* Respuesta a los 500 intelectuales y artistas * Dos semanas antes de la ejecución, Segob alertó * ¿Omisión de la Fiscalía, CEDH y CEAPP? * Salvador Abreu y los poderes apócrifos * Los Vidal se inconforman * ¿Qué hay en los terrenos de Grupo Ortiz? * Abisac y Marissa, dos casos * El marcelismo puede esperar
Más jodido no podía estar. Humillado, requerido judicialmente, escucha Javier Duarte, pasmado, que la Secretaría de Gobernación buscaba a Rubén Espinosa en el DF para protegerlo por las amenazas recibidas en Veracruz.
Segob alertó a la Fiscalía de Veracruz, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a las organizaciones que presuntamente defienden a los periodistas. Les pedía que contactaran con el fotoperiodista, que se acercaran y que ayudaran a incorporarlo al mecanismo de protección a comunicadores.
Sabía, pues, el aparato duartista que el gobierno federal tenía en sus registros a un periodista de nombre Rubén Manuel Espinosa Becerril, cuyo exilio se precipitó por las amenazas, el hostigamiento, el asedio, el espionaje, la vigilancia cuerpo a cuerpo a manos de los esbirros del gobernador de Veracruz.
Y lo supo dos semanas antes que al fotoperiodista, colaborador de Proceso y Cuartoscuro, de la agencia AVC, lo ejecutaran en un departamento, el 401 del edificio marcado con el número 1909 de Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, del DF, la tarde del 31 de julio.
Con Rubén Espinosa murió la antropóloga, activista social y productora cultural, Nadia Vera Pérez; la maquillista Yesenia Quiroz Alfaro; la colombiana Milena Virgina Martín, identificada inicialmente como “Nicole” o “Simone”, y la empleada doméstica Alejandra Negrete Avilés.
Da así un vuelco el crimen de la Narvarte, con una revelación insólita, fuera del guión que había tejido el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, el fabricante de culpables desde que era procurador en el DF.
Mancera, su procurador Rodolfo Ríos Garza y todo el aparato judicial, centraron el caso en las hipótesis del robo y la droga. Filtran información a medios de comunicación afines, sembrando de minas el caso, así sea violando la secrecía ministerial, soltando detalles y generando corrientes de opinión cuyo propósito ha sido criminalizar a las víctimas, propiciar que se diga que tenían malas compañías, que eran drogadictos y prostitutas, y que si fueron asesinados, se lo merecían.
Así se conducía la Procuraduría capitalina, sin atender la hipótesis de que a Rubén Espinosa lo hubieran asesinado por su trabajo periodístico, por las fotografías en que revelaba la brutalidad policíaca contra movimientos sociales, la represión contra manifestantes, el caso de los ocho alumnos de la Universidad Veracruzana, agredidos a mansalva por un grupo parapolicíaco, presuntamente al servicio del secretario de Seguridad pública, Arturo Bermúdez Zurita, que los tundió a golpes con bates de beisbol, palos con clavos, machetes y armas largas, la madrugada del 5 de junio.
En el haber periodístico de Rubén Espinosa se hallaba aquella otra madrugada, la del 13 de septiembre de 2013, cuando un grupo policíaco desalojó la Plaza Lerdo, frente al palacio de gobierno, en Xalapa, a punta de macanazos, golpe de escudo, bastones eléctricos, balas de goma y armas. Echaba de ahí a maestros y defensores de derechos humanos que protestaban contra la reforma educativa. Los largaba para permitir que dos días después Javier Duarte diera el Grito de Independencia. Reprimir para consumar la gesta cívica.
Nada de eso atendía la Procuraduría mancerista. Repetía que no se descartaba ninguna línea de investigación. Pero en los hechos, y en sus actuaciones judiciales, y en el expediente, ni remotamente se seguía la pista de la ejecución por el trabajo profesional de Rubén Espinosa y, por supuesto, menos las amenazas que lo hicieron huir de Javier Duarte.
Apenas y atendía Mancera la protesta de periodistas, intelectuales, artistas, defensores de derechos humanos, ciudadanos colombianos que exigían que no estigmatizara a Mile Virginia Martín, de quien la Procuraduría del DF filtraba que era narcomenudista y que fue el objetivo de los sicarios, previa violación, estrangulamiento y finalmente el tiro de gracia.
Varió la indiferencia cuando 500 intelectuales, periodistas y artistas, directivos del PEN Internacional, una de las agrupaciones más influyentes a nivel mundial, instaron al presidente Enrique Peña Nieto a centrar a investigar las amenazas a Rubén Espinosa.
A eso siguió el editorial de New York Times que pidió a Peña Nieto “repudiar” las advertencias que hacía Javier Duarte a los periodistas, cuando dijo “Pórtense bien” y llamó a los comunicadores “manzanas podridas”.
Respondió Peña Nieto. Lo hizo a través del subsecretario Roberto Campa Cifrián, quien dijo que los delitos contra los periodistas constituyen atentados contra las libertades de toda la sociedad.
Mal para Javier Duarte. Pero le iría peor.
Revela ahora la Segob que dos semanas antes de la ejecución de Rubén Espinosa había establecido comunicación con la Fiscalía de Veracruz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organizaciones defensoras de los periodistas, a las que les pidió acercaran al fotoperiodista con la intención de que se acogiera a los mecanismos de protección.
Campa lo refirió así en entrevista con Milenio Televisión:
“Se estableció comunicación de inmediato con las instancias locales, con la Procuraduría de Veracruz, con la oficina de Derechos Humanos de Veracruz, con las instancias federales, y también establecimos comunicación con las organizaciones defensoras de periodistas para advertir que habíamos encontrado esta situación y para pedirles que se acercaran al periodista para que se incorporase al mecanismo”.
Eso ocurrió dos semanas antes. No hubo resultados. El 31 de julio, Rubén, Nadia, Yesenia, Mile Virginia y Alejandra fueron asesinados en la Narvarte. Según la hipótesis de la Procuraduría del DF, los mataron tres individuos que perpetraron un robo. Extraño robo pues dejaron teléfonos celulares, computadoras y hasta la tarjeta de circulación del vehículo en el que huyeron.
La versión es descabellada. Y peor: según la Procuraduría, los tres rateros eran novios de Mile Virginia y Yesenia. Ello, malabaristas y viene viene. Ellas prostitutas. Novios que según el único detenido, pagaron por tener sexo con ellas. ¿O sea?
Campa agregó:
“(Las organizaciones) nos dijeron que lo estarían buscando (a Rubén Espinosa) para tenerlo en el mecanismo y desafortunadamente sucedieron estos hechos”.
Si algo andaba mal, ahora está peor. Que se sepa, nadie buscó a Rubén Espinosa. Oficialmente no ha habido una postura, ni de la Fiscalía General, ni de la CEDH, ni de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Hubo omisión.
De ahí que sean citados como parte de la investigación, Javier Duarte; el secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita; el presidente de la CEDH, Fernando Perera Escamilla, y la presidenta de la CEAPP, Benita González Morales.
No se sabe si movieron un dedo por Rubén Espinosa. Todo indica que no. Fue omisión y hoy el fotoperiodista está muerto.
Grave predicamento para Javier Duarte, para su pandilla, para la CEAPP. Si hubieran actuado, si hubieran tenido un mínimo sentido de humanidad, el crimen de Rubén Espinosa se habría evitado.
Tendrán que acreditar a quién recurrieron, qué familiares, amigos o compañeros de trabajo fueron consultados para conocer el paradero del fotoperiodista y qué respondió Rubén Espinosa a la intensión de Segob de incorporarlo al mecanismo de protección.
Ha servido la presión internacional. PEN Internacional, PEN America Center, los 500 intelectuales, periodistas y artistas, el New York Times, dimensionaron el crimen y obligaron al presidente a no ser cómplice pasivo del gobernador de Veracruz, a repudiar las advertencias de Javier Duarte.
Si se trata de salvar el pellejo, Enrique Peña Nieto salva el suyo, no el de Javier Duarte.
Mancera puede seguir con la pista del robo y la droga. Ahora se sabe que la pista de las amenazas apunta a Veracruz. Y que es la más sólida.
Vuelco insólito que tiene a Javier Duarte a un paso de la renuncia.
Más jodido no podía estar. Lo humillaron. Lo hicieron declarar, así haya sido pactado, una farsa, pero lo requirieron judicialmente. Y luego la respuesta peñista a los 500 intelectuales, la presión mundial, en que categoriza los crímenes contra los periodistas como atentados contra las libertades de todos los mexicanos.
Faltaba algo. Revela Segob que pidió a dependencias del duartismo localizar a Rubén Espinosa. Nadie reportó nada. Quizá ni lo buscaron. Hoy está muerto.
Dos semanas pasivo el duartismo. Los sorprende el crimen. Y tres semanas después se acogen al silencio, callan, suponiendo que nadie diría nada. Error. Segob le imprime otro cariz al asesinato del fotoperiodista: omisión fatal.
Estaba mal Javier Duarte; ahora está peor.
Archivo muerto
Su nombre, Salvador Abreu Herrera. Detentó poderes notariales, realizó operaciones inmobiliarias, concretó venta de tierras. Don Salvador Abreu, administrador de la Cruz Roja de Coatzacoalcos, amigo de muchos, la sonrisa para todos, paseaba por los juzgados y por el Registro Público de la Propiedad. Concretó operaciones diversas sobre tierras que fueron de Mario Vidal Rivera. Sus herederos, vía la apoderada legal, Irasema Marinka Vidal Aguirre, sostienen que el poder de Salvador Abreu fue y es apócrifo. “Nunca se le otorgó poder de ningún tipo, ni por mi señor padre Mario Vidal Rivera, como de mi señora madre, Rosa Aguirre Marinque”. Corresponde el comentario a un oficio cursado al Registro Público de la Propiedad de Veracruz por haber falseado información a un juez federal en torno al estado que guardan los inmuebles propiedad de la familia Vidal. Caso explosivo porque los desarrollos inmobiliarios cercanos a la Universidad Veracruzana carecen de sustento jurídico, gracias a los trafiques de notarios, empresarios vivales, funcionarios corruptos y jueces sin escrúpulos. Salvador Abreu, quien detentara poderes notariales con el que concretó una operación de más de 10 hectáreas, era el administrador de Suites Mohill, entonces propiedad de los notarios Juan Hillman Jiménez y Francisco Montes de Oca López… ¿Qué hay en los terrenos propiedad de Grupo Ortiz, calle y área verde incluida? Cuentan los vecinos de la colonia Ampliación López Mateos, en la entrada a Coatzacoalcos, que infinidad de chatarra, retazos de lo que algún día fueron tráilers, torton, camiones de rediles, todo lo que circula por las carreteras y autopistas del sur del país. ¿Cómo llegaron ahí? Ese es el misterio… Una incapacidad médica le permite a Abisac Sosa no asistir al DIF de Coatzacoalcos. Y qué bien. Su condición física no se lo permite. Ahí realiza tareas de prensa y nutre de información al sistema de comunicación del ayuntamiento joaquinista. En lo político, sin embargo, tiene claro, definido y sin una duda, su lealtad al marcelismo. Se le vio en Xalapa, el miércoles 12, en el Teatro del Estado, atestiguando la toma de posesión de Víctor Rodríguez Gallegos como nuevo líder del Movimiento Territorial del PRI en Veracruz. Así, incapacitada y todo, Abisac Sosa fue a cumplir con su obligación política. En tropel acudía el marcelismo a la entronización, con aires de imposición, del operador más cercano a Marcelo Montiel, su dueño. Fueron muchos, no así la subdirectora de Comunicación Social, Marissa Cabrera Férez, cuya presencia nadie habría extrañado ni añorado pues esa oficina camina sola, cada quien en lo suyo. Abisac tiene bien puesta la camiseta de su equipo político; Marissa ni idea tiene de qué es eso…
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