IPAX: Javier Duarte y el PRI le deben 300 millones

* Otro documento interno  * El comisionado y el desastre financiero  * Los “aviadores”  * Héctor Yunes y la denuncia penal  * Tendrá que ir a la PGR por el caso de sus hermanos “escoltas”  * Tania Ponce no será suplente de María Inés  * Rosalinda y la inhabilitación  * Papantla: más policías criminales  * Rotter insiste por el Verde  * Perderá en tribunales  * Yunes azul y su propuesta de seguridad

Todo se filtra en el IPAX: fichas de control, permisos de portación de armas, implicados los parientes policías de Héctor Yunes en un trámite fraudulento, su condición de “escoltas del senador”, las pistolas, las matrículas, el engaño a la Sedena, las listas de “aviadores”. Y ahora el adeudo del gobierno de Javier Duarte y el PRI por 300 millones de pesos.
Nada cuida y nada sabe resguardar Fernando González Ortiz, comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, hectoryunista que usa al IPAX como ariete de sus ambiciones, para promover al candidato del PRI al microgobierno de Veracruz, que obliga a la tropa a potenciar a Héctor Yunes, que amaga con recortar personal si hay resistencia y que advierte que si su gallo priista no gana la elección, el IPAX desaparecerá.
De su círculo más cercano se filtran documentos que comprometen al comisionado y lo exhiben como una nulidad en el cargo, violentada la secrecía, el sigilo de lo inconfesable, evidencia pura del caos administrativo que vive el IPAX, dejando de cobrar servicios de seguridad y del engaño a la Secretaría de la Defensa Nacional para asignar permisos de portación de armas a los hermanos y el padre del candidato Héctor Yunes, la asignación de armas, las Pietro Beretta, los dos cargadores y los 30 cartuchos a cada una. (Ver: http://mussiocardenas.com/informe-rojo/112702/papa-hermanos-escoltas-hector-yunes).
Del caos financiero da cuenta una relación de pagos, pasada por las manos del “clan de las novias”, documento que evidencia lo que no atiende Fernando González Ortiz, casi 300 millones de pesos en servicios de seguridad que no recupera para solventar la economía del IPAX. No es ese su objetivo. No es lo suyo hacerlo rentable.
Su mayor deudor es el gobierno de Veracruz, intocable para el comisionado, así escasee el recurso, así tenga que despedir personal.
Debe el gobierno de Veracruz más de 230 millones de pesos, sumado a ello los más de 4 millones del PRI, 55 millones de deuda corriente y casi 7 millones de cobranza en litigio. En total 298 millones 460 mil 503 pesos.
Detalla el documento que de todas las dependencias citadas, la de mayor adeudo es la Secretaría de Salud de Veracruz con 129 millones 843 mil 935 pesos.
Le sigue la Secretaría de Gobierno, cuyo titular es Flavino Oaxaco, alias Flavino Ríos Alvarado, con 58 millones 378 mil 542 pesos.
Otros deudores del IPAX son: Secretaría de Educación, 8 millones 719 mil pesos; Secretaría de Finanzas y Planeación, 11 millones 824 mil 484; Secretaría de Desarrollo Social, 690 mil 293, y la Secretaría de Medio Ambiente, 440 mil 865.
Debe la Secretaría de Seguridad Pública al IPAX, un millón 582 mil 225 pesos; la Coordinación de Comunicación Social, 777 mil 431; Contraloría General, 371 mil 907; Procuraduría General de Justicia (Fiscalía General), 3 millones 486 mil 313, y la Secretaría de Protección Civil, 323 mil 611.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario debe un millón 813 mil 929 pesos; Oficina del Programa de Gobierno, 85 mil 738; Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, 84 mil 661; Secretaría de Turismo y Cultura, 888 mil 821; DIF, 8 millones 188 mil 360; COBAEV, 191 mil 824; COVECA, 62 mil 251; Congreso del Estado, 466 mil 840; ICATVER, 3 millones 636 mil 815; IVEC, 229 mil 526; Instituto Veracruzano del Deporte, 154 mil 428, y Radio Televisión de Veracruz 84 mil 086.
Cita el documento el adeudo del PRI: 4 millones 94 mil 562 pesos. Y obvio, no lo cobra el comisionado del IPAX. Es el partido de Fernando González Ortiz.
Por concepto de deuda corriente, 55 millones 330 mil 157 pesos, y por cobranza en litigio, 6 millones 709 mil 35 pesos.
En suma, lo que ha dejado de cobrar el IPAX son 298 millones 460 mil 503 pesos.
Tampoco cuida el comisionado la información clave, explosiva, letal para el grupo en el poder. Hay una relación de pagos a “aviadores”. Hay otros que por no hacer nada cobran una fortuna. Hay cobro de servicios de seguridad que se ignora si alcanzaron registro contable.
Cobran en el IPAX “aviadores” menores y personajes ligados al poder, una juez, un notario, un constructor, un dueño de antro que se habla con los malosos.
Van algunos, incluido personal que sí trabaja en el IPAX pero cobra como ejecutivo, tomada la relación de la cuenta de un usuario de Facebook: Ana María Cortés Martínez, 7 mil 734 pesos; la juez y “mujer del Muerto”, el ex líder estatal del PRI y ex director de Tránsito, operador hectoryunista, Edmundo Martínez Zaleta, Edith Maribel Flores López, 10 mil; Irais Benavides Bello, 8 mil 100; Martha Laura Contreras Sánchez, 7 mil 700; Monserrat Ochoa Vega, 5 mil 400; Ofelia Landa Fuentes 7 mil 600; Sonia Lili López, 4 mil 700; Jesús Omar Romero Zapata, dueño de antro, 16 mil; Zaira Fabiola del Toro Olivares, 6 mil 200; Erika Castillo Salas, secretaria particular, 40 mil; Berenice Castillo Salas, cuñada del capitán Fernando González, 18 mil, y Fernando González Ortiz, alias el “Capitransas”, alias “El Gavioto” por todas las propiedades que tiene, 80 mil.
Fernando González es fan y verdugo de Héctor Yunes. Su descuido permitió la filtración de las fichas de control con que se dio de alta a César y Rafael Yunes Landa, y a César Yunes Faisal, vestidos de policías, trámite exigido en el IPAX para incorporarlos a la licencia colectiva para portación de armas. O sea, una simulación, un fraude, un engaño a la Sedena, una violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.
Lunes 28. Ese día queda radicada oficialmente la denuncia interpuesta el viernes 18 por el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Veracruz para hallar a los responsables del engaño de los Poliyunes, a la vista la consecuencias legales.
No fue un exhorto de los diputados panistas a la Fiscalía General de Veracruz sino una denuncia formal que consta de 22 fojas útiles. La recibió por parte de la Fiscalía, Yolanda Olivares Pérez.
Otra denuncia se canalizó hacia la Procuraduría General de la República por las implicaciones federales del mal uso de la licencia colectiva otorgada por la Sedena a la Policía Auxiliar de Veracruz, que inscribe en su estructura a particulares, los disfraza de policías, los incorpora a la nómina, cobran salario o alguien dispone de esos recursos, lo que equivale a peculado y hasta les asigna armas.
Así se construyó el escándalo de los parientes policías de Héctor Yunes. (Ver: http://mussiocardenas.com/informe-rojo/112651/hector-yunes-los-parientes-policias-ipax-las-armas).
No invocaba originalmente esas denuncias a Héctor Yunes. No estaba señalado como infractor. Pero sí lo estará.
Cuando arremetió el líder estatal del PRI, Felipe Amadeo Flores Espinoza, diciendo que lo publicado en INFORME ROJO contenía información “falsa”, cuando la senadora Ericka Ayala expreso que el caso Poliyunes era para “sembrar duda e incertidumbre”, cuando el diputado José Ramón Gutiérrez de Velasco aseguró que había confirmado que los hermanos y el padre del candidato del PRI no estaban en nómina, cuando Héctor Yunes tildó la información que implica a su familia de “señalamiento perverso”, provocaron que otro documento saliera a la luz pública: la asignación de tres armas a los parientes de Héctor Yunes, ahí la evidencia de que fueron acreditados como “escoltas del senador”. En ese entonces Héctor Yunes era legislador, hoy candidato al gobierno de Veracruz.
Por eso tendrá que comparecer ante la Procuraduría General de la República, quizá a media campaña. Ahí habrá de explicar Héctor Yunes cómo su parentela policíaca tenía calidad de escoltas suyos.
Y hay más.

Archivo muerto

Ayer mal, hoy peor. Miles de votos tendrá Miguel Ángel Yunes Linares, pero en contra, con la imposición de la ex priista —¿de veras habrá renunciado al PRI?— María Inés Núñez Moreal, la zacatecana, como candidata de ese mazacote llamado alianza PAN-PRD en el distrito Coatzacoalcos Urbano. Y otros miles de sufragios al congelar a Tania Ponce Salinas, la joven estudiante de la Universidad Veracruzana que habría de ser su suplente. Será compañera de fórmula —y de derrota— Rosalinda Tolentino Escayola, ex secretaria general del PAN en Coatzacoalcos, sí aguerrida, sí chambeadora, sí conciliadora con las tribus azules, sí comprometida con Yunes Linares, pero con dos inhabilitaciones para desempeñar cargo público federal en sus días en que ocupaba la Delegación de Migración, una por acoso a migrante y la otra por negligencia administrativa (expedientes ER-071/04 y ER-129/04). Húrguele tantito y ahí hay pus. A eso se le llama dinamita pura: María Inés tiene pasado priista y su suplente revienta de un momento a otro. Dinamita para estallar en el seno del PAN y en plena campaña. Se suponía que María Inés, la zacatecana, sería propuesta del PRD pero terminó siendo propuesta del minatitleco Edel Álvarez Peña, magistrado, ex líder del PRI estatal y ex alcalde de Coatzacoalcos. Pero en sí María Inés Núñez Monreal no aporta un sólo voto y sí resta a granel. Tania Ponce arrastraría el voto universitario, el voto joven, mermando a Víctor Rodríguez, priista y marcelista, que se nutre del voto-porro, de los pseudolíderes estudiantiles, y a Amado Cruz Malpica, de Morena, con fans entre los universitarios por su calidad de catedrático de la UV. Tania representaba el 40 por ciento del apoyo que requería María Inés, pero no lo quisieron. ¿Qué despeñó a Tania Ponce Salinas? Su simpatía por Juan Bueno Torio, esquirol duartista en la contienda, con el que caminó hasta que el hoy candidato independiente, impugnado por el fraude de las firmas de apoyo, se fue del PAN. Lo que son las incongruencias: por ser buenista, Tania Ponce no pasa, y en otras regiones de Veracruz el PAN a los buenistas les da cabida, caso Córdoba donde aún permanece en la disputa por la candidatura Gely Sahagún contra Leticia López. A velocidad de ráfaga se despeña Miguel Ángel Yunes Linares en Coatzacoalcos. Y los suyos le ayudan. Ni Fidel Herrera ni Javier Duarte lo habrían hecho mejor… Criminal, la policía de Javier Duarte sigue levantando inocentes y remitiéndolos a la muerte, a los malosos, a la delincuencia de alto nivel. Ahora es Papantla, como antes fue Tierra Blanca, donde más de 40 policías fueron intervenidos tras la desaparición de tres jóvenes, y a siete de los uniformados, incluido el comisario, se les imputa el levantón y quizá la muerte de las víctimas. Esa es la policía duartista, que en norte, centro y sur de Veracruz actúa fuera de la ley, sembrando angustia y dolor, ira y rencor, provocando la repulsa social. Criminal, la policía de Arturo Bermúdez Zurita, el “general” postizo de Seguridad Pública de Veracruz, ni siquiera aprueba los exámenes de control de confianza, y ahí siguen. Ahora fue Papantla, con tres jóvenes desaparecidos a manos de la policía de la pandilla duartista. Y así quiere el PRI ganar la elección de gobernador… Una buena y una mala para Armando Rotter Maldonado: la próxima semana será ungido candidato del Partido Verde a diputado local por el distrito Coatzacoalcos Urbano, y su candidatura no tardará en ser cancelada. Tiene la bendición del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y de su hijo Javier Herrera Borunda, futuro sucesor de Héctor Yunes Landa si llegara a ganar la microgubernatura el 5 de junio. Héctor le abrirá el camino al cachorro fiel. Sólo que Armando Rotter incurre en una violación al Código Electoral: quien se registra como precandidato de un partido no puede obtener registro por otro. Así le ocurrió a Marcelo Ebrard, en la elección federal intermedia, en 2015, primero contendiendo al interior del PRD y luego pretendiendo postularse por Movimiento Ciudadano. Lo impugnaron, se fue al tribunal y perdió la candidatura. A punto está Rotter de caer en ese supuesto legal… Lunes 4 de abril. Presentará Miguel Ángel Yunes Linares su propuesta en materia de seguridad. Lo hará en Coatzacoalcos, acompañado de María Elena Morera, presidenta de la asociación Causa en Común, una de las más críticas del desastre duartista, cuyo consejo es que Javier Duarte sea investigado y llamado a explicar la barbarie, la violencia y la responsabilidad de su policía en el baño de sangre que agobia a los veracruzanos…

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Foto: La Política