Comisión de periodistas: el pleito por el botín

* La CEAPP, invento del gobernador que no protege a nadie  * El crimen de Goyo Jiménez, pretexto para reestructurarla  * 22 millones en juego  * Debe extinguirse  * El drogadicto de palacio  * Javier Duarte se cura en ¡salud!  * Marissa disfruta su beca  * Caballero y su ayuntamiento de remendón  * Cristina y la voluntaria viciosa

Muerta de origen, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz no evitó el crimen de Gregorio Jiménez de la Cruz, ni impidió el exilio de comunicadores, ni la explotación laboral, ni las amenazas a la prensa crítica, y hoy, por el presupuesto que maneja, es objeto de la disputa de corrientes que la ven como un botín.

Vapuleada, exhibida, retratada como un farsa de Javier Duarte de Ochoa para maquillar su indolencia ante los asesinatos de periodistas, vive días negros, pues lo menos que se le imputa es que 22 millones de pesos al año son una fortuna sólo por solapar los abusos de la policía contra comunicadores y no tocar ni con el pétalo de un boletín al gobernador de Veracruz.

Protectora de nada, la comisión surgió a raíz de los asesinatos de nueve periodistas durante el régimen duartista —Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz, Regina Martínez Pérez, Gabriel Huge, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez y Marco Antonio Báez Chino— y sólo ha servido para causar lástima y polarizar al gremio.

Nació marcada por el oficialismo. No la idearon los periodistas. Le dio vida el gobernador Javier Duarte en un intento descabellado por atenuar el escándalo derivado del baño de sangre sobre un sector de la prensa, unos levantados, otros ejecutados a sangre fría, unos más mutilados; unos por el contenido de su información policíaca y sus ramificaciones hacia el narcotráfico; Regina Martínez por sus reportajes y notas de la quiebra de Veracruz, el avance del crimen organizado en los días del fidelismo, el regreso de políticos vinculados al narco, y la violación y muerte de la indígena Ernestina Ascensión a manos de militares que hasta una denuncia penal le valió a la corresponsal de la revista Proceso por órdenes del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Agredida, estrangulada en su hogar, Regina Martínez detonó con su muerte la crisis del desgobierno duartista. Nadie antes, ni en Veracruz ni en otra entidad, había cargado con el peso moral de nueve periodistas asesinados. Javier Duarte entró así a la historia. Proceso lo increpó, le dijo en su cara que no le creía que fuera a llegar al fondo del caso. Como fue.

Regina Martínez murió el 28 de abril de 2012. Menos de dos meses después, crucificado por la prensa internacional, por los defensores de los derechos de los periodistas, por todo el mundo pensante, Javier Duarte anunció la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), obviamente inerte, acrítica, complaciente, la comparsa ideal para simular su preocupación por el gremio de los comunicadores, que tanto detesta.

Concretó la faena el 18 de diciembre de 2012. Pero hasta para eso debió tener gracia. Impuso en la presidencia a Rocío Ojeda Callado, entonces directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana; secretaria ejecutiva, Namiko Matzumoto Benítez, ligada familiarmente al secretario de gobierno, Erick Lagos Hernández; a los consejeros, Rogerio Pano, Benita González, Jorge Iván García Morato y Jorge Morales Vázquez, el único que ha alzado la voz para denunciar irregularidades y excesos en el seno de la comisión; los representantes de los medios, Norma Gibb Guerrero, madre de la diputada priísta Gabriela Arango Gibb, y Baltazar Pazos, del grupo radiofónico Pazos, así como los representantes de los organismos no gubernamentales, Martín de Jesús García Pérez y Gerardo Enríquez Aburto, entonces líder de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos, también beneficiaria de terrenos y prebendas desde que Fidel Herrera era gobernador.

Maiceada por Javier Duarte, la CEAPP fue tácitamente encuerada cuando el consejero Jorge Morales, en febrero de 2013, se inconformó por la asignación de salarios, algunos de ellos estratosféricos, mientras poco se destinaba a la salvaguarda de los comunicadores en condición de riesgo.

Se supo que Namiko Matzumoto cobraría cerca de 60 mil pesos mensuales, más bono por sesión y otros beneficios, casi un millón de pesos anuales, cuando el presupuesto de la CEAPP era de 15 millones al año. Jorge Morales acusaría falta de transparencia, que a los periodistas exiliados no se les apoyaba y que solo se destinó el 5.2 por ciento de los recursos a la atención de los periodistas bajo amenaza, unos 747 mil 745 pesos.

Amonestado por destapar la cloaca, Jorge Morales tuvo que interponer un juicio de amparo para enfrentar la acción represiva de sus compañeros de comisión. Soportó una campaña mediática, denostaciones, insultos, difamación.

Ya entonces, Jorge Morales advertía que la comisión no realizaba una función preventiva, algo que inhibiera las agresiones, que respondiera de manera inmediata a las amenazas contra periodistas o que cumpliera con su esencia: la protección.

Destinaba, en cambio, cientos de miles de pesos a promover cursos de ética y valores; redacción periodística; el nuevo sistema penal acusatorio; cómo escribir con respeto a las víctimas del delito, y adiestramiento en autoprotección. Y de la incapacidad del gobierno de Veracruz para garantizar seguridad a la sociedad y al gremio de prensa, ni una jota.

Así ha sido la vida de la CEAPP. A las agresiones de la policía contra periodistas, responde con vergonzosa tibieza. Un caso, el de la represión en Plaza Lerdo contra maestros, el 14 de septiembre de 2013, mereció un posicionamiento en que se reprobó el hecho, pero no aludió en ninguna de sus líneas al gobierno de Javier Duarte, a la Secretaría de Seguridad pública, ni siquiera a la policía.

Hoy, el escándalo es mayor. Plagiado el 5 de febrero en su hogar en Villa Allende, Coatzacoalcos, el reportero Gregorio Jiménez fue ejecutado un día después y su cadáver apareció en una fosa clandestina el martes 11, seis días más tarde, en Las Choapas. Queda en claro que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas es un cero a la izquierda, una farsa mal montada por el gobernador Duarte. La CEAPP no protege a los comunicadores, ni evita que se exilien, ni denuncia la explotación laboral en los medios, ni abate las amenazas a la prensa.

Muerto Goyo Jiménez, su cadáver ha servido también para cuestionar si la CEAPP debe seguir o no. Carga sobre sí toneladas de culpas. Es una mezcla de cinismo y perversión, ideada en la mente de un enemigo de la prensa crítica, Javier Duarte de Ochoa.

Insólita paradoja: demostró el crimen de Goyo Jiménez que las comisión de protección a periodistas fue un mal invento. Y también que es un desperdicio y una simulación. Se están derrochando 22 millones y ya se fueron a la basura otros 15 millones, en 2013. Y los periodistas siguen siendo asesinados.

Otros, a su manera, también lucran con la terrible muerte de Goyo Jiménez. Se van colgando de su ataúd corrientes de periodistas que plantean la restructuración de la comisión, la salida de Rocío Ojeda, Namiko Matzumoto y los consejeros y la llegada de otra camada afín a los dueños de la prensa vendida, los Robles, los Edeles, los Vázquez Raña, los Sánchez Macías. Que se vayan los malos y lleguen otros peores.

Con 22 millones de pesos de presupuesto anual, no la ven como una instancia de protección al gremio sino como un botín de mafiosos. Es la escena de buitres devorando a la presa cuando ésta aún vive. Festín de mercenarios que usan el nombre de Goyo Jiménez para asaltar la CEAPP y disponer del dinero y usarla como palanca para esquilmar alcaldes, diputados, empresarios, líderes, para todos la oferta abstracta de que desde ahí se controla al gremio.

Ya probó la CEAPP que no sirve. Nació muerta. Ahora debe extinguirse.

Archivo muerto

Perdido en su mundo, la mirada extraviada, masca que masca los trozos de papel, a Miguel Ángel Martínez Patricio, Míster Tinaco, se le ve dando jalones de aire, inhalando solvente de una botella de plástico. No imaginaba que su imagen en ese video iría a Youtube, a Facebook, a Twitter para hacer estallar al gobierno de Veracruz en pleno. Se volvió viral la imagen de Martínez Patricio, el jueves 13, y no faltó quien dijera que lo hacía porque sólo así soporta estar al servicio de la pandilla duartista. “Drogándose en palacio de gobierno de Xalapa”, titulaba el video en que Mister Tinaco le pega jalones al solvente, un dedo sobre una fosa nasal y la otra recibiendo el impacto que lo pone hasta atrás. Ese es Martínez Patricio y su afición es el thiner y el papel sanitario mascado como si fuera chicloso. Y cuántos otros, de mayor rango, lo hacen también, con otras sustancias, drogas caras, naturales y sintéticas, y así gobiernan a Veracruz. Entiéndense pues los cambios de ritmo, los aceleres, el aguante tras jornadas extenuantes. Una más al descrédito que va de la mano con el gobierno de Veracruz… Y presuroso, Javier Duarte de Ochoa se dijo inocente. Presuroso, el gobernador de Veracruz quiso adelantarse a las voces de la insidia, a los perspicaces, a los mal pensados; o sea, a 8 millones de veracruzanos que ya se preguntan cuántos otros “servidores públicos” son adictos a las drogas, tinacos, amigos de la yerba verde, cocainómanos y algo más, que plácidamente usan el palacio de gobierno para flotar y volar, o que pagan sus vicios con recursos públicos. Y así, por aquello de las reconsabidas dudas, Javier Duarte recordó que fue el primero en aplicarse el examen antidoping para descartar que le entrara a la droga, como su empleado Miguel Ángel Martínez Patricio, cachado en plena faena, en sesión de aromaterapia, un tinaco vil, inhalando solventes. Dice Duarte que recuerden bien que él ya pasó el antidoping. ¿Pero cuándo fue? El 8 de junio de 2012, hace ya casi dos años. No se sabe de entonces para acá si volvió a aplicarse el examen el gobernador. Ni se sabe que sus empleados, sus delfines, sus prospectos a sucederlo, sus guaruras, su procurador y el resto de la pandilla se hayan aplicado el examen toxicológico de nuevo. Duarte, por lo menos, ya se puso el parche antes de que le salga el grano. ¿Había necesidad de autobalconearse así? A Javier Duarte se le sabe su gusto por las bebidas espirituosas, su predilección por las juergas kilométricas y la bohemia —la de Piquitos con Romero Deschamps fue épica, la del beso de caballero, frente a Marcelo Montiel, Marcos Theurel, Flavino Ríos, Morales Bustamante, Hernández Toledo y otros que filtraron los detalles— pero no las drogas. Repito: ¿había necesidad de autobalconearse así?… Menos útil que un adorno de pasillo, Marissa Cabrera Férez ve acumular en las redacciones de los medios de comunicación quejas y más quejas por la pobreza de sus boletines de prensa, tibio reflejo de lo que hace el ayuntamiento de remendón que encabeza Joaquín Caballero Rosiñol. Ya cerca de los cien días de gobierno, de lo único que se habla es del programa emergente de bacheo, la reparación de luminarias y la basura que se acumula hasta que detone una crisis ambiental. Disfruta, pues, su beca la niña Marissa, seguidora de Gonzalo Guízar, el panista, aunque los medios opten mejor por hacer como que la subdirectora de Comunicación Social no existe… ¿Y a poco Cristina Cházaro de Caballero no ha medido las consecuencias de tener cerca, en la plantilla de voluntarias del DIF, a una dama con fuertes problemas de adicción, incontrolable, pastillera, que se mete lo que sea sin reparar en el camino sin retorno que ha tomado? Vaya que si el DIF está en buenas manos. ¿Será que nadie se lo dijo o será que lo sabía y le valió?…

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One comment

  1. Mussio, transcribo lo que publicó el periódico Centinela, se me hizo muy interesante: “…En el caso de la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez Pérez, fue la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado bajo la ponencia del magistrado Edel Alvarez Peña el que resolvió en apelación de segunda instancia dictar libertad inmediata a Jorge Alfonso Martínez Silva, sentenciado en primera instancia a pagar condena de 38 años y 2 meses de prisión, como responsable del homicidio y robo a Regina”.

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