Es Loret de Mola, y Latinus, y Mexicanos Contra la Corrupción, que no sueltan a José Ramón, atizando la hoguera, desollando a Andrés Manuel, extrayendo la hiel del narciso, la agresión y la calumnia, la actuación teatral, lágrimas de ganso llorón, hasta verlo hundirse más y más.
Es Carlos Loret de Mola y son las voces críticas —prensa y redes sociales— que no cesan de hurgar, vaciar ácido en la herida, en la carne expuesta. Es el enigma que atormenta a López Obrador: cómo explicar la vida de lujos de su hijo mayor, la opulencia, la presunción de conflicto de interés, el influyentismo, contratos entre Pemex y la petrolera Baker-Hughes con tufo a corrupción.
Son Loret y los medios, columnistas y activistas, Telemundo y Washington Post, unos exhibiendo la vena autoritaria del presidente de México, el rostro sin máscara, el odio en la lengua, devastado y extraviado ante la revelación de la vida del pachá, y otros retratando al dictador en ciernes, el que ataca a los medios mientras los periodistas en México son asesinados.
La guerra va en su tercera semana. El presidente habla, infama, difama, acusa, personaliza el ataque en Loret de Mola y no desmiente uno solo de los argumentos del reportaje que evidenció que el junior de López Obrador es un aspiracionista brutal, de gustos millonarios, con el perfil de esas lacras neoliberales que tanta náusea le causa, supuestamente, a papá.
La guerra avanza y José Ramón López Beltrán ya tiene chamba, dice. Cuenta —ser cuentero le viene de familia— que trabaja como asesor legal en la empresa Kei Partners, asentada en Houston, Texas. Su pareja sentimental, Carlolyn Adams, afirma que nunca supo que el dueño de la primera casa en que vivieron, precisamente en Houston, era el ejecutivo de Baker-Hughes y que la contratación del arrendamiento se realizó mediante una inmobiliaria.
Se tardaron 17 días en reaccionar. O en armar la coartada. Y la coartada los terminó de empinar.
Sobre José Ramón se precipita una tormenta. Minutos después de fijar su postura y reclamar respeto a su vida privada, en las redes sociales lo destrozan. Se conoce que Kei Partners es una inmobiliaria especializada en desarrollos de lujo, cuyos propietarios son los hijos de Daniel Chávez, asesor empresarial de López Obrador en la construcción del Tren Maya. Otro conflicto de interés.
Y el presidente lo acepta. López Obrador niega el conflicto aduciendo que Daniel Chávez sólo ayuda, sin cobro alguno. Falso. El conflicto de interés existe por tratarse de un representante del presidente de México en una obra construida con recursos públicos, cobre o no.
Y la tormenta no cesa. López Beltrán arguye que labora en Kei Partners desde 2020 cuando el gobierno norteamericano le concedió la visa de trabajo. Falso. El príncipe babas no figura en el registro de abogados certificados en Texas, requisito para poder ejercer la abogacía.
Su desliz no sólo es imprudente. La certificación para contar con licencia para fungir como abogado implica revalidar estudios, la homologación de título y un examen ante la dependencia respectiva. Ejercer las leyes sin cumplir con la norma, en Estados Unidos es delito grave.
Carolyn Adams también es actriz. Exhibe conversaciones en WhatsApp con José Ramón, incluidas las consideraciones del agente inmobiliario que gestionó el arrendamiento de la Casa Gris de Houston. En ellas se advierte el tono preocupado del hijo del presidente por el costo de la renta. La señora no tiene tanto dinero, como apuntaba López Obrador.
Persiste, pues, la sospecha de que el ejecutivo de Baker-Hughes haya prestado la Casa Gris, cuyo valor se establece en 20 millones de pesos, a cambio de la ampliación de los contratos de esa firma con Petróleos Mexicanos hasta alcanzar los 20 mil millones de pesos.
Telemundo quiso profundizar en el tema, acudió al edificio en que presuntamente labora José Ramón López Beltrán en Kei Partners, en Houston, y no halló la oficina. Nadie dio razón de la firma.
La firma activa una página en internet y agrava el caos. Usa imágenes y videos con derecho de autor. Es un plagio y el “asesor legal” no alertó.
Y Andrés Manuel se desfasa. Y enloquece. Y se desmorona.
No es Latinus el enemigo. No es Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. No son el hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, propietarios de Latinus, el centro de su ataque. Ni Claudio X. González, primer presidente de MCCI. Su padre encabeza el grupo empresarial que alcanzó su plenitud en el salinismo y que auspició campañas contra López Obrador.
Centra López Obrador el ataque en Loret de Mola. Lo tilda de corrupto, mercenario, conservador, “ni periodista es”, el de los montajes, el de García Luna y el caso Florence Cassez. Si bien Loret de Mola no fue el autor del reportaje exhibiendo la Casa Gris de José Ramón López Beltrán sino dos reporteros de MMCI y uno de Latinus, su mano está ahí.
El ataque es el tema del día. Incluye adjetivos y un ráfaga de amenazas. AMLO niega el conflicto de interés. “No hay nada”. Niega las pruebas que sustentan el reportaje. Niega la realidad. Niega que Baker-Hughes sea empresa consentida en el obradorismo mientras el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, acude a la conferencia mañanera y exhibe una lista de contratos que documentan que Latinus y MMCI se quedaron cortos. Son 20 mil millones de pesos para Baker-Hughes en obras y servicios, incluida la venta de compresores y turbinas a la refinería de Dos Bocas.
El ataque va más allá. Andrés Manuel muestra una lista de presuntos pagos a Loret de Mola en Televisa, El Universal, Latinus, Radiópolis (W Radio) y Washington Post. En suma, 35 millones 200 mil pesos anuales. Hasta poco sería viendo cómo enloqueció al presidente.
Loret ríe. Y se alarma. Dejó de trabajar en Televisa desde 2019 pero el presidente afirma que recibió 11 millones de pesos en 2021. La prensa crítica, defensores de derechos humanos, opositores, activistas de la libertad de expresión, Artículo 19, Sociedad Interamericana de Prensa, alertan: la exhibición de salarios de un periodista es un ataque a su privacidad.
La vulnerabilidad de Loret de Mola crece peligrosamente. Ningún otro presidente, ni siquiera Luis Echeverría, había generado un ambiente tan hostil, tan infame, tan convulso hacia la prensa crítica.
El debate sirve a la democracia, se excusa López Obrador. Eso es un sofisma. El debate es José Ramón, no Loret sus lujos. Es su deplorable opulencia, su infame vida de oropel que aniquila el discurso hueco de la medianía, la austeridad con que Andrés Manuel engaña a sus fans.
El debate es el menaje, no el mensajero. El debate es el conflicto de interés del hijo del presidente con Baker-Hughes por usar la Casa Gris, propiedad de un alto ejecutivo, mientras Pemex le amplía contratos a la firma hasta alcanzar pagos por 20 mil millones de pesos.
El debate es, también, la legalidad o no con que se conduce José Ramón en su rol de abogado, sin estar inscrito en el padrón de litigantes en Texas, si paga impuestos en Estados Unidos o si se expone a una persecución judicial.
Al presidente lo tunden en las redes sociales, en la prensa escrita, en radio y televisión, en México y el extranjero. Es el pendenciero que siendo presidente viola la Constitución, la Ley de Protección de Datos Personales, que expone a Loret de Mola a ser carne de cañón del crimen organizado.
Y no se detiene. Ofrece exhibir las propiedades de Loret de Mola. Envía una carta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que por la vía oficial se revelen los ingresos del periodista en un contrasentido total. El INAI lo batea. Los datos de los particulares están protegidos por ley. Advierte, pues, que como ciudadano lo hará.
La mayor crisis de López Obrador inició con Loret de Mola y se trasladó al gremio periodístico, a los activistas, a las voces que reclaman, a la sociedad.
Reporteros acreditados en el Senado boicotean una conferencia de prensa del grupo de Morena. Otros protestan en la Cámara de Diputados. Andrés Manuel se desmorona, convertido en el presidente que más insulta, que más ataca, que agrede a diario al periodismo. Y el repudio crece.
Y entonces le queda el show. Mal actor, de cara a la nación, desde el púlpito de la conferencia mañanera, recuerda el hostigamiento que sufriera en los años 90, la vulnerabilidad de sus hijos, entonces pequeños, el sobrevuelo de los helicópteros. Y derrama lágrimas… de cocodrilo.
Arruga el rostro, se entrecorta la voz, hace una pausa. Mal actor. La victimización es un fiasco.
Se irrita, estalla, calumnia, mal actúa, lloriquea… y se hunde más.
Archivo muerto
Nubarrones y riesgo de cárcel sobre Víctor Kidnie y, de paso, el clan Chagra. Uno de los suyos, William Israel Zapata Cortés, fue inoculado con el virus de la traición. Suelta nombres, cifras, cuentas bancarias, pistas que permitan acreditar y reconstruir el bárbaro enriquecimiento del caciquín petrolero, zar sindical en la Sonda de Campeche. Cuenta el periodista Alejandro Pérez Arrocha, en Red Informativa Peninsular, los alcances de la delación y el efecto que tendrá en Mili Chagra, señora de Kidnie y ex número uno del fidelismo en Veracruz, “pues a través de ella y de su familia se desviaba el dinero de las cuotas sindicales y aportaciones de los agremiados de la sección 47”. Agrega Pérez Arrocha: “La información que ha entregado el aún tesorero, William Israel Zapata Cortés, a las autoridades, podría servir para, por fin, poner tras las rejas al corrupto líder petrolero y al clan Chagra Nacif, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, extorsión, fraude, venta ilegal de fichas, plazas, plantas y ascensos”. William Zapata es parte de la mafia petrolera, embarrado en el manejo financiero de la organización y aspiraba a ser secretario del interior en la Sección 47 y puente con el gobierno de la campechana Layda Sansores San Román. Pero la elección fue anulada. Kidnie, que nunca cejó en su empeño por ser el relevo de Carlos Romero Deschamps, sin lograrlo, hoy ve en el ascenso de Ricardo Aldana Prieto al liderazgo nacional una inminente debacle. Ricardo Aldana es cómplice de Romero Deschamps en múltiples tropelías, incluyendo el Pemexgate y la construcción de casas con recursos de Pemex. Así pues, la mafia de Romero Deschamps permanece en el poder con la venia del presidente Andrés Manuel López Obrador, sabido el contubernio entre el STPRM y Morena desde la elección federal de 2015. Unos pusieron los votos, el otro el encubrimiento. Viene la purga. Quitan unos lodos y se quedan otros. Y a Kidnie, y de paso a los Chagra, se les dibuja un escenario judicial que tocará contratos, negocios y componendas que fueron auspiciados por el “cuñado cómodo”… Tanto presumió el ex alcalde Carranza a su Policía Municipal, y andaba ilegal. Lo estridente es el zafarrancho entre elementos, la agresión del ex director interino, Jorge Quijano, a un uniformado y la reacción de la tropa echándolo del “Nido” a empujones, el dime-que-te-diré, la aprehensión de Quijano, siendo esposado, tirado al suelo, insultado y golpeado; y al final, conducido a la sede policíaca acusado de ultrajes a la autoridad. De nada le valió aducir ser miembro del Ejército. Le cobraron lo soez, el trato altanero, intentar ejercer el mando sin portar uniforme. La escena en que se le ve pecho a tierra, las manos en la espalda, esposado, luego cargado y llevado al ex penal de Palma Sola para ser encarcelado, escandalizó. Lo no estridente es peor. Por años, Víctor Manuel Carranza, la lacra que Morena impuso en la alcaldía de Coatzacoalcos, presumió la conformación de la Policía Municipal, su entrenamiento, su capacitación, su CERTIFICACIÓN. Y operaban fuera de la ley. Llegó Luis Enrique Barrios Ríos, el nuevo director, cuestionadísimo por sus antecedentes en el operativo Blindaje Coatzacoalcos durante el duartismo, que batió récord en desaparición forzada, y halló a 449 policías con irregularidades, 295 de ellos con armas sin licencia y 154 en trámite. Sólo 105 cumplían con la norma. Y los desarmó. ¿Qué hará la Secretaría de la Defensa Nacional ante algo tan grave? Policía Municipal con armas fuera de norma, quizá reglamentarias pero sin licencia o con licencia en trámite. Coatzacoalcos con una Policía, la del nefasto Víctor Carranza, el invento de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, portando armas sin ajustarse a ley. No se trata de que los vuelvan a armar. Se trata de abrir una indagatoria, que se deslinden responsabilidades y que los enfrenten a la ley… Un tsunami de sangre en Coatzacoalcos. Y el gobernador, Cuitláhuac García, pregonando que vamos bien. Primero fue José Francisco “N”, joven de 24 años, quien se hallaba en su hogar, en la calle Ardillas, colonia Gaviotas, golpeado hasta perder la vida; después, Juan Alberto Casiano, gerente del restaurant Capital, a quien balearon sobre la avenida 18 de Marzo; el tercero fue Adolfo “N”, quien se hallaba en su domicilio de Andador Río Tempoal, colonia El Tesoro, al que un individuo le disparó en cinco ocasiones, muriendo al llegar al hospital; uno más, Luciano Antonio García Cortés, en el restaurante Alitas El Webas, a quien un sicario lo ejecutó mientras cenaba plácidamente; el quinto, Salim Antuán Contreras Balderas, en el Café Cantina del hotel Brisa, presuntamente; este último había sido director de Mercados, líder de la CNOP del PRI en Coatzacoalcos, en una ocasión tiroteado en la colonia Puerto México, saliendo ileso, dedicado a la venta de automóviles con problemas de documentos, y sexto, el doble crimen de madre e hija, ésta previamente ultrajada, en la colonia Héroe de Nacozari, hecho que escandalizó a la sociedad. La violencia manda. La delincuencia ordena. Y el gobierno de Cuitláhuac García se halla pasmado, rebasado, ínfimo ante el baño de sangre… ¿Quién es ese notario público, consumado drogadicto, que no cesó de propinarle palizas a su esposa, proferir amenazas y hostigarla psicológicamente hasta que la joven dama lo denunció? El caso está plenamente documentado en un expediente en la Dirección de Notarías y Registro Público de la Propiedad del gobierno de Veracruz, y más que preocupar, prendió intensas alarmas. Una pista: el notario golpeador es del sur y su padrino fue un poderoso magistrado durante el yunismo azul. Hay más…
Fotos: Infochannel, Nexo Informativo, Debate