Secciones
Últimas
Populares

Los compadres de Nahle: de tribunal en tribunal

* 41 años en litigios * Arturo Quintanilla y Agrofertilizantes * Jaime y las sentencias clonadas * México: mil muertos en un día * Directora de panteones sigue en la luna * Cuitláhuac y el ejecutado * Mercado se llueve por fuera y por dentro * Contratista ligada a Nahle, un fraude

Minoría rapaz, el Clan Quintanilla se forjó en los vínculos con el poder y el regateo en los tribunales, el contratismo petrolero, los litigios por tierras ajenas, indemnizaciones arrebatadas con trucos al gobierno federal y hasta el escándalo por clonar sentencias judiciales. Y ahora el compadrazgo con Rocío Nahle.

Minoría rapaz, diría Andrés Manuel, son los que han llevado su vida pública de juzgado en juzgado, esgrimiendo títulos de propiedad cuestionados, a menudo falsos, predios obtenidos por favores de un gobernador y tretas en las barandillas y pasillos judiciales que a otros ya los tendrían en prisión.

Dos Bocas los mantiene en el cenit del escándalo nacional, no porque los Quintanilla se adjudicaran un contrato directo sino por el “golpe de suerte” asestado por otro miembro del clan, Juan Carlos Fong Cortés, al allegarse una fracción del paquete por 5 mil millones de pesos en la etapa inicial de la refinería que se erige en los mangles de Paraíso, Tabasco, y que es delirio de López Obrador. ¿Hubo tráfico de influencias triangulado? Seguro que sí.

Golpeteada en Reforma, imputada de haberle otorgado el jugoso contrato al compadre incómodo, Arturo Quintanilla Hayek, Rocío Nahle la reviró y arguyó ser difamada. Pero las dudas siguen.

El garrafal error de Reforma desdibujó el golpe. No fue Arturo Quintanilla el beneficiado del negocio en Dos Bocas sino su otro yo, Juan Carlos Fong, dueño de la compañía Construcciones y Reparaciones del Sur, versión ya antes expuesta aquí (https://bit.ly/2XtPTs6), el 11 de junio de 2019, y dimensionada por el columnista de El Universal, Salvador García Soto.

Fong Cortés no es una pieza menor. Ha detentado contratos multimillonarios y ha enfrentado investigaciones por virtuales fraudes, engaño a Pemex y cobros descomunales en una remediación por un derrame de petróleo en Coatzacoalcos. Le pagaron 253 millones y sólo tenía derecho a 23.

Y hay datos inéditos aún. Unos se inscriben en la violencia y la inseguridad personal, un levantón, una extorsión, la angustia, y otros en la alegría de ver de vuelta a un ser querido.

Hijo de un funcionario de alto nivel en la Gerencia Zona Sur de Pemex, Lorenzo Fong Peña, fallecido hace un par de semanas, ex superintendente en el distrito de Agua Dulce, hoy Activo Cinco Presidentes, Juan Carlos Fong Cortés lo mismo gana licitaciones por 329 millones de pesos, o infla costos por una remediación, o que es parte del primer paquete de obra en Dos Bocas por 5 mil millones de pesos con Huerta Madre, firma con tufo a Roberto Madrazo y ahora a López Obrador.

La liga formal entre Arturo Quintanilla y Juan Carlos Fong se acredita por una disputa simulada por adquirir un predio que fuera propiedad de Banco Unión. Convocó el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (Ipab), lo que antes fue Fobaproa, a ofertar por el terreno ubicado en la colonia Trópico de la Ribera, en Coatzacoalcos.

Ambos concursaron. Quintanilla ofreció 6 millones 250 mil pesos; Fong, 5 millones 545 mil. Ganó el compadre incómodo de Rocío Nahle y al final el terreno lo disfrutaron los dos contratistas.

Fong presume lo suyo pero los Quintanilla tienen mucho más. Su vida empresarial transita por la jauja y los millones, en pasillos de juzgados, entre expedientes y promociones, la audacia y el abuso, y la violación a la ley.

Ligados entre sí, los hermanos Arturo, Jaime y Enrique Quintanilla Hayek trazan negocios industriales y hasta de recolección y procesamiento de basura. Individualmente se mueven en la proveeduría a Pemex y en los negocios inmobiliarios. Algunas sociedad mercantiles las heredaron de su padre, Jaime Fidel Quintanilla Garza, ya fallecido, y de sus tíos Jorge y Samy Hayek Domínguez, este último padre de la actriz Salma Hayek.

Arturo Quintanilla lleva su vida empresarial al amparo de una firma, Comercializadora del Istmo, y la representación de Hytorc, con la que surte de herramienta a Petróleos Mexicanos en la zona de los complejos petroquímicos en el sur de Veracruz y más allá.

Jaime Rafael opera la compra-venta de casas y terrenos y el arrendamiento. Y en tribunales civiles enfrenta tronantes disputas por la propiedad de inmuebles o por el uso de viviendas sin autorización del dueño.

Pero de todos, el juicio más célebre fue el que emprendieron para cobrar una afectación por la construcción del Libramiento Vial de Coatzacoalcos, obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal.

Lo que ahí quedó plasmado fue una audacia criminal. 

Los Quintanilla —padre e hijos— esgrimían que el terreno afectado era de su propiedad y que SCT debía pagar. Invocaron la escritura 9471, expedida el 6 de julio de 1979, con la que el gobierno de Veracruz, siendo titular Rafael Hernández Ochoa, les entregó a la empresa Inmobiliaria Parque Industrial Coatzacoalcos, S.A. de C.V. un predio de 170 hectáreas llamado La Piedra. En él debía construirse un desarrollo industrial.

Pero los Quintanilla incumplieron el objetivo de la operación. Erigieron un club deportivo y social, el Sporting Club, y recientemente un fraccionamiento inmobiliario denominado Dos Ríos y un club hípico. De lo industrial, nada.

Empeñados en cobrar la indemnización, aunque su predio no fue afectado, combatieron el título de propiedad de la firma Ingeniería, Medición y Controles, S. A. de C.V., derivado de la escritura de la Sucesión Bringas, con una extensión de 12 mil hectáreas, iniciando en Minatitlán y terminando en Coatzacoalcos. Sólo que el documento empleado por los Quintanilla era falso.

Jaime Quintanilla Hayek, cerebro de la estrategia legal junto con su abogado Cosme Atonantzin Cruz, adujeron haber acreditado la nulidad de la escritura de la Sucesión Bringas. Y presentaron a la SCT la sentencia del juicio 904/2004 expedida en el Juzgado Segundo de Coatzacoalcos. 

Sin embargo, bastó una consulta al libro cronológico de juicios para establecer que el número 904/2004 correspondía a una demanda de un particular por pensión alimenticia. La sentencia fue clonada.

La SCT expidió tres cheques como pago de la afectación a favor de los Quintanilla: número 0001724 de Banamex por un millón 695 mil 555 pesos, 0001732 por un millón 587 mil pesos. Y uno más por un millón 633 mil 169.40 pesos. Y luego se enteró que había sido timada.

Los Quintanilla no devolvieron la cantidad cobrada y el padre de ellos, Jaime Quintanilla Garza, enfrentó juicio por uso de documento falso y un auto de formal prisión dentro de la causa penal 126/2010, sin pisar la cárcel por su avanzada edad.

A la fecha, la SCT aún debe al propietario real del predio afectado.

Otro litigio, encabezado por Arturo Quintanilla, se dirime en los tribunales y tiene que ver con la disputa por un terreno que fuera asiento de la empresa Fertilizantes Mexicanos y luego de la firma Agrofertilizantes del Sureste. En juicio de amparo acredita como abogado a Marco Antonio Olavarrieta Pérez, operador del ex fiscal del duartismo, Luis Ángel Bravo Contreras.

Un caso más. Gravas del Sureste, sociedad constituida por su padre Jaime Quintanilla Garza, su tío Samy Hayek y cuatro más, dispuso de un predio en el municipio de Chinameca hasta que la tierra se agotó. Entonces comenzaron a tomar materiales del terreno vecino.

Por ello fueron demandados por el ex alcalde Donaciano Gutiérrez Baeza, propietario del lugar. Los trabajadores del edil a menudo enfrentaban a tipos violentos que empuñaban machetes y palos.

La tercera generación también tiene lo suyo. Bicom Informática, empresa fundada el 21 de mayo de 2012, en Coatzacoalcos, tiene en su sociedad a Jaime y Josué Quintanilla Ayache, hijos de Jaime y sobrinos de Arturo, el compadre de Rocío Nahle.

En Ciudad del Carmen, Campeche, les ventean conflictos laborales, falta de pago a trabajadores, reseñados en el portal La Plataforma, y en Coatzacoalcos versiones de trato soez a empleados.

A Bidcom le asignó el Seguro Social la compra de ventiladores respiratorios. Una vez hecho público, acusada Rocío Nahle de traficar influencias, la operación se vino abajo. Esgrimió el IMSS que los equipos no reunían los requisitos exigidos en la convocatoria. De ser así, de acreditarse daños fatales entre enfermos por coronavirus por falta de respiradores, sería muerte imprudencial.

Así la historia del Clan Quintanilla, sus andanzas en tribunales, sus negocios millonarios, sus vínculos con el poder.

No les inquieta. La comadre incómoda los bendice.




Archivo muerto

Fúnebre, la “nueva normalidad” acumula ya 101 mil 238 contagios y 11 mil 729 fallecidos, y de ellos mil 92 casos en un día. La curva crece y será peor en dos semanas cuando el número de infectados se dispare por los que hoy andan en las calles, sintiéndose libres al decretarse la conclusión de la sana distancia. México es séptimo lugar mundial en decesos y la estadística revienta el discurso populista, la patraña mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. México alcanza el cenit, siendo el miércoles 3 de junio tercero en nuevos contagios (3 mil 912 casos) y primer sitio en registrar nuevas muertes en un día (mil 92), por encima de Rusia, Suecia, Irán, Brasil y Estados Unidos. Pero hay que oír al Dios Peje con la cantaleta de que “ya se está domando la curva” y “vamos bien, en comparación con lo que está pasando en otros países del mundo”. Lo de hoy suena, no a tragedia sino a catástrofe. Y todo por seguir una estrategia tardía, ineficaz, contradictoria (“no dejen de salir” y “quédate en casa”), demagoga y demencial. Frente a la proclama chaira, la fanaticada que grita sin razonar, un argumento demoledor: los números alarmantes y el dolor de las víctimas… Sin base legal, Elba Gordillo Silva insiste en la cremación de fallecidos por coronavirus. Aduce la directora de Panteones del ayuntamiento de Coatzacoalcos una instrucción de la Secretaría de Salud para incinerar a las víctimas del Covid 19, advirtiendo que los espacios en los cementerios ya no dan. Que se sepa, el tema no pasó por el cabildo municipal y si hay cremaciones obligadas la responsabilidad pasa por el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, operada en el caso de la señora Hermelinda “R” por el secretario del ayuntamiento, Miguel Pintos Guillén. Elba Gordillo miente o no sabe de qué habla. La Organización Mundial de la Salud no establece que sea obligatoria la incineración de cadáveres y el acuerdo de la secretarías de Gobernación y de Salud precisa que los fallecidos identificados, si no se decide la cremación, deberá ser sepultado en fosas específicas, no en fosa común. Lo contrario es equiparable a desaparición forzada, es delito sin derecho a fianza, prisión oficiosa y de 15 a 20 años de cárcel. El juicio de amparo interpuesto por el doctor en Derecho, Marco Antonio Madrazo Carrión, para establecer la violación a la ley con la cremación obligada, ingresó al Poder Judicial Federal el lunes 1 de junio y quedó registrado con el número 1196160/2020… Gesto afable, sonrisa franca, a Francisco Navarrete Serna se le vio orondo y pleno con Cuitláhuac García, el gober, a su lado; hoy está muerto. Fulminado por las balas lanzadas por un comando armado, Navarrete se fue con el estigma del Cártel Jalisco Nueva Generación y los jóvenes levantados en Tierra Blanca por la policía de Veracruz y presuntamente asesinados y disueltos en ácido en el rancho El Limón. Su muerte tácitamente la registró un video. De pie, entre los músicos que amenizaban una transmisión patrocinada por su periódico, El Sol de Tierra Blanca, Navarrete se alebrestó al escucharse un disparo. Desenfunda la pistola que trae al cinto y sale de cuadro. Hasta ahí la transmisión. El saldo fue rojo: siete víctimas fatales, entre ellas el empresario y varios músicos, y dos heridos. Decíanse de Navarrete lindezas de escándalo, pero tres son una joya: primero, su amistad con Antonio Tarek Abdala Saad, el de los dineros robados a Veracruz en los días en que era el favorito de Javier Duarte y Karime Macías Tubilla, a quien Navarrete respaldó para ser diputado federal por Cosamaloapan; luego, acusado de operar como jefe de plaza del CJNG en Tierra Blanca, y después, la reciente fotografía con el gobernador morenista Cuitláhuac García. Luego de escándalo por el levantón de los cinco jóvenes a manos de la policía duartista, pasó un tiempo tras las rejas, imputado de ser el dueño del rancho donde los habrían torturado y asesinado, cosa que la familia siempre negó. Desvaneció los cargos y volvió a su vida “normal”. Así hasta que la noche del viernes 29 de mayo un comando lo envió al más allá. Y el (des) gobernador Cuitláhuac García con sus habituales lapsus, se dio un tiro en el pie: no se permitirán —dijo— los ajustes de cuenta entre bandas del crimen organizado. O sea, ¿con el que posó la fotografía era parte de una banda delincuencial? Pues con quiénes se junta don Cuit… Nafdel Petroleum Solutions Int se agenció casi 10 millones de pesos por urdir un engaño. Contratada por el ayuntamiento de Coatzacoalcos, tuvo a su cargo la rehabilitación del techo del mercado Morelos, sustituyendo láminas, evitando filtraciones y goteras. Pero resultó un fraude. El mercado Morelos sufrió este miércoles 3 el embate de la lluvia filtrándose torrentes de agua, producto del pésimo trabajo realizado por la empresa recomendada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle García. Nafdel Petroleum tiene el cobijo —y algo más— del secretario del ayuntamiento, Miguel Pintos Guillén. Al primer aguacero el engaño quedó a la vista. Y pensar que se les pagaron 9 millones 868 mil 851 pesos por semejante atraco… 

[email protected]

[email protected]

www.mussiocardenas.com

Fotos: Reuters