fragmentos dactilares latentes (dubitable) y los decadactilares del C. Jorge Antonio Hernández Silva, alias El Silva (indubitable), no corresponden en ubicación, situación, relación, forma y dirección”.
Esa información detonó la amenaza contra su integridad. El 16 de abril, Proceso dio a conocer que se habían activado protocolos de protección y que hacía responsable al gobernador Javier Duarte de lo que pudiera ocurrirle a Jorge Carrasco y al corresponsal Noé Zavaleta.
La información fue la siguiente:
El semanario Proceso informa a la opinión pública que a raíz de la cobertura periodística y la coadyuvancia en las investigaciones ministeriales llevadas a cabo por nuestro reportero Jorge Carrasco Araizaga en el caso del asesinato de nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, hemos recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal del periodista.
Desde el pasado domingo por la noche, Proceso empezó a recibir informes acerca de una reunión entre exfuncionarios y funcionarios de gobierno, de seguridad pública y de la Procuraduría veracruzana cuyo propósito era acordar acciones hostiles en contra del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno el caso de Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el mismo domingo 14.
La cita habría tenido lugar en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa, con la pretensión de ordenar la búsqueda de información personal del periodista en todas las bases de datos nacionales, además de dar con su paradero. Este semanario pudo averiguar que en esa reunión se acordó el traslado de agentes del gobierno veracruzano al Distrito Federal, así como a los estados de México, Morelos y Querétaro, para recabar datos relativos al periodista.
Este martes 16, la información más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer lunes se realizó una nueva junta, en la cual se decidió la captura del reportero y la decisión de hacerle daño en caso de que se resista.
Los asistentes a dicha reunión, según este informe, fueron enfáticos en “tener cuidado con las cámaras” de seguridad pública instaladas en el Distrito Federal, donde ya se encuentra “gente” del estado de Veracruz.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación fueron puestas al tanto por este semanario de todos los detalles relativos a esas juntas y sus supuestos participantes. Desde la noche del lunes, estas autoridades activaron el mecanismo de protección a periodistas en favor del reportero.
Proceso responsabiliza al gobierno del estado de Veracruz de cualquier agresión que pudieran sufrir a partir de estos hechos Jorge Carrasco Araizaga y su familia, el actual corresponsal de la revista en la entidad, Noé Zavaleta, y todo el personal que colabora con este semanario en todo el país.
En el curso de hoy martes, tanto el gobernador Javier Duarte como el mayor José Nabor Nava Holguín, subsecretario de Seguridad Pública del estado, y Mario Delfín, director de la Agencia Veracruzana de Investigación, negaron de manera tajante haber tomado parte en las reuniones mencionadas y de las amenazas vertidas en ellas.
En declaraciones a Proceso, el mandatario y sus colaboradores se comprometieron explícitamente a respetar el trabajo periodístico de la revista, de sus reporteros y del corresponsal con sede en Xalapa, Noé Zavaleta. Duarte, adicionalmente, se comprometió a que habría un respeto absoluto a la integridad física de Jorge Carrasco.
Jorge Carrasco fue objeto de protección y se salvaguardó su integridad. Pudo continuar su actividad como reportero de Proceso en el DF, crítico en todo sentido.
Contundente, Proceso hizo responsable a Javier Duarte. Detectó el operativo en el que participaban “funcionarios y ex funcionarios” de seguridad y de la Procuraduría, hoy Fiscalía, que tramaban acciones “hostiles” contra Carrasco Araizaga.
Señaló que en la reunión más reciente “se decidió la captura del reportero y la decisión de hacerle daño en caso de que se resista”. ¿Acaso tramaban un levantón como el de Goyo Jiménez o Moisés Sánchez Cerezo?
Encrespa a Javier Duarte la línea de Proceso. Es su catalizador, el espejo de su desgobierno, el desastre financiero, la deuda descomunal, la violencia, la inseguridad, el baño de sangre, mutilados por doquier y 14 periodistas muertos en el ejercicio de su profesión, la mayoría críticos indomables.
Proceso lo desnuda y paga la factura. Primero fue Regina, asesinada; luego Carrasco, amagado con acciones “hostiles” para capturarlo, y ahora Rubén, ejecutado. ¿Quién sigue?
Vaya similitud. En ambos casos se habla de envío de matones al DF. A Jorge Carrasco se le pudo proteger; a Rubén no. En los dos se advierte la irritación del gobierno duartista por su trabajo periodístico. En los dos está el factor “cámaras de seguridad”; que se cuidaran de no ser grabados al levantar a Carrasco y las que no funcionaban en el edificio donde mataron a Rubén aunque los supuestos asesinos aparecen en un video de vigilancia del gobierno del DF. En el caso Regina, el detenido está señalado de robo, no de asesinato; en el caso Rubén, el detenido presuntamente participó en el robo, pero no admite que mató a nadie.
Rubén Espinosa sentía el asedio de los agentes del duartismo que le seguían los pasos, que lo acompañaban a todas partes, que lo veían y llegaron a hablarle, que dejaban su mensaje intimidatorio.
Salió de Veracruz el 9 de junio. Se fue al DF. Un día, en un café, un tipo se acercó y lo llamó por su nombre. Le expresó que él, Rubén, era el periodista que había tenido que irse de Veracruz.
Se supo inerme. Lo habían ubicado. Sabían sus movimientos. Planeaba regresar y enfrentar lo que fuera. Cuando lo comentó, le aconsejaron que aguardara, que el peligro no había pasado.
Su exilio terminó el 31 de julio. Ese día le arrancaron la vida.
Archivo muerto
Ironía mediática: difunde Televisa que el fotoperiodista Rubén Espinosa da positivo para cocaína y marihuana y Nadia Vera positivo para marihuana. Lo festinan los duartistas, sus bots, sus textoservidores, como si en el gobierno de Javier Duarte no hubiera adictos o ebrios consumados. Recuérdese aquella entrevista mañanera del gobernador, aún bajo los efectos del alcohol, donde describía la autopista México-Tuxpan como “pa-drí-shi-mo”, o el día de la mega parranda, beso incluido, con Romero Deschamps en Coatzacoalcos. Cierto o no, consumidores o no, nada justifica la saña con que fueron asesinados Rubén y Nadia. Horas después, un ex reportero de Telever, filial de Televisa, Juan Heriberto Santos Cabrera, es asesinado en el interior de un bar en Orizaba. Presuntamente departía con el jefe de plaza de Los Zetas. Mueren seis personas. Dos reporteros del periódico El Buen Tono, que también se habrían hallado en la mesa del capo, resultaron ilesos. Los despidió el propietario del rotativo, José Abella, porque afirma que ahí no estarían hablando de periodismo ni de libertad de expresión. Según información de los periodistas de El Buen Tono, difundida por Radio Fórmula, Juan Heriberto Santos Cabrera sería quien pagaba a los reporteros asignados a la fuente policíaca para que ocultaran información relacionada con los zetas. ¿Desde cuándo era el planchador del crimen organizado entre la prensa? ¿De dos meses a la fecha o cuando fungía como corresponsal de Televisa? O simplemente este también es montaje, llevándose al baile a la empresa de Azcárraga… Quienes saben contar, que no cuenten con Erick Lagos. No será candidato a gobernador de dos años en 2016. No es su proyecto. Irá, eso sí, por la de seis, en 2018. Usará su condición de líder de la bancada priísta veracruzana para posicionarse, para revitalizar al fidelismo, para hacer amarres, comprar conciencias, someter inercias, torcerle la mano al rival. Tiene definido el ex secretario de Gobierno y ex líder del PRI estatal que al minigobierno irán Héctor Yunes Landa o Pepe Yunes Zorrilla. Pero si el PRI se fractura, se divide y Pepe Yunes cumple su promesa de apoyar “al candidato de otro partido”, el próximo gobernador será Miguel Ángel Yunes Linares. Y en ese escenario habrá persecución, denuncias, cacería de brujas y cárcel para fidelistas y duartistas. Y entonces tampoco habrá sexenio en 2018. Por lo pronto, Erick Lagos asumirá su diputación federal en septiembre y será el pastor de los legisladores priístas veracruzanos… Si los astros se alinean, si del Movimiento Territorial Víctor Rodríguez Gallegos brinca a la candidatura del PRI a la diputación local, en 2016, habrá cancelado toda posibilidad de que el marcelismo pueda disputar la alcaldía de Coatzacoalcos en 2017. Colmados de espacios, de cargos, de reflectores, a las huestes de Marcelo Montiel no se les cumpliría el capricho de seguir ostentando la presidencia municipal. De ahí la condescendencia de Mónica Robles, Iván Hillman, el Partido Verde, el Clan de la Succión, para que pasen los marcelistas, se alleguen la diputación local y le dejen al camino libre hacia la alcaldía a la hoy diputada local por Coatzacoalcos. O sea, Víctor Rodríguez cerrando la puerta a su grupo político y abriéndosela a la inefable Mónica… Esta vez sí. Tan mal quedó Javier Duarte con el Partido de la Revolución Democrática, con los Chuchos y Nueva Izquierda, que la alianza con el Partido Acción Nacional es un hecho. Será avalada en el próximo congreso nacional del PRD, donde elegirán nuevo líder tras el retiro de Carlos Navarrete de la dirigencia nacional. En Veracruz, el consejo estatal lo dominan Nueva Izquierda y el ex diputado local y federal, Rogelio Franco Castán. Sacarán el acuerdo con sus consejeros, sin pactos ni enredos, sin los Condado de Acayucan, sin Romero Aquino, sin Moreno Brizuela, sin la corriente de Amalia García. Esa alianza PAN-PRD, en este momento, sin trabajo electoral, se llevaría por lo menos 15 de los 30 distritos. O sea, partiría al Congreso de Veracruz. Falta el trabajo político. Una vez que se desarrolle, amarillos y azules estarían a centímetros de controlar la Legislatura, traer a cuentas al gobernador Javier Duarte, encarcelar a su pandilla duartista y cancelar toda posibilidad de que el PRI pueda ganar la elección en 2018. Dicen los perredistas que nada de lo que ofrezca Javier Duarte para frustrar la alianza, se compara con lo que tendrán en sus manos si llegan al gobierno de Veracruz… Ericka Corona fue por muchos años editora y factor clave en TV Azteca Coatzacoalcos. Ya no lo es. A su relevo llega Katia Carrillo Cervantes, ex conductora de noticiarios en Olmeca TV y DI Noticias. Ericka Corona tenía en el pulso de la noticia, editaba y detentaba la jefatura de información. Katia es imagen, ángel y simpatía. La belleza tiene lo suyo. Es la línea de TV Azteca nacional…
twitter: @mussiocardenas