El aparato judicial de Duarte, infiltrado por los Zetas

 


* Lezama, Yunis, Carrillo Almeida y agentes del MP, en la red de sobornos a cambio de protección  * Explosivo reportaje de Proceso  * El avioncito de Theurel  * Viajes a Toluca, Veracruz, Xalapa y San Antonio, Texas  * Alfredo Yuen, del sueño a la pesadilla  * Quería jubilar a Hernández Toledo y hacer alcalde a su hermano

 

Atrapado en su laberinto, Javier Duarte de Ochoa lleva dos años en una tarea inútil: eludir la realidad, maquillar la desgracia social, ignorar el sangriento episodio de la toma de vidas y cuerpos mutilados, construir victorias parciales sobre la delincuencia organizada y convencer a todos de que Veracruz va para adelante, mientras su aparato judicial —subprocuradores, ministerios públicos y policía— era infiltrado y corrompido por la banda criminal de Los Zetas.

 

Su segundo informe de gobierno lo describe volátil, en otro mundo, omiso en el tema de la violencia y sus dramáticos alcances, y simulador de optimismos falsos porque a la delincuencia, dice el gobernador, se le combate con inteligencia, algo de gracia y otra cosita.

Unas cuantas líneas le dedicó en su desastroso mensaje Javier Duarte al operativo Veracruz Seguro, con el que a inicio de su gobierno endosó la seguridad pública al Ejército y la Marina, el síndrome de Pilatos. Ocultó cifras de los alcances; cuántos sicarios, halcones y estacas fueron abatidos; cuántos lavadores y operadores financieros están en prisión; o cuántos capos se fueron al infierno.

Tres días después, la revista Proceso, cuya corresponsal, Regina Martínez Pérez, fue asesinada y el gobierno de Veracruz “esclareció” el crimen con una coartada inverosímil, reveló una red de información y sobornos que implica al aparato judicial duartista con Los Zetas.

A partir de las declaraciones ministeriales de tres sicarios, Proceso resume que Córdoba, la tierra adoptiva del gobernador, se convirtió en el centro de operaciones de Los Zetas:

Uno de ellos, Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón, dijo:

“ ‘Tenemos personas de la procuraduría trabajando para nuestra organización. De los que me acuerdo y conocí son el licenciado Abraham Becerril Hernández’, quien fue subprocurador de Justicia en Córdoba y precandidato del PRI a esa alcaldía. De él dijo que ‘recibía una nómina de 100 mil pesos mensuales. Nos presta sus bodegas, donde guardamos los tráileres robados y a las personas que levantábamos o secuestrábamos’.

“Mencionó también a María Isabel Hernández Cruz, agente del Ministerio Público en Córdoba. ‘El licenciado Abraham Becerril Hernández nos mandaba con ella para que nos devolviera los tráileres de la empresa de Los Zetas que detenían y ponían a disposición. Le pagamos por su apoyo la cantidad de 50 mil pesos mensuales’.

“El secretario del Ministerio Público, Uriel Moreno, ‘es el que hacía los trámites para devolvernos las unidades. Le pagamos… 10 mil pesos mensuales’.

“ ‘También trabaja para Los Zetas el licenciado Marco Antonio Lezama Moo, quien fue subprocurador en Córdoba de 2008 a 2010’. El siguiente cargo que ocupó Lezama Moo fue como encargado de despacho en la PGJ tras la renuncia de Reynaldo Escobar. Actualmente es subprocurador en Xalapa.

“Según el testimonio, Gustavo Cano Sánchez, El Moneneque, quien fue jefe de Los Zetas en Córdoba, le pagaba a Lezama Moo 80 mil pesos mensuales. ‘Nos entregaba los vehículos que nos aseguraban sin hacer ningún trámite, así como los tráileres y dejar (sic) en libertad inmediata a miembros de Los Zetas’.

“Como muy cercano a Lezama Moo señaló a Lauro Ramos Olmos, quien era agente del Ministerio Público en Córdoba. ‘Le pagamos la cantidad de 20 mil pesos mensuales. Se encargaba de entregarnos los oficios para liberar los vehículos asegurados y dejar en libertad a miembros de Los Zetas que fueran detenidos’.

“El Chuletón también implicó a Jorge Yunis Manzanares, subprocurador regional de Justicia en Coatzacoalcos: ‘También es parte de nuestra organización. Es una de las personas a las que el jefe le tiene más confianza’ ”.

Otro detenido, Rubén Ortiz Olivares, El Pencho, identificado como lavador de dinero, dijo que Yunis Manzanares “es el que tiene más tiempo colaborando con nosotros” y “era amigo personal de Braulio Arellano Domínguez, El Gonzo” o El Z-20, quien fue jefe regional de la zona de Córdoba.

“Desde ese entonces la organización de Los Zetas está pagándole una nómina de 100 mil pesos, ya que todos los favores que le pedíamos nos los hacía”.

Refirió que Yunis “también nos fue de mucha ayuda aquí en la ciudad de Veracruz, cuando fue subprocurador. Todos los integrantes de nuestra organización sabemos que podemos contar con su apoyo. Ahora que está en Coatzacoalcos, nuestra gente de aquella zona puede operar con tranquilidad, secuestrar, levantar gente, vender droga, sin tener problemas con las autoridades locales porque la organización… le paga… para que nos ayude.

“En su lista de supuesta protección oficial añadió a Ricardo Javier Carrillo Almeida, subprocurador de Justicia de Córdoba: ‘Trabaja para nosotros. Es amigo de Apolo Mar Escalona Barradas, El Picos o Picoreta, jefe regional en el centro de Veracruz, quien le paga su nómina de 100 mil pesos mensuales’ “.

No paró ahí el reventadero judicial duartista. “El Pencho” implicó a Juan Carlos Herrera Jiménez, David Fabián Espinoza Benítez y Rey Báez Andrade, quienes fueron agentes del Ministerio Público de Córdoba. “Ellos reciben la cantidad de 15 mil pesos mensuales, nos dan los vehículos chocados sin hacer trámite. Nos permiten llevarnos carga de droga o mercancía robada de esos vehículos.

“Según el detenido los subprocuradores Lezama Moo y Yunis Manzanares, además del exsubprocurador Becerril Hernández y el delegado de Tránsito en la ciudad de Córdoba, Óscar Barquet Viñas, perteneciente a una familia de empresarios, se reunían con los jefes de Los Zetas en la finca Las Cúpulas, propiedad de Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky.

“Además asistían El Pencho, operador financiero del Lucky, y Reynaldo Bernardi Manica, El Reynolds, a quien señaló como el responsable de la venta del combustible robado a Pemex en las gasolinerías de la autopista que pasa por Córdoba, Puebla y Coatzacoalcos, y otra docena de establecimientos de Córdoba y Fortín de las Flores”.

Todo un lodazal, implicado el aparato judicial duartista con el crimen organizado, remunerados mediante sobornos de miles y cientos de miles, a cambio de información, protección y complicidad.

A todo esto, ¿qué dirá el gobernador Javier Duarte de sus muchachitos?

O mejor todavía, ¿qué dirá el Ejército y la Marina de sus colegas jarochos en el operativo Veracruz Seguro?

 

Archivo muerto

 

Señor de los Cielos, Marco César Theurel Cotero pide pista, hangar y todo servicio aéreo para su nuevo juguete: un avioncito Beechcraft Bonanza, de seis plazas, que le costó algo así como un millón de pesos. Vuela el alcalde mientras el ayuntamiento atraviesa una severa crisis financiera, sale apenas de la deuda de marcelista de 220 millones de pesos y ahora enfrenta la deuda theurelista de 350 millones que habrá de pagarse en un lapso de 25 años. No le inquieta al señor Theurel ser el peor alcalde de Coatzacoalcos, si a cambio se puede dar vida de rey. En su Bonanza, matrícula HSY, con más de 30 años de antigüedad, ya viajó desde el aeropuerto de Canticas dos veces a Toluca, otras dos al puerto de Veracruz, una a Xalapa y una más a San Antonio, Texas. Anda de shopping, colgada Lu-pilla Félix, su esposa, de su brazo, en compras de pánico, gastalones porque para eso y para más da el crédito. De su bolsa no salen los servicios aéreos, incluidos los dos pilotos, sino de una empresa constructora suya, aunque con prestanombres, como es su adicción. Theurel es una contradicción total: mientras Coatzacoalcos padece baches, calles rotas, arenales, su alcalde anda literalmente en las nubes. Ha de ser ahorrativo el señor Theurel —“Te rompo tu puta madre”— para poder comprarse un avión y, sobre todo, para sostener el gasto, lujo que no se permite ni el mismo gobernador de Veracruz, Javier Duarte… Iban y venían las viandas con manjares, carnes selectas, los güisquis, los brandis, los tequilas y todo licor. Comían en torno al festejado, Alfredo Yuen Jiménez, en su palacete de la colonia San Miguel Arcángel, donde nada falta, ni la alberca, ni la oficina privada del líder petrolero y alcalde de Nanchital. Algo les prometía ese 28 de octubre, día de proyectos macros, soñando el futuro. Yuen, el agasajado, delineó tres líneas a seguir: jubilar a su jefe y hacedor, Ramón Hernández Toledo, por obsoleto y caduco; tomar el control de la Sección 11 del sindicato petrolero, y concretar la candidatura a la alcaldía para el mejor títere del show: Arturo Yuen Jiménez, su hermano. Aseguraba así el control político y sindical, en Nanchital. Le daba cuerda Luis Vicencio Santos, alias “Güicho Panteón”, cuñado de Arturo Yuen, detractor de bajo perfil de Ramón Hernández Toledo, mientamadres a su espalda. Entre copa y copa, soñando con el futuro, así se quedaron. Enterado del complot, horas después Hernández Toledo tramitó más de diez jubilaciones, por delante la de Arturo Yuen Jiménez, el hermano iluso que, obvio, ya no será alcalde de Nanchital. Al grupo yuenista, la traición lo marginó de todo cargo la dirigencia de la Sección 11 y enfrentará ahora una investigación. Alfredo Yuen fue el operador fallido de ese golpe de estado, pero el cerebro de la asonada fue Víctor Kidnie de la Cruz, ex diputado federal, frustrado candidato a senador y líder de la Sección 47, asentada en Ciudad del Carmen, su feudo plataformero, socio de la pandilla Yuen en la venta de plazas. Amafiados, Kidnie y Yuen avanzaban en un proyecto mayor: deponer a Carlos Romero Deschamps de la secretaría general del STPRM. De ahí que el líder nacional petrolero los dejara a su suerte, seguro que el cría cuervos se queda sin ojos. Le quedan a Alfredo Yuen días para reactivar una solicitud de jubilación para que Hernández Toledo, con 44 años de servicio en Pemex, también se vaya. Sobran detalles, falta espacio, pero hay tiempo de contar…