MUSSIO CARDENAS ARELLANO
Forjado en los congales, en los antros, en el baile y el cañabar, Cuitláhuac se mueve por igual en el bajo mundo que en las cloacas del poder, con los Duartes y los Bermúdez, usando la ley para cobrar afrentas ajenas y retener en las cárceles a Rogelio Franco, Bernardo Segura, Goyo Gómez y Nicolás Ruiz, los presos políticos del gobernador.
A Franco no lo quiso soltar, violando el amparo emitido por un juez federal que tiró la vinculación a proceso y prisión preventiva de ocho meses, arrimándole más delitos para mantenerlo en prisión.
A Bernardo Segura, ex subsecretario de Finanzas en el yunismo, le inventa tantos delitos como días tiene el calendario.
A Goyo Gómez, ex candidato a alcalde de Tihuatlán por la coalición PRI-PAN-PRD, lo levantan policías ministeriales al estilo narco, el arma en la mano, tirando madrazos, arrastrando a su víctima, para luego, una vez evidenciados en videos, entregarlo a un juez.
A Nico Ruiz, e candidato a presidente municipal de Minatitlán, le imputan una privación ilegal de la libertad y lo envían a un penal de Oaxaca donde permanece aún.
Es la represión política grado 4T.
Abusivo del poder, Cuitláhuac García Jiménez ha hecho del Caso Franco un vodevil infame, bailando sobre la sentencia de amparo que ordenaba la libertad del ex secretario de gobierno yunista, sin calcular que le detonaría una mina explosiva que lo exhibe como tapete y trapeador del duartismo, cómplice de la liberación de ladrones y criminales que sirvieron —y sirven— al convicto saqueador Javier Duarte.
Un juez federal, Ricardo Mercado Oaxaca, concedió a regañadientes el amparo a Rogelio Franco Castán. Dilató la sentencia cuanto pudo —135 días— y ya con la presión encima, las marchas y los mítines, la voz de las hijas del perredista acusando que un montaje policíaco servía para retenerlo en prisión intentando evitar, primero, que fuera candidato a diputado federal y luego que llegara a San Lázaro, tuvo que ceder.
La sentencia valió poco. Cuitláhuac lo retuvo en prisión. Pasaron las horas, los días, extinguiéndose la esperanza, viendo la libertad desvanecerse hasta sentir la nueva trastada del gobernador. Vía la Fiscalía de Veracruz, le imputa tres nuevos cargos: abuso de autoridad, extorsión y delitos cometidos por servidores públicos. La línea es retenerlo y no dejarlo ir.
La duda se disipa. A Cuitláhuac le gustan los presos. Y los presos políticos más. Colecciona presos políticos como los dictadores infames de gorilatos militares y los sátrapas con poder, como los farsantes mesiánicos y los tarados funcionales, violentando leyes, usando a jueces de utilería que sin chistar emiten nuevas órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso, prisión preventiva oficiosa que serán revertidas en otras instancias de la trama judicial.
Bailarín de cantina, gobernador por accidente, Cuitláhuac García no podría haber invocado peor argumento para retener a Rogelio Franco en prisión que traer al teatro del asco a Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad de Javier Duarte, y vestirlo de víctima, disfrazarlo de ángel, venderle a los veracruzanos que Bermúdez no es el tirano que sí es. Franco, según el gobernador, agravió los derechos de Bermúdez al validar el rescate de bienes adquiridos con recursos del gobierno de Veracruz.
Alias Capitán Tormenta, Bermúdez encarna el lado más siniestro del régimen duartista. Lo más suave ha sido el enriquecimiento bárbaro. Lo más ilustrativo, la tortura y el crimen, la desaparición forzada, los cuerpos de élite en Seguridad Pública —Fuerza de Reacción de la División y Fuerzas Especiales “Los Fieles”— cuya misión fue capturar, exprimir, silenciar, asesinar y borrar todo rastro de la gente —civiles, policías, presuntos halcones, presuntos zetas— que caía en sus manos.
Esa es la “víctima” por la que se inmola el gobernador morenista.
Bermúdez Zurita carga con el crimen de Tierra Blanca. Ahí, su policía levantó a cinco jóvenes que se trasladaban del puerto de Veracruz a su natal Playa Vicente. Los entregó a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en un rancho de un operador duartista, ligado al ex tesorero del estado, Antonio Tarek Abdala Saad, el consentido de Karime Macías Tubilla, aunque ahora el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa lo llama traidor.
De los jóvenes nada quedó, si acaso una camisa con una mancha de sangre y un fragmento de hueso. De los testimonios de los detenidos surgió la hipótesis de que fueron confundidos con zetas, torturados, asesinados y disueltos en ácido.
Aquella policía operaba bajo el mando de Marcos Conde Hernández, el superpolicía de historial siniestro al que Bermúdez le permitía todo, absolutamente todo.
Y qué decir de los ocho policías municipales en Úrsulo Galván, levantados por las fuerzas de élite de Seguridad Pública de los que nadie volvió a saber. Sus esposas, sus madres, sus hijos claman por ellos, lloran por ellos, se duelen por ellos y exigen saber quién se los llevó y por qué.
Unos y otros desaparecieron, o fueron torturados, o se les arrancó la vida de tajo. Y de ahí el delito lesa humanidad que alcanza a Bermúdez, que no prescribe y que irremediablemente enfrentará en cortes internacionales.
Esa es la “víctima” con la Cuitláhuac retiene a Rogelio Franco en prisión.
Duartista de cepa, el gobernador se aplica en imputarle al yunismo un pacto con Javier Duarte y su banda criminal. Difunde fotografías en que se observa a Miguel Ángel Yunes Márquez junto al ex gobernador Duarte; una más de Chiquiyunes con la ex presidenta del Congreso de Veracruz, la fidelista Carolina Gudiño Corro.
La patraña es de risa. No es lo mismo un pacto político —un aberrante pacto entre PRI y PAN, entre yunistas y fidelistas— que un pacto criminal como los que suscribe el gobernador.
La fotografía de Duarte y Chiquiyunes corresponde a cuando uno era gobernador y el otro delegado de Oportunidades en Veracruz; es una foto institucional. Años después vendría la embestida yunista que quebró el proyecto Fidel-Duarte para perpetuarse 30 años en el poder, la derrota del PRI en 2016 y la cacería de Javier Duarte hasta refundirlo en prisión.
La imagen de Chiquiyunes y Carolina Gudiño es un evento de campaña de la coalición PRI-PAN-PRD este 2021. Yunes Márquez, propuesto por el PAN, contendía por la alcaldía de Veracruz hasta que los tribunales electorales lo declararon inelegible por falta de residencia efectiva; Carolina, postulada por el PRI, era candidata a diputada local por el distrito XV, que finalmente perdió.
Fue un pacto político que mereció una avalancha de críticas. El pragmatismo de unos y otros, los Yunes y los hijos políticos de Fidel Herrera, exhibió el cinismo y la apuesta a la desmemoria ciudadana como si los veracruzanos olvidaran que Miguel Ángel Yunes Linares, el jefe clan panista, acusó y acreditó que la campaña de Herrera Beltrán, en 2004, recibió recursos del Cártel del Golfo.
Pacto político, también, el de Morena con priistas, panistas, perredistas; con fidelistas y duartistas. Pacto con la bendición de Andrés Manuel López Obrador cuando en Xalapa Morena montó pasarela e hizo desfilar a Domingo Bahena (PAN) y Alberto Mijangos (PRI).
Entregó parte de la operación electoral a los fidelistas Erick Lagos y Jorge Carvallo; al ex alcalde de Coatzacoalcos, el priista Marcelo Montiel, a Mónica Robles, ex diputada local que llegara al Congreso en tiempo de Javier Duarte bajo las siglas del PRI-PVEM; a los líderes petroleros de Minatitlán, Agua Dulce, Poza Rica, donde Morena ganó las presidencias municipales.
Cuitlahuac se dio un tiro en el pie. El duartista es él. El que libera duartistas es él. El que facilita que los Bermúdez, los Fisculines (Luis Ángel Bravo Contreras), los Audirac, los Flavinos, los Valencias y las Ginas dejen la prisión de Pacho Viejo, es él.
A los policías imputados de desaparición forzada, implicados en tortura, asesinato de compañeros de corporación y de civiles, presuntos halcones, y de ciudadanos sin delito que acreditarles, Cuitláhuac García les abrió las puertas de la cárcel, el 24 de diciembre de 2019, como le señaló la diputada Maryjose Gamboa Torales.
Y el 15 de enero de 2020 la Fiscalía General de Veracruz, controlada por Cuitláhuac García, retiró cargos por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito al Capitán Tormenta, alias Arturo Bermúdez.
Un caso, el de Rogelio Franco, lo obsesiona. Es su preso político de cabecera. Y en su delirio detona escaramuzas políticas y la reacción de sus adversarios, aflorando la evidencia, los nombres, las fechas, los datos, la complicidad y el uso del poder que acreditan que el duartista es el gobernador.
Abierta la Caja de Pandora, Cuitláhuac no avizora, aún, lo que está por venir.
Archivo muerto
De tú a tú, las magistradas se dan con todo. Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros le dice a Isabel Romero Cruz, presidenta del Poder Judicial, desmemoriada y súbdita del gobernador y de su mafia del poder, ignorante en lo más elemental. Y en reciprocidad, Isabel la echa del Tribunal. Pasa a retiro por edad —70 años— la prestigiada magistrada, de carrera brillante y exabruptos geniales, algunos procaces —“ahora cualquier pendejo puede ser magistrado”— que retratan de qué lodos está construido el Poder Judicial de Veracruz. La pasan a retiro cuando la magistrada Castañeda ya había externado su fastidio por el rejuego político del Tribunal Superior de Justicia, las corruptelas, el desfalco de las arcas, la desaparición de reservas, la complicidad con los ladrones, la simulación de disminuir salarios cuando el boquete financiero tiene otra solución —pagarían los magistrados lo que otros se robaron—. Puntillosa con Isabel Romero Cruz, Cecilia Castañeda expresó que a la presidenta del Tribunal se le olvidan los rostros y se apoya en un auxiliar que es su guía y su luz. Harta de todo, advirtió que se iría y su contraparte le dijo que para luego es tarde. Y ordenó vaciar su oficina, revisar cada rincón, apretando con la contraloría interna como si a Yolanda Cecilia Castañeda alguien le pudiera cuestionar su honestidad. Caótico, el máximo tribunal es un circo de tres pistas, payasos y maromeros, fiel reflejo de un gobernador inútil, Cuitláhuac García, de una pandilla que lo ayuda a atropellar la ley —una magistrada presidenta títere— y a manejar con torpeza brutal al Poder Judicial de Veracruz… Seis meses antes del ataque, la amenaza llegó puntual. “Que no te metas con mi gente hijo de tu puta madre, deja de escribir mamada. Por eso se los carga la v…ga. Ya debes muchas Jacinto Romero. Y esta fue tu última”. Jacinto Romero Flores circulaba en su automóvil compacto sobre el bulevar Potrerillo, en Ixtaczoquitlán, cuando a eso de las 10:45 de la mañana, este jueves 19, fue alcanzado por las balas que lo ultimaron. Era autor de la columna El Enano del Tapanco y conductor del programa de radio Dígalo sin Miedo para la estación Oriesterio. Solía cubrir la región de Zongolica donde ventilaba los problemas sociales de aquellas comunidades. Una de sus publicaciones causó un revuelo inusitado cuando señaló al policía Cristian Anastasio Quechulpa, sobrino de la síndica de Texhuacan, Salustia Romero Anastasio, de haber disparado contra un joven de nombre Efrén Cano Tepole. El asesinato de Jacinto Romero, quien contaba con 61 años de edad, suscitó una reacción airada, condenas en el medio periodístico y pronunciamientos de organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras que exige una investigación a fondo. Veracruz es la entidad más peligrosa para el ejercicio del periodismo, contando con el mayor número de comunicadores asesinados en México… Como en los tiempos de Fidel Herrera y Tony Macías, el robo tierras va in crescendo. Corifeos del gobierno morenista de Veracruz, orquestan la compra ficticia de un predio al poniente de Coatzacoalcos, valiéndose de un contrato privado que adolece de datos falsos, firmas chuecas, notificaciones judiciales que nunca se realizaron de acuerdo al protocolo. Ubicado sobre avenida Universidad, frente a Chedraui 3, el terreno es codiciado por su dimensión —11 mil 400 metros cuadrados— y por su valor comercial. Es parte de la Sucesión Bringas, pero se lo quieren tirar hacia el patrimonio personal de los sedicentes transformadores de Veracruz. El contrato privado lleva como fecha falsa el 17 de julio de 1992 y en él se simula que Raúl Bringas Burelo, entonces albacea de la Sucesión Bringas, habría vendido el predio. El documento es tan burdo que cita calles y colindancias que en esas fechas no existían. El voraz “comprador” sería Juan Rivera, alias Juan Tampico, un conocido vendelotes. De acuerdo con los abogados, la firma de Raúl Bringas es a todas luces falsa. Otro abogado, ligado inicialmente al caso, conoció los esfuerzos realizados para falsificar la firma de Raúl Bringas y a qué notario ya retirado se le encargó la treta, el cual recibió un jugoso pago de 2 millones de pesos. La segunda parte de la trama detona en los juzgados en materia civil de Coatzacoalcos donde fue a parar la falsa operación de compraventa. Por años se pretendió inscribir la “compraventa” en el Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos, sin lograrlo porque el documento es un auténtico embuste. El notario número uno de San Andrés Tuxtla, Jaime Cerdán Hierro, fue requerido por la Fiscalía de Veracruz y en su informe consta que en 1995 se registró una “donación” entre Raúl Bringas y Juan Rivera, alias Juan Tampico, pero nada que ver con una “compraventa”. O sea, dos documentos: uno sobre una donación y otro por una compraventa; y el predio es el mismo. Un galimatías, un enredo, un fraude maquinado que implica a un connotado miembro del clan morenista, cercanísimo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, notarios, fiscales y personal de los juzgados civiles de Coatzacoalcos…
Fotos: Fotos: Formato 7, Acrópolis, Tiempo Digital