* Policías, cómplices del narco * Jóvenes entregados a la mafia * Felpa al gober en la prensa nacional * 17 días y nada * “Crueles” llama el fiscal a medios * Cruel es la desaparición forzada * Yunes Linares deja el Congreso * La pederastia, El Chapo y Elba Esther * Los tacos del túnel sumergido * “Ponte a trabajar”, le dijo Duarte a Mónica Robles
Evitable, totalmente evitable, la tragedia de Tierra Blanca evoca Iguala, describe la brutalidad de la corrupción policíaca, la mecánica del levantón y el secuestro, la terrible suerte de cinco jóvenes entregados al crimen organizado y de quienes nada se ha vuelto a saber. Es el Ayotzinapa de Javier Duarte.
Brutal es también la felpa que se lleva el gobernador de Veracruz, a mansalva el fuego mediático, condenado y vapuleado en la prensa estatal y nacional, pues su policía, la que presumía de tener los estándares de preparación y solvencia, es criminal y opera para la delincuencia.
Dos semanas van. Son 17 días. Desde aquel lunes 11, cuando los cinco jóvenes transitaban de Veracruz a Playa Vicente, su lugar de origen, y al pasar por Tierra Blanca fueron interceptados por una patrulla policíaca, detenidos, llevados a un destino incierto y puestos en manos de los malosos, Javier Duarte protagoniza el escándalo.
En Veracruz se repite la tragedia de Ayotzinapa, la de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, que hace año y medio cayeron en manos de la policía de aquel lugar siendo entregados a los Guerreros Unidos, la banda de narcos que tiene el control del lugar.
Aquellos 43 normalistas no aparecen. Dice la historia oficial que los mataron y los quemaron para no dejar huella. Documentó la Procuraduría General de la República el lugar del crimen. Halló restos, ceniza, huesos, y los envió a analizar. Sólo uno de los casos dio positivo.
Nada de eso creen sus familiares. Nada de eso cree una buena parte de los mexicanos, suspicaces ante la explicación oficial, aferrándose a un imposible, a la idea de que aún vivan.
Tierra Blanca, en voz de analistas nacionales, es la reedición de Ayotzinapa, el Ayotzinapa de Javier Duarte, donde la policía, igual que en Guerrero, detiene a los jóvenes; se los lleva; los entrega a los narcotraficantes, y nada se vuelve a saber. Tierra Blanca es igual.
Dice Denise Maerker, en Punto de Partida, en Televisa, que Tierra Blanca “revela la realidad alarmante: son cientos de desaparecidos en ese estado que no han sido esclarecidos, y en muchos de ellos los testimonios coinciden en señalar que en el plagio participaron policías estatales. Todo apunta en Tierra Blanca a que no es un hecho aislado”.
Hay una pieza clave: Marcos Conde Hernández, delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca. Sus elementos perpetraron el levantón. Este criminal había levantado a ocho jóvenes que jugaban futbol en Cardel, el 1 de diciembre de 2012, aunque la cifra es de más de 30 desaparecidos en ese lugar. Este criminal encabezaba los levantones en Úrsulo Galván, donde ocho policías fueron llevados, el 11 de enero de 2013, y no se les volvió a ver.
Impune, Marcos Conde tiene un protector: el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien obvia todo, quien lo sostuvo como su delegado en Tierra Blanca pese a haber reprobado los exámenes de control y confianza. Apto, pues, para delinquir, no para garantizar la seguridad de la población.
¿Cuántos crímenes hay en la conciencia del policía del duartismo? ¿Cuántos otros jefes policíacos actúan así? ¿Cuántos levantones y desapariciones, entregas al crimen organizado, han permitido Javier Duarte y Arturo Bermúdez?
En La Razón, señala Pablo Hiriart:
“La desaparición de cinco jóvenes en Veracruz, a manos de la Policía Estatal, nos recuerda que los gobiernos que no hacen la tarea de certificar a sus cuerpos de seguridad lanzan a la calle a potenciales asesinos con charola.
“Veracruz ha sido reiteradamente omiso en su obligación de certificar a sus policías. Fidel Herrera no le hizo caso a Calderón y Javier Duarte no le hace caso a Peña Nieto.
“Unos señores feudales que han puesto a ese estado extraordinario como el segundo con más desapariciones forzadas en el país.
“Ahora que vienen las elecciones para renovar el gobierno local, el PRI se apresta a pedir el voto para continuar en el poder estatal.
“Se necesita tener la cara muy dura para ostentarse como la mejor opción cuando se ha puesto a esa entidad como la segunda en el país con más desapariciones forzosas.
“El PRI de Veracruz está como el PRD de Guerrero y su policía: los campeones nacionales de desapariciones de personas.
“¿Así quieren conservar el poder? ¿Qué no haya alternancia?
“Ya comenzaron a rastrear y excavar. Salen y salen cadáveres que no son los suyos.
“Cadáveres en entierros clandestinos. Es decir, producto de homicidios cometidos por grupos criminales o por la Policía”.
Dice Alejandro Hope, analista en temas de seguridad, en El Financiero:
“Un grupo de jóvenes es detenido ilegalmente por la policía. Acto seguido, son entregados a un grupo criminal. No vuelven a ser vistos con vida. Suena familiar, ¿no? Suena a Iguala, huele a Iguala. Salvo que, en esta ocasión, sucedió en la costa contraria, en el estado de Veracruz, en el municipio de Tierra Blanca. Y resulta que la policía en cuestión, la que detuvo y desapareció a los jóvenes, no es una corporación municipal. Se trata de la policía estatal.
“Este incidente tiene potentes implicaciones para el debate en curso sobre el llamado Mando Único y la propuesta, presentada en 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto y avalada recientemente por la Conago, de eliminar todas las policías municipales.
“El incidente de Tierra Blanca no es el primero de su tipo en Veracruz. En agosto de 2013, su policía estatal se vio implicada en la presunta desaparición de 20 personas en Atoyac, una pequeña comunidad rural en el centro del estado. La respuesta a ese grave hecho fue la negación, no una investigación, y mucho menos el fortalecimiento de los controles internos.
“En buena parte de la geografía nacional, los gobernadores mandan sin contrapesos, sin oposición legislativa eficaz, con débiles controles judiciales, con organismos autónomos en la ley y cooptados en los hechos. Veracruz es un ejemplo casi inmejorable de ese despotismo estatal, pero ciertamente no es caso único”.
María Elena Morera, de la asociación Causa Común, exige la renuncia de Arturo Bermúdez:
“Los mismos policías hicieron esto. Son criminales con placa. ¿Y de quién es la responsabilidad?, es del secretario de Seguridad Pública de Veracruz que tiene al 35 por ciento de su policía estatal reprobada y estos policías están en las calles. Además el 34 por ciento de los mandos están reprobados y los tienen trabajando. Estamos exigiendo que se vaya el secretario de Seguridad Pública”.
Guillermo Valdés, ex director del Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN), toca el tema:
“Otra tragedia evitable: la desaparición de cinco jóvenes en Playa Blanca, Veracruz, a manos de la policía —esta vez la estatal de esa entidad— para que —muy probablemente— sicarios del crimen organizado los desaparecieran (a la fecha se desconoce el paradero de los jóvenes). A esta historia hay que agregarle la deplorable reacción del gobernador Javier Duarte minimizando el problema, pues, según él, en su estado a la policía le salen bien 99 cosas y solo una le ha salido mal, esta desaparición forzada.
“¿Se le puede creer al gobernador que a su policía estatal le salen bien 99 de cada cien asuntos cuando las cifras oficiales registran que 2 mil 273 elementos de los 7 mil 200 con que cuenta la policía estatal (31.5 por ciento) no aprobaron los exámenes de control de confianza y siguen en activo, como los siete que cometieron la desaparición forzada? ¿Se le puede creer cuando la última evaluación de Causa Común —ONG dedicada a darle seguimiento a la calidad de las policías estatales— reportó que la policía estatal veracruzana no realiza evaluaciones de desempeño de su personal; que solo 717 policías habían sido capacitados y que no es una institución transparente?”.
Tierra Blanca le cae en el peor momento a Javier Duarte. Su desastroso gobierno se vuelve una pieza criminal en el escenario de corrupción que fomentó el fidelismo cuando permitió que Veracruz se convirtiera en el santuario Zeta, agravado cuando su sucesor dejó actuar a los Golfos y a Cártel de Jalisco, vía la complicidad del aparato policíaco.
Tierra Blanca es el Ayotzinapa de Javier Duarte en plena debacle electoral, fracturado el PRI por el golpeteo a los Yunes rojos, el regateo por la candidatura, la disputa con Los Pinos por imponer condiciones, la mitomanía del gobernador, con el alarde de que Peña Nieto le había concedido ser el dedo elector.
Tierra Blanca es el Ayotzinapa de Javier Duarte porque aquí también actúa la policía, levanta jóvenes, los entrega al crimen organizado y desaparecen para no volver a ser vistos más.
Tierra Blanca es el Ayotzinapa pese a que Javier Duarte vocifere que los policías traicionaron a su patria y su uniforme, frase trillada que ya antes había pronunciado su fiscal, el intratable Luis Ángel Bravo Contreras. O sea, un guión teatral para exculparse.
Pudo ser evitable la tragedia si la policía estatal no fuera el vínculo entre el gobierno de Javier Duarte y los delincuentes que disponen de la vida de los jóvenes.
Pero no. Lo suyo es la desaparición forzada.
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Archivo muerto
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Van 17 días. Da palos de ciego “Culín”, el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, que la mañana del martes 26 había ofrecido que “en dos horas” habría resultados sobre la investigación y búsqueda de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca. 48 horas después, la incertidumbre sigue. Van 17 días y hace el oso el cachondo de Motita cuando envía a sus sabuesos a Vicente, poblado del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, rodean un domicilio, llevan bolsas negras por si hallan cadáveres y hacen suponer que ahí están los jóvenes entregados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Pasan la horas y nada. Genera con sus palabras expectación. Deja correr la especulación. Gusta del juego siniestro “Fisculín”, porque nada hay como que todos lo observen, le requieran información, la dé a retazos y al final cuente sus mil historias que carecen de veracidad. Por la noche del martes habían soltado dos medios de comunicación, Radiover y Noreste, la versión del hallazgo de los cuerpos. Se indigna el fiscal. Los acusa de crueles, de irresponsables, de faltos de profesionalismo. Y horas después, el parto de los montes. No hay cadáveres. Lo que hallaron fue a siete personas supuestamente dedicadas a la pornografía infantil y en las bolsas negras depositan el material probatorio. Errar en una información no es cruel, si acaso falto de profesionalismo. Cruel es la desaparición forzada que practica la policía duartista. Cruel es el juego de palabras y la incertidumbre en que “Culín” mantiene a los familiares de los cinco jóvenes. Eso es cruel… Acusado de todo, denostado por sus enemigos, acribillando él al duartismo y a la fidelidad, Miguel Ángel Yunes Linares ya dejó la Cámara de Diputados. Fue aprobada su licencia y se enfila a registrar su precandidatura al gobierno de Veracruz, primero por el PAN y luego lo hará por la alianza con el Partido de la Revolución Democrática. Oficializará su registro el domingo 31 y con ello estará a un paso de concretar la postulación que tanto dolor de cabeza le causó a su acérrimo rival, Fidel Herrera Beltrán, hoy cónsul de México en Barcelona, y al gobernador Javier Duarte de Ochoa, para los que promete persecución y cárcel. Le van a imputar de nuevo la pederastia, su mano represora contra perredistas, la embestida contra los encuerados de los 400 Pueblos, la primera fuga del Chapo Guzmán, un boquete financiero en el ISSSTE, sus ligas con Elba Esther Gordillo, sus nenas. Y a ver cómo evita que muchos lo manden al diablo… Desborda cinismo Javier Duarte. Festeja que el túnel sumergido bajo el río Coatzacoalcos quede concluido antes que deje el gobierno de Veracruz, supuestamente en octubre. Caminaba este miércoles 27 desde Villa Allende hasta Coatzacoalcos, siendo la primera vez que se concretaba ese trayecto. Se ufanaba el gordobés y se mofaba de quienes auguraban que quedaría la obra para el próximo microgobernador. Vergüenza debía darle. Su gobierno no lo concluye; lo tuvo que entregar a Carlos Slim, quien adquirió una buena parte de las acciones de la constructora española FCC y a cambio de ampliar a 45 años la concesión, invertirá mil millones de pesos para darle fin a los trabajos. Una vergüenza que hayan transcurrido 12 años, se hayan registrado actos de corrupción, que por cierto nadie menciona, ni se sabe aún qué peces gordos se llevaron la millonada, obvio Fidel Herrera, obvio Javier Duarte, obvio Theurel, obvio José Guillermo Herrera, obvio Zarrabal. No todos realizaron el recorrido completo por el túnel. Javier Duarte, Tomás Ruiz, los ejecutivos de la empresa, los diputados comparsa, Mónica Robles y Rafael García Bringas, sí. A la prensa no la dejaron ver todo, pues son grandes los rezagos, faltan acabados y en su interior había un calor infernal, pero en octubre, cuando ya hayan pasado las elecciones, será inaugurado. Hubo taquiza, que Javier Duarte no probó; hubo champán que no se bebió sino hasta después, como si la obra ya estuviera concluida y hubieran cortado el listón e iniciado el paso de vehículos. Faramalla pura, anuncio mediático y electorero, como si con tal show los coatzacoalquenses fueran a votar por el PRI. Al final, cuando se iba, se acercó Mónica Robles, la diputada succión. Tocó la espalda del gordobés. Volteó y seco le espetó: “Ponte a trabajar, ponte a trabajar”. Ella apenas hablaba. “Ponte a trabajar”, le reiteró. Ahí la dejó. Abordó la camioneta y se fue. Con él iba el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, blanco de los desfogues de Mónica Succión de Hillman. Frío el gobernador con la legisladora. Y cómo no, si acababa de votar contra la ley antiaborto, como lo ha hecho contra otras iniciativas del desgobernador. Ingrata, pues si no se hubiera colgado del gordobés, no sería legisladora…
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Foto: Aristegui Noticias