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Concuño de Salinas de Gortari se apropia de terreno y quiere que la SCJN lo avale

* Es José Antonio González Anaya, director del IMSS

* El predio tiene un valor de 500 millones de pesos

* La ministra Olga Sánchez Cordero va en contra de su propia tesis

 

Coatzacoalcos, Ver.- Zona Dorada es zona de guerra, un predio de 500 millones de pesos, 10 hectáreas y algo más, que reclama en los tribunales José Antonio González Anaya, concuño del expresidente Carlos Salinas de Gortari; lo cabildea políticamente y lo lleva al ala salinista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para adueñarse de él.

Cubierto de dunas, flora y fauna silvestre, es un terreno firme que va de la avenida Universidad al malecón costero, en el sector más pujante de Coatzacoalcos, que ha despertado la codicia de empresarios y políticos, y de González Anaya, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En uno de sus extremos colinda con la Universidad Veracruzana y en otro con el hotel Fiesta Inn. Está enclavado en una zona residencial de alta plusvalía y en el área de desarrollo turístico de Coatzacoalcos.

Sobre él, sin embargo, hay una historia de litigios, disputas legales, tráfico de influencias, presión política, con visitas del líder de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones Rivera, al Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito con residencia en Xalapa, y todo el aparato judicial a favor del concuño del expresidente de México.

Hay también una compra ilegal de una hectárea a precio de ganga —10.5 millones de pesos cuando su valor real es de 50— por parte del gobierno veracruzano, encabezado entonces por Fidel Herrera Beltrán, siendo suscrita por su secretario de Finanzas, Javier Duarte de Ochoa, actual mandatario de Veracruz.

Oriundo de Coatzacoalcos, doctor en economía por la Universidad de Harvard, José Antonio González Anaya tiene un vínculo familiar y político con Salinas de Gortari. Está casado con Gabriela Gerard, hermana de Ana Paula, la esposa del expresidente de México.

“Es evidente la intromisión del salinismo para favorecer al concuño del expresidente”, reclama Marco Antonio Madrazo Carrión, abogado del legítimo propietario del terreno, Inocente Armas Alor.

“En los tribunales estatales —agrega— todas la resoluciones fueron favorables a González Anaya y a sus socios, su padre y su hermano. Pero en amparo federal ganamos y ahora llevan el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el salinismo opera con todo su poder”.

“Ejercen la facultad de atracción indebidamente —precisa— porque no se trata de un asunto de importancia mayor, ni se pone en riesgo las finanzas de la Federación o la economía estatal o federal. Y eso lo sabe la ministra Olga Sánchez Cordero, que es quien tiene en sus manos el caso, porque es una tesis que ella ha enarbolado”.

40 AÑOS EN CONFLICTO

La historia del predio se remonta a 1950, cuando Donato Vidal Hernández prescribió a su favor 146 hectáreas de terreno en el poniente de Coatzacoalcos. Le denominó “Santa Isabel” y le dio uso ganadero.

Años después, el 23 de enero de 1968, vendió una fracción a Inocente Armas Alor en 95 mil pesos. Su esposa, Isabel Rivera había muerto siete meses antes y decidió desprenderse de 10.18 de las 146 hectáreas, el predio denominado Zona Dorada. La operación la validó el entonces presidente municipal, Taurino Caamaño Ramos.

El 9 de enero de 1970, el contrato 0021/968 fue inscrito con el número 44 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Coatzacoalcos. La operación se realizó sin mayor problema pues no existía copropiedad entre Donato Vidal Hernández y su hijo Mario Vidal Rivera.

Cuatro años después, el 2 de mayo de 1974, Mario Vidal tramitó la sucesión testamentaria como heredero universal y se adjudicó 146 hectáreas, incluidas las 10.18 que ya eran propiedad de Inocente Armas.

Pasarían 36 años para que González Anaya, su hermano Oscar Javier, su padre José Antonio González Pereyra, y sus socios, el abogado Alfredo Ramón de Diego, y los hijos de éste, Alfredo y Marco Antonio Ramón López, iniciaran un desgastante litigio para ostentarse como nuevos dueños del predio.

El 16 de agosto de 2010 acudieron a la vía civil. Ahí demandaron la inexistencia del contrato privado de compraventa entre Donato Vidal e Inocente Armas.

Para acreditar su argumento, coincidentemente desaparecieron del Registro Público de la Propiedad los antecedentes de ese contrato, aunque desconocían que existía un testimonio certificado que le dio validez a la operación.

González Anaya, Alfredo Ramón y socios exhibieron una escritura elaborada en la notaría número 3, a cargo de Jesús Salas Lizaur, de fecha 15 de junio de 1989 en la que supuestamente adquirieron el predio de manos de Mario Vidal. Es decir, este grupo “compró” el predio veintiún años después de la operación de compraventa entre Donato Vidal e inocente Armas.

“Se valen de notas marginales falsas”, acusa el abogado Madrazo Carrión. En la escritura de González Anaya y socios, aparece una de ellas adjudicándose las 10.18 hectáreas. Supuestamente habían adquirido el predio en 1989 pero lo inscribieron en el Registro Público de la Propiedad el 17 de diciembre de 2007; o sea 18 años después de haber concretado la operación con Mario Vidal.

ROBOS Y ALTERACIONES EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

El contrato privado original sufrió inicialmente el robo de sus primeras hojas donde constan las notas marginales que acreditan la compraventa entre Donato Vidal e Inocente Armas. Coincidentemente, esto ocurrió luego que el abogado Alfredo Ramón de Diego solicitó el libro que las contiene y posteriormente lo reintegró al Registro Público de la Propiedad, según consta en documentos del litigio.

El mismo Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos levantó actas y dio parte a la Dirección del Archivo de Notarías y Registro Público de la Propiedad en Xalapa, dejando constancia que ese instrumento notarial se había extraviado en su totalidad.

Sin embargo, durante el litigio, Inocente Armas exhibió el contrato privado de compraventa certificado con que adquirió las 10.18 hectáreas de Zona Dorada, con lo que acreditó sus derechos sobre el predio.

Hasta el año 2007, Inocente Vidal Alor era el titular del predio ante la Dirección de Catastro del ayuntamiento de Coatzacoalcos. Para 2008 le fue impedido continuar pagando el impuesto predial. La orden la dio el entonces presidente municipal, Marcelo Montiel Montiel, actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Social federal en Veracruz y amigo personal de José Antonio González Anaya. El tesorero municipal era Luis Rafael Anaya Mortera, tío del hoy director del Seguro Social.

Para 2010, Alfredo Ramón de Diego y González Anaya acudieron a la vía civil. Aquel 16 de agosto demandaron la inexistencia de la escritura de compraventa entre Donato Vidal e Inocente Armas.

Uno de los vértices de su argumentación legal radica en señalar que Donato Vidal no podía vender ninguna fracción del terreno porque requería de la autorización de su esposa Isabel Rivera. Y que al morir ésta, su hijo Mario Vidal Rivera se convirtió en beneficiario de sus bienes.

El abogado Madrazo Carrión lo refuta:

“González Anaya y Ramón de Diego no han podido demostrar que Donato e Isabel estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Por tanto, Donato era libre de vender según su parecer”.

Y abunda:

“Su hijo Mario Vidal tampoco tenía derechos sobre el predio ‘Santa Isabel’ cuando su padre le vende a Inocente Armas, en 1968. Esa operación quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad en 1970. Mario tramitó la sucesión testamentaria hasta 1974. O sea, la venta de las 10 hectáreas de lo que hoy es Zona Dorada, fue legal y el único que tenía derechos sobre el terreno era Donato Vidal, no su hijo”.

EL JUICIO

Reclamado como propiedad suya, Zona Dorada era un terreno sobre el que Alfredo Ramón de Diego tenía especial interés. A fines de la década de los años 70, poco después que Mario Vidal Rivera se agenciara las 146 hectáreas del predio “Santa Isabel”, se aposentó en el terreno aledaño a la Universidad Veracruzana. En él tenía caballos que solía montar su cuñado Pablo López Teja, entonces novio de Salma Hayek Domínguez, a la postre actriz y nominada al Oscar por la película Frida.

Ramón de Diego tenía una vinculación muy estrecha con Mario Vidal. En sus años mozos fueron vecinos en la cuarta calle de la avenida Juárez, en el centro de Coatzacoalcos. Otro vecino de ellos fue el notario Enrique Lara Echeverría, quien en 1967 elaboró las escrituras que contienen el testamento en que Donato Vidal e Isabel Rivera nombran heredero universal a su hijo Mario.

Propiamente, el litigio lo armó González Anaya veintiún años después que “comprara” las 10.18 hectáreas, el 16 de agosto de 2010, dice el abogado Madrazo Carrión, doctor en derecho por la Universidad de Almería, España.

Durante el juicio, a Inocente Armas le desecharon pruebas clave para acreditar la vigencia de sus instrumentos notariales. Por ejemplo, la inspección judicial en el Registro Público de la Propiedad sobre el legajo de certificados de libertad de gravamen que demostraría la existencia del número CER 7367/08, de fecha 14 de febrero de 2008, a favor de Inocente Armas. Esa diligencia validaría que su contrato de compraventa estuvo inscrito y fue extraviado.

Otra inspección judicial se realizaría en el Catastro Municipal. Ahí quedaría constancia de que Inocente Armas pagó el impuesto predial sobre el terreno de 10 hectáreas de 1969 a 2007 cuando el alcalde Marcelo Montiel y el tesorero Luis Rafael Anaya le impidieron continuar haciéndolo.

Sin embargo, ninguna de estas pruebas le fue admitida en el juzgado civil.

UNA HECTÁREA PARA EL GOBIERNO FIDELISTA

Antes de iniciar el conflicto legal, González Anaya y socios vendieron al gobierno de Veracruz, entonces encabezado por Fidel Herrera Beltrán, una hectárea de terreno. Por la operación de compraventa recibieron 10.5 millones de pesos.

La operación la concretaron el secretario de Finanzas, Javier Duarte de Ochoa, hoy gobernador de Veracruz, y el director de Patrimonio del Estado, José Antonio Flores Vargas.

En fuentes de la Secretaría de Finanzas y planeación, trascendió que la compraventa real fue de 26 millones de pesos y que una vez que concluya el litigio, el gobierno de Veracruz le venderá a Javier Herrera Borunda, hijo de Fidel Herrera.

GONZÁLEZ ANAYA, OBLIGADO A COMPARECER

Para González Anaya, el juicio civil ha sido un calvario. El 10 de diciembre de 2010 estaba obligado a comparecer ante el juzgado como parte del desahogo de pruebas. “Llegó y permaneció en la camioneta que lo transportó. Su equipo de guardaespaldas se desplegó en el lugar. Se le hizo saber que debía retirar a la gente armada. Se percató que había prensa y se retiró”, refiere Madrazo Carrión.

El 19 de junio de 2012, la juez segunda de Primera Instancia, Patricia Montelongo Guerrero, condenó a Inocente Armas Alor, ordenó la cancelación del contrato privado de compraventa con Donato Vidal Hernández y absolvió a José Antonio González Anaya y otros del pago de la demanda y reconvención en su contra. El caso fue apelado ante la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, según el toca 3438/2012.

El 16 de enero de 2013, la Sexta Sala confirmó la resolución del Juzgado Segundo de Coatzacoalcos, pero la modificó en algunas de sus partes. Dijo que la juez Montelongo se excedió al ordenar la cancelación del contrato de compraventa si dicha prestación no fue invocada en juicio por el concuño de Salinas de Gortari.

Inocente Armas interpuso un juicio de amparo, el 29 de enero de 2013. Antes de que se emitiera la sentencia, el diputado Manlio Fabio Beltrones llegó a Xalapa, se apersonó con los magistrados y supuso que acatarían la línea salinista.

“Algunas fuentes del Tribunal aseguran que el diputado Manlio Fabio Beltrones llegó a Xalapa. Se entrevistó con magistrados y los sensibilizó del caso. Obviamente la intención era que fallaran a favor del concuño del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, los magistrados le dijeron que sí, pero hicieron lo contrario”, refiere el abogado Madrazo Carrión.

El 26 de julio de 2013, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil concedió el amparo, según la ponencia de Alfredo Flores Rodríguez, contra actos de la Sala Sexta del Tribunal Superior de Veracruz y del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatzacoalcos. Inocente Armas era confirmado así como propietario de Zona Dorada.

El amparo no fue recurrido. González Anaya y socios interpusieron otro amparo. Ante ello, el amparo causó ejecutoria. La Sexta Sala del TSJ de Veracruz emitió una nueva resolución y salvaguardó los derechos de Inocente Armas.

González Anaya y socios presentaron un nuevo juicio de amparo directo para desechar la sentencia que los dejaba fuera de toda posibilidad de adjudicarse el predio Zona Dorada, registrado bajo el número 932/2013, a sabiendas que no tienen posibilidad de ganarlo pues no combatieron el amparo anterior al no inconformarse contra dicha sentencia.

QUE PASE LA MINISTRA

Hoy el caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 5 de marzo pasado, González Anaya solicitó que se ejerciera la facultad de atracción. El 2 de abril, la SCJN desechó la petición “ante su falta de legitimación”. El caso regresó al tribunal colegiado de Xalapa.

Insospechadamente, esta vez Oscar González Anaya, hermano del director el IMSS, solicitó de nuevo que la SCJN ejerza su facultad de atracción. El 4 de junio pasado, encontró en una ministra identificada con el salinismo, Olga Sánchez Cordero, su tabla de salvación.

El 20 de junio, Sánchez Cordero ejerció esa facultad aún yendo contra su propia tesis en la materia.

La tesis de Olga Sánchez Cordero establece que la facultad de atracción sólo se ejerce en casos de “especial relevancia para el ámbito nacional”. Y en otra parte asegura que el requisito de “interés” o “importancia” se da cuando exista posible afectación grave al patrimonio o las finanzas públicas de la Federación, la posibilidad de que se perjudiquen áreas o sectores de importancia económica y social para el país. No es el caso, pero ya lo atrajo.

Refiere el abogado Madrazo Carrión:

“No creo que la ministra Olga Sánchez Cordero vaya a ir en contra de su propia tesis sobre la facultad de atracción. Sería un mal precedente después de lo de Florence Cassez”.

FOTOS: las5.mx y adnpolitico.com