Puntilloso y agudo, irreverente y cáustico, Libertad Bajo Palabra desnudó la mentira y el nepotismo de Cuitláhuac, las trapacerías de Zenyazen, el sobreprecio en las patrullas de Seguridad y dimensionó las empresas fantasma conque hoy Morena atraca el erario, o al funcionario que distribuye droga, o la corrupción en la asignación de contratos… hasta que la 4T lo censuró.
Congelada, la fan page de Libertad Bajo Palabra en Facebook sólo tiene hoy una nota de Guadalupe —Lu-pilla— Porras David, la ex alcaldesa de Minatitlán que sirviera de operadora extra legal del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, en su incursión como delegada del PRI nacional. Esa información data de junio de 2019.
De sus mayores campanazos periodísticos, ni rastro.
De los trinquetes marca Cuarta Transformación, ni un titular.
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De las huellas de la corrupción, la transa legislativa, la imposición de una fiscal con prima Zeta, ni una línea.
Sus mayores hallazgos, su crítica punzante, decenas de informaciones en torno al saqueo y abuso de poder, los excesos y atropellos de la banda que circunda al maltrecho gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, fueron retirados de la cuenta por decisión de Facebook.
Todo fue borrado.
A eso de las 8:30 PM, el lunes 18, comenzó el ataque. En forma orquestada, llegaban a Facebook quejas por un presunto “uso inapropiado” de las normas comunitarias y la red social procedió al retiro de las informaciones periodísticas.
Su director, Armando Ortiz, recibía una a una las notificaciones de Facebook. Y comenzó a percibir la intención. Minuto a minuto se abultaban los reportes y desaparecían las notas de la fan page.
Armando Ortiz asumió el hecho como un acto de represión, un ataque a la libertad de expresión. Frente a su equipo de cómputo, fue detallando en video el modus operandi de los esbirros del gobernador, la queja de presuntos usuarios empleada como instrumento para retirar los contenidos de Libertad Bajo Palabra.
Días antes —denunció—, recibió alertas de empleados de la Secretaría de Educación de Veracruz que le deslizaron que su portal sufriría el embate por las revelaciones sobre los escarceos del titular, Zenyazen Escobar García, las triquiñuelas de nuevo rico, los desfases familiares, sus días de juventud entregado al baile y el desnudo como parte de un show —El Tarzan Boy de los Chipandale—, el ignorante y ruin que llega a ser potentado en la aldea de la mediocridad.
¿Qué detonó la embestida y ataque contra Libertad Bajo Palabra? La dimensión que Armando Ortiz dio al hallazgo del senador panista, Julen Rementería del Puerto, en torno a la corrupción, simulación, engaño y saqueo en la Dirección de Espacios Educativos. Y el hilo que conduce hacia las empresas fantasma de la Cuarta Trastornación.
Julen Rementería asestó horas antes un golpe brutal. Libertad Bajo Palabra describió el nivel de corrupción, estilo Javier Duarte.
Acreditó el legislador la discrepancia entre las obras reportadas y las que en realidad se ejecutaron; planteles escolares en que no se pegó ni un ladrillo; obras que provienen del gobierno yunista, enlistadas como inversiones de la 4T.
De todo, el culmen son tres compañías cuyos domicilios fiscales corresponden a lugares que nada tienen que ver con su giro comercial. Una de ellas una casa particular; otra, un presunta cantina, ya sin funcionar, y una más, que es un expendio donde se vende mole.
Herida, la 4T reaccionó. Zenyazen Escobar confrontó los datos del senador. Arguyó que las obras correspondientes al bienio yunista se hallaban inconclusas. Precisó que en los planteles escolares se estaban realizando las obras señaladas en el reporte oficial. Pero tuvo un desliz.
Una de las empresas fantasma señaladas por Julen Rementería —indicó Zenyazen— también recibió contratos de obra en el yunismo azul.
Algo así como “si ellos tienen empresas fantasma, ¿por qué la Cuarta Transformación no?”.
Libertad Bajo Palabra es, por decir lo menos, un radar de la 4T. Vigila, observa, mide cada paso del gobernador. Recrea los traspiés de Cuitláhuac, sus pifias verbales, su inagotable ignorancia, su irrefrenable simulación.
Su golpe magistral fue hallar la identidad, vida y correrías de la abuela Manuela, el secreto (hasta entonces) mejor guardado del gobernador.
Armando Ortiz hurgó en Puebla la pista, el origen, la evidencia documental, el testimonio de la mujer que dio origen a la dinastía de los García y de los Guerrero. Y Libertad Bajo palabra acreditó la proclividad de Cuitláhuac a mentir.
Frente a todos, los veracruzanos y los que no, frente a Andrés Manuel López Obrador, el gobernador había negado que Eleazar Guerrero fuera su primo. Negó el nepotismo. Negó relación alguna. Negó todo. Descaradamente mintió. Le mintió al presidente, su mentor.
Y Armando Ortiz lo desenmascaró.
Actas de nacimiento en mano, actas de defunción, entrevistas con familiares, evidencia contundente establecieron que la abuela Manuela Durán tuvo dos relaciones de amor. Y de sus dos hombres proceden dos medios hermanos, Atanasio García Durán y Julio Guerrero Durán, los padres de Cuitláhuac García y Eleazar Guerrero.
Y el embustero de palacio ya no pudo mentir más.
Punzante, el portal de Armando Ortiz retrata la realidad brutal de Morena en el poder; las tretas de la familia Ferráez con los contratos y los eventos del gobierno estatal; el rol de Ana Miriam Ferráez, la diputada que sugiere un toque de queda para preservar la integridad de la mujer.
Sacude a Veracruz con textos que describen el sobreprecio de las patrullas para la Policía Estatal con el aval del subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, el cancerbero de la corrupción.
Le zumba de a tiro por viaje al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, un morenista de ínfimo nivel e inteligencia estatus cero, burócrata sin ética que gusta de la amenaza al enemigo, a la prensa crítica, que apalea manifestantes como parte de la inauguración de la Cumbre Tajín.
Libertad Bajo Palabra siguió la pista de un dealer, distribuidor de droga entre funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz, a partir de un dato aportado por empleados de la dependencia. Días después, el funcionario fue apresado. Horas más tarde quedó libre al no habérsele encontrado responsabilidad. Le sembraron el narcótico. Lo hizo la policía estatal. Y entonces denunció penalmente a Zenyazen Escobar como el auto intelectual de la infamia.
Su tema es la denuncia de corrupción. Armando Ortiz y Libertad Bajo Palabra son un referente periodístico, una hemeroteca que consigna desvíos y atropellos.
Por sus espacios corren las tropelías de los cuatroteros, el robo en el DIF de Veracruz; las andanzas del hijo de la ex secretaria del Trabajo a quien la policía de Chicontepec le halló droga en el vehículo, precipitando la renuncia de la mamá; las maromas de la bancada de Morena en el Congreso de Veracruz, imponiendo a la fiscal espuria, Verónica Hernández Giádans, y un rosario de violaciones a la ley que la bancada morenista ejecuta para complacer el infame de palacio.
Inquebrantable, Libertad Bajo Palabra lleva una semana sin su fan page. Facebook es veloz para bloquear información pero lento para dictaminar que ahí, en las informaciones de Armando Ortiz, sólo hay periodismo documentado.
Morena, en el poder, tiene ínfulas tiránicas. Golpea, infama, y exhibida su esencia, revelada su corrupción, sus tretas y trapacerías, las mentiras y los engaños del gobernador, busca el silencio como forma de sumisión.
Irreverente y cáustico, Libertad Bajo Palabra halló la verdadera historia de Cuitláhuac y su chispeante abuela, las triquiñuelas de Zenyazen, el sobreprecio de las patrullas de Seguridad y dimensionó las empresas fantasma conque hoy Morena atraca el erario.
Y la 4T lo censuró.
Archivo muerto
Cifras devastadoras al 26 de mayo: México registra 74 mil 560 contagios y 8 mil 134 fallecimientos, lo que lo sitúa en el lugar 9 a nivel mundial en decesos, superando a Irán, Holanda y Canadá, y en en breve superará a Alemania. Y Veracruz, con sus 3 mil 258 contagios ya es cuarto lugar nacional. Por encima de Veracruz, sólo la Ciudad de México, Estado de México y Baja California. Hay 428 fallecidos en suelo jarocho, dejando atrás a Tabasco y Sinaloa. Pero dicen Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario Hugo López Gatell que se está domando la pandemia y que la sana distancia concluye, y que se retoma la dinámica social, a riesgo del contagio, de un rebrote, de más muertes, lo cual suena a irresponsabilidad demencial. Día a día la curva de contagios crece y el número de muertos en el país rebasará, con mucho, los 9 mil. Y Andrés Manuel y López Gatell atizando el regreso a la “nueva normalidad” hasta lograr —pregonan— que la inmunidad de rebaño se dé, todos desafiando al Covid 19, exponiendo al pueblo a contraerlo, pero sin medicamento ni vacuna aún, sin saber quién lo podrá superar y quién transitará a la muerte por la terrible agonía de la falta de oxígeno, siendo intubados, siendo cremados. Pero López Obrador y López Gatell ya decidieron que la movibilidad debe volver… De los hornos crematorios de Coatzacoalcos emergen columnas de humo. A diario, la incineración de restos humanos, los muertos por Covid 19 y los que fueron diagnosticados como “sospechoso” de coronavirus, y los de neumonía aguda, y los de insuficiencia respiratoria. Van al crematorio hasta los que mueren por otras causas. Un final forzado, pues la directora de Panteones del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Elda Gordillo Silva, aduce instrucciones de la Secretaría de Salud. De ahí el amparo del doctor en Derecho, Marco Antonio Madrazo Carrión, implicando a la regidora morenista Eusebia Cortés, invocando el acuerdo del 17 de abril pasado, suscrito por los secretarios de Gobernación, Olga María Sánchez Cordero Villegas y Jorge Alcocer, que establece que la cremación no es norma obligatoria, que los cuerpos de fallecidos no identificados o identificados pero no reclamados, o cuando sus familiares decidan no cremarlos, deben permanecer en el estado, no ir a la fosa común pero sí a una fosa cavada exprofeso. Y refuerza el juicio de amparo con el contenido de tratados internacionales y normas sanitarias que obligan al Estado mexicano al respeto a los derechos humanos de las víctimas. Y aquí, en Coatzacoalcos, el ayuntamiento haciendo obligatoria la cremación de muertos por Covid 19. Ahí está lo expresado por Elda Gordillo Silva. Y ahí la cremación de la empleada municipal, Hermelinda “R”, porque así lo decidió el ayuntamiento, operado por el secretario, Miguel Pintos Guillén. Gravísimo caso de violación de derechos humanos de la víctima y sus familiares. Como para terminar en prisión… Y pese al escándalo sexual, Fernando Quirarte sigue ahí. Su cese fue un engaño, un enroque cargado de vileza, dejando la Dirección de Gobernación del Gobierno de Veracruz y siendo incrustado en la Junta Estatal de Mejoras. Un incidente ocurrido en Poza Rica, forzó la remoción de Quirarte, según fuente del gobierno estatal. Viajó a la ciudad del norte de Veracruz y entre su equipo una joven becaria. Una noche, fuera de sí —precisa la fuente por escrito—, tocó a la puerta de la habitación del hotel en que se hospedaban. La joven lo ignoró. Quirarte insistía. La joven resistió. El flamantísimo director de Gobernación del gobierno de Morena la emprendió entonces a patadas contra la puerta de la habitación. Sabido el show, quejándose la agraviada y la administración del hotel, se urdió el “cese” de Quirarte. Fue una simulación. Pasó a ser director de la Junta Estatal de Mejoras. Disfruta de la complicidad del secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, que lo mantiene en su burbuja de impunidad. Esa y una decena de anécdotas de Fernando Quirarte, se cuentan en palacio de gobierno, llegan a los correos, se filtran en las redes. Es la Cuarta Degradación… Apretón desde Xalapa a la fiscal Yamileth Karina Hernández Franyutti por usurpar funciones de juez. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas la conmina a presentar un informe pormenorizado en que dé cuenta de las razones por las que entregó la custodia de dos menores al padre, Roberto Celaya Origel, acusado de lesiones, violencia familiar e incumplimiento de la obligación de dar alimentos, según la carpeta de investigación 1053/2019. La queja proviene de la denunciante, Nadia Georgina Franco Torres, a quien la fiscal Yamileth Hernández Franyutti le conculca el derecho a tener consigo a sus hijos, pese a la sentencia de un juez civil que determinó el divorcio y, tras ello, la custodia de los menores a la madre. La fiscal auxiliar en Xalapa, Heidi Margarita Vargas, indaga el caso, según consta en el oficio FGE/FCEIDVCFMNNYTP/1242/2020, de fecha 17 de marzo de 2020. Y lo que aún viene con la Comisión Estatal de Derechos Humanos… Evidencia pura, corrupción manifiesta, contratos, tráfico de influencia. Tres nombres: Rocío Nahle, Jose Luis Peña Peña, su esposo, y Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el alcalde, alias el Comediante Supremo. Pronto, un escándalo para la prensa nacional…
Fotos: Diario de Xalapa, Libertad Bajo Palabra