* Agresiones de la policía duartista * Rubén Espinosa terminaría como Regina, muerto * Y dice el gober que todo es “linchamiento público” * Que investiguen a la policía del gobernador: Huerta * Formal prisión y libertad al médico Poblete * OPC: pierde demanda y cobra en CMAS * Sabotaje entre marcelistas
Cada golpe, cada insulto, la amenaza a su labor periodística o aquella voz que un día advirtió “deja de tomar fotos si no quieres acabar como Regina”, o sea muerto, implican a Javier Duarte, a su policía represora, a sus agentes armados que infiltran protestas, en el crimen de Rubén y en el ultraje a Nadia.
Cada acto de presión, el espionaje, la agresión, la destrucción de su material gráfico, el acoso a la activista social, o ser fotografiado a cada instante, o el asedio institucional contra las voces críticas, fue conformando el ambiente de culpabilidad que atrapa al gobernador de Veracruz.
Presionado, intimidado, Rubén Espinosa optó por el exilio. Se fue de Veracruz el fotoperiodista, colaborador de Proceso y Cuartoscuro y fotógrafo de la agencia AVC, con el miedo en la piel, con la imagen de aquellos esbirros del duartismo que lo esperaban a unos metros de su hogar, que lo seguían a todas partes, caminando a su lado o detrás, incitándolo a callar y finalmente escuchando al que le expresó que “se hiciera a un lado”.
Víctima de una policía por demás infame, de la mente criminal que los maneja, de los sicarios con uniforme que sirven al tirano de palacio, Nadia Vera, antropóloga, productora cultural, también se fue. Categorizó a Javier Duarte como un ignorante, que entregó el poder al narcotráfico y lo hizo responsable de lo que le pudiera ocurrir. Y le ocurrió. La mataron.
Su muerte es el acabose y el clímax de un gobierno déspota, sin rumbo, sin brújula, que desdeña la crítica, que hostiga a los críticos, que reprime con premeditación, con alevosía y con ventaja; que usa la fuerza y la rudeza así sea violentando la ley, pisoteando los derechos fundamentales; que aplasta y que se escuda en la impunidad.
Rubén y Nadia son víctimas de Javier Duarte. Se fueron al exilio, al Distrito Federal, marcando distancias, movidos por el instinto de conservación y el amor a la vida, lejos del aprendiz de tirano, de su rencor y su ira. Suponían que estarían a salvo.
Allá los alcanzó la muerte. Fueron por ellos y acabaron con su existencia, la tarde del viernes 31 de julio, en un departamento de la colonia Narvarte, en el 401 del edificio marcado con el número 1909 de Luz Saviñón.
Dice el gobierno del DF, vía su Procuraduría, que el móvil de ambos crímenes, y el de otras tres mujeres, es el robo. Después filtra que es una vendetta entre bandas colombianas dedicadas al narcotráfico. Insinúa que Rubén y Nadia no eran el objetivo sino una mujer de Colombia a quien primero identificó como “Nicole”, luego “Simone” , ahora Mile Virginia Martín y mañana quien sabe.
¿Y el móvil por el trabajo periodístico de Rubén Espinosa? ¿Y el activismo social de Nadia Vera? ¿Y el exilio forzado por la intimidación y violencia provocada por el gobernador Javier Duarte?
Decía el procurador Rodolfo Ríos Garza que nada se descarta. Ajá. En los hechos, el clima de hostigamiento generado por Javier Duarte hacia la prensa no se mencionaba en la indagatoria.
Cedió ante la presión de la prensa independiente, nacional e internacional, los organismos defensores de derechos humanos, el escándalo, la crítica, por informar a medias y dedicarse a filtrar versiones que alejan el multihomicidio del móvil político y la represión a la libertad de expresión.
Javier Duarte alega que fue él quien solicitó ser interrogado. Dijo el lunes 10 que habló con el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y que así lo acordaron. Respondería al interrogatorio en un hecho inédito y ejemplar.
Sí y no. Mancera envió al personal de la Procuraduría capitalina a Xalapa. Javier Duarte no respondió de manera directa ni de viva voz. Según despachos de prensa, lo hizo mediante cuestionario. Y respondió por escrito. No hubo asedio judicial, ni preguntas insistentes.
Y no lo hubo porque quien llevó a cabo el “interrogatorio” fue la Fiscalía General de Veracruz, la antigua Procuraduría estatal, un apéndice del gobernador, encabezada por Luis Ángel Bravo Contreras, alias “Culín”, su empleado.
Buen show pero malos actores. La noche del martes 11 trascendía que aquello era una pantomima patética, Javier Duarte usando la diligencia para exculparse y los enviados de la Procuraduría del DF convertidos en patiños de carpa jarocha.
Artículo 19, la organización internacional que defiende los derechos de los periodistas y que en esta ocasión representa a las hermanas de Rubén Espinosa Becerril, advirtió que se le impidió participar en la diligencia. Su cuestionario, supuestamente lo presentó la Procuraduría del DF.
Concluida la farsa, Javier Duarte emitiría un comunicado que exhibe su pobreza mental y el desdén institucional:
“Nunca he creído en el fuero, así que en un hecho inédito de la historia política y jurídica de México, personal de la Procuraduría del Distrito Federal estuvo presente en esta jurisdicción y recabó la información que yo pudiera aportar.
“En dicha declaración respondí a todas sus preguntas y dejo claro que me deslindo totalmente de los acontecimientos ocurridos el 31 de julio en la ciudad de México.
“Así como no creo en el fuero, tampoco creo en los linchamientos públicos que lejos de crear valor, alejan de la verdad y encubren a los verdaderos culpables.
“La Verdad nos hará libres”.
Asoma la soberbia. Había presumido Javier Duarte que respondería al interrogatorio de la Procuraduría. No fue así. Respondió a un cuestionario, un ardid para evitar ser replicado y presionado por la autoridad judicial.
Se deslinda del crimen de la Narvarte, de la muerte de Rubén y Nadia, a quienes no cita por su nombre, que dice son “los acontecimientos ocurridos el 31 de julio en la ciudad de México”.
No cree en el fuero, dice Javier Duarte, tampoco en “los linchamientos públicos que lejos de crear valor, alejan de la verdad y encubren a los verdaderos culpables”.
Altivo, como siempre, evade el gobernador de Veracruz la razón del “linchamiento público” que lo ubica como el “asesino” de la Narvarte, acusado así en marchas, en pancartas, en mantas, entre gritos y lamentos.
Nadie vio a Javier Duarte empuñar el arma que acabó con la vida de Rubén, Nadia y las otras tres mujeres. Nadie observó golpearlos hasta morir. Nadie vio que violara a tres de las cuatro mujeres. Físicamente nadie lo vio ultrajar, torturar ni soltar el tiro de gracia.
Su culpabilidad radica en la represión de su policía contra Rubén Espinosa, agredido en mítines, en el desalojo de Plaza Lerdo, ahora Plaza Regina Martínez, el asedio cuando divulga las imágenes de los ocho universitarios agredidos, la madrugada del 5 de junio, en Xalapa, a manos de un grupo parapolicíaco, presumiblemente entrenado en la Academia El Lencero, la academia de policía de la Secretaría de Seguridad Pública.
Su policía lo reprimió. Sus agentes lo asediaban, lo seguían, le tomaban fotos, lo grababan, le decían que dejara de tomar fotografías o le ocurriría lo mismo que Regina Martínez, la corresponsal de Proceso, asesinada en Xalapa, el 28 de abril de 2012.
Eso es una amenaza de muerte. Y la profirió un funcionario del gobierno de Javier Duarte.
De ahí la responsabilidad del gobernador de Veracruz.
De ahí la culpabilidad de Javier Duarte, cuyo afán por enfrentar a la prensa crítica fue generando un clima de conflicto, hostigamiento, amedrentamiento, miedo, al grado de llamarle “manzanas podridas”, vinculados a las mafias, expresión de la delincuencia, sin identificar a cada quien por su nombre, sin reconocer que sus cuerpos policíacos, esos sí, sirven al crimen organizado.
Rubén y Nadia se fueron de Veracruz. Se acogieron al exilio. Buscaron refugio en el DF, suponiendo que la mano criminal y la mente perversa que los hostigaba y los amedrentaba, que los seguía y los intimidaba, no los alcanzaría en la capital del país. Calcularon mal y el viernes 31 de julio fueron asesinados.
Javier Duarte no jaló el gatillo, pero provocó su muerte.
Culpable, sí es.
Archivo muerto
Rollo puro el de Javier Duarte, exculpándose de los crímenes de Rubén Espinosa y Nadia Vera. Y sólo a su círculo cercano convencen. Otros sectores dudan. Uno de los escépticos es Manuel Huerta, el diputado federal de Morena. Que se investigue qué dependencias hostigaban a Rubén Espinosa Becerril, sostiene. Que se analice el contexto de violencia en que realizan su trabajo los periodistas de Veracruz. “Una completa investigación —dice— debe incluir obligadamente contexto de violencia que han padecido los periodistas de Veracruz, pues en el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, él mismo se encargó de denunciar situaciones de hostigamiento e intimidación que lo orillaron a trasladarse de Veracruz al Distrito Federal, en la búsqueda de un lugar seguro para su trabajo”. Las policías fueron señaladas por Rubén Espinosa como “responsables de su persecución”… Una mala y una buena para el doctor Mario Poblete. Le dictan auto de formal prisión por falsificación de documento y auto de libertad en la acusación por abuso de autoridad. Es el médico que atendió a José Armando Salinas Linares, alias “El Panadero”, torturado en Las Choapas, acusado de participar en el secuestro y crimen de la niña Karime Alejandra Cruz Reyes y su tía Mónica Reyes Baruch, entre julio y septiembre de 2014. Su testimonio es clave. Si “El Panadero” fue torturado, si lo mantuvieron incomunicado nueve días, si los agentes ministeriales violaron la ley, si el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, lo sabía y calló, ganará el juicio de amparo y el caso quedará en la impunidad. De ahí que el fiscal “Culín” lo haya acusado de falsificación de documento, que los testigos de aquella atención médica, los días 3 y 4 de septiembre, vivan estresados, negando los hechos, diciendo, como el paramédico Gustavo, que no estaba en Las Choapas pero no sabe qué decir cuando se le pregunta dónde estaba, y tendrá que probar su excusa; o la enfermera Perla del Carmen Alpuche Velázquez, que señala que no atendió ese caso. Hay evidencia de que ahí estuvo José Armando Salinas Linares y que lo vieron cuando el médico Poblete le realizó las curaciones, pues tenía un corte en el cuello, tasajeado con un arma punzocortante, la clásica tortura física y psicológica. Pero el miedo es severo. Y los testigos lo sufren. A Fisculín no le importa si “El Panadero” se pudre en la cárcel. Lo que pretende evitar es que el abogado del médico, Enrique Rentería Zavaleta, logre su libertad. Se quedaría el caso sin el único implicado, obvio el fracaso de la Fiscalía de Veracruz. Se asemeja al crimen del pastor evangélico Claudio Martínez Morales. Fueron encarcelados cuatro trabajadores electricistas. Rentería logró que les concedieran el amparo, también torturados para incriminarse. Eso ridiculiza al fiscal. De ahí que no admita otro fracaso, la Fiscalía sin ganar un caso relevante, siendo la burla de todos. De ahí que el abogado Enrique Rentería también esté acusado de falsificar el certificado médico. Así lo quiere parar “Culín”… Capricho o negligencia, el juez Guillermo Vargas le tiene tirria al Poder Judicial de la Federación. Desde el 29 de junio, el juez 14 de distrito concedió amparo a la maestra Inés Valladares Lavín, quien buscando justicia laboral y que le pague su liquidación el Instituto Educativo Margarita Olivo Lara, terminó siendo acusada de uso de documento falso, con una orden de aprehensión y sin poder andar en la calle, cuando que el citado documento es la presunta liquidación, falsa, con una firma que no es de Inés Valladares, pues le fue falsificada, según consta en dos peritajes. Vargas fue notificado pero salió de vacaciones. Y de ahí se desentendió. Dejó pendiente invalidar la orden de aprehensión. Regresó y sigue en las mismas. Van 44 días y no acata la sentencia, burlándose del Poder Judicial de la Federación, a la vista que en Veracruz la Suprema Corte de Justicia de la Nación vale tanto como un billete de tres pesos… De buena fuente: Obras Portuarias de Coatzacoalcos cobra 600 mil pesos mensuales a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento por una demanda que perdió. Insólito, aberrante que OPC reciba recursos públicos, ilegales, de CMAS por un litigio fallido con el que pretendió ser indemnizada al quedar fuera de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Aquel juicio incluyó la intervención de las cajas de cobro y haber dispuesto de más 4 millones de pesos de pagos de usuarios. Sin embargo, una sentencia federal dejó a OPC sin nada, obligada a entregar las cajas y a devolver el dinero retenido bajo el criterio de que son inembargables los recursos correspondientes a servicios públicos. Presumiblemente, no reintegró los 4 millones. Posteriormente, pretendió que le pagaran gastos y costas del juicio y también le fue negado. Exigía 16 millones de pesos por un juicio perdido, sin derecho a nada. Hoy, según informes internos de CMAS, OPC cobra 600 mil pesos mensuales de manera ilegal. El artífice del atraco es el director Jurídico, Pedro Tiburcio Zaamario, protegido del suegro del gobernador, Jesús Antonio Macías Yazegey. OPC de plácemes, Tiburcio feliz, mientras no hay dinero para habilitar cuatro de los 30 pozos que el ayuntamiento de Coatzacoalcos entregó a CMAS, al tiempo que las protestas por la falta de agua cada vez son mayores y más airadas… Sabotaje sutil, pero al fin sabotaje, entre el marcelismo. Inundó de invitaciones Víctor Rodríguez Gallegos al priísmo. Los instaba a acudir a su toma de posesión como nuevo líder estatal del Movimiento Territorial, en Xalapa, este miércoles 12, a las 6 de la tarde, en el Teatro de Estado. Llegaban las invitaciones a los cubículos y oficinas del ayuntamiento de Coatzacoalcos. Y ahí, las secretarias tenían la encomienda de ocultarlas. Sigue, pues, la guerra en el marcelismo, los chuchistas contra los victoristas. Otros no irán por ser día laborable y trasladarse a Xalapa implica perder un día de salario. Víctor “Migajas” Rodríguez ya verá cómo llenar el recinto o pasar un mal momento en el día de su consagración…
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Foto: Proceso